La Guardia Nacional mantiene un cerco en la frontera norte del país para impedir la salida de personas migrantes que pretenden cruzar a Estados Unidos. El despliegue provoca tensiones y abusos, inclusive actuación irregular de la corporación. Un ejemplo ocurre en Ciudad Juárez. Aquí una lista de las irregularidades.

Texto: Rocío Gallegos*

Fotos y video: Alicia Fernández

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- Su mirada se pierde hacia el norte mientras escucha a los agentes de la Guardia Nacional (GN) que la entregan, junto con su hijo –de unos ocho años–, a oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM). Ella guarda silencio.

La mujer y su hijo fueron interceptados y detenidos por la GN cuando intentaban pasar el Río Bravo para llegar a Estados Unidos. Iban con otras personas migrantes que corrieron –algunos con sus hijos en brazos o sobre su espalda– para evadir a los agentes y cruzar el cauce, casi sin agua, que marca el límite donde termina México.

Apenas bajaban al bordo del río cuando una unidad de la Guardia Nacional –la GN331307–, con la sirena y torretas encendidas, les cortó el paso. Sin soltar a su hijo de la mano, ella se detuvo cuando unos cinco elementos descendieron de la unidad y prácticamente la rodearon, varios de ellos portaban armas largas.

Las personas migrantes que les acompañaban lograron evadir a los agentes de la corporación, que vigilan el bordo fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, para detener el paso de migrantes a territorio estadounidense.

La mujer y su hijo quedaron detenidos y resguardados por los militares, mientras llegaban los agentes de Migración, a quienes fueron entregados.

En el lugar había periodistas que documentaban la llegada de cientos de migrantes que buscaban cruzar la frontera. La tarde en que la mujer y su hijo fueron detenidos por la Guardia Nacional, la periodista Alicia Fernández registró el momento en video.

“Ella estaba como llorando, se volteaba, se veía confundida, como que no sabía qué hacer. El niño estaba ahí, en silencio, sentado”, recuerda Fernández.

La mujer migrante estaba muy asustada y no podía hablar. Los agentes de la GN no permitieron a la periodista acercarse a la detenida. Un elemento del INM –que para ese momento ya había llegado al lugar– se limitó a informar que la mujer era de Guatemala y estaba embarazada.

Luego la subieron junto a su hijo a una unidad del Instituto, con rejas metálicas en las ventanas, para ser trasladados a una estación migratoria, según dijeron los agentes. El INM no informó el destino de estos detenidos.

La captura de la mujer y su hijo ocurrió en la zona conocida como Puente Negro, un espacio donde termina una parte del muro estadounidense y que, por lo mismo, es uno de los puntos con mayor tráfico de migrantes que cruzan la frontera para entregarse a Patrulla Fronteriza y solicitar asilo en Estados Unidos.

El incidente no fue un hecho aislado. La persecución y la detención de migrantes extranjeros por parte de la Guardia Nacional, para luego entregarlos a oficiales de migración, son acciones que ocurren de manera cotidiana en la frontera norte desde junio del 2019, cuando el gobierno mexicano desplegó un ‘muro humano’ a las puertas de Estados Unidos.

En la zona de Ciudad Juárez, los agentes de la GN inclusive impiden a las personas migrantes acercarse al bordo del Río Bravo, lo que representa una violación al derecho constitucional de libre tránsito, según activistas.

Organizaciones civiles, como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), sostienen, con base a las disposiciones legales, que la captura de personas migrantes por parte de la GN son detenciones arbitrarias.

De acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional –artículo 9 fracción XXXV–, los elementos de la corporación sólo pueden hacer inspecciones migratorias a personas extranjeras en acciones coordinadas con el INM.

“No tiene facultades de control y verificación migratoria cuando actúan por su cuenta”, mencionó DHIA.

En el artículo 20 de Ley de Migración se establece que la atribución de vigilar la entrada y salida de personas al territorio mexicano y revisar su documentación corresponde al INM. No menciona a ninguna otra dependencia o corporación.

Pero los hechos documentados por organizaciones civiles en ciertos tramos de la frontera, como en Ciudad Juárez, exhiben una realidad que contradice las disposiciones legales.

