¿Quién asesina a los candidatos a puestos de elección popular en México? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué impacto tiene esa violencia en la vida política local? Este proyecto producido por Noria Research y publicado en conjunto con Pie de Página busca cambiar el acercamiento a las cuestiones de violencia ejercida en contexto electoral en México

Texto: Romain Le Cour Grandmaiso* / Noria

Ilustraciones: Verónica Martínez Trujillo, Valentin Bigel y Romain Lamy

CIUDAD DE MÉXICO.- El 6 de junio del 2021 se celebraron las elecciones más grandes de la historia de México. Los números son abrumadores: se renovaron 15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 63 diputados estatales, además de mil 926 ayuntamientos y juntas municipales en 30 entidades; un total de 21 mil 368 cargos en los tres niveles de gobierno.

Quitando el foco de los retos logísticos que representaron los comicios, es necesario poner la mirada en una cuestión central de la democracia mexicana: la creciente violencia ejercida contra mujeres y hombres candidatos y funcionarios públicos en contextos electorales.

Entre 2006 y 2019, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) registró 158 asesinatos de presidentes municipales en México. Por otra parte, el Justice in Mexico Program calcula que desde 2002 fueron asesinados 264 políticos locales (alcaldes, exalcaldes, suplentes y candidatos). De estos, 98 fallecieron entre 2015 y 2019, siendo las elecciones del 2018 las «más violentas de la historia» (145 personas relacionadas con el proceso electoral asesinadas).

Si revisamos la literatura, las explicaciones a estas dinámicas parten de un amplia serie de preguntas: ¿Quién asesina los candidatos? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué impacto tiene en la vida política local?

Las respuestas, tanto por parte de las autoridades como de la academia, se centran principalmente en una hipótesis recurrente: la responsabilidad de la violencia se imputa casi automáticamente al crimen organizado. Así, la gran mayoría de los estudios asocia la violencia electoral contemporánea con “el narco”.

El uso de la violencia se explica a partir una lectura en términos de incentivos criminales. El narco busca el control de rutas de trasiego o puntos de producción de drogas; el control territorial para extorsionar presupuestos públicos o imponer cobro de cuotas a diversas actividades legales e ilegales; y, finalmente, capturar el Estado e imponer reglas de control social a los ciudadanos.

Re-politizar el análisis

Aunque las organizaciones criminales seguramente tienen una responsabilidad en el uso de la coerción, la presunción de que ‘el narco’ o ‘el crimen organizado’ son la única explicación de la violencia electoral no es satisfactoria. En nuestro trabajo mostramos como en México la violencia es un recurso político central, usado y compartido por una variedad de actores públicos y privados, lícitos e ilícitos. Partiendo de esta premisa, tenemos que cuestionar lo que solemos ver como argumentos racionales acerca del crimen y la política.

Primero, se tiende a olvidar o minimizar el papel que juegan las autoridades políticas, las fuerzas públicas y diversos actores privados (empresarios, caciques, figuras de autoridad de facto, patrones informales, y muchos más) en la violencia electoral, a través de su colaboración – activa o pasiva – o de la protección y apoyo que ofrecen o buscan con los actores violentos. De hecho, existe evidencia clara acerca del peso ocupado por las redes político-criminales en actos de represión, amenazas, y asesinatos de candidatos en México.

El segundo aspecto yace en la geografía política de la violencia electoral: en su inmensa mayoría, afecta a cargos municipales o locales. Por otra parte, y quizás sea aún más importante, los territorios más afectados por este tipo de violencias no son únicamente las regiones que presentan la mayor ‘actividad’ o ‘presencia’ criminal en el país, en el sentido en que lo entienden los argumentos de ‘fue el narco’. Así, Oaxaca, Puebla o Veracruz forman parte de las entidades con mayor violencia electoral, a pesar de no ser tierras emblématicas de cárteles de la droga.

Por eso resulta imprescindible producir un conocimiento local matizado que nos ofrezca un panorama más complejo de un fenómeno preocupante que no se puede resumir bajo la oposición entre ‘crimen’ y ‘política’. El objetivo de este proyecto es precisamente de producir nuevas explicaciones y ejes de reflexión acerca de la economía política de la violencia electoral en México.

Preguntas abiertas

A la luz de estas lagunas, buscamos pistas para intentamos contestar, o por lo menos abrir, cinco preguntas:

1. ¿Cómo evolucionaron las prácticas de violencia electoral (y política) en los últimos años y quién la ejerce?

