Desde el Colegio de Arquitectos de México y la Asociación Mexicana de Urbanistas advierten que de aprobarse el Programa General de Ordenamiento Territorial propuesto por el gobierno de la Ciudad de México, habría mayor discrecionalidad en la entrega de permisos de construcción

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Moisés Pablo / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- El Programa General de Ordenamiento Territorial, que ha estado en proceso de consulta pública, podría traer más discrecionalidad en la entrega de permisos de construcción, advirtieron representantes de la Asociación Mexicana de Urbanistas, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Academia Nacional de Arquitectos.

“Si se aprueba, se puede hacer que diferentes actores –como desarrolladores, invasores de suelo de conservación u otros– puedan recurrir a la judicialización vía amparos para construir o edificar lo que quieran. Si no estoy de acuerdo con el Programa, como no hay una ley que lo sustente, pues me voy a amparar”, explicó el representante de la Asociación de Urbanistas, Armando Rosales García.

Según Rosales García, el problema es que si el Programa General de Desarrollo no tiene un sustento suficiente podría dejar espacios a la discrecionalidad en la entrega de permisos de construcción, como que si a un edificio le corresponde un tipo de altura, se puedan usar otras normas de construcción para sobrepasar esos límites. “Lo que queremos es una norma clara”, explicó. 

Los arquitectos y urbanistas llamaron a contar a la brevedad con una ley general de desarrollo que sea aprobada por el congreso. Según la Constitución de la Ciudad de México, el desarrollo de la ciudad debe estar regido por dos instrumentos de planeación, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. El programa debe estar supeditado al Plan; sin embargo, el Plan es el que se tomará como ley, según dice la Constitución.

“El Instituto –de Planeación Democrática y Participativa– sacó al mismo tiempo el Plan y el Programa, lo que es ilógico porque primero debe salir el plan y después se debe consultar el programa”, argumentó Rosales García. El problema de lanzar los dos instrumentos a consulta al mismo tiempo es que si se hacen cambios en uno, el otro dejaría de tener sentido, por lo que serían contradictorios entre sí, lo que abriría el espacio a la discrecionalidad en la entrega de permisos. 

“Tenemos cuatro años de desastre. Es una cuestión de que nosotros tenemos que ver que la arquitectura se haga ordenada. Esta es una ciudad con anarquía y eso solo provoca más asentamientos y piratería en el cartel inmobiliario”, comentó José Francisco Reygadas, presidente de la Academia Nacional de Arquitectos.

Según anunciaron en la conferencia de prensa, estas instituciones mandarán una misiva al Congreso en la que pedirán se emita una ley al respecto. También pidieron al Instituto de Planeación de la Ciudad abrir un canal de diálogo para mejorar estos instrumentos de planeación.

Se espera que ambos instrumentos de planeación, después de ser sometidos a consulta pública, sean entregados por el Instituto de Planeación al Congreso de la Ciudad de México, mismo que tendrá seis meses para aprobar estos instrumentos. En caso de que pase ese tiempo y el congreso no emita una resolución, se darán por aprobados.

Arturo Contreras

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.