En 2021 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano empezará el plan de ordenamiento urbano más grande en la historia del país. Deberá asegurar que las ciudades de cinco estados no crezcan sin control. Y tendrá que hacerlo desde una secretaría aún en construcción. En entrevista, Román Meyer sostiene que el tren puede ser una oportunidad para frenar la devastación que ya existe 

Texto: Arturo Contreras y Daniela Pastrana
Fotos: María Fernanda Ruiz

Román Meyer Falcón es uno de los integrantes más jóvenes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y está al frente de la secretaría de Estado más joven (y una de las más estratégicas) de este gobierno: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Creada en enero de 2013, en sustitución de la antigua Secretaría de la Reforma Agraria y con el objetivo – un poco tardío- de diseñar políticas de desarrollo para las ciudades, ha sido una de las dependencias más mencionadas de los últimos años, por los escándalos de corrupción de la administración anterior.

Meyer la describe como “un niño que se formó mal”. En todo caso, es el ministerio sobre el que recae el peso de la principal operación políticoelectoral del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pero esta Sedatu no parece muy afanosa en crear estructuras partidistas. Es una secretaria donde los funcionarios usan mezclilla y saco, y las responsables de logística son jóvenes que promueven el uso de la bicicleta y las energías renovables.

El edificio donde despacha, por el contrario, es viejo y feo, como cualquier oficina de gobierno de la década de los 70. Mientras esperamos al secretario en un amplio salón, sus asistentes nos cuentan que es mucho más barata la renta en este edificio de la colonia Roma que la que se pagaba por las oficinas del Centro, y “ya ni se diga” de las oficinas de la colonia Polanco donde realmente despachaba su antecesora, Rosario Robles, hoy en prisión.

Meyer, de 37 años y destacadas cartas académicas en urbanismo social, tiene poco tiempo disponible por estos días, pues las inundaciones en Tabasco le han puesto una tarea extra a la que ya de por si, parece una campaña imposible: ordenar un país que creció desordenado.

— ¿Cómo ordenamos el caos?

— No se puede ordenar el caos, se puede administrar de una mejor forma, entendiendo que el crecimiento urbano que se ha llevado a cabo en México ha sido a través de un proceso de desdoblamiento de la mancha urbana que no ha compaginado con las tasas de crecimiento poblacional. Es decir, nos desdoblamos entre 4 a 5 veces más de lo que crece, en promedio, la población. Esto, sobre todo, en las últimas cuatro décadas, cuando la migración a las concentraciones metropolitanas más importantes (la del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y otras capitales y centros turísticos) presentaron un desdoblamiento mucho mayor, sin una política de planeación del Estado mexicano.

Sedatu, la mediadora

Gran parte del trabajo de Sedatu, dice Meyer, es “ser un mediador, un interlocutor en el ordenamiento. entendiendo que no depende de una orden de gobierno, estrictamente hablando, sino que depende de todos”.

La competencia que tienen los gobiernos municipales es un tema en el que pone énfasis: “Son los municipios quienes tienen las facultades de definir los usos de suelo, cómo van a crecer, etcétera. Ahí es donde radica uno de los grandes problemas. Y una de las grandes oportunidades. Por eso nos hemos dado a la tarea de empezar a tratar de simplificar el marco normativo de la planeación urbana y municipal. Buscamos, en la manera de lo posible, poder construir al término del sexenio una metodología mucho más simple, mucho más entendible, menos burocrática, porque la gran mayoría los ciudadanos no conocemos los programas de ordenamiento municipal de desarrollo urbano de la colonia o el municipio donde vivimos.

— Tampoco es que estén muy disponibles…

— Es un instrumento… tal vez porque no se hace partícipe a la ciudadanía, pero también porque es difícil de entender. (Los planes de desarrollo urbano) caen en una complejidad muy técnica y no hay lineamientos claros que puedan nivelar ese tipo de información a nivel nacional. Buscamos acotar mucho más y simplificar la información para que, indistintamente de si se hace en un municipio que tiene 5 mil habitantes o en uno que tiene arriba de un millón, se pueda promover información base para que, con esta información se puedan construir los programas y actualizarlos. O crearlos, porque en muchos casos no se tienen.

¿Democratizar el desarrollo?

Lo escuchamos varias veces en las conferencias de Economía en Palacio Nacional, a las que durante varios meses asistió, puntualmente todos los martes: es fundamental, para detener el crecimiento urbano depredador que hemos tenido, que todos los municipios tengan sus planes de desarrollo. Ahora abunda en el tema:

“El plan de desarrollo municipal es el único instrumento que existe por parte del Estado mexicano para que podamos asegurar un mejor crecimiento urbano. Es el único instrumento que dictamina usos de suelo, densidades, coeficientes de ocupación, donde también están vinculados los proyectos y los programas de inversión de gobiernos municipales, estatales, y federales”.

