San Pedro y San Pablo Ayutla enfrenta una crisis humanitaria después de dos años sin agua por la invasión de terrenos y el despojo del manantial de parte de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo, que han usado a mujeres mixes como botines de guerra. La respuesta del gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, es la simulación y la complicidad con los agresores, mientras la Sierra Mixe se convierte en una nueva ruta de siembra de amapola

Texto: Antonio Mundaca / Página 3

Video e imágenes: Karen Rojas Kauffmann / Página 3

SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, OAXACA.- La mañana del 5 de junio de 2017 los disparos caían del cielo como rayos en el campo seco. No hubo enfrentamiento, como se ha dicho. Fue una emboscada. De las laderas de la carretera el Peñasco, que es un atajo en la montaña para acceder al corazón de los pueblos del alto mixe, por varias horas tronaron las balas intermitentes.

Un grupo de paramilitares atacó con armas largas en la zona de El Manantial a comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla. Primero, el sonido del fuego sobre el aire, luego las balas chocaban con el granito del camino. Siguió la confusión y el miedo antes que la rabia. Hombres y mujeres caían en zanjas, huían a tumbos sobre la carretera, otros heridos en las piernas, la espalda, con la sangre expuesta se guarecían como podían en el llano abierto.

Luis Juan Guadalupe, de 35 años, desarmado, golpeado una hora antes por un bloque de comuneros de Tamazulapam del Espíritu Santo que montaban guardia con una avanzada de machetes y palos, perdió la vida de un disparo en la cabeza. Faustino Atanacio Hernández, José Abel Martínez, Federico Martínez, Alberta García, Héctor Márquez e Isaac Juárez salvaron la vida de la refriega. Fueron sacados del territorio bajo fuego, semidesnudos, tendidos en las bateas de camionetas de bulto y pasaje, y la patrulla estatal 1746 que llevaba 17 días en el límite de ambos municipios oaxaqueños.

El ataque fue planeado. Los sobrevivientes vieron descender en cascada sobre el monte a los hombres de las armas. Varios eran comuneros de Tierra Blanca, Tamazulapam, los mismos que habían despojado, el 18 de mayo, a 23 personas de Ayutla de 150 hectáreas de parcelas colindantes con El Manantial, con retroexcavadoras, volteos y armamento pesado.

Alrededor de las 10 de la mañana los comuneros de Ayutla habían subido al territorio en disputa con una perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, tres elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), el grupo pretendía inspeccionar las periferias del territorio invadido, trámite ordenado por el Ministerio Público para integrarlo a las 22 carpetas de investigación levantadas por la denuncia de despojo.

El operativo para impedirlo estaba montado. Sobre el terreno reclamado, comuneros de Tamazulapam ya habían levantado trincheras, habían rodeado con violencia a la caravana de inspectores.

Los emisarios de las autoridades ministeriales violaron un acuerdo que pudo aminorar la posibilidad del ataque, convocaron a los pueblos a una reunión unilateral y no sólo a los representantes. La Fiscalía salió del pueblo con sus carpetas de investigación incompletas. Dejó en el terreno a cinco policías estatales con su patrulla.

Patrullajes estériles

Desde la cima del cerro, instalados en mojoneras de piedra y concreto, hombres encapuchados y con rifles vigilaban el retén. Apenas se fueron los emisarios judiciales creció la violencia. Primero fue el sonido del fuego sobre el aire. Cuatro mujeres de Ayutla despojadas de terrenos fueron secuestradas por decenas de hombres armados. Después, la primera horda de disparos por racimo. Seguirían muchas otras.

Los comuneros de Tamazulapam quitaron las guardias nocturnas de los límites municipales del pueblo atacado. Repelieron un intento de rescate de las mujeres que fueron llevadas a la cárcel de Tierra Blanca. Hasta las dos de la mañana del 19 de junio, el gobierno de Oaxaca respondió con patrullajes estériles.

