Activistas y luchadores sociales se reunieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para compartir sus experiencias de represión. En especial se escuchó el testimonio de sobrevivientes del movimiento zapatista de 1994 en México y del exterminio indígena de Efraín Ríos Montt en Guatemala

Texto: Kau Sirenio
Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- “La verdad es una poderosa fuente de luz que se proyecta sobre las violaciones de los derechos humanos cuyos autores preferirían mantener en la oscuridad, es la luz que alumbra un camino hacia la paz la justicia y la reparación para las víctimas” dijo Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios.

La frase cayó entre los asistentes al sexto encuentro del Diálogo por la Verdad que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 13 y 14 de octubre. Durante estos días resonaron los testimonios de sobrevivientes del exilio guatemalteco en Chiapas, los que brindaron su apoyo en aquella época a las y los refugiados, desde San Cristóbal y en el Hospital de Comitán.

«La información y el accesos a los archivos son fundamentales para profundizar en las investigaciones sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidos en contra de la población civil, para esclarecer los hechos y continuar con la búsqueda de la Verdad y Justicia», añadió Peña Palacios.

Los Diálogos por la Verdad para esclarecer los crímenes cometidos por el Estado mexicano durante el periodo de 1960 a 1995 llegaron a Chiapas, donde se recordó el el relato del asesinato de Efraín Calderón Lara, quien fuera luchador social por la organización sindical en Yucatán durante la década de los 70, o el caso de las Granjas por el derecho a la vivienda digna en Tuxtla Gutiérrez durante los 80.

La periodista Ángeles Mariscal, directora de Chiapas Paralelo, se encargó de la moderar las pláticas que incluyeron las narraciones de los sobrevivientes de la represión del Estado de 1965 a 1990. En el acto de inauguración, estuvieron Félix Santana, Jesús Peña Palacios, Pedro Faro Navarro y las personas comisionadas, Eugenia Allier Montaño, David Fernández Dávalos, Abel Barrea y Carlos Pérez Ricart.

Durante el discurso inaugural el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dijo que los organismos internacionales de derechos humanos han sido consistentes en reiterar que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familias, así como la sociedad entera, tienen derecho a conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas en el pasado.

“Exhortamos a que a la mayor brevedad se permita al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico el acceso a la totalidad de los archivos que están en la Secretaría de Defensa Nacional y en el Centro Nacional de Inteligencia y en otras instituciones que sean relevantes para la investigación de las violaciones cometidas en el periodo de la Guerra Sucia”, añadió.

Sostuvo que el derecho a la verdad abarca una doble dimensión: “El derecho de las víctimas y sus familias a esclarecer los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron por acción o por omisión. También tiene una dimensión más colectiva y que comprende el derecho de la sociedad en su conjunto a conocer lo ocurrido incluyendo las causas y circunstancias en las cuales estas conductas atroces se perpetraron”.

En su intervención, Pedro Faro Navarro integrante del equipo internacional del centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, dijo que la memoria, la verdad y la justicia significan resistencia y esperanza, que la memoria crea horizontes de lucha, donde los pueblos, comunidades, y las familias de cada persona se articulan en objetivos comunes para sustentar sus acciones políticas para no claudicar a conocer la verdad y concluya en justicia.

Faro Navarro cuestionó: “Está la lápida de impunidad generada por el Estado ante los vacíos institucionales, ante la negligencia de los operadores de justicia que raya en la estupidez ante la indiferencia y la negativa del gobierno mexicano a reconocer el oprobio de los gobiernos anteriores. Se profundiza al cerrar los archivos para llegar a la verdad, que da como consecuencia que la impunidad sea un agujero negro que no tiene fondo”.

Fernando Navarro puso el dedo en la llaga al señalar que en Chiapas se profundizaron los crímenes de Estado desde la insurgencia de 1994 que protagonizaron los pueblos indígenas de ese estado: “En un rotundo ya basta, el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) frente a las dinámicas de dominación históricas a los pueblos de México”.