El caso de la mujer de Guatemala y su hijo es solo uno de los que se han logrado documentar en Ciudad Juárez.

DHIA ha documentado decenas de casos de personas migrantes detenidas por agentes de la Guardia Nacional, que luego son entregados a oficiales del INM, para después ser deportadas, tras permanecer un tiempo en estaciones migratorias.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero de 2021 y febrero de este año fueron detenidas 11 mil 344 personas migrantes en Chihuahua. La mayor parte de las capturas, ocho mil 345, ocurrieron en Ciudad Juárez.

En este período se mantiene el despliegue de guardias nacionales como una estrategia de contención migratoria.

Oficiales de migración, que concedieron una entrevista con la condición de resguardar su identidad por cuestiones de seguridad, aseguraron que el 90 por ciento de las personas ingresadas a estaciones migratorias en el estado de Chihuahua fueron puestas a disposición por la GN.

“Ellos hacen las detenciones, luego llaman a los agentes de Migración y se los entregan”, dijo uno de los oficiales consultados.

Estas irregularidades no suelen registrarse en los informes del Instituto. Un oficial de la dependencia asegura que los agentes que hacen trabajo de campo recibieron la orden de no informar al órgano interno de control cuando los migrantes son puestos a disposición por militares o la GN.

“En el parte informativo con el que se ingresa a la estación migratoria siempre aparece que las acciones fueron de Migración”, explica.

Al narrar cómo fueron los hechos –un requisito en el ingreso de los migrantes a las estaciones del INM– nunca reportan que fueron entregados por los guardias nacionales, aunque casi todos fueron entregados por ellos”, asegura el hombre.

Los agentes del INM asignados a la región de Ciudad Juárez tienen la instrucción de recoger en el bordo del Río Bravo a los migrantes detenidos por la GN.

Los oficiales entrevistados aseguran que varios de sus compañeros han expresado inconformidad, porque hay casos en el que se les entrega a las personas migrantes golpeadas y temen ser sancionados.

Pero cuando se niegan a seguir las instrucciones, son retirados de la vigilancia en la frontera y se les asigna en cambio a la tarea de conducir a las personas migrantes detenidas en la zona hasta la frontera sur.

Rodolfo Rubio, investigador del Colegio Chihuahua en materia migratoria y asuntos fronterizos, dice que oficialmente no hay forma de conocer lo que ocurre, porque en los informes oficiales no aparece quién hizo la detención inicial de los migrantes.

“La Guardia Nacional no reporta esos datos y el Instituto Nacional de Migración no identifica claramente quién hizo la aprehensión inicial”, comenta.

Es una situación similar a la que ocurre en Estados Unidos, añade, donde los agentes de distintas corporaciones, principalmente policías de algunos condados, detienen a las personas migrantes y en los datos oficiales esas acciones aparecen atribuidas a la Patrulla Fronteriza o la oficina de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), comenta.

Los datos se conocieron hasta 2001, cuando la situación se comenzó a detectar a través de la Encuesta sobre Migración en la Frontera (Emif), que durante mucho tiempo se hizo en Ciudad Juárez a personas migrantes deportadas, explica.

En el sondeo se preguntaba a las personas migrantes quién las había detenido. La mayoría señaló que fueron policías locales, a veces inclusive por infracciones viales.

En el caso de México hay señales de que parece repetirse esta práctica. Una de ellas es la determinación de no registrar el total de las capturas de personas migrantes que realizan elementos de la GN.

Tanto DHIA como Rubio consideran que al no transparentar esas acciones se genera la percepción de que el gobierno pretende ocultar sus estrategias ante la migración, en este caso la de militarización.

Rubio menciona que para conocer esa información se tendría que cambiar la manera en la que se registran los datos. Actualmente, solo se conocen de manera indirecta, cuando se pregunta a los migrantes, como han comenzado a documentar algunas agrupaciones civiles.

La delegación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua no respondió a una solicitud de entrevista sobre estas denuncias e irregularidades.

Despliegue militar

En distintos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la participación de militares en tareas de contención migratoria.

