En el cuarto día del juicio contra el sacerdote Aristeo Trinidad, acusado de abuso sexual y violación en contra de una menor de edad, el oficial que lo arrestó participó como testigo y contó una llamada entre el padre y una religiosa, donde le decía que el obispo ya  estaba enterado

Texto y foto: Blanca Elizabeth Carmona / La Verdad Juárez 

CHIHUAHUA.– El obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, presuntamente estaba enterado de los delitos que habría cometido el sacerdote Aristeo Trinidad Baca, se desprende de la declaración de un agente ministerial ante un Tribunal de Enjuiciamiento en el cuarto día del juicio oral contra el religioso.

Una llamada telefónica realizada por Aristeo a una monja para avisar de su detención revela que el jerarca católico supuestamente fue informado previamente por el propio párroco, quien está acusado por la autoridad como responsable de violación y un abuso sexual en contra de una niña que era parte de su feligresía.

“Madre Elvira, hace unos años hice algo que yo pensé nunca no iba a pasar a mayor. Háblele al obispo, él ya está enterado”, dijo Aristeo en la llamada con la que avisó de su detención y traslado al Cereso, narró el agente Sergio Rivera Escobedo, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), encargado de ejecutar la orden de aprehensión girada en contra del cura.

Este jueves 28 de enero el Tribunal de Enjuiciamiento, conformado por los jueces Florina Isela Coronado Burciaga, Arnulfo Arellanes Hernández y Carlos Jaime Rodríguez García, recibió la declaración del agente ministerial.

El policía explicó que él llevó la investigación en contra del presbítero y el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión para capturar a Aristeo Trinidad Baca Baca o Baca Olmos, el 8 de febrero del 2019.

Dijo que la tarde de ese mismo día, él montó guardia al exterior de la casa parroquial que ocupaba el cura, en la iglesia Santa María de la Montaña, ubicada en la calle General Lorenzo Ávalos, pero no hubo éxito. Al terminar la última misa, los feligreses se retiraron y Aristeo ya no salió.

Al amanecer del día siguiente, el 9 de febrero, el agente nuevamente acudió a la casa pastoral con la orden de detención en mano. En esa ocasión fue diferente, dijo. Cuando el cura pretendía subir a una camioneta para irse del lugar se aproximó a él. Primero confirmó que se trataba del hombre que buscaba y luego dio cumplimiento a la orden judicial.

El policía dijo que no percibió ningún asombro en el presbítero, “ya presentía, como que ya sabía”, contó al Tribunal, al asegurar que el religioso no comentó nada, únicamente agachó la cabeza al ser notificado de la orden de detención en su contra.

Después de escuchar sus derechos, el sacerdote fue trasladado a la oficina de Delitos Sexuales de la FEM, donde el ministerial le comunicó su derecho de realizar una llamada telefónica para avisar de su arresto.

El párroco proporcionó un número al agente Rivera, éste marcó y al escuchar que contestaron pasó el teléfono al sacerdote, narró.

“Marco yo el número y escucho la voz de una mujer que dice: ‘bueno’. Se lo paso, él agarra el teléfono y dice: ‘madre Elvira, hace unos años hice algo que yo pensé nunca no iba a pasar a mayor. Háblele al obispo, él ya está enterado’. Se quita él el teléfono, me voltea a ver, y dice: ‘¿a dónde me vas a llevar?’. Va a ser trasladado al Cereso número 3 (respondo). “(Aristeo) se vuelve a poner al teléfono y dice: ‘dígale que me llevan al Cereso estatal, que allá voy a estar”, narró el agente al responder el interrogatorio de una fiscal ante el Tribunal.

Dijo que luego el padre Baca cuelga la llamada y posteriormente lo llevaron a que le hicieran un examen médico.

El elemento estatal también explicó a los jueces que durante la investigación entrevistó a la víctima y a los padres de ella, y la mamá de la menor le señaló –como parte del relato de hechos– que en el 2017 alguien rayó la iglesia con la palabra “pederasta”.

Al hoy testigo también se le comisionó la búsqueda de varios niños y a por lo menos dos maestros de la casa hogar que administraba Aristeo, así lo señaló el propio agente, sin abundar por qué pretendía recabar esas declaraciones.

Daño emocional 

La psicóloga Esmeralda Rocha Ibarra también subió al estrado como prueba del Ministerio Público en la audiencia realizada este jueves. Durante su comparecencia explicó a los jueces que ella realizó un peritaje psicosocial, como los elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El estudio se realizó respecto a la niña, considerada como víctima directa, y a sus familiares, las víctimas indirectas, para determinar los impactos del delito en cada una de las esferas de la vida de ellos. Ese peritaje también permitió definir cuál es la reparación integral que el Estado demanda como parte de la sentencia que pretende se imponga a Aristeo.

La profesionista concluyó que la niña víctima se sentía culpable de las agresiones sexuales, presentaba un bajo rendimiento escolar, ha sufrido terrores nocturnos al soñar que es objeto de violaciones, así como ansiedad, irritabilidad, accesos de ira, hostilidad hacía su padre, pérdida de la fe y ganas de morirse.

Además, Rocha documentó en su informe que la familia se vio forzada a un desplazamiento al dejar su casa por temor a recibir amenazas, por ello perdió su identidad y el proyecto de vida de todos se vio afectado.

“Parte de esta secuela y de estos impactos tiene que ver con la pérdida de la fe, el quebrantamiento de la confianza, eso estaba en cada una de las víctimas, así como la pérdida de la seguridad y de la identidad”, expuso Rocha.

También explicó que es trascendental el hecho de que la persona que presuntamente cometió los ataques sexuales es un sacerdote con poder e influencia en la ciudad y la víctima una persona vulnerable, por la edad que tenía cuando fue objeto de los delitos, por el género al que pertenece, así como la falta de educación sexual y sumado a que estaba en la etapa del desarrollo de la personalidad.

La declaración de Rocha fue basta –al hablar incluso de la alienación religiosa: desposeerse de la voluntad propia para obedecer a otro–, pero durante su comparecencia fue combatida por una de las abogadas de Aristeo, quien cuestionó si la psicóloga tenía o no cédula profesional al momento que realizó el peritaje, para exhibir que a su consideración la psicóloga no dominaba los instrumentos o métodos que usó para valorar a las víctimas.

Dos agentes de la Policía Procesal que estuvieron vigilando a Aristeo Trinidad en la prisión domiciliara en la que se encuentra desde febrero del 2019, M.P.R.C. y L.E.C.V., son testigos de cargo. Ayer, el primero de ellos entró a la sala para custodiar al sacerdote durante la audiencia, pero el juez Rodríguez le ordenó retirarse, al advertirle que de permanecer en el lugar podría escuchar a los testigos y por tanto “contaminarse”, lo que puede ser motivo para la anulación de un juicio oral.

Hasta este jueves 28 de enero, el Tribunal de Enjuiciamiento ha escuchado a 10 testigos. Los primeros fueron la víctima y sus padres, así como una hermana; luego el activista y exsacerdote Alberto Manuel Athié Gallo, quien habló del encubrimiento que ha realizado históricamente la iglesia católica a favor de sacerdotes pederastas; después, una médica legista, dos psicólogas forenses y los dos últimos declarantes, son precisamente el agente Rivera Escobedo y Rocha Ibarra.

• Este trabajo fue publicado originalmente en LA VERDAD JUÁREZ que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original