López Obrador no debería caer en la tentación de hacer de los comicios mexiquenses una “elección de Estado”, tal como hicieron Peña Nieto y el PRI en 2017

Twitter: @chamanesco 

La última vez que el PRI ganó unas elecciones ocurrió en 2017, en el Estado de México. Y fue también la última edición de lo que entonces se llamaba “una elección de Estado”.

El entonces presidente, Enrique Peña Nieto, se puso a la cabeza de una operación política que alineó todo el aparato oficial en busca de un objetivo: impedir que el partido tricolor -y el legendario Grupo Atlacomulco- perdieran la joya de la corona.

Como fue documentado en su momento por el periódico Reforma, desde 2016 Peña Nieto asignó a sus secretarios de Estado un número determinado de municipios para llevar a cabo eventos masivos de reparto de despensas, enseres domésticos, becas y apoyos de programas sociales.

En esos eventos se placeaba a los posibles precandidatos priistas a la gubernatura, y se levantaba un registro de beneficiarios que, a la larga, constituirían una reserva de votos para que el PRI mantuviera la entidad.    

Todo en coordinación con el gobierno estatal, encabezado por el priista Eruviel Ávila.

A la larga, el candidato priista fue el diputado y exdirector de Banobras, Alfredo del Mazo, quien ganó las elecciones en medio de acusaciones por el descarado apoyo de los gobiernos federal y estatal al heredero sanguíneo del Grupo Atlacomulco.

En el proceso, grupos ciudadanos presentaron denuncias por el financiamiento ilegal de la campaña priista, presuntamente con recursos provenientes de contratos asignados irregularmente a las empresas Grupo Higa y OHL para el desarrollo de infraestructura carretera en la entidad.

La operación de Los Pinos para mantener el Estado de México incluyó el boicot a la alianza opositora que pretendían construir el PAN y el PRD, partidos que a la larga dividieron sus votos entre la candidata fallida, Josefina Vázquez Mota, y el candidato “revelación” Juan Zepeda.

Además, sobre el proceso gravitaron permanentes denuncias de parcialidad y omisión por parte de las autoridades electorales del Estado de México, que dejaron pasar una y otra vez las irregularidades denunciadas.

Al final, la contienda no fue entre el PRI y sus rivales tradicionales en la entidad (PAN y PRD); sino entre el aparato oficial y Morena, que postuló en solitario a Delfina Gómez, una maestra recién llegada a la política, de origen humilde y que había sido alcaldesa de Texcoco, quien gozaba de todas las simpatías del líder del movimiento, Andrés Manuel López Obrador.

La noche del 4 de junio de 2017, el priista Alfredo del Mazo se alzó con una polémica victoria, con 2 millones 40 mil votos (34.7 por ciento); frente a la maestra Delfina, que cosechó 1.8 millones de votos (31.8 por ciento). El tercer lugar fue para el perredista Juan Zepeda (18.4 por ciento de la votación), y Josefina Vázquez Mota hundió al PAN al cuarto sitio (11.6 por ciento).

Morena impugnó los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y denunció públicamente algunas irregularidades ocurridas principalmente en municipios marginados de la zona sur del Edomex, donde se registraron atípicos niveles de participación ciudadana (de más del 70 por ciento), con casillas zapato a favor del PRI y votaciones por Del Mazo muy por arriba de su promedio estatal.

Las pruebas de un fraude eran muchas, pero los magistrados avalaron el triunfo de Del Mazo, y Morena terminó resignándose con el veredicto del tribunal electoral, enfocado como estaba en las presidenciales de 2018.

El Estado de México no fue el laboratorio de la elección presidencial: Peña Nieto agotó sus recursos como operador político en la defensa de su tierra natal y, en 2018, su gobierno sacó las manos del proceso electoral.

Las elecciones de 2018 no registraron, ni de lejos, las prácticas y las denuncias que se acumularon en aquella entidad, y Andrés Manuel López Obrador pudo ganar la Presidencia en comicios prácticamente impecables.   

Delfina Gómez no fue gobernadora, pero su campaña sirvió de base para que, en 2018, López Obrador cosechara en el Estado de México 4 millones 373 mil votos. Más del doble de los votos sumados por los otros dos candidatos presidenciales en la entidad: Ricardo Anaya (1,549,824) y José Antonio Meade (1,548,662).

