Saqueo, explotación, masacres, tortura y desapariciones son, por nombrar algunos, un ejemplo de los últimos 33 años de neoliberalismo en México. Los responsables de esta crisis, sin embargo, no solo son ex presidentes, sino todo un aparato que fusiona al crimen organizado y a funcionarios por igual. 

Texto: Alejandro Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.- México, segunda mitad de la década de los ochenta. La larga noche que devino después del 68 parece encontrar una resquebrajadura en la oscuridad. 

La crisis del PRI, el partido oficial que gobernó continuamente en este país por más de setenta años, ha calado hondo en la vida de las y los mexicanos. 

Bajo su bandera se dieron episodios tan cruentos como el halconazo en 1971, así como los innumerables asesinatos de dirigentes políticos, opositores, maestros, estudiantes y campesinos durante la guerra sucia. 

También bajo el PRI, el narcotráfico ascendió como una corporación criminal a finales de la década de los setenta; y ya comenzaba a hacer suyas las estructuras de los gobiernos estatales. Todo ello desnudó también  la intervención de las agencias de inteligencia estadounidense dentro del territorio nacional. 

El 88, Cuauhtémoc Cárdenas y el fraude

A partir de 1988, el PRI, el partido oficial,  comenzó a dividirse, y una buena parte de sus militantes se volcaron hacia los movimientos sociales y populares de aquella época, formando una alianza sui géneris que décadas después se vino abajo: el Frente Democrático Nacional, que con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza parecía disputarle la presidencia al PRI en las elecciones de 1988.

Miles de personas se arrojan a las calles anhelando democracia, mientras que el oficialismo veía tambalear su “nuevo” proyecto económico recomendado por el Fondo Monetario Internacional: el neoliberalismo. 

El desenlace de esta historia lo conocemos bien: un fraude electoral marcado por la violencia y que tras la “caída del sistema” renovó a todo un aparato político-económico que puso en el tablero de juego al crimen organizado y a un próspero estudiante de Harvard en la presidencia: Carlos Salinas de Gortari. 

Del fraude a la privatización: El salinismo y el neoliberalismo en México

Tras su llegada a la presidencia después del fraude electoral de 1988, Carlos Salinas de Gortari arremetió en contra de la disidencia política que al poco tiempo había fundado el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tan solo en su periodo presidencial (1988-1994), militantes del PRD contabilizaron el asesinato de casi 300 de sus compañeros. Fincaron responsabilidades intelectuales a Salinas de Gortari. Hasta hoy las denuncias no han prosperado. 

Posterior a eso, la imposición de Elba Esther Gordillo en la dirección nacional del SNTE durante la “primavera magisterial” del 89 le aseguró un control autoritario sobre la disidencia magisterial, lo que allanó el terreno para la Reforma Educativa de 1992 que, bajo el argumento de la descentralización, implicó el despido masivo de miles de profesores y profesoras en todo el país, y abrió las puertas a la privatización de la educación y al concurso de plazas. 

Antes, en 1991, Salinas había dado uno de los primeros golpes a los reductos sociales de la Constitución de 1917 con la aprobación de la reforma al artículo 27 constitucional, en donde arremetió duramente con la propiedad colectiva de  la tierra y le permitió a capitales nacionales y multinacionales la explotación del campo en México. 

Esto, bajo el argumento de la libre competencia, provocó el desplazamiento de miles de personas de sus comunidades de origen, la instauración del monocultivo y la desaparición de miles de ejidos y tierras comunales tras la imposibilidad del campesinado de competir con los grandes capitales. 

La misma inercia de privatización alcanzó a las empresas paraestatales de telecomunicaciones (Teléfonos de México, Tv Azteca), a la banca nacional, la industria siderúrgica y a los recursos naturales y materias primas al abrir el esquema de concesiones para la explotación del agua y los minerales, que en suma se traducía en un intento por desnacionalizar el sector energético al ejercer un fuerte control sobre las materias primas como el carbón. 

