Hace un año, el parlamento salvadoreño declaró el estado de excepción. Desde entonces, más de 65 mil presuntos pandilleros fueron encarcelados. Mientras, el presidente, Nayb Bukele, sigue con una popularidad impresionante en la población, al tiempo que organizaciones de derechos humanos lo denuncian por tortura, maltrato y desaparición forzada.

Texto: Wolf-Dieter Vogel

Foto: Gobierno de El Salvador

87 muertos en un fin de semana, entre vendedores ambulantes, pasajeros de autobús y otras personas que cayeron víctimas de balas disparadas al azar. Fueron los días más sangrientos que El Salvador había visto en mucho tiempo. Hace exactamente un año, entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, las bandas criminales del país centroamericano volvieron a hacer acto de presencia con esta masacre, después de que, llamativamente, poco se hubiera sabido de ellas antes.

El presidente Nayib Bukele reaccionó rápidamente. Ya el sábado por la noche pidió a la Cámara de Representantes que declarara el estado de emergencia y recibió la aprobación inmediata. «Estamos con usted, cuente con nosotros», respondió el Presidente del Parlamento, Ernesto Castro. La medida se aprobó a la mañana siguiente. 67 de los 84 diputados votaron a favor.

Aunque inicialmente se fijó en 30 días, la decisión sigue vigente hasta hoy. Mes tras mes, el Parlamento, dominado por el partido Nuevas Ideas de Bukele, prorrogó el estado de excepción, que suspende unos derechos garantizados por la Constitución: la libertad de reunión y asociación, así como el derecho a la comunicación protegida, están suspendidos desde entonces. Las fuerzas de seguridad pueden detener a personas sin justificación y recluirlas sin orden judicial.

Detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas

Más de 65 mil miembros del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha 13 (MS13), como se autodenominan estas bandas, han sido detenidos desde entonces. Según Bukele, unos 3 mil presos han sido puestos en libertad. La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) habla de «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas y malos tratos en prisión». No se trata de casos aislados. «Tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterado en todo el país durante un periodo de varios meses», afirma HRW. Sólo en noviembre de 2022, 90 personas habían muerto detenidas.

A Bukele, que se comunica principalmente a través de Twitter, no le molestan esas críticas. Al contrario, le gusta echar leña al fuego. «¿Están diciendo que la malvada dictadura no le pone trajes de etiqueta a los presos?», reaccionó a las acusaciones de la prensa sobre el trato a los presos.

Y añadió:

«Ahora mismo sacamos del presupuesto de los hospitales de niños para comprarles zapatos».

Llama a los críticos internacionales «socios de las bandas». Una y otra vez distribuye fotos en las que la humillación se muestra deliberadamente: cuerpos tatuados apretados unos contra otros, vestidos con pantalones blancos, arrodillados en el suelo o arreados como ganado por pasillos enrejados.

Incluso, cuando el presidente inauguró hace quince días la prisión de alta seguridad Cecot, donde se va a alojar a 40 mil presuntos maras, esas imágenes circularon por las redes sociales. A través de Twitter, envió un vídeo en el que escenificaba las humillantes imágenes con música dramática. «Ya no verán la luz del sol», dijo Bukele.

Respaldo de la población

El enfoque represivo de este hombre de 41 años, al que le gusta mostrarse como un tipo cool con ropa holgada y gorra de béisbol, es bien recibido. Según las encuestas, entre el 80 y el 90 por ciento de la población le respalda, y el 70 por ciento está a favor de su reelección en 2024, aunque la Constitución no lo contempla. El hecho de que el partido Nuevas Ideas, con su mayoría de dos tercios en el Parlamento, haya debilitado las instituciones independientes y sustituido sin miramientos a los magistrados de la sala constitucional del Tribunal Supremo, no perjudica la aprobación.

No es de extrañar. Durante años, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13 aterrorizaron a la población de El Salvador. Asesinaban, cobraban cuota de protección y vendían drogas. No pocos padres huyeron con sus hijos a Estados Unidos para evitar que fueran reclutados o asesinados por las bandas. La «política de mano dura» de Bukele consiguió poner límites claros a este poder de los criminales.

Durante mucho tiempo, el país fue considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2015, 103 personas por cada 100 mil habitantes eran asesinadas anualmente. Hoy, la cifra es de 7,8, frente a los 12 de México y los 0,3 de Alemania en 2021. Una y otra vez, Bukele proclama con orgullo en Twitter los días en los que nadie murió de forma violenta.

Ya en 2019, el primer año de su mandato, las tasas de homicidios descendieron significativamente. Según reveló el portal El Faro, esto se basó en un acuerdo entre Bukele y las pandillas. El trato consistía en que las pandillas renunciarían a la violencia a cambio de mejores condiciones carcelarias, la liberación de detenidos y una menor presencia policial en los barrios. Pero en marzo del año pasado se acabó. «Hicieron cosas que no deberían haber hecho», dijo un líder de la MS13 a los periodistas de El Faro. Los miembros de la banda fueron detenidos en contra de sus acuerdos. Desde entonces, Bukele se ha centrado en su «guerra contra los terroristas».

Los críticos, sin embargo, dudan de que el enfoque represivo tenga éxito a largo plazo. Señalan que las cárceles siempre han sido importantes centros de reclutamiento para las bandas. El Faro recuerda en un editorial que las bandas son la expresión más cruda y violenta de una sociedad descompuesta, que se caracteriza por la falta de atención sanitaria, educación, trabajo y vivienda digna. Nada ha cambiado en este sentido bajo Bukele, afirma: «La democracia fue durante décadas algo, si acaso, abstracto para los sectores populares de El Salvador.», explican los periodistas: «las pandillas, en cambio, eran una presencia diaria, cotidiana y aplastante».