Que las cortes desecharan todos los obstáculos legales en el camino del Tren Maya es muy preocupante. ¿Será que la estrategia legal fue la equivocada? ¿Qué debe cambiar en la legislación ambiental para que no se repitan desgracias como éstas?

Twitter: @eugeniofv

Todo indica que el Tren Maya superó finalmente todos los obstáculos legales y los amparos que se habían interpuesto para intentar frenar los estragos que causará al medio ambiente. Más allá del duro golpe a las organizaciones que habían impulsado esas medidas, las decisiones de las cortes, las políticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras autoridades y la relativa facilidad con que este proyecto inmobiliario y turístico ha logrado pasar por encima de lo que se creían medidas sólidas contra la devastación deberían ser un llamado de alerta sobre la debilidad de la legislación ambiental y un llamado a fortalecerla.

Uno de los principales problemas del Tramo 5 Sur del Tren Maya es que la remoción de la vegetación en la ruta del proyecto se realizó sin permiso de cambio de uso de suelo. La Ley general de desarrollo forestal sustentable es muy clara en que “no se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte” en un lapso de veinte años. Si se realizó el desmonte sin permiso, en principio no se le podría otorgar autorización por dos décadas. Muchos pensábamos que eso protegería las selvas al menos de las obras públicas que implicaran su remoción. Sin embargo, no solamente se pudo realizar el desmonte para el proyecto sin tener autorización previa, sino que aparentemente el proyecto cuenta ya con todos los permisos que requiere, inclusive después de pasar por las cortes.

Igualmente sorprendente es que haya logrado superar los obstáculos de la ley respecto de la manifestación de impacto ambiental. Las cosas están evidentemente mal cuando la autoridad ambiental puede autorizar sin problemas un documento que en una parte dice que no pasará sobre cenotes, cavernas ni dolinas y en otra explica qué se hará para que pase sobre esas mismas estructuras naturales, como es el caso del Tramo 5 Sur del Tren Maya. 

Lo mismo pasa con otros proyectos de este gobierno —y, por lo demás, de los anteriores, sin duda—. En el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por ejemplo, en lo relativo a un aspecto tan importante como el manejo de residuos sólidos urbanos la manifestación de impacto ambiental de dicho proyecto se limitaba a decir que ya se especificaría en otro momento qué se haría con ellos residuos sólidos urbanos, cuando en realidad debería de haber dicho con claridad el volumen que es esperaba que se generaría y cómo se lo procesaría. 

Que las cortes desecharan todos los obstáculos legales que se intentó poner en el camino del Tren Maya —un proyecto con un impacto ambiental enorme, demasiado grande como para que se lo aceptara— es sin duda muy preocupante y debería llevarnos con urgencia a dos hondos ejercicios de reflexión. El primero es qué se hizo mal al presentar esas solicitudes de amparo y al utilizar otras herramientas legales. ¿Será que la estrategia legal fue la equivocada? ¿Se solicitaron los amparos sobre las bases correctas? ¿Era ése el camino más adecuado? Yo no tengo la respuesta, pero sé que son preguntas urgentes.

La segunda tarea, independiente de la respuesta a ellas, debe ser sobre qué está mal con la legislación ambiental y qué debe cambiar en ella para que no se repitan desgracias como éstas. Como se dijo hace un momento, algo está muy mal con la legislación ambiental cuando un proyecto como éste, que cubrió los requisitos legales ambientales a destiempo y en forme horriblemente torpe, pueda ser legal. ¿Qué tiene que modificarse en la ley para hacerla más sólida, para que sirva para impedir lo que ocurrió esta vez?

El derecho no es la única herramienta disponible para salvar el medio ambiente, pero es sin duda una de las más importantes. Por eso es tan importante trabajar para fortalecer el derecho ambiental y las capacidades de la sociedad civil para utilizarlo en defensa del planeta. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.