Ya había sangre seca en la carretera El Peñasco. Un muerto. Cuatro mujeres torturadas y violentadas sexualmente. El Manantial y la antigua agua milagrosa que por más de 100 años abasteció al pueblo de los Ayuuk fue desconectada y controlada por comuneros vigías y paramilitares con órdenes de matar a los extraños.

A la emboscada le siguió una construcción municipal volada en pedazos con dinamita dos meses después, la ocupación ilegal de tierra mancomunada, el uso cotidiano de armas de uso exclusivo del Ejército por los vigilantes de los terrenos en disputa, la incriminación de las víctimas a través de la Fiscalía para hacer creer que fue un enfrentamiento, el encargado de hacerlo fue Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, que la noche del ataque intentó hacerle una prueba de rodizonato de sodio a una mujer herida de 70 años que no habla español mientras estaba internada en el Hospital del ISSSTE de la ciudad de Oaxaca.

Al ataque de 2017 sobrevino el desplazamiento forzado de decenas de familias, la criminalización sistemática de los líderes de la resistencia comunitaria por operadores de la Secretaría General de Gobierno, y dos años de impunidad.

Los no conquistados

La zona mixe es un espacio inmenso de valles seguido de montañas, una tras otra, con el sol apenas entrando en la llovizna. Sus pueblos son herederos de una tradición de guerreros y adivinos. Son de los pocos linajes del México antiguo que no fueron conquistados por las armas españolas. Una nación indígena que de a poco fue vencida por la fe, la esperanza, el comercio, sin que perdieran la creencia en dioses del agua y la tierra. Hoy los vuelve oscuros la pobreza, las leyes agrarias, la pugna por la tierra fértil, sus cerros escondidos donde se siembra amapola y grandes voladeros que han sido apropiados por los caciques y los narcos.

Ascendimos cubiertos por la neblina. Atravesamos la desviación a Hierve el Agua. Llegamos al kilómetro 53 de San Pedro y San Pablo Ayutla con la lluvia y la noche. El camino en la sierra tiene forma de serpiente. La tierra roja es fresca y áspera. Entre más nos acercábamos a lo alto de la montaña el clima enfriaba nuestras frentes. A lo lejos brillaban intermitentes entre los cerros las luces de las casas. La sierra mixe es una espesura verde solitaria que se ha ido ensangrentando.

El día del ataque armado, Yásnaya Elena Aguilar Gil subió a El Manantial y ahí escuchó de una primera emboscada. Arriba cayó a una zanja y eso la salvó de morir. Ahora, habla de las balas y el rostro se le descompone; es una herida nueva en el mundo de los mixes. Como escritora e investigadora Ayuuk, las máquinas de guerra son una identidad desconocida. Una pus que crece.

“De unos años para acá algo cambió en la sierra, se ha perdido la paz, no sabemos de dónde el pueblo de Tamazulápam del Espíritu Santo ha sacado tantas armas pero después del ataque, la Base de Operaciones Mixtas de la Policía entró a nuestro pueblo como ladrones, sin avisarnos, a patrullar un terreno que no conocen”, dice.

Yásnaya lleva dos años siendo amenazada de manera sistemática. Es una de las activistas más visibles de un colectivo de mujeres mixes que ha emprendido una resistencia comunitaria por el agua del territorio y las zonas despojadas.

“El gobierno siempre ha sido parcial, ha hecho tratos unilaterales con Tamazulápam. Desde el principio intentaron manejarlo como un enfrentamiento, pero nosotros íbamos caminando, desarmados y vino la lluvia de balas, nos quedamos en shock, los heridos, la revictimización, ¿dónde se ha visto que la ley o el gobierno proteja a los agresores y no a los agredidos? Eso está sucediendo aquí”.

La voz de Yásnaya se quiebra poco. Es suave. Ya no cree en el funcionamiento de los aparatos del Estado oaxaqueño.

“Hay complicidad para despojarnos de más tierra, ésa es la intención verdadera”, dice.