Por ejemplo, el 17 de febrero pasado, cuando se le preguntó sobre dos campamentos del Ejército Mexicano en Tijuana, instalados prácticamente dentro de territorio estadounidense y en una zona reportada por la Patrulla Fronteriza de ese país, como de alta presencia de migración irregular, dijo: “Ayudan a que no haya tráfico de personas y sobre todo tráfico de drogas”, respondió. En el tema de migración la prioridad es “buscar que en los países centroamericanos y en México la gente tenga oportunidad de trabajo y no se vea obligada a emigrar”.

En todo caso el discurso contrasta con la realidad. Con el Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte y Sur cotidianamente se despliega a un promedio de 28 mil elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y el INM, de acuerdo con los informes que cada mes presenta el secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval.

El propósito de la estrategia, reconoce el secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval, es “detener toda la migración”.

Por eso las detenciones frecuentes de personas migrantes por parte de elementos de la Guardia Nacional, según documentan organizaciones civiles.

Ciudad Juárez es un ejemplo. DHIA obtuvo testimonios de personas que afirman haber sido detenidas por quienes identifican como “soldados”.

Uno de ellos, identificado como A.S.D.J., detenido en lo que llama “las montañas de Anapra”. Sus captores eran “soldados”, dijo, quienes lo entregaron a oficiales de migración mexicana en enero del 2021.

La persona de 21 años, a quien por seguridad solo se le identifica con las iniciales de su nombre, se refiere al Monte Cristo Rey, una barrera natural entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, donde el muro fronterizo termina al pie de la elevación natural del terreno.

En ese lugar, al que también señalan como “los cerros de Anapra”, se detuvo a otros 10 migrantes centroamericanos, en su mayoría de El Salvador, entre enero y junio de este año, de acuerdo con la lista de casos documentados por DHIA.

Otros 16 más que aparecen en el listado de casos documentados por Derechos Humanos en Acción fueron detenidos en otros puntos de Juárez.

Las personas mencionaron que los interceptaron frente al muro fronterizo o al descender del tren en el que se trasladaban. Todas reportaron que fueron entregados al INM por agentes de la Guardia Nacional, a quienes en ocasiones se refirieron como “soldados civiles” y “militares”.

Algunas personas aseguran que los detuvo la Patrulla Fronteriza en territorio estadounidense, y luego fueron devueltos a México para entregarlos a la Guardia Nacional.

Estas personas fueron puestas por debajo del agua a disposición del Instituto Nacional de Migración, éste no tenía que verlas aceptado, pero las aceptó y terminó retornándolas a su país de origen, sin que las personas estuvieran en posibilidades de interponer algún recurso legal con esa esas acciones”, informó DHIA.

Algunos de los afectados han presentado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que por cierto mantiene silencio ante las denuncias de detenciones arbitrarias de migrantes.

El despliegue militar ha complicado el trabajo de organizaciones civiles en Chihuahua. El INM, por ejemplo, les restringe el acceso a las estaciones migratorias, lo que impide recabar testimonios directos sobre eventuales abusos.

De hecho, sólo está permitido el acceso a la CNDH y al consulado de El Salvador. Oficiales de migración consultados para esta historia confirmaron que la instrucción superior es impedir el ingreso de activistas pro derechos de las personas migrantes.

Sobre el tema, el consulado de El Salvador no realizó ningún posicionamiento.

Militarizar el INM

Toda la zona fronteriza entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas –conformada por el bordo del Río Bravo y una zona semidesértica– es vigilada por la Guardia Nacional.

No están allí sólo para combatir a la delincuencia. “Cuidamos que no pasen los migrantes”, reconoce un elemento de la corporación que porta el uniforme gris y negro que usan en acciones de campo.

Un compañero suyo corrige: su tarea es protegerlos del peligro de cruzar la frontera.

Cualquiera que sea la versión real, lo cierto es que, desde su llegada a la zona el 16 de junio de 2019, los elementos de la GN se han convertido en un muro virtual que aleja a las personas migrantes del cerco metálico construido por el gobierno de Estados Unidos.

Desde el primer momento, los elementos se desplegaron rápidamente en el bordo fronterizo, los tramos semidesérticos y desérticos, y en puntos estratégicos como central de autobuses, puntos carreteros y aeropuertos.

La tarea central fue, dijo el comisionado del INM, Francisco Garduño al asumir el puesto en julio de ese año, implementar controles migratorios en las fronteras norte y sur.

