Después de resolver, de forma anormalmente rápida, la suspensión del reparto de libros de texto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, amagó con iniciar un proceso judicial en contra del presidente López Obrador para destituirlo del cargo. Se trata de una táctica usada ampliamente en América Latina para detener el avance de gobiernos progresistas 

Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado jueves 24 de agosto el ministro Luis María Aguilar Morales, presentó un proyecto que proponía separar de su cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador; el ministro retiró su proyecto antes de que pasara al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, podría ser un preámbulo de lo que especialistas llaman judicialización del poder, que por medio de herramientas jurídicas busca quitar del poder o limitar a un mandatario, un modus operandi cada vez más común en toda América Latina.

“Lo que se da en Latinoamérica es utilizar el derecho como a una herramienta política”, explica en entrevista desde Ecuador la abogada Sougand Hessamzadeh, quien ha dado seguimiento especial a estos temas en la región.

El quid del problema es que ya lo hemos naturalizado, o sea, es como que de una u otra forma, los jueces ya saben que esta es la línea que se tiene que manejar si quieren sostener su poder. Eso es lo más tenebroso. Estamos dejando de tener Estados de derecho a nivel práctico y únicamente los estamos siendo a nivel teórico”.

El proyecto que pretendía llevar al pleno de la Corte el ministro Aguilar pretendía iniciar un proceso de destitución porque el presidente no respondió a la solicitud de extensión del cargo que le hizo una magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Era un cargo en el que trabajó más de 10 años.

El ministro Aguilar planteó una interpretación del artículo 107 constitucional, en la que refiere que si una autoridad incumple sin justificación una sentencia concedida en un amparo o se excede del plazo concedido para su cumplimiento, la Suprema Corte podría proceder a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, en este caso, al presidente.

Una relación delicada

Este fue el desencuentro más reciente entre el presidente y uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la última semana, la relación entre Luis María Aguilar y el titular del ejecutivo se ha ido tensando, principalmente por las acusaciones que hizo López Obrador. El lunes 21, durante su conferencia matutina, el presidente reclamó un par de decisiones del ministro y anunció que enviaría recursos de apelación ante el pleno de la Corte.

La primera decisión controvertida fue que el ministro Aguilar ordenó frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en escuelas de Chihuahua y Coahuila. El tiempo en que el ministro dictaminó la medida fue muy breve, tanto que hizo que el presidente lo calificara como de “fast track”.

La segunda decisión que molestó al titular del Ejecutivo fue aplazar, desde hace al menos ocho meses, un juicio para cobrar 25 mil millones de pesos al grupo Elektra, empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país.

“Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que lo obligue al pago de impuestos”, explicó ese lunes el procurador fiscal de la federación, Félix Arturo Medina Padilla. “Estos 25 mil millones no han podido ser recuperados y desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios para su cobro” dijo. De manera particular, acusó que en los últimos ocho meses el ministro Aguilar solicitó atraer el caso solo para detener su resolución.

Un caso común en AL

El amago para abrir un juicio de destitución contra el presidente de México trae a la memoria de la abogada Hessamzadeh el caso de inhabilitación sucedido en Quito en contra de su entonces alcalde Jorge Yunda, acusado de incumplir con los protocolos de sesión del gobierno de esa ciudad.

El exalcalde de Quito fue electo de manera popular. Era un hombre, efectivamente, de izquierdas, respaldado por un sector muy popular. Lo respaldaban los taxistas, la gente del sur de la ciudad, las personas de los mercados, mientras que la élite quiteña, los blancos, nunca estuvieron de acuerdo con que él se posicionara en el poder. Lo detestaban, lo aborrecían y lo decían públicamente: Que era un indio y que un indio no podía estar en el poder”.

Durante la pandemia de covid-19, en la que Yunda hizo un gran papel, cuenta la abogada ecuatoriana, el alcalde realizó una reunión del consejo del municipio de forma remota. A pesar de que la ley dice que se hagan de forma presencial, la pandemia había eliminado las condiciones para una reunión de ese tipo, por lo que el alcalde decidió realizarla de forma virtual.

Lo sometieron a juicio. Poco a poco, la opinión pública manejada desde los principales medios de esa ciudad empezó a desviar la atención del fondo del juicio, convirtiéndolo en una discusión sobre la corrupción del hijo del alcalde, lo que volvió al juicio en una discusión injusta y política, no judicial.

Otros procesos similares han enfrentado recientemente gobernantes en otros países. En mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro denunció un intento de golpe blando luego de que fueron suspendidas las elecciones de congresistas de su partido. “Están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, dijo. “Lo que quieren es hacer lo mismo que en Perú, llevar al presidente a la cárcel, cambiar el gobierno y poner a un nuevo presidente no electo. Y eso se llama golpe de Estado”, volvió a acusar en junio, cuando recibió el respaldo de cientos de intelectuales de izquierda en el mundo.

El caso más reciente es el de Guatemala, donde la Fiscalía Especial contra la Impunidad pidió al Tribunal Supremo Electoral información sobre la totalidad de personas, municipios, departamentos y lugares donde se ubicaron los centros de votación en las elecciones, luego del triunfo del socialdemócrata Bernardo Arévalo. El propio partido del presidente electo, Semilla, está emplazado en un juicio absurdo: por la supuesta falsificación de firmas para obtener su registro en la elecciones, sus dirigentes están acusados de crimen organizado.

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El desafuero de 2005

El caso que cuenta la abogada recuerda el juicio de desafuero que enfrentó López Obrador durante 2005, un acto judicial promovido desde la presidencia de la República, encabezada en ese entonces por el panista Vicente Fox. En ese entonces un juez había ordenado al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Obrador, detener las obras de construcción en un camino al interior de un predio privado. Como el gobierno de la ciudad no acató la orden, se inició un proceso de desafuero que tenía la intención de frenar la participación de Obrador en las elecciones de 2006.

Este tipo de procesos no son exclusivos de Ecuador o México. La abogada y académica de Ecuador recuerda que el mismo Gustavo Petro, presidente de Colombia, tuvo que presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo internacional, para detener un proceso judicial en su contra. Sin el fallo positivo de la CIDH no habría podido llegar a la presidencia. Un caso similar rondó el impeachment, el juicio de destitución de Dilma Roussef en Brasil.

Eso mismo es lo que está pasando en México: los jueces de los circuitos más altos se están excediendo en sus competencias y están abusando de su condición, apoyados por un sistema de medios que les brinda un estado casi de deidades a las cortes que, de alguna manera, se vuelven una forma de monarquía o teocracia implícita en los países”, concluye la abogada.

Respecto al caso mexicano en contra del presidente Obrador, la Primera Sala de la Suprema Corte será la encargada de revisar la actuación del ministro Luis María Aguilar en los casos citados (de los impuestos de Elektra y de reparto de los libros de texto) y serán los también ministros Jorge Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar encargados de llevar el proceso.