Posterior a la privatización de la banca, en 1992 la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro representó un duro golpe para la clase trabajadora del país y el sistema de seguridad social. 

Este nuevo esquema, conocido como SAR 92, posibilitó que el control de las aportaciones para el sistema de pensiones pasará a ser administrado por la banca privada, además de reducir la aportación patronal a un 2% del salario diario. 

El resultado de este nuevo esquema fue el empobrecimiento y robo de los fondos para el retiro de miles de trabajadores en el país, que tras la devaluación del peso en 1994 dejó en la calle y sin ingresos a millones de personas. 

La desarticulación de los movimientos sociales devenida del violento proceso de empobrecimiento, así como del asesinato de cientos de dirigentes sociales a través de grupos del crimen organizado que comenzaron a establecerse como empresas y corporaciones en diversas ramas económicas del país, fue acabando, poco a poco, con los derechos políticos del país. 

1994: EZLN

El 1 de enero de 1994, a escasos meses de culminar su mandato presidencial, Salinas de Gortari afianzó la entrada del capital privado en diversos sectores de la economía nacional con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Estuvo tuvo como resultado inmediato  la desarticulación y desaparición de las empresas productivas nacionales; muchas se convirtieron  en maquiladoras de mercancías de exportación para los Estados Unidos y Canadá. De esta nueva forma de producción, de maquiladoras con empleos precarios y las enormes líneas de producción, se desprendieron otros fenómenos: la pobreza urbana, la violencia sexual sistémica, los feminicidios en Ciudad Juárez al arrancar la década de los noventa, primero, que se extenderían a lo largo del territorio en las siguientes décadas…

El TLC implicó también  la entrada de empresas extranjeras en la minería, que bajo mecanismos de flexibilización laboral y sin un control ambiental, devastaron amplios territorios del país. Actualmente se calcula que un tercio del territorio ha sido concesionado o clamado para explotación minera.

Pero el primero de enero de 1994 también surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con este el levantamiento civil pacífico de miles de ciudadanos en todo el país, de nuevo ponía a tambalear la continuidad del partido oficial en el poder Ejecutivo nacional. 

Inclusive, dentro de las mismas filas del partido, había actores políticos que mostraban un profundo desacuerdo con el modelo económico de Salinas, como el candidato a la presidencia en 1994, Luis Donaldo Colosio, quien meses antes de celebrarse la elección fue asesinado en Tijuana, Baja California. 

El asesinato es atribuido a Carlos Salinas de Gortari, que designaría como candidato presidencial a su ex secretario de educación, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien resultaría electo como el próximo presidente de la república en 1994. 

De la devaluación a Acteal: Zedillo y la continuidad del modelo neoliberal

A escasos días de haber asumido la presidencia de la república, Ernesto Zedillo anunció lo que se conocería como el «error de diciembre». Esto significó una profunda devaluación de la moneda nacional. 

Los analistas explicarían después que la devaluación fue producto de una crisis económica que se maquilló con indicadores gubernamentales durante los últimos meses del periodo salinista. La crisis se tradujo, para miles de familias, en la pérdida de su patrimonio y un empobrecimiento generalizado para la clase trabajadora del país. 

Cuatro años después de esta crisis, el retiro masivo de activos en la banca, sumada a la devaluación de la moneda nacional y el incumplimiento de pagos, pusieron al sistema bancario mexicano en la cuerda floja. 

A pesar de que el malestar social requería del gobierno que se reactivaran los sectores productivos nacionales, y cancelara el TLCAN y la renacionalización de los sectores económicos privatizados, la decisión gubernamental se orientó hacia el rescate del sistema bancario. 

Este episodio conocido como el fraude el IPAB-Fobaproa  provocó que el país contrajera una deuda de 1.8 mil millones de pesos a precios actuales, actualmente, y después de más de 20 años, se estima que el país seguirá endeudado por al menos otros 50 años más.