La violencia en contextos electorales no es un fenómeno inédito o reciente en el país. Por poner un ejemplo, entre 1988 y 1992 fueron asesinados, desparecidos, violentados y arrestados miles de militantes del recién creado Partido de la Revolución Democrática (PRD). Por eso es necesario identificar las modalidades contemporáneas de la violencia electoral (presiones, amenazas, violencia física) y desentrañar las dinámicas y los actores que yacen detrás de la violencia: pleitos locales; conflictos partidistas o personales; cambios de etiquetas partidistas; el papel de los empresarios y de las maquinarias políticas estatales; el rol de caciques, autoridades locales e intereses privados; las fuerzas públicas armadas, así como de grupos violentos, asociados o no al narcotráfico.

2. ¿Cómo identificar mejor las causas de la violencia y los actores involucrados?

Varios estudios muestran que los estados con mayor violencia electoral no son los de mayor incidencia homicida. En este caso, como en muchos otros en México, la atención académica y mediática tiende a enfocarse en las manifestaciones más espectaculares de violencia, y a usar las tasas de homicidios como único estándar de medición. Esto contribuye a crear una visión distorsionada de lo que sucede en el país.

La violencia electoral tiene tanto que ver con la forma, historia y práctica del poder a nivel local, que con la presencia o no del “crimen organizado” (aunque Michoacán y Guerrero, por ejemplo, que combinan todos los factores, son fundamentales para estudiar las relaciones entre crimen y violencia electoral). Pero cuestionar estas realidades desde lo local, con la atención puesta en el estudio de las dinámicas de coerción, sin presumir de una explicación simple, requiere de una metodología fundada en trabajo de campo, entrevistas, y acceso directo a los actores locales (candidatos, políticos, empresarios, grupos armados y criminales).

3. ¿Quiénes son las poblaciones más vulnerables y dónde se encuentran?

Hay diversos personajes de la vida pública que no necesariamente son los presidentes municipales: regidores, secretarios de seguridad pública, diputados, candidatos, periodistas, activistas, así como diferentes ciudadanos «normales» (la familia de los candidatos, por ejemplo). ¿Qué sucede con ellos después de los comicios? Depende de los criterios cruzados de geografía, edad, género, etnicidad y perfil social. No es lo mismo ser una candidata mujer, indígena en una zona rural de Oaxaca, que un empresario aguacatero en Michoacán, o un candidato en una urbe de millones de habitantes. Eso requiere cruzar dinámicas y variables para identificar y mapear los factores y los perfiles de vulnerabilidad (la militancia ambiental, por ejemplo).

4. ¿Cómo medir mejor la violencia electoral?

La mayoría de los datos producidos sobre violencia electoral toma la etiqueta partidista de los candidatos como una variable infalible. Al contrario, el trabajo de campo revela estrategias constantes de arreglos partidistas: los candidatos pueden cambiar de colores en función de las oportunidades, sobretodo al nivel municipal. Así, la misma persona, puede competir con el PRI, luego con el PRD, el PAN o MORENA.

Por otra parte, es frecuente observar la construcción de dinastías familiares locales, donde las hijas, hijos, sobrinos, esposas y esposos asumen un papel políticos después de sus ancianos. En estos casos, seguir el apellido es aún más importante que seguir al partido. Los intereses políticos y criminales se cruzan en múltiples puntos. Las competencias electorales, y las economías ilícitas, por ejemplo, pueden dar lugar a conflictos – violentos – para el acceso al poder que van más allá de las etiquetas partidistas. Revisar la mayor vulnerabilidad de ciertos partidos y las dinámicas locales es fundamental para determinar en qué medida la etiqueta partidista es relevante para analizar la violencia.

5. ¿Qué mecanismos de protección existen para candidatos en México?

La violencia electoral representa una amenaza directa a la vida democrática del país: no es posible que miles de elecciones locales sean a vida o muerte. ¿Cuáles son los mecanismos públicos de protección a funcionarios, candidatos y exalcaldes que existen en México? ¿Son eficaces? Cruzar los datos con las experiencias relatadas por los actores locales, y conocer casos internacionales puede dar algunas pistas.

Violencia que viene de lejos

En alianza con Pie de Página, en los próximos meses publicaremos informes, datos originales, cobertura periodística y una serie de ensayos escritos por investigadores que busquen dar pistas para responder esas pregunas.

Queremos darle espacio a la historia, reciente o no, para aportar perspectiva a la violencia que se vive hoy en el país.

Nuestra idea es clara: No podemos entender lo que sucede en la actualidad sin ver al pasado.

Página del proyecto en la web de Noria: https://noria-research.com/programa-noria-para-mexico-y-america-central/proyecto-elecciones-y-violencia-en-mexico/

*Romain Le Cour Grandmaison es investigador asociado en la Universidad de la Sorbona (Paris-1) y coordinador del Programa Noria para México y América Central.

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