Todo programa de gobierno, dice, debe iniciar con un diagnóstico que permita saber “cómo estamos parados”. Y como el plan de desarrollo municipal es el único instrumento normativo que tenemos y que tiene una obligación de ser consultado por parte de los ciudadanos, “pues tenemos que democratizar el instrumento”. Ese proceso implica las simplificaciones de lineamientos y de trámites, pues mientras más simples y menos engorrosos, “mayor claridad tiene el ciudadano de qué se puede hacer en la manzana, en la cuadra donde vive, cuáles son los usos de suelo, si abrieron un bar, sí o no cumple con la normativa correspondiente”.

Crear una institución

— No parece una tarea fácil. ¿Les va a dar tiempo?

— Va a ser un trabajo arduo, esperemos poder sentar las bases de una mejor metodología de trabajo, una mayor simplificación para que todos los municipios puedan tomar esa información y con base en ella, por lo menos la base, que puedan participar de esta serie de programas.

— Esta es una secretaría muy joven, que en la pasada administración cobró un enorme protagonismo porque se convirtió, de una secretaria más bien administrativa de títulos de propiedad, en la principal operadora electoral con Sedesol, ahora Bienestar … y que ahora, además, tiene esta función central en el proyecto del gobierno, justo por lo que implican los megaproyectos y los conflictos con los pueblos … ¿Qué retos implica esto?

— Creo que el reto principal es la construcción permanente de la institución. Es una institución muy joven. Hay instituciones que llevan una ventaja de 200 o 300 años… La Sedena, el Ejército mexicano, fue constituido a partir del siglo XIX. La secretaría de Gobernación, la parte más moderna, es de principios del siglo XX. La secretaría de educación también, de finales del XIX. Entonces, pongo como base que hay secretarías que llevan 200 o 300 años y ésta es una secretaría que lleva seis años.

— Y seis años ya con problemas graves…

— Exacto, es un bebé recién nacido que no tuvo la mejor formación. Entonces, reestructurarlo es uno de los grandes procesos que se tienen en marcha. Y probablemente termine el sexenio y no terminemos de reestructurarlo como quisiéramos porque constantemente nos enfrentamos a nuevos retos que no teníamos conceptualizados en 2017 ni en 2018 ni en 2019. Día a día nos encontramos con nuevas necesidades que tenemos que ejecutar. Entonces, los grandes retos yo creo que son la estructuración y la conformación constante de la institución. Esperemos que, a mediano y largo plazo, digamos 6, 12 y 18 años, la secretaría ya no tenga estos grandes problemas, que van desde el tema presupuestal, operativo, las restricciones de personal. Porque te aseguro que somos de las secretarías que menos personal tiene. Somos como 300, más el personal de base (unos mil 200), muy pocos en proporción a la cantidad de temas que tenemos que ir recorriendo. Aunque también ese es uno de los factores que puede alentar los procesos, porque no hay un proceso definido. Si me preguntas: ¿Cuáles son sus manuales de procedimiento? Pues ojalá en 2024 te pueda dar la última versión.

—Bueno, es una ventaja que sea arquitecto, ya tiene idea de cómo construir…

— Así es. Todo lo que hacemos es obra pública. Ya sean viviendas, sean deportivos, centros históricos, mercados, infraestructura básica, calles, todo eso es obra pública. Si no tienes el equipo que sepa, normativamente, jurídicamente, técnicamente cómo se ejecuta una obra pública, estás en un problema. Necesitas un equipo que sepa de obra pública.

El tren  y el pacto

Dejamos en el tintero otras preguntas, entre ellas la de las consultas que requeriría la democratización de los planes de desarrollo, porque no queremos que se acabe el tiempo sin hablar del papel que jugará la Sedatu en los dos proyectos de desarrollo proyectados en el sureste: el Corredor Interoceánico y, sobre todo, el Tren Maya, que tiene un presupuesto aprobado para 2021 de 321 mil 381 millones de pesos. Para este programa, que además de desarrollar planes de ordenamiento, incluirá la mejora de los servicios urbano en cuanto vivienda, equipamiento, espacios públicos, agua, drenaje y saneamiento, se destinarán, entre este año y el próximo, 10 mil 500 millones de pesos. 

— ¿Cómo evitar que el impacto social y ambiental que implica cualquier desarrollo urbano termine por imponerse sobre las decisiones de la gente?