A partir del 94 el territorio chiapaneco es escenario de un conflicto armado interno que no ha sido resuelto, lo que ha traído un sinnúmero de muertes, desapariciones, y hostigamientos hacia la población civil. Esto por la creación de grupos paramilitares en distintas zonas, en la zona Norte y en los Altos, la crueldad y la capacidad operativa de la acción del mismo Ejército mexicano, la policía y los paramilitares reviven una de las heridas como es la masacre de Acteal.

“Una de las guerras menos conocidas es la de zona Norte –dijo–, como en Salto de Agua, Tila, Tumbala y Sabanilla. En el país se perpetraron una serie de eventos críticos como lo documentamos: 122 casos, entre desapariciones y ejecuciones, 37 desapariciones forzadas y 86 ejecuciones, en ese ámbito tenemos el caso de Antonio González Méndez desaparecido en Sabanilla que llegó a la Corte Interamericana”.

El vaso medio lleno

El secretario técnico de la Comisión para el Acceso a la Verdad el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, Félix Santana Ángeles no estuvo de acuerdo con lo señalado por los primero participantes: “A diferencia de los que me antecedieron la palabra, yo prefiero ver el vaso medio lleno, porque vamos avanzando no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, si hasta las últimas consecuencias. Pero prefiero el optimismo a ver o vernos derrotados de que no se pueda hacer absolutamente nada”.

Santana Ángeles dijo que el objetivo central es entregar una narrativa de los hechos que ocurrieron de 1965 a 1990: “No parten de cero, hay muchas investigaciones, muchas. Mucha información. Las fiscalías que nos han antecedido tienen datos, hay aportaciones extraordinarias, una es que logramos abrir los campos militares para entrar a sus instalaciones y conocer archivos”, dijo.

A su vez, la comisionada Eugenia Allier Montaño dijo: “No es casual que realicemos estos diálogos por la verdad en Chiapas, un lugar de resistencia, no de décadas sino de siglos, un lugar emblemático en 1992”. Durante la presentación de la mesa de Dialogo por la Verdad, la comisionada hizo remembranza del 12 de octubre, previo al encuentro. “En medio de la conmemoración por los 500 años del encontronazo, la población de San Cristóbal se organizó para tirar las estatuas de los conquistadores, dos años después el ejército zapatista de liberación reaccionaba al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sobre todo por siglos de opresión y explotación”.

La única mujer de la Comisión para el Acceso a la Verdad el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia dijo que ante las críticas y los embates políticos no queda de otra sino trabajar en lo esencial, en la escucha de las personas que sufrieron violencia a estado y sus exigencias.

Testimonios de Guatemala

Durante la primera mesa del Diálogo por la Verdad, los guatemaltecos refugiados en México: Angelina Andrés, Francisco, Andrés Pascual, Gilberto López y Tomás Miguel Gaspar narraron la violencia que vivieron en Guatemala durante el mandato de José Efraín Ríos Montt.

Gilberto López lo contó así: “Salimos de Guatemala cuando comenzó el problema, sin darnos cuenta, llegaban personas a golpearnos. A varios de los compañero los mataron, todos salimos huyendo de las aldeas. Nosotros estábamos cerca de la frontera, caminamos unos cinco o 10 minutos para pasar al lado de México. Escuchaba que en el bombardeo hubo 111 muertos, toda una aldea donde mataron gente, tiraron bombas, murió mucha gente. El Ejército guatemalteco mataba a las personas que encontraba. La Iglesia católica nos dio alimento, sufrimos mucho cuando salimos, dormíamos en la montaña no teníamos comida ni agua, bebíamos agua de los charcos donde tomaban los ganado».

“Cuando ya estábamos en la frontera, el Ejército de Guatemala quemó todas las casas, empezaron a arder como a las tres o cuatro de la mañana. Los militares quemaron todas las cosas, después de dos o tres días llegó el Ejército mexicano y nos llevaron a Guatemala para comprobar que fuera cierto lo que decíamos.

