Ha habido cambios, pero los grandes pendientes son la ausencia de una descriminalización efectiva para personas usuarias, cultivadoras y vendedoras de pequeñas cantidades de cannabis y la falta de garantías para que se desarrolle una industria basada en quienes ya participan en el mercado y que han sido víctimas de la guerra contra las drogas

Por Adrián Jiménez / @ReverdeSerc

Vale la pena hacer un balance de lo ocurrido en los últimos tres años para mostrar cuánto han cambiado los escenarios de la regulación de cannabis a nivel federal y preparar la estrategia de la coalición #RegulaciónPorLaPaz para la próxima función. 

Con septiembre inició un nuevo periodo de sesiones en el poder legislativo y empieza la segunda mitad del sexenio. A continuación, identificamos los principales procesos y resultados tanto positivos como negativos de los tres poderes federales así como el inicio de la articulación de un movimiento a favor de la regulación de alcance nacional. 

Un proceso que culminó de manera positiva fue el de litigio estratégico dado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se ha confirmado como la garante de los derechos de las personas usuarias y pacientes. Transitamos de una jurisprudencia que obligaba a jueces a dar un amparo a quienes lo solicitarán en contra de una negativa de Cofepris, a facilitar  autorizaciones para ejercer nuestro derecho al autoconsumo/autocultivo de cannabis. Actualmente la Cofepris está obligada a otorgar dicha autorización a quien lo solicite sin necesidad de recurrir a un juez. 

En cuanto al poder legislativo, presionadas por la Corte, ambas cámaras aprobaron dictámenes de ley de cannabis. Aunque aprobaron diferentes versiones, la discusión en ambas se ha centrado en el modelo de regulación que más nos conviene. El principal avance es el consenso sobre garantizar tres vías de acceso: autocultivo, cultivo asociado y un mercado legal. Por su parte, los grandes pendientes son la ausencia de una descriminalización efectiva para personas usuarias, cultivadoras y vendedoras de pequeñas cantidades de cannabis y la falta de garantías para que se desarrolle una industria basada en quienes ya participan en el mercado y que han sido víctimas de la guerra contra las drogas. 

En todo este proceso, las personas, colectivos y organizaciones que conformamos la coalición #RegulaciónPorLaPaz empujamos este proceso a través de acciones presenciales como el Coloquio de personas usuarias organizado por el Senado, la acción nacional en varias ciudades del país a favor de la regulación y la ocurrida por los cien años de la prohibición. Posteriormente cubrimos las sesiones del pleno de las cámaras y de la SCJN, así como realizamos círculos de estudio, podcast y otras campañas a través de redes sociales. Recién el 14 de agosto pasado se realizó el segundo Encuentro Nacional de #ForjandoRedes. 

En cuanto a los aspectos negativos de estos tres años, los principales fueron las tres prórrogas solicitadas por poder el legislativo para discutir una Ley que finalmente no aprobaron  incumpliendo con el mandato de la Corte. 

La iniciativa construida entre organizaciones de la coalición #RegulaciónPorLaPaz junto con la senadora Olga Sánchez Cordero que ilusionaba a activistas y personas usuarias transitó hacia dictámenes insuficientes que no garantizan los derechos de las personas tanto usuarias como cultivadoras debido a la influencia de empresas extranjeras a legisladores.

Finalmente, en el ejecutivo, la postura inicial expresada en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Nacional de Seguridad y Paz donde se reconoció el fracaso de la política prohibicionista contrastó con la falta de posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del uso adulto de cannabis. Esto se refleja claramente en dos aspectos. 

El primero es el poco interés de las autoridades sanitarias por cumplir el reglamento de cannabis medicinal que ellas mismas publicaron con más de dos años de retraso. La lucha de las pacientes y madres de pacientes como Margarita Garfias y su hijo Carlos, no ha conseguido hasta ahora que las autoridades responsables suministren el medicamento al que tienen derecho.

El segundo es la falta de capacidad de la COFEPRIS para procesar las solicitudes de autorización para autoconsumo que a raíz del último fallo de la Corte se ha posibilitado. Tras la campaña iniciada por la coalición para tramitar las autorizaciones, es evidente la baja cantidad de citas que hay para entregar los documentos e inclusive en varios estados ni siquiera reciben las solicitudes.

En estos tres años, la política de cannabis ha cambiado su idea central sobre la cual debe basarse, quedando ahora al centro el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, este cambio de ideas no se ha traducido en la garantía de nuestros derechos, para ello es necesario que el poder legislativo termine de aprobar la ley para la regulación de la cannabis sin trámites excesivos para usuarixs, que era esperable que el ejecutivo no tuviera capacidad para cumplirlos.

De ello tomamos nota porque nuevamente se abre el telón y nosotros tenemos un papel protagónico. Para sumarte a la presión hacia Cofepris puedes revisar las instrucciones en nuestra página. Síguenos en nuestras redes de facebook, twitter e instagram para saber más acerca de las acciones que estamos impulsando para lograr una #RegulaciónPorLaPaz.  

*Responsable de incidencia e investigación en ReverdeSer Colectivo.