Yásnaya ha sido acusada de estar vinculada con políticos beneficiados con la desestabilización de la zona. Ha sido atacada por columnistas oaxaqueños que no conocen las dinámicas de los pueblos en la montaña. Cuando se le pregunta sobre su vinculación con pipas de agua que abastecieron a Ayutla, se ríe. Pasa de la burla al enojo.

“A finales de agosto de 2017 nos dinamitaron todo, destruyeron tanques, válvulas, todo el sistema a pesar de que se había firmado un acuerdo de no agresión. Si ya el 5 de junio nos quedamos sin agua, el 25 de agosto los comuneros de Tamazulapam destruyeron todo un patrimonio construido desde décadas con base en puro tequio, aún así la Segego (Secretaría de Gobierno estatal) siguió obligando a nuestras autoridades a negociar con los agresores”.

El 26 de febrero de 2019, Yásnaya Elena intentó llevar el tema a la agenda de los diputados oaxaqueños. Más de 700 días sin agua y contando, y respuestas entrampadas.

“Me preocupa mi seguridad, la de mi familia, pero estamos hablando de tortura, quitarnos el agua es la tortura para que les cedamos nuestras tierras. Pero, ¿quién financia a los grupos violentos que nos agreden? ¿quién los armó? ¿qué intereses externos políticos y criminales hay detrás de toda la agresión? Hay muchas preguntas que tiene que responder el gobierno”.

La tentación del opio

Las honduras de la Sierra Mixe son un nido viejo de siembra de amapola. Es un secreto a voces entre comuneros, taxistas, choferes, marchantas de comida, empleados en la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros.

Documentos hemerográficos muestran que, junto con los problemas de colindancias, ha habido desencuentros entre comunidades por la producción y siembra de la adormidera silvestre desde 1980.

Las autoridades locales no quieren hablar del tema. Los agredidos, los despojados no dan datos precisos de nada, pero entre decenas de conversaciones legan a los extraños su conocimiento sobre las mil causas de la violencia: impunidad, complicidad gubernamental, venta de armas, territorios invadidos, el control de la carretera federal 179 y 190 y los caminos rurales que la bordean y llevan hasta el mar del Golfo, la migración, la amapola.

“El gobierno de Oaxaca lo sabe y no hace nada. Nosotros mejor no nos metemos”, dice un poblador.

Además del enfrentamiento entre Ayutla y Tamazulapam, la Segego registra 364 conflictos agrarios, 32 de alta conflictividad hasta finales de 2018, la mitad en esta zona estratégica, que desde 2010 ha visto problemas de colindancia en Santa María Tlahuitoltepec.

El abaratamiento de la goma de opio en Guerrero le ha pegado duro a muchos, dicen aquí. Son voces de fantasmas que viven en Ayutla Mixe y dimensionan la necesidad del negocio, una caída que se dio en marzo de este año y provocó un derrumbe del 80 por ciento del valor del producto. Las siembras se han diversificado, las actividades de quienes por las noches encaminan camionetas armadas a las colindancias del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papalaopan, de donde afirman, es posible vengan muchas armas y droga.

La Sierra Mixe guarda esos misterios. No hay estadísticas que la apuntalen el origen serrano de la violencia, como ocurre con las zonas de Guerrero o del norte del país, que han sido reconocidas por el gobierno como productoras de goma de opio. No así sobre el monte escarpado en los mixes de Oaxaca. Pero en los últimos dos años, en esta región se han disparado la extorsión, el pago de derecho de piso, polleros que llevan al norte a los indígenas, los secuestran. Han llegado las diásporas de familias, la vida tranquila inhabitable, el desplazamiento interno forzado por una guerra que crece y ha dejado ejecutados con tiros de gracia.

