Desde hace tiempo solo llegan a comentarse casos de violencia feminicida sobresalientes en su sadismo, aunque con el tiempo siempre llegue un caso nuevo aún más terrible que comentar. Pero pensar en la cantidad de feminicidios diarios en México debería producirnos, por lo menos, vértigo, pero nos hemos acostumbrado a repetir y escuchar la cantaleta de 11 muertes violentas de mujeres al día sin sobresaltarnos

Por: Celia Guerrero

Pensar en la cantidad de feminicidios diarios en México debería producirnos, por lo menos, vértigo, pero nos hemos acostumbrado a repetir y escuchar la cantaleta de 11 muertes violentas de mujeres al día sin sobresaltarnos. Hablar del número de feminicidios que no dejan de aumentar ha ido perdiendo su significado y potencia. Además, los datos sobre violencia feminicida se diluyen en proporción y comparación con los registrados de otros actos de extrema violencia generalizada en el país.

Parece que desde hace tiempo solo llegan a comentarse —y eso a veces solo en redes sociales o en algunos medios de comunicación, no siempre sin el tufo amarillista— casos de violencia feminicida sobresalientes en su sadismo, aunque con el tiempo siempre llegue un caso nuevo aún más terrible que comentar.

Al menos así sucedió con el doble feminicidio de Liliana Tovar y Alondra Franco, madre e hija asesinadas a disparos el 31 de enero de 2023, dentro de la agencia de Ministerio Público en Poncitlán, Jalisco, a la que asistieron a denunciar por violencia familiar al hombre que las mató, Cristopher G, pareja y agresor de Alondra.

El escándalo fue mayor cuando se reveló que un día antes del doble feminicidio, Alondra había asistido al Instituto de Igualdad Sustantiva de la localidad para pedir ayuda. Tenía una orden de protección. En realidad, la violencia del agresor era evidente desde tiempo atrás para la familia de la víctima, según ha dicho su hermana Monserrat Franco a diversos medios de comunicación.

Hablando de datos, unos que saltan a la lectura en el primer párrafo de la nota de la reportera Alejandra Del Castillo de La-Lista son la edad de Alondra (21 años), la de su hijo mayor (8 años) y la del padre de sus hijos y agresor (27 años) lo que significaría que el primer embarazo sucedió a los 13 años de ella y 19 de él.

Los embarazos de niñas y, peor aún, a consecuencia del abuso sexual de hombres mayores es otra violencia normalizada de la que tenemos que hablar urgentemente.

En México, el 2.4 por ciento de niñas y adolescentes de 12 a 17 años eran madres, según datos del censo 2020. En el estado de Jalisco este porcentaje no es de los más altos del país. Sin embargo, la cifra en el municipio de Poncitlán asciende hasta el 4.5 por ciento y es el tercero más alto del estado.

También la sociedad que permite este tipo de abusos —que puede notar que existen y pasa de largo sin señalarlos, por normalización o por otras razones menos inocentes— es parte del entramado patriarcal que deriva en la violencia feminicida.

Ahora que el asunto se ha vuelto un escándalo en el municipio de Poncitlán, que la atención mediática ha hecho que el gobierno de Jalisco se pronuncie e, incluso, que medios nacionales han retomando la información, los vecinos de Alondra han dado algunas declaraciones sobre lo que veían en la casa: la violencia era evidente a los ojos de todos.

Este martes 7 de febrero se convocó a una manifestación en Poncitlán y en una de las pancartas que aparecieron en los reportes de la prensa podíamos leer: “Por favor no aguantes. Vete a la primera, siempre a la primera”. Quizá no era la intención de quien lo escribió, pero de cualquier manera hay que señalar la trampa en el mensaje. NO, por favor, no caigamos en ese discurso que responsabiliza a la víctima por no huir a tiempo.

Incluso parece banal insistir en que las mujeres vayan a denunciar, cuando este caso ejemplifica cómo a los agresores no los detiene ni la posibilidad de estar dentro de una institución de justicia a la que las mujeres solicitaron protección. Sea a la primera, a la segunda o tercera, las autoridades no actúan a tiempo y son incapaces de prevenir la violencia feminicida por múltiples razones.

Cuando acusemos la responsabilidad administrativa de los funcionarios que no hicieron su trabajo, las omisiones, la negligencia, las faltas que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dijo estar investigando por el doble feminicidio, analicemos también las condiciones en las que trabajan esos funcionarios de justicia locales y preguntémonos ¿cuál es la efectividad de las órdenes de protección, de los Institutos de Igualdad Sustantiva que “canalizan» a las mujeres en problemas al Ministerio Público, de agresores a todas luces que son detenidos hasta que se convierten en feminicidas?