Sin que muchos se enteraran, hace un mes inició operaciones el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, que deberá trazar el desarrollo integral de la urbe a 20 años. El plan debería seguir un amplio proceso de participación ciudadana, que hasta el momento se reduce a una olvidada encuesta por internet

Texto: Redacción Pie de Página

Fotos: Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO.- Pocos saben cómo el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva programa el futuro de la ciudad. El nuevo organismo público, recién creado, es el responsable de realizar el Plan de desarrollo de la Ciudad de México con la participación de todos los sectores, pero al parecer, los funcionarios que lo conforman se adelantaron a su mandato y ya publicaron un plan que está sometido a una especie de consulta ciudadana en una plataforma de internet del gobierno de la Ciudad.

Hace meses, el 1 de octubre de 2020, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum publicó el mismo plan (que por ley le tocaba hacer al Instituto). Ese día también anunció que iniciaría su consulta en Plaza Pública, una plataforma de participación ciudadana creada desde el propio gobierno de la Ciudad. Hasta el momento, no se registran comentarios o anotaciones de algún ciudadano en la plataforma.

Este Plan y el propio Instituto se crearon por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México (el Artículo 15 de la Constitución de la Ciudad de México). La idea es que cada 20 años, bajo la participación de los sectores académicos, culturales, sociales y económicos de la ciudad, se pueda determinar su rumbo. Por ejemplo,  dónde se deberían construir más edificios de vivienda y cómo deberían incluir vivienda social, qué zonas ecológicas son importantes para preservar y cómo deben desarrollarse los proyectos de transporte y movilidad urbana.

En otras palabras, el Plan será la guía de cómo se va a desarrollar la ciudad hasta el 2040. Además, según la Constitución, el Programa general de ordenamiento territorial se debe supeditar al Plan. Este segundo especifica en qué partes de la ciudad se pueden construir edificios y de qué alturas, además de los usos de suelo.

Un Instituto ¿para erradicar la corrupción?

La Constitución de la Ciudad de México se construyó en 2017, para ese entonces, el crecimiento descarado de grandes edificios en la ciudad esparcía el rumor del hoy famoso cartel inmobiliario. Como respuesta, para detener un desarrollo que trajo consigo gentrificación, despojo y desalojos inhumano de los edificios, preservar la permanencia barrial, la ciudad tenía que ser planeada por todos sus habitantes y la forma de lograrlo era mediante un Instituto de Planeación Democrática. O al menos, esa era la idea, como recuerda Josefina MacGregor de Suma Urbana, una asociación que promueve la participación ciudadana y ha seguido el proceso de desarrollo del Instituto. 

“Justo, la idea durante el constituyente era sacar a todos los grupos de interés públicos y privados de cualquier tipo que están en la ciudad en una forma horizontal, O sea, qué requiere la ciudad en los usos de suelo, pero también qué requiere en educación, en financiamiento, en ayuda social, en sustentabilidad, en agua. Es decir, retomar todos los ejes y ponerlos en un solo instituto. El objetivo era tener un instituto independiente, pero la independencia la pierde en el momento en que se manda un plan ya hecho desde las oficinas de la jefa de Gobierno”.

La participación que pretende el Instituto no tiene rumbo ni sentido, acusa Josefina MacGregor. Para entenderlo basta echar un ojo a la plataforma de Plaza Pública, en ningún lado se advierte cómo se procesarán los datos recolectados ni cómo se dará seguimiento a las propuestas que se hagan por ese medio. 

“El instituto debería hacer una unidad de participación ciudadana. Todas las unidades de las alcaldías deberían, pero no. Hasta este momento, ni siquiera los copacos tienen idea de que hay un instituto —los Copacos son las Comisiones de Participación Comunitaria, que dependen del Instituto Electoral de la Ciudad de México—. Lanzar una consulta sin lineamientos de consulta, sin dirección y sin conocimiento de los copacos no parece tener mucho sentido, ahí ya se ven varias irregularidades”. 

Esa ha sido la tónica en el desarrollo del Instituto, que sus designaciones tenían que seguir un proceso de participación ciudadana, sin embargo, muchos de estos procesos no se han seguido, como se ha documentado en otras notas de Pie de Página.

La idea detrás de tanta participación democrática en el instituto era contrarrestar la opacidad del gobierno y de grandes actores de la industria inmobiliaria, el caldo de cultivo detrás del desarrollo desordenado que experimentó la ciudad en los últimos años, aunque pareciera que el Plan que desarrolló el gobierno de la ciudad olvida eso. 

“El diagnóstico del plan no considera ninguno de esos elementos. Jamás mencionan el tema de corrupción. Mencionan la incompatibilidad normativa que ha hecho que la gente desconfíe de los instrumentos de desarrollo urbano. Cómo puedes hablar de desconfianza cuando tenemos 5 mil edificios ilegales en Norma 26, cuando la mitad de los polígonos de actuación fueron entregados fuera de norma y cuando hay órdenes de aprehensión de exsecretarios”. 

