Se ha solicitado la admisibilidad del caso de víctimas de vivienda por el cártel inmobiliario en el Estado de México, y también la detención ilegal, tortura y acoso contra el activista Humbertus Pérez

Texto: Lydiette Carrión

Foto: Duilio Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admita dos casos relacionados con el llamado “cartel inmobiliario”: uno de despojo y otro de persecución y encarcelamiento contra el activista José Humbertus Pérez Espinoza, quien estuvo en prisión durante cinco años, tras haber denunciado los desalojos ilegales y la posterior invasión de casas en Tecámac, por parte de miembros de la Unión Tepito, en colusión con autoridades municipales y estatales.

No ser amigo del cartel

En septiembre de 2016, el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, A.C.  inició la recuperación de viviendas en el Estado de México por la vía legal. En aquel momento habían identificado que varios invasores operaban en las Privadas de Laredo y Gallarta del Conjunto Urbano de Villa del Real Sexta Sección, en Tecámac, Estado de México.

Esto, porque debido a la calidad de las casas, a la inseguridad, muchas familias terminaban huyendo del que debía ser su hogar. Mientras tanto, grupos delincuenciales invadían para revender. Esta forma de operación ha sido documentada en todo Tecámac. A lo largo y ancho de los enormes fraccionamientos de interés social construidos en aquellos tiempos.

Aquel noviembre de 2015, más de 300 ciudadanos marcharon por la colonia y pusieron pegotes en las puertas de los inmuebles vacíos, evitando tapar la chapa de entrada del inmueble para que no se les acusara de despojo. 

De acuerdo con documentos legales, estos pegotes  señalaban que las casas habían sido aseguradas por la Fiscalía de Fraccionadores. Esto como resultado de la Averiguación Previa TOL/DR/I/490/2010, por el Ejercicio de la Acción Penal y por la causa penal 76/2014. Esta acción se llevó a cabo bajo la anuencia de la Fiscal para Combatir los Delitos Cometidos por Fraccionadores: Lic. María Camacho Robles, quien aprobó que se realizará, ante la omisión del Secretario de Seguridad Pública de Tecámac por evitar las invasiones de los inmuebles. 

Sin embargo, tras esta movilización, la fiscalía del Edomex inició  una carpeta de Investigación contra  José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal de la  asociación civil. Lo acusaron de usurpación de funciones, porque cuando se realizó la notificación a los invasores supuestamente se presentó como policía. En total le fincaron tres carpetas. Fue hasta enero de 2020 que salió completamente absuelto de las imputaciones. 

Mientras lo mantuvieron en la  cárcel, fue sometido a torturas y violencias  de distinto tipo. 

Por ejemplo, en 2019 debió salir de la prisión debido a una pancreatitis aguda. Ahí lo dejaron en el área dedicada a prisioneros peligrosos del Altiplano. Luego no lo regresaron a Chiconautla, sino que lo llevaron al Penal Neza Norte, el cual es para inimputables, es decir para  delincuentes psiquiátricos. Ahí estuvo detenido por 326 días. “Jaime Chartea Mújica le pidió a mi médico que me cambiara el perfil, para que no regresara a Chiconautla”, narra el activista. Pero la que más le quiebra la voz es cuando habla de su madre, quien murió, en 2017, y a pesar de que tenía el derecho de ir a las exequias, Eruviel Ávila, advierte, le impidió dejar la cárcel por unas horas.

 Humbertus Pérez fue exonerado de todo cargo en enero de 2020. Ahora, las dos personas que se prestaron para acusarlo y mantenerlo en la cárcel se encuentran presas. Uno por homicidio y descuartizamiento; otro, policía, por proteger a una banda de secuestradores, narra. 

El  Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C., denunció a empresas como: Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare, Promotora Integrales de Viviendas y las Sofoles como: Patrimonio, Hipotecaria su Casita, Ing hipotecaria, Hipotecaria Money, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBAV-Bancomer, Crédito y casa, Deutsche Bank México, el Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, durante los tres últimos años.

Ahora, explica el activista,  “es muy importante destacar que la visión fallida de la vivienda llevó a que se perdieran 1 billón 300 mil millones de pesos” en las últimas décadas. “La mayoría de las ciudades dormitorio, como la de Edomex, Hidalgo, Cancún, casi el 60 por ciento de estos conjuntos habitacionales no están habitados y no hay una respuesta para los trabajadores. Les dieron el crédito, se fueron, invadieron sus casas, pero los trabajadores siguen pagando. ¿Dónde queda el derecho humano a la vivienda digna y decorosa?”.

Buscar ayuda en organismos internacionales

Por toda esta problemática, el Frente inició una  denuncia de manera internacional, esto lo hizo en el Quincuagésimo Segundo Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pasado octubre de 2022, en Lima, Perú. “Desde ese momento el Frente mantiene una relación de trabajo e información sobre la situación de la vivienda en México con Paulina Corominas, que es la responsable de la OEA, con la sociedad civil”, advierte la  Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que representará a los afectados a nivel internacional.