También advirtió que las personas migrantes podían ser detenidas por agentes de la Guardia Nacional que participan en los operativos, para luego ser puestos a disposición de elementos del Instituto.

Algo que ha ocurrido con frecuencia. Uno de los agentes de la GN entrevistados dijo que las operaciones de migración se incrementan cuando la Patrulla Fronteriza detecta que más de 100 personas cruzan a diario por esta frontera.

Es algo que desde finales de 2020 se repite con frecuencia. Para las corporaciones mexicanas “es el indicativo de que la contención no se cumple y entonces nos dicen que estamos en rojo. Se refuerzan acciones y aumentan detenciones”.

En ese contexto, el INM designó al general brigadier Pedro Alberto Alcalá López, como jefe de la oficina de representación INM en Chihuahua.

El militar asumió en octubre de 2019, fue nombrado para atender los asuntos de migración en esta franja de la frontera norte, tras formar parte del Ejército Mexicano por 37 años.

El nombramiento de Alcalá López fue la primera señal de una paulatina militarización en las operaciones del INM, que inclusive fue denunciada por la CNDH y organizaciones civiles.

En el comunicado del 1 de diciembre de 2020 advierten que, hasta ese momento, en 18 estados se habían nombrado “personas con perfil militar”, como responsables de las oficinas y delegaciones del Instituto.

Una decisión preocupante, añaden las organizaciones, pues esa responsabilidad no debe asumirse con una perspectiva de seguridad sino de derechos humanos.

Esta perspectiva abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes, lo cual agrava aún más su situación de vulnerabilidad”.

La llegada de militares a posiciones de mando cambió el perfil de las operaciones para contener la migración, coinciden organizaciones civiles.

Una de las evidencias más claras es la tarea que desarrolla la Guardia Nacional, que sólo puede realizar tareas de supervisión de documentos y estancia regular de las personas migrantes en operaciones coordinadas con el INM.

“No todas las personas saben eso”, indica DHIA. “Entonces asumen como normal que la Guardia Nacional los detenga”.

Peor aún, DHIA asegura que además de la detención arbitraria, en los casos que han documentado detectaron que hubo amenazas y maltrato físico hacia las personas migrantes.

Para esta historia, se solicitó a la CNDH información sobre casos o testimonios de pesonas migrantes en estaciones migratorias de Chihuahua, donde se señale la participación de elementos de la GN y Ejército en su detención, pero solo respondió con un listado de 52 quejas de presunta violación de derechos humanos presentadas en estados de la frontera norte.

De esas quejas interpuestas ante el organismo, dos son en contra la Guardia Nacional (una en Tijuana, Baja California y otra, en Hermosillo, Sonora), una más en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Ciudad Juárez, y una tercera que acusa a elementos de la Secretaría de Marina en Tijuana.

El resto son contra el INM, que aparece con la mayoría de las menciones como la autoridad responsable de la violación de derechos de las personas migrantes; luego le sigue la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Chihuahua y otras corporaciones.

El gobierno mexicano ha justificado la presencia de la Guardia Nacional y militares en acciones contra los migrantes, como una acción de prevención.

En los hechos, señala DHIA, con este reconocimiento del gobierno de México, el país entero se convierte en una frontera vertical, donde la Guardia Nacional no solo se dedica a perseguir y detener a migrantes en la frontera sur, también en la frontera norte.

*Este trabajo forma parte de “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, una investigación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechoscopio (Baja California), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) (Chihuahua) y Uno de Siete Migrando (Chihuahua), además de la Red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Sin Fronteras IAP. Aquí puedes consultar la publicación original.  www.bajolabota.com.mx

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Como nunca en la historia, México aplica una dura política de contención migratoria, que incluye el despliegue de todas las Fuerzas Armadas del país. El objetivo: impedir a las personas migrantes acercarse a Estados Unidos.

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Créditos

Editor general: Alberto Nájar

Editor de fotografía: Duilio Rodríguez

Investigación y redacción: Rocío Gallegos y Rodrigo Soberanes

Foto y video: Alicia Fernández y Duilio Rodríguez

Diseño: Alejandra Saavedra

Desarrollo: Diego Arce