La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de prohibir el glifosato y el maíz genéticamente modificado es muy acertada y era urgente desde hacía tiempo. Aunque no es todo lo que hace falta para emprender una verdadera transición hacia una política agropecuaria y alimentaria que realmente apunte a la agroecología y la soberanía alimentaria.

Por: Eugenio Fernández Vázquez

Estado Unidos inició el proceso de consultas con México en el marco del acuerdo comercial del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (el TMEC que sustituyó al TLCAN) con el cual busca revertir la prohibición de importación y uso de glifosato y maíz transgénico decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sigue ahora es un proceso de reuniones y negociaciones que podría durar unos cinco o seis meses más, al que podría seguir un panel de resolución de diferencias que determinaría si México cumplió lo firmado en el Tratado y un proceso legal que puede ser caro y tortuoso. Lo que está en juego ahí es mucho más que una disputa comercial: estamos ante la oportunidad de que un panel comercial internacional siente el precedente de que un país puede impulsar políticas que dejen la agricultura industrial en el pasado y protejan a la agricultura regenerativa y campesina para tener un futuro.

La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de prohibir el glifosato y el maíz genéticamente modificado es muy acertada y era urgente desde hacía tiempo. El paso más reciente que se ha dado para hacerla realidad fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un decreto por el cuál se establece que las dependencias del gobierno federal “revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y uso de glifosato”, que “revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente en México de semillas de maíz genéticamente modificado” y que “revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para alimentación humana”.

Aunque no es todo lo que hace falta para emprender una verdadera transición hacia una política agropecuaria y alimentaria que realmente apunte a la agroecología y la soberanía alimentaria, es un paso muy importante en ese sentido. El glifosato es uno de los productos más dañinos del mercado y está vinculado con otro de los más peligrosos, porque el producto estrella de entre los transgénicos es un maíz modificado para resistir ese veneno, que no resiste prácticamente ninguna otra planta. Prohibirlos y prohibir su importación es un avance muy significativo en la defensa del planeta y de las formas productivas tradicionales.

Defender esta decisión en un panel comercial, sin embargo, será muy difícil. El propio lenguaje del decreto ilustra hasta qué punto está peleado con los principios básicos del libre comercio, porque afirma, por ejemplo, que el documento está “en congruencia con las políticas de autosuficiencia alimentaria del país”. Uno de los problemas más importantes del libre comercio es precisamente que no considera la necesidad de esa autosuficiencia alimentaria y sus defensores afirman que las redes comerciales globales especializadas en uno u otro producto son más eficientes para combatir el hambre. Establecer barreras al comercio de alimentos buscando proteger a los productores nacionales es, por ello, una violación de los acuerdos comerciales —aunque, claro, Estados Unidos lo ha hecho de muchas maneras por muchos años—.

Hay una oportunidad en el hecho de que ni el TMEC ni los acuerdos suscritos en el marco de la Organización Mundial de Comercio impiden en sí las medidas ambientales, y ha habido casos muy sonados en que las medidas de protección del planeta salen bien libradas de los tribunales y paneles comerciales. Sin embargo, para ello hace falta un trabajo riguroso de construcción de un aparato argumentativo muy sólido; de articulación del conocimiento científico en forma contundente y a la vez entendible para un panel de expertos en economía, no en ciencia ni en agricultura, y un profundo conocimiento de la legislación comercial.

El hecho de que apenas en este decreto se instruya la construcción de “un protocolo de investigación (…) sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud” indicaría que, al contrario de lo que haría falta, se empezó a construir esta casa por el tejado. Ese estudio tendría que haber sido lo primero en hacerse, y luego se tendría que haber lanzado el decreto.

Esperemos que, pese a ello, por el trabajo de la Secretaría de Economía y por la estrecha colaboración tanto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con las autoridades ambientales, el decreto se pueda defender y México pueda seguir este tránsito hacia una mejor política agropecuaria.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.