La Norma 26 se emitió en 2013 para desarrollar vivienda de interés social y daba exenciones fiscales y facilidades de trámite a las empresas de la construcción. Sin embargo, los proyectos sociales cambiaban a medida que la obra avanzaba y las casas se vendían casi como de lujo. Los polígonos de actuación son una herramienta para modificar el uso de suelo de una construcción que ocupe dos o más predios; uno de cada cuatro polígonos entregados durante el sexenio anterior presentan irregularidades; en la mayoría de ellos se levantaron edificios que excedían los niveles permitidos. 

“El diagnóstico es una serie de declaraciones generales que no se va al fondo de los datos y nunca menciona que esto es resultado de la corrupción, y lleva a conclusiones que no son las correctas, como la que decía que es importante desarrollar mecanismos de actuación público-privados para acabar con esto. Llegan a la conclusión de que lo que se hacían es lo que se tiene que hacer, pero ahora amparado por el Plan General”

Ahora, el instituto ostenta un gran poder al controlar el futuro de cómo se va a desarrollar la ciudad, y a pesar de que tiene caminos claros de cómo debe operar no los está haciendo. “Este camino solo va a llevar a que hayan muchos litigios y amparos”, dice al respecto Mónica Tapia de Ruta Cívica, otra de las organizaciones que vigilan de cerca el desarrollo participativo de la ciudad. “Nosotras tenemos un amparo del nombramiento del titular del Instituto, de cómo se hizo la ley de planeación y de la comisión de selección porque no se hizo conforme a la constitución. Los pueblos y barrios de la ciudad tienen otro, pero quién sabe cuántos se acumulen, porque se van a acumular muchos”.

Nuevo y blindado 

Hasta ahora, los únicos rastros que existen del Instituto son las tres páginas de información que integran su página de internet. Hace un mes se celebró la primera reunión de su junta de gobierno en donde están sus flamantes oficinas. Sus redes sociales aún no llegan ni a los 300 seguidores y más que un ente independiente, parece un apéndice de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Seduvi. 

Sus oficinas se encuentran en lo que otrora fueran la sede de unos laboratorios médicos en la colonia Del Valle. Sin embargo, más o menos hace un año llegó un nuevo inquilino al amplísimo edificio de San Lorenzo 712, según cuenta uno de los cuidadores de autos de la calle. La Seduvi cambió su sede a este edificio, y dentro del complejo, en una fracción del primer piso, están las oficinas del Instituto, que a un mes de haber empezado actividades, aún lucen casi vacías.

En el sitio de internet del Instituto aún falta por indicar su marco normativo, el organigrama de quiénes lo integran y los mapas de los consejos ciudadanos que lo conforman. Tampoco se ha dado de alta como uno de los sujetos obligados de transparencia del gobierno.  

“Entiendo que aún como quedó el Instituto tiene cierto nivel de autonomía. Una de las batallas desde los sectores ciudadanos es que fuera autónomo, pero no quedó así, y el enroque de quitar a Iliana Villalobos de la Seduvi y llevársela de secretaria particular de Sheinbaum y cambiarla por Carlos Ulloa, parece que fue para que Claudia tuviera el poder total sobre el Instituto”, asegura Sergio González, vecino de la colonia Juárez y que desde el observatorio ciudadano de esa colonia emprendió una lucha contra la gentrificación y ha seguido los procesos de participación sobre el uso de suelo de la ciudad.

“Es claro que lo que la jefa de Gobierno buscó, con el Plan de desarrollo y el Instituto de planeación es tener el control absoluto de dónde se va  a invertir en el suelo urbano. Cerraron y blindaron el instituto de cualquier participación ciudadana”, agrega Sergio. 

La página del instituto incluso tiene la misma imagen corporativa del gobierno de Sheinbaum, a diferencia de otros órganos independientes de la ciudad como la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto de acceso a la información.

Hace más de ocho meses, la misma Sheinbaum aseguró que planeaba una presentación de las tareas a las que se abocaría el instituto, pero esto aún no ha sucedido. “Vamos a hacer el informe de a qué se va a dedicar el Instituto de Planeación que está establecido por la Constitución de la Ciudad de México, cuáles van a ser sus principales funciones, tanto cotidianas, digamos, como en la planeación”, dijo en ese entonces, pero hasta el momento eso no ha sucedido.

El instituto es dirigido actualmente por el arquitecto y maestro en urbanismo Pablo Benlliure, quien hasta antes de desempeñarse en el cargo trabajaba en la misma Seduvi. Antes de que el congreso lo eligiera como el titular del nuevo Instituto, diferentes sectores académicos criticaron su candidatura, pues tenía la predilección de la jefatura de Gobierno.

“Lo más importante del rol que juega Pablo Benlliure en todo lo que tiene que ver con la planificación, es que son él y su equipo los que les han dotado de los proyectos de vivienda social. Él fue el que creó los corredores de vivienda que están marcando la agenda de vivienda social en la ciudad. Lo que hizo Benlliure para poder impulsar el programa de los corredores, que lo que busca es dotar de suelo en la zona centro a varias empresas inmobiliarias y seguir con el modelo denso, compacto y vertical, lo más para arriba que se pueda”, advierte Sergio González.