Como muestra unos botones, sólo de 2018:

El 16 de marzo, patrullas del Ejército fueron repelidas cuando intentaban eliminar campos de amapola en Oaxaca, afirmó en su reporte el general Alfonso Duarte Múgica. Intentaron llegar a 30 sembradíos en las inmediaciones de Santa María Tepantlali, a 18 kilómetros de Tamazulápam del Espíritu Santo.

El 28 de abril, el Ejército informó en un boletín que desplegó tropas terrestres y destruyó 190 plantíos de amapola y marihuana que eran protegidos por pobladores de comunidades indígenas. Lo confirmó el general de la 28ª región militar, Alfredo Velasco, quien agregó que había 25 más de marihuana. La siembra era abastecida por una red de suministro de riego por gravedad de 4 kilómetros, que fue cortada. El hallazgo fue en Santo Domingo Tepuxtepec, a 20 minutos de San Pedro y San Pablo Ayutla.

El 19 de octubre, en la misma zona Mixe, el teniente coronel de infantería Juan Alejandro González Sánchez dijo a medios de comunicación que encontraron más de 10 mil 400 metros cuadrados de plantaciones de mariguana, con dos secaderos con un aproximado de 150 kilos de esta planta en greña. Para hacer el decomiso, tuvieron que hacer operaciones durante 21 días al interior de las montañas que rodean el cerro Zempoaltépetl, corazón espiritual de la nación Mixe

El gobierno oaxaqueño ha sido omiso. Pero fuentes de seguridad consultadas para este reportaje consideran viable que, ante el aumento de las operaciones del Ejército en Guerrero, en esta región haya células criminales en pugna por la compra de pasta de opio, la siembra en la sierra escondida oaxaqueña y el control de las rutas. Eso explicaría la magnitud de sembradíos de amapola que se han encontrado en Oaxaca.

Los plantíos detectados en Guerrero, por poner un ejemplo, rara vez tienen una superficie mayor a media hectárea. Sin embargo, en febrero de 2017, la policía federal encontró aquí un par de sembradíos de amapola de casi 15 hectáreas, según los reportes del 8 Batallón de Infantería. En esa fecha, el General de División Diplomado de Estado Mayor Alfonso Duarte Múgica, quien entonces era el comandante de la Octava Región Militar en Oaxaca, dijo en una entrevista televisiva que durante 2016, los soldados destruyeron 707 hectáreas de cultivo de amapola y marihuana en la sierra oaxaqueña.

“No sabemos por qué nos invade Tamazulapam del Espíritu Santo. Dicen que somos gallinas porque no les respondemos. Cuando nos atacaron, horas antes hubo una camioneta que quiso vendernos armas, anduvieron por el pueblo, como si supieran lo que vendría, quién sabe por qué carajo quieren nuestras tierras. Debe ser porque son buenas para sembrar de todo”, cuenta un rutero que nos deja en El Mirador, una cresta donde se ve la frontera montañosa de los dos municipios unidos por las nubes.

No se puede hurgar más. Sobre el camino a El Peñasco, donde fue el ataque, se ven páramos desiertos. Vigilan desde el cerro El Manantial, hombres armados que no respetan a los espíritus. En este lugar, sólo es posible hablar de la precariedad de las casas. Esta gente es pacífica. Ha pasado la sequía y espera las lluvias que lo mojan todo. A quienes han entrado al negocio de la droga, el peligro y el trasiego les enseña que es posible tener lo que deseen, el terreno del otro, el agua del otro, la felicidad del otro y eso que nadie nombra en las carreteras de los mixes, que crece y viene jodiendo la paz de los pueblos.

Renunciar a la tierra, pensar en la muerte

Durante el encierro, en los estrechos de la cárcel de Tierra Blanca, Tamazulapam, Estela Galván pensaba en su hija. En lo que no le dijo la mañana del 5 de junio de 2017 y que al final del día sería una voz para volver del miedo al mundo.

