Con una serie de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, los senadores se pusieron a favor de la industria del plástico y sus clientes corporativos. La iniciativa aún debe pasar a la Cámara de Diputados, de forma que todavía se puede evitar el desastre

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El Senado de la República se puso franca y abiertamente del lado de la industria del plástico y contra el planeta con la aprobación de una serie de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que responden a los intereses de la industria, no a los del país. Con esto, los senadores se pusieron también directamente en contra de los esfuerzos de estados y municipios que en los últimos años han peleado por minimizar el consumo de plásticos y la generación de basura. 

El favor a la industria del plástico y a sus clientes corporativos puede verse en forma muy clara en la definición de plásticos o productos de un solo uso. Siguiendo el sentido común, la definición adoptada por el Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, considera productos plásticos de un solo uso a los que fueron diseñados así, para desecharse a la primera. En cambio, la reforma aprobada por el Senado pone el énfasis no en el diseño, sino en la posibilidad de que sean o no reutilizados, compostados o reciclados, sin importar que exista la capacidad instalada para hacerlo. 

Así, lo que pretenden los senadores es que se considere plásticos de un solo uso solamente a aquellos “que están diseñados para ser usados por una sola vez, que no están sujetos a un plan de manejo obligatorio y que no son reutilizables, reciclables, compostables, ni son susceptibles de valorización o aprovechamiento”. Esto quiere decir, por ejemplo, que los tenedores de plástico de calidad —que no pueden reutilizarse pero que, en principio y si existieran las facilidades para hacerlo, pueden ser reciclados— no cuentan ya como plásticos de un solo uso, aunque para la legislación de la Ciudad de México si lo son, y hasta se refiere explícitamente a ellos. 

La muestra más clara del sinsentido que supone esta nueva reforma puede verse en un estudio que publicó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el mes pasado. Según su reporte De polución a solución: una evaluación global de la basura y contaminación marinas por plástico, apenas el diez por ciento de los plásticos generados en el planeta se reciclan. El mismo informe considera un problema la noción de “plásticos biodegradables”, porque toman mucho tiempo en descomponerse y en ese lapso se convierten en basura que pone en riesgo a la biodiversidad y los servicios ambientales de mares y humedales. 

Las reformas del Senado son un franco sinsentido ambiental y parecen más orientadas a neutralizar los avances logrados hasta ahora que a ayudar a mejorar sus alcances. Por una parte, si salen adelante permitirían a las grandes industrias no solo del plástico, sino todas las que usan esos productos, seguir contaminando el planeta con impunidad. Se trata de industrias que van desde refresqueras hasta marcas de productos de gestión menstrual, que sí podrían ofrecer alternativas menos contaminantes y simplemente no han querido hacerlo. 

La iniciativa todavía debe pasar a la Cámara de Diputados, de forma que todavía se puede evitar el desastre —aunque a Ricardo Monreal y sus seguidores, que controlan la bancada de Morena en el Senado, debería cobrárseles muy caro el despropósito cometido en la cámara alta—. Las medidas que deben tomarse en la cámara baja no son desconocidas para nadie que haya seguido el tema. Al contrario, hace tiempo que se las ha repetido. Sobre todo, consisten en cargar la responsabilidad de lidiar con los residuos al productor, y no, como pretenden Monreal y el Partido Verde, entre otros, endilgársela a los consumidores o a municipios que no tienen recursos; en homologar la legislación federal con las más ambiciosas a nivel local, de forma que la prohibición sea extensiva a todas las entidades, y en promover una cultura y una política que limite la generación de residuos desde su origen.

No es muy difícil: es cuestión de decencia y compromiso con el país. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.