El avance del lopezobradorismo en el Estado de México se reflejó también en el número de ayuntamientos y diputaciones federales y locales ganadas por Morena.

Y, aunque en las elecciones federales intermedias de 2021, la votación de la alianza Juntos Hacemos Historia cayó a poco más de 3 millones de votos, la 4T mantiene su dominio en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con 24 de 41 distritos federales y la mayor parte de los ayuntamientos más poblados.

Con esa fuerza, el movimiento lopezobradorista y su anunciada candidata a la gubernatura, Delfina Gómez, caminan confiados hacia las elecciones del 4 de junio de 2023, cuando nuevamente el PRI tratará de defender su bastión, una de las tres gubernaturas que le quedan.

En estos comicios, Morena busca confirmar su hegemonía, y el PRI tratará de demostrar que no está en camino de la extinción. 

Pero ahora con los papeles invertidos: la maestra ya no es aquella maestra de imagen inocente y honesta; sino un peso pesado de la política nacional, exsenadora de la República, integrante del gabinete legal como secretaria de Educación Pública e involucrada en el caso de la retención de salarios a empleados del ayuntamiento para financiar la fundación de su partido.

Morena tampoco es ya el partido retador que hace política con aportaciones de sus militantes, entusiasmo y las banderas de la honestidad valiente, sino el partido oficial que se beneficia del aparato gubernamental, los programas sociales y la propaganda emitida diariamente desde Palacio Nacional.

Las elecciones mexiquenses son vistas como la antesala de las presidenciales de 2024. Por eso, las fuerzas políticas afilan los cuchillos con tanta anticipación.

Faltan diez meses para los comicios; cinco para el inicio formal del proceso electoral y ocho para el arranque de las campañas proselitistas, pero el Estado de México se ha colocado ya en el centro del debate público.

Morena se adelantó con el destape de Delfina Gómez, e inició desde Palacio Nacional la operación cicatriz con Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis, los aspirantes que deberán esperar seis años más una nueva oportunidad.

La alianza opositora, mientras tanto, se revuelve entre sus desencuentros, las aspiraciones de sus militantes y el principio de paridad sustantiva que obliga a las fuerzas políticas a postular al menos a una mujer en una de las dos gubernaturas que están en juego en 2023.

Así, mientras el líder del PAN, Marko Cortés, destapa prematuramente al diputado Enrique Vargas, en el PRI hay al menos tres mujeres que levantan la mano, impulsadas por el gobernador: Alejandra del Moral, Ana Lilia Herrera y Laura Barrera.

El destape que hizo Marko Cortés podría derivar en ruptura, y repercutir también en Coahuila, donde el gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene listo al precandidato del PRI para la gubernatura.

La gran pregunta para la alianza Va Por México es si el PAN está dispuesto a ceder las dos candidaturas a los gobernadores Del Mazo y Riquelme, y a cambio de qué, de cara al 2024.

Por eso también el destape de Delfina terminó siendo una jugada maestra, pues le mete presión adicional a la de por sí maltrecha alianza opositora.

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El Estado de México es determinante en las elecciones presidenciales, pues concentra el padrón electoral más grande del país (12.4 millones de personas).

Pero de las últimas cuatro elecciones, sólo en una el partido que ganó la gubernatura se llevó la Presidencia al año siguiente.

El priista Arturo Montiel ganó en 1999 la gubernatura, y luego Francisco Labastida fue derrotado; en 2005, Enrique Peña Nieto arrasó en las elecciones de gobernador, y en 2006 Roberto Madrazo quedó en tercer lugar en las presidenciales; en 2017 ganó Del Mazo, y en 2018 Meade sufrió una humillante derrota.

Sólo en 2011 la victoria de Eruviel Ávila fue preámbulo de la victoria de Peña Nieto y el regreso del PRI en las presidenciales de 2012.

Quien gane en 2023 no tiene asegurada la Presidencia en 2024.

Por eso, no debería obsesionar al actual presidente ganar el Estado de México a como dé lugar y echando mano del aparato gubernamental para que la maestra Delfina sea gobernadora.

Ese error ya lo cometió Peña Nieto en 2017, con altos costos para la democracia y el sistema electoral, y fue el propio López Obrador quien denunció e impugnó esos comicios.

No debería ser la del Estado de México la primera “elección de Estado” de la cuarta transformación.