Parte de esta crisis económica devino en el arrastre de una crisis política a nivel nacional, lo que provocó que múltiples comunidades y municipios optaran por seguir la ruta que el EZLN había inaugurado en el 94: la constitución de territorios autónomos. 

Empero, para el gobierno de Zedillo, quien pese a verse forzado a participar en los diálogos de San Andrés para  atender las demandas de las y los indígenas agrupados en el EZLN, esto representaba un problema para los intereses de su administración. 

En 1997 pobladores de la localidad de Acteal, perteneciente al municipio de Chenalhó, Chiapas, habían declarado la construcción del autogobierno en su territorio, días después comenzaron a suscitarse desapariciones, ataques armados y homicidios; lo que provocó que cientos de familias se vieran desplazadas de su comunidad. 

La respuesta de los grupos paramilitares de la zona, creados a partir del conflicto con el EZLN y atribuidos a los gobiernos estatal y federal, fue una matanza: el 22 de diciembre de 1997, donde además se cometieron violaciones y actos de tortura. 

En ese entonces, pese a haber destacamentos de las fuerzas armadas cercanos al conflicto y a las denuncias previas que pobladores de Acteal habían hecho ante la CNDH, ningún efectivo militar o de la policía estatal decidió intervenir, por lo que se les responsabiliza en el hecho por actos de omisión. 

Los globalifóbicos

Justo al final del milenio, todas estas problemáticas propiciaron un movimiento de oposición al neoliberalismo, que se dio sobre todo entre jóvenes urbanos y campesinos. Estos movimientos se dieron en todo el mundo. En México, el primer gran movimiento contra el neoliberalismo es el del Consejo General de Huelga en la UNAM.

Los recortes presupuestales a la educación media y superior, así como los constantes intentos por privatizar el sistema educativo en México, propiciaron el estallido en 1999 de la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México que originó la figura del Consejo General de Huelga (CGH), donde las demandas estudiantiles ponían en entredicho al sistema económico y político del país. 

La huelga del CGH paralizó casi 10 meses la máxima casa de estudios; y al final fue reprimida por la recién creada Policía Federal Preventiva (PFP) que, bajo órdenes presidenciales, entró a Ciudad Universitaria la madrugada del 6 de febrero del 2000, deteniendo a centenares de estudiantes (hay quienes hablan de 2 mil víctimas). 

Los más de tres mil elementos de la  PFP mantuvieron patrullajes dentro de las instalaciones de la UNAM hasta el 23 de abril de ese mismo año. 

De igual forma el recrudecimiento de las actividades del crimen organizado dieron cuenta de la maximización de la violencia en el país al destaparse los feminicidios en Ciudad Juárez.

El clima de represión y la crisis económica habían lanzado de nuevo a las calles a la izquierda partidaria agrupada ahora en el PRD, quienes hasta ese momento contabilizaban el asesinato de más de 600 de sus militantes. 

Cuauhtémoc Cárdenas volvió a aparecer en escena, y el derrumbe del PRI era evidente, sin embargo, Zedillo promovió lo que algunos académicos califican de un golpe de estado técnico, pues después de una reforma a la Constitución permitió la candidatura de una persona extranjera hacia la presidencia. 

El candidato fue Vicente Fox Quesada por el Partido Acción Nacional, quien resultó ganador y tomó posesión en diciembre del 2000. 

La simulación de la alternancia: Fox y la profundización del neoliberalismo

El cambio de partido a cargo del Ejecutivo nacional no significó una ruptura con el modelo neoliberal y la política de represión heredada tras más de 70 años del priismo en México. 

De los primeros pasos que Fox no dudó en continuar tras la administración zedillista fue la destrucción de PEMEX, pues tras anunciar la salida de México de la Organización de Estados Petroleros (OPEP), abrió el camino para que empresas como Shell, Chevron-Texaco y Repsol pudieran entablar negocios con el volátil precio del crudo mexicano sin ningún organismo que estabilizara el costo del petróleo. 

Esta acción, de acuerdo con diversos especialistas, representó un desfalco de más de 500 mil dólares de ingresos petroleros, los cuales se acusan de malversación y robo por parte de las administraciones de Zedillo y Fox. 

En un país en crisis, y que depende económicamente de su política energética, la competencia desregulada en la compra venta del petróleo acarreó una profundización de la pobreza que, sumada a la política de desmantelamiento de los derechos de seguridad social y protección laboral, afectan directamente a la clase trabajadora del país. 

El alto número de concesiones otorgadas a empresas extranjeras para la explotación minera, cerca de 35 mil durante el periodo de Vicente Fox, da cuenta de la política abierta para las empresas extranjeras en el sector energético. 

Sumado a esto, y pese a la documentada intervención de agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses en el país, en marzo de 2005 México firma la entrada a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), donde además de flexibilizar las condiciones para la explotación de minerales y energéticos en el país, sienta un precedente que legaliza la participación de la CIA, el FBI y la DEA en operaciones militares dentro del territorio nacional.

Asimismo, la continuidad del Plan Puebla-Panamá y del Corredor Transístmico, impulsado por Ernesto Zedillo, para el desarrollo de energías eólicas y rutas comerciales en la zona del Istmo de Tehuantepec, provocó que cientos de comunidades de la región fueran desplazadas de sus territorios. 

La no tan sigilosa privatización de la educación 

Ésta ocurrió de la mano de las dirigencias nacionales del SNTE, que fueron construyendo una ruta para afianzar la modificación de los planes de estudios hacia el sistema de competencias y el despido de miles de maestros bajo el argumento de la excelencia y la calidad. El proceso, que inicio desde finales de los años ochenta del siglo XX y se acentuó durante las administraciones panistas, escondió otro interés: bajo el control de Elba Esther Gordillo, un ejército de profesores de educación básica, y quienes no se alinearan serían perseguidos.

Mientras tantos, las condiciones laborales fueron degradándose, y en algunos sectores el trabajo se volvió aún más peligroso. Tal es el caso de la minería, como lo muestra la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006. Ahí 65 mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de la mina, negándose a participar en las tareas de rescate los gobiernos estatal y federal. 

Ambos fenómenos: la precarización, el despojo, y la resistencia de profesores sobre todo rurales, dio pie a los dos grandes movimientos que marcaron el 2006: Atenco y la APPO. Ambos fueron gravemente reprimidos.

2006: Atenco y la APPO

Asimismo, la represión en contra de pobladores de San Salvador Atenco que se oponían a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en 2006, y en donde participaron elementos de la PFP, y policías del Estado de México, es otro ejemplo de que el autoritarismo no se había ido tras el cambio de régimen. 

El mismo caso ocurrió con la represión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), donde pobladores de distintas comunidades de Oaxaca, en apoyo al magisterio de la Sección XXII que exigía el respeto de sus derechos laborales, fueron agredidos por policías federales y estatales resultando en múltiples casos de totura y fabricación de delitos. 

Ante este clima de represión y avanzada en el despojo de recursos naturales y derechos sociales, un nuevo actor político emergió desde los reductos del PRD: Andrés Manuel López Obrador, y pese a la división de las organizaciones y movimientos sociales que se agrupaban en La Otra Campaña promovida por el EZLN, en ese entonces López Obrador se perfilaba como el nuevo presidente de la república en 2006. 

La historia, sin embargo, se repitió. Y como en el 88 un evidente fraude electoral trajo consigo la usurpación de la presidencia a cargo de uno de los personajes más oscuros que ha conocido este país: Felipe Calderón Hinojosa. 

 La guerra contra el narco en México y la profundización de la violencia

El 8 de diciembre de 2006, siete días después de que Felipe Calderón entrara a tomar posesión de su cargo por la parte trasera del congreso de la unión, el político panista le declaró la guerra al crimen organizado. 

El saldo: cientos de presos sin sentencia que acusan fabricación de delitos, más de 300 mil personas asesinadas, más de 60  mil personas asesinadas durante su gestión, y miles de personas desaparecidas en el país. 

Años después, autoridades acudirían  que el entonces procurador de Justicia, Genaro García Luna, trabajaba para el Cártel de Sinaloa, así como varios de sus colaboradores como Luis Cárdenas Palomino. 

La guerra contra el narcotráfico fue una ficción que sumergió al país en una debacle política, económica y ética. 

Pero no solo fue esto por lo que será recordado Calderón. La entrega de la Seguridad Nacional a los Estados Unidos tras la firma del Plan Mérida en 2007 abrió las puertas al intervencionismo, el espionaje y la persecución política. 

El desfalco de Pemex y la continuidad de las concesiones mineras, apostaban a un desmantelamiento del sector energético que se tradujo en una ofensiva aún más drástica hacia el medio ambiente y la clase trabajadora. 

El incremento en las cifras de feminicidio y asesinato de periodistas dan cuenta del clima de represión y violencia generalizada en el país. 

El cierre de Luz y Fuerza del Centro, y la brutal represión en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes desde el salinismo representaban un dique de oposición a la privatización del sector energético del país, dan cuenta de que la mano dura de Calderón era para golpear a la oposición, y no al crimen organizado que afianzó su control territorial en prácticamente todo el país. 

La reforma laboral a finales de su sexenio, que liquidó la protección de los contratos colectivos a la clase trabajadora y legalizó la subcontratación y el outsourcing, profundizaron y terminaron por allanar el terreno a las empresas multinacionales que operaban en el país desde la época salinista. 

Calderón, en resumen, destruyó todo lo que faltaba para que el país quedara sumergido en la dependencia política, económica y militar de las grandes potencias y empresas extranjeras. 

Y luego llegó 2012 y con él Enrique Peña Nieto.

De las reformas estructurales a Ayotzinapa

La represión al movimiento 132, y los cientos de casos de corrupción destapados a partir de las licitaciones con contratistas como Grupo Higa fueron el anuncio de una poco novedosa administración dirigida por el producto perfecto de la televisión: Enrique Peña Nieto. 

Las ejecuciones extrajudiciales continuaron, y la impunidad en los casos de desaparición y presos sin sentencia siguió imperando en un país sumergido en un shock de guerra. 

Tlatlaya, Iguala y Apatzingán son tan solo algunas de las masacres que carga a sus espaldas el ex presidente de México. 

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero en septiembre del 2014 es el sello de que crimen organizado, fuerzas armadas y aparato de gobierno estaban coludidos. 

La actualización del TLCAN a partir de la firma del TMEC en 2018 acentuó la dependencia económica, política y militar que se inauguró con Salinas de Gortari. 

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El supuesto logro más grande de su administración, aplaudido por la tecnocracia liberal, fueron el paquete de las 14 reformas estructurales que liquidaron por completo a los sectores obreros y campesinos,  y así mismo logró el cometido que inició hace 24 años: la privatización del sector energético y educativo en el país. 

Asimismo la destrucción del sistema de salud pública, de la seguridad social y el desfalco de los programas sociales gubernamentales sumergieron al país en una debacle de tragedias que tras culminar su periodo han ido saliendo a la luz, poco a poco. 

Hoy, después de 30 años de políticas neoliberales en el país los resultados se han ido destapando: escuelas sin agua, edificios que deberían de ser hospitales, miles de fosas clandestinas, un narco-estado operante, millones de pobres, cientos de comunidades desplazadas y un silencio mediático ante las tragedias. 

Pero no solo son estos ex presidentes los culpables, hubo gobernadores, sicarios, capos de la droga, diputados, senadores, funcionarios, policías, militares, instituciones y medios de comunicación quienes fueron cómplices de esto. 

Y si algo ha repetido la sociedad mexicana durante largas décadas es: ni perdón ni olvido. 

Y  aunque las viejas luchas de la izquierda institucional hayan alcanzado el sueño que les fue arrebatado desde el 88, hoy, lo que hace falta a México. 

La crisis, sin embargo, no se ha ido.