Es una de las cuatro mujeres secuestradas y despojadas de su parcela. La única que quiere hablar. Si pudiera hacerlo. Apenas junta las palabras y llora. Si llorar pudiera. Hay en su rostro un gesto que no se desvanece. Habla de aquel día y señala a Nicolasa Martínez, agente municipal de Tierra Blanca, como la mujer que ordenó el ataque y su secuestro. Ese nombre se suma al de las otras personas identificadas por los sobrevivientes: Israel Antonio Lázaro, Ricardo Pérez Martínez, Constantino Antúnez Méndez, Heladio Pérez Pérez, Victoriano José Martínez, Florentino Pérez, Jaime Martínez, Rafael Pérez Pascual, Roberto Domínguez Martínez, Herminio Juárez Felipe y Benito Cruz Gómez. Todos, autoridades municipales de Tamazulápam del Espíritu Santo.

Estela intenta describir los hechos y vuelve a la náusea. Luis Juan Guadalupe, el comunero asesinado, y dos de las otras mujeres privadas de la libertad son de su familia. No sabe por qué fue interrogada aquella noche. Afuera de la cárcel, vendada de los ojos, percibió en las sombras la voz de hombres que juraban iban a violarla.

“Es posible que fueran las 12 de la noche cuando me hicieron el cuestionamiento, yo reconozco algunas voces, pero eran muchos, quizá se turnaban”. Le pusieron una pistola en la cabeza y en la boca varias veces. El piso era ceboso. Le golpearon la espalda, las costillas, la mantuvieron descalza. Pensó en la muerte.

En la cárcel había dos habitaciones de concreto roído. En cada cuarto estaban dos mujeres. Cuando interrogaban a una, al resto las apilaban para que oyeran su llanto.

“Escuché cómo gritaban mis primas, me decían que les firmará papeles, que les entregara mi tierra, que renunciara a mi terreno o me iban a matar pero, ¿cómo les voy a dar mi casa si es lo único que tengo?”. Estela se contrae. Hace largos silencios. Dice que vio que sacaban armas de las cuevas, que entre los hombres armados había muchachos de 15 años, que desde esas 36 horas encerrada los espacios pequeños la asfixian.

La resistencia de las mujeres

Hasta las dos de la mañana del día siguiente a la emboscada llegó la Policía Estatal a Ayutla Mixe. Fueron notificados del secuestro de las mujeres y negociaron con Tamazulapam la liberación sólo de una de ellas. Estela Galván, Rosario López y Evodia López decidieron que saliera Martha Ruiz porque estaba muy enferma, se desvanecía por segundos debido a la presión alta. Después su liberación, la policía estatal decidió retirarse del lugar, sin detenidos, sin investigar. Dejó a las otras mujeres en manos de sus secuestradores.

“El gobierno no me puede decir que ellos intervinieron y fueron a liberar a las mujeres. Cuando llegan aquí, dicen que se tienen que ir y que regresarán al día siguiente para poder ir y negociar con Tama. ¿Cómo es posible que el gobierno se preste para ir a negociar con unos delincuentes?, cuando el gobierno tenía toda la capacidad de ir y exigir el regreso de las mujeres. Por eso retuvimos las patrullas”, explica Gloria Martínez, síndica suplente en 2017.

Desde el inicio de las negociaciones, indica, el titular de la Segego Héctor Anuar Mafud fue displicente. Comisionó hasta la fecha para las negociaciones a Carlos Felguérez Jiménez, director de Asuntos y Proyectos Estratégicos Municipales. Un área menor que depende de la Subsecretaria de Fortalecimiento Municipal, un funcionario que conoce las cañerías de la política oaxaqueña caracterizada por la lógica del “pan o palo”.

Felguérez fue secretario particular de Jesús Martínez Álvarez, titular de la Segego en el sexenio de Gabino Cué. Fue acusado de desestabilizar en febrero de 2013 a San Juan Cotzocon para crear un consejo de administración municipal y apoderarse de las arcas municipales. Un año antes, en junio de 2012, diputados del PRD lo responsabilizaron de ser factor en la desestabilización de los municipios de San Antonio Tepetