El calendario escolar en México se tambalea. La pretensión de la SEP de recortar más de un mes de clases para sortear el calor y facilitar el Mundial de 2026 amenazaría la continuidad educativa de millones de estudiantes. Especialistas y docentes lo advierten: lo que se presenta como estrategia preventiva podría convertirse en un retroceso profundo para el derecho a aprender

Texto: Jade Guerrero

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CIUDAD DE MÉXICO. – La reciente determinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), formalizada en el Boletín 161 y avalada por unanimidad por autoridades estatales, pretende modificar el calendario escolar 2025-2026 bajo dos argumentos principales: proteger a estudiantes y docentes de las altas temperaturas y facilitar la logística derivada de la celebración del Mundial de Fútbol de 2026.

Bajo este nuevo esquema, las clases regulares concluirían el 5 de junio de 2026, más de un mes antes de lo previsto originalmente, mientras que del 17 al 28 de agosto se contempla un periodo de «fortalecimiento» previo al arranque formal del siguiente ciclo, el 31 de agosto.

Aunque la medida ha sido presentada como preventiva y estratégica, especialistas, docentes y organizaciones civiles advierten que el ajuste representaría una afectación directa al derecho a la educación y colocaría en segundo plano el interés superior de la niñez frente a prioridades políticas y comerciales.

Un recorte sin precedentes

Desde el magisterio disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de su Sección 9 Democrática, rechazó de manera contundente el cierre anticipado del ciclo escolar y calificó la medida como una vulneración al derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes a recibir educación pública.

En su posicionamiento, el magisterio señaló que la decisión se quiere tomar de forma unilateral por la Secretaría de Educación Pública, sin consulta previa con docentes ni comunidades escolares, pese a que el calendario oficial establecía originalmente la conclusión de clases hasta el 15 de julio de 2026.

La organización sostiene que adelantar el cierre no solo afectaría la continuidad pedagógica, sino que profundizaría la inestabilidad laboral y profesional del personal docente, además de impactar directamente a madres y padres de familia que buscan garantizar una formación integral para sus hijos.

Para la CNTE, los argumentos oficiales sobre la ola de calor y la logística del Mundial de Fútbol funcionan como justificaciones insuficientes frente a una medida que, afirman, responde a intereses políticos y económicos ajenos a las necesidades educativas del país.

El Mundial no puede jugar con la educación

Si bien un evento de la magnitud de una Copa del Mundo genera retos reales de movilidad, seguridad y operación urbana, convertirlo en uno de los factores centrales para reducir la actividad escolar sentaría un precedente delicado.

La educación no es un servicio prescindible que pueda pausarse para liberar tráfico, facilitar operativos o potenciar el turismo internacional.

El interés superior de la niñez, establecido en la Constitución y en tratados internacionales, no es un principio decorativo. Funciona como un derecho sustantivo, un criterio de interpretación y una obligación jurídica para el Estado.

Modificar el calendario escolar exigiría evaluar consecuencias, justificar proporcionalidad y garantizar que los derechos educativos, de salud y de no discriminación permanezcan protegidos. Reducir la presencialidad escolar para acomodar un evento deportivo enviaría un mensaje claro sobre las prioridades institucionales.

La crisis climática: ¿protección o pretexto?

El segundo argumento de la SEP es la protección frente al calor extremo. Y el problema es real.

Diversas investigaciones académicas —incluyendo estudios desarrollados por especialistas como Park, Goodman, Hurwitz y Smith— han documentado que las altas temperaturas afectan el rendimiento cognitivo y disminuyen la capacidad de aprendizaje.

Pero esos mismos estudios apuntan que la solución estructural no es cerrar escuelas, sino invertir en infraestructura adecuada, especialmente sistemas de ventilación y climatización.

A nivel global, UNICEF ha documentado que durante 2024 al menos 242 millones de estudiantes en 85 países sufrieron interrupciones escolares por fenómenos climáticos, y 171 millones fueron afectados específicamente por olas de calor.

Cerrar escuelas podría reducir la exposición inmediata al calor, pero no resolvería el problema de fondo: la precariedad de la infraestructura educativa en México.

Afectaciones a la Nueva Escuela Mexicana

El recorte también golpearía directamente la lógica pedagógica de la Secretaría de Educación Pública.

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) se basa en un modelo de aprendizaje por proyectos, donde el tiempo es un componente esencial para investigar, experimentar y construir aprendizajes significativos.

Sin embargo, análisis técnicos de planeación advierten que el impacto del recorte sería severo:

Se estima que el 58 % de los contenidos programados para el tercer periodo quedarían inconclusos, se perdería entre el 15 % y el 17 % del tiempo escolar total y se interrumpiría la continuidad de proyectos comunitarios y colaborativos.

Lo cual resultaría contradictorio con impulsar una transformación educativa mientras se reduce el tiempo necesario para ejecutarla.

El costo oculto de las vacaciones prolongadas

La investigación académica ha documentado con claridad el impacto de las vacaciones prolongadas en el aprendizaje.

Distintos estudios especializados advierten que, durante estos periodos de receso, los estudiantes pueden retroceder el equivalente a varias semanas de avance escolar.

Ante ello, el periodo de «fortalecimiento» anunciado por la SEP para agosto genera dudas sobre su efectividad.

Si estas semanas no fueran universales, gratuitas, presenciales, accesibles, inclusivas y culturalmente pertinentes, difícilmente podrían compensar la pérdida acumulada.

La propia normativa educativa establece que el calendario debe garantizar entre 185 y 200 días efectivos de actividad escolar. Reducir la presencialidad comprometería directamente ese mandato.

Aunado a esto, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han insistido en que el impacto de cerrar escuelas va mucho más allá de lo académico.

La escuela cumple funciones fundamentales de protección social: alimentación, cuidado, convivencia y detección de violencia familiar.

«El cierre anticipado no solo afecta el aprendizaje; desprotege a millones de niñas, niños y adolescentes que encuentran en la escuela un espacio de alimentación, seguridad y convivencia», advierten voces cercanas a REDIM.

En contextos de pobreza, violencia, exclusión o falta de redes de apoyo, la interrupción escolar tendría efectos mucho más profundos.

Las poblaciones más afectadas serían quienes dependen en mayor medida de la escuela pública: comunidades rurales e indígenas, estudiantes con discapacidad, familias jornaleras, hogares monoparentales y menores en zonas de alta violencia.

La niñez paga las consecuencias

Más allá de la justificación climática o logística, esta decisión exhibe una constante histórica en las políticas públicas: las infancias y adolescencias rara vez son colocadas en el centro de las decisiones que transforman su vida cotidiana.

El problema no es únicamente que se recorten días de clase; el problema es el mensaje político que eso transmite. Cuando un calendario escolar puede modificarse para adaptarse a intereses externos —ya sean económicos, deportivos o administrativos—, queda en evidencia que la educación sigue siendo tratada como una variable flexible y no como un derecho innegociable.

La pregunta de fondo no es si el calor extremo representa un riesgo o si un evento internacional requiere ajustes operativos; eso es evidente. La verdadera pregunta es por qué la respuesta institucional volvería a recaer en comprometer el tiempo de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, en lugar de invertir en soluciones estructurales que garanticen tanto seguridad como continuidad educativa.

En esa lógica, los más afectados seguirían siendo quienes menos participan en la toma de decisiones. Niñas, niños y jóvenes no estuvieron en la mesa donde se definió este recorte, pero serían quienes enfrentarían sus consecuencias: menor continuidad pedagógica, mayor riesgo de rezago y una ampliación de desigualdades que ya arrastran desde la pandemia, la violencia y las crisis económicas.

El interés superior de la niñez no puede ser invocado únicamente en discursos institucionales y relegado cuando aparecen presiones políticas, comerciales o de imagen internacional. Si el Estado fuera capaz de reorganizar la educación para acomodar un torneo global, también debería ser capaz de garantizar escuelas dignas, seguras y adaptadas al clima para sostener el derecho a aprender.

Porque, al final, el verdadero costo de estas decisiones no se mediría en logística ni en ahorro operativo, sino en oportunidades perdidas para una generación que sigue aprendiendo que, en la escala de prioridades del país, su educación puede esperar.