Por su parte, Tomás Miguel Gaspar contó: «Cuando empezó la guerra en Guatemala yo tenía 14 años. A dos de mis hermanos los mataron y lo colgaron en un árbol, ese dolor me llevó a la guerrilla, tomé las armas para defender a mi familia, pero en esos años mucha gente salió de mi país; cerraron las líneas y ni a donde salir. El gobierno nos mandó a masacrar a nosotros los campesino, solo pudimos salir los que estábamos en la frontera, otros compañeros no pudieron escapar. Donde vivíamos mataron como a 20 personas, los encerraron en sus casas y luego les tiraron una bomba; en una iglesia hicieron lo mismo, los encerraron para masacrarlos».

“Nunca llegamos a saber por qué masacraron a pueblos entero. Salimos vivos con mi familia, llegamos a México en un lugar que se llama Chupadero, ahí se instaló el campamento de refugiados donde vivimos tres años. No supimos qué pasó con los compañeros que se quedaron en Guatemala».

“A una señora embarazada que estaba para dar a luz, los militares de Guatemala le rajaron la panza y le sacaron el niño para matarlo; otros señores escaparon; a un niño de 6 años lo aventaron en un tanque blindado, le destrozaron la cabeza. Los sesos del niño quedaron tirados en el piso. El Ejército de Guatemala entró como a unos 5 km en territorio mexicano para acabarnos de matar, pero no pudieron. Esa es la historia de cómo nos convertimos en refugiados y nos quedamos en México”.

La atención médica en Comitán

El trabajador de la salud Luis Aquino Maldonado recuerda como funcionó el hospital de Comitán entre los años 1982 y 1983 durante la llegada de los refugiados guatemaltecos a México:

“En el área de Comitán diseñamos un programa que se llamó Plan Selva Tojolabal con pasantes de enfermería y de medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para brindar servicios en los campos de refugiados, porque el apoyo internacional llegó tarde. Vinieron voluntarios internacionalistas, franceses, alemanes y noruegos a realizar trabajo en el hospital de Comitán para brindar un poco de servicio a esta población, porque era muy precaria, la población guatemalteca veníanenferma de desnutrición, de tuberculosis, de todas las enfermedades de la pobreza; preparamos una red de promotores de salud, se capacitaron a cientos de promotores. Nos tocó ver bombardeos en la frontera, la huida de los pueblos».

La historia no termina ahí.

Más tarde se escuchó a Alfredo Barrera Rubio quien hizo un recuento de la lucha sindical de Yucatán. A él le tocó presentar el caso del abogado Efraín Calderón quien fue asesinado extrajudicialmente.

Efraín Calderón era el abogado que acompañaba a organizaciones sindicales, «el Charras» fue ejecutado extrajudicialmente el 14 de febrero de 1974 en Yucatán, era licenciado en derecho y participó en el movimiento estudiantil de la universidad autónoma del Yucatán, después asesoró a varios sindicatos y trabajadores.

Su cuerpo fue encontrado en una carretera rumbo a Quintana Roo con marcas de tortura. Se responsabilizó del ataque al gobernador en turno Carlos Loret de Mola y al coronel José Felipe Gamboa Gamboa, director de la corporación policiaca estatal.

“El asesinato artero de Efraín, quien fue encontrado en un paraje cerca de Felipe Carrillo Puerto por un campesino.El cuerpo semidesnudo se encontraba con las manos atadas a la espalda, con la cara destrozada, con piquetes punzantes, por todos lados quemaduras de cigarros y los testículos mutilados”.

En la tercera mesa, Félix Maldonado, sobreviviente de prisión por motivos políticos contó cómo después de la represión a manos de cuerpos policiales estatales que buscaba eliminar el movimiento popular urbano en la Colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La Colonia Las Granjas cumplió 39 años de haber iniciado su lucha el primero de nombre de 1984, en un proceso de lucha por el derecho a la vivienda. “Convocamos a conocidos y familias que no tenían dónde vivir, así empezó a crecer pero también para esto teníamos ya algunas relaciones con compañeros de algunas este escuelas en lucha Mactumatzá”.