—No hemos concluido el diagnóstico— acepta, de entrada— Estamos en un proceso de conformar el programa de desarrollo regional, esperemos se haga un pronunciamiento con el señor presidente y los cinco gobernadores en este año, como un primer paso. Y a lo largo del próximo año estaremos trabajando todo el programa de desarrollo regional entre la secretaría, Fonatur, Semarnat, los gobiernos estatales y municipales. Esto lo hicimos en las inmediaciones del aeropuerto de Santa Lucía. Prácticamente es un pacto político con un sustento técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie empieza a modificar los usos de suelo hasta que no concluyamos el programa regional que dictamina las bases para que se adecuen los programas estatales y municipales.

En este punto explaya la explicación: Se trata, dice, de que cuando se desdoblen los programas de desarrollo urbano de estos municipios (tienen que pasar la aprobación de cabildos) se asegure que las estaciones tengan un adecuado tema de accesibilidad y distribución a los centros de población, y que está claro “cómo esto se tendría que reflejar en el plan de desarrollo urbano para la modificación de usos de suelo en las periferias. Si se va a otorgar una mayor densidad a una arteria principal porque remata con la estación, la actualización de los registros y los catastros para que los municipios puedan invertir en infraestructura y servicios básicos en aquellas colonias periféricas”.

Al final de cuentas, dice el secretario, “esas intervenciones van a generar una derrama económica importante” y lo que busca el gobierno es que, los instrumentos de planeación que se desarrollen (“puede haber varias opciones, no hay una receta única”), permitan que “las grandes plusvalías que se van a estar captando en las inmediaciones de las estaciones o de los puntos de conexión entre las estaciones y los polos turísticos, generen esa riqueza pero que también la redistribuyan”.

“¿Qué es lo que pasa en el proyecto de urbanización en México? Que genera una enorme riqueza. Santa Fe, el corredor Reforma, por poner unos ejemplos de los procesos de desarrollo económico mundial. Y eso puede verse en otras naciones como China. El proceso de urbanización es el principal detonador económico en muchos países, lo que hay que entender es que no podemos garantizar la repartición de estas bondades o estos beneficios de la urbanización si no existen esos instrumentos de planeación. Si son captados por privados. Lo que siempre ha pasado es que los privados captan las plusvalías y no se redistribuyen adecuadamente”.

El tren y la excusa

— Pero no sólo es un asunto de que se devuelva la plusvalía a la gente. En el caso de China, que acaba de mencionar, sí tiene un proceso de urbanización muy fuerte, pero a costa de quedarse sin recursos, por eso los está buscando en otros países. Es decir, más allá de la redistribución de la plusvalía hay un impacto ambiental…

— Yo creo que el modelo de desarrollo, en el caso del Tren Maya, es un modelo de muy bajo impacto. Realmente creemos que el sistema férreo, ya sea de carga, de transporte de mercancías, es de muy bajo impacto, porque a través del tren puedes sacar muy pocos productos. O sea, yo no veo a los talamontes subiendo los árboles en los trenes. Nunca. Eso lo hacen en carreteras. Aquí lo importantes es que se opta por un sistema alterno de mucho menor impacto, pero que la obligación, y por eso es lo que estamos trabajando, es asegurar que sea con orden. El tren puede decirse que es una excusa para actualizar los planes de desarrollo urbano, pero es una excusa perfecta, porque si no nunca hubiese podido existir la oportunidad de hacer un programa regional que involucre cuatro o cinco estados. Entonces, creo que al contrario, si se ejecuta bien el proyecto y el programa, podría asegurar que el impacto sea menor y que esos instrumentos (los planes de desarrollo) sean de consulta pública.

El tren y los municipios

El punto central vuelve a ser la ejecución, y la discrecionalidad de los municipios para funcione. Pero ya no hay tiempo para más preguntas. Meyer insiste en que es mejor un crecimiento ordenado, que un crecimiento como el que ya existe en la región.

“Esto pasa en la clandestinidad. Vean el caso de Tulum. ¿Cuándo fue que actualizó por última vez su programa de desarrollo urbano? ¡No tiene! Se está desdoblando como dios le da a entender, sobre terrenos ejidales, terrenos comunales. Yo entiendo que hay muchas preocupaciones de comunidades, pero existe hoy una forma muy diferente de gestionar la política pública. En cualquier momento que suceda algo, me imagino que a los cinco minutos va a estar en la mañanera”. Los municipios, insiste el funcionario, ya de salida, tienen la obligación de consultar los programas y actualizaciones que realicen.

“Lo que podríamos hacer es una estrategia de comunicación con los municipios para que informen cuándo están en consulta, pero tienen la obligación de tomar en consideración esa consulta. Y que la gente diga: ‘No, no estamos de acuerdo en que suban la densidad o que cambien los usos de suelo como está proyectado’. Creo que podemos reforzar ese tema dando a conocer de forma previa a la ciudadanía y que, en tal caso, la ciudadanía demande a las instituciones locales, que son quienes, a final de cuentas, van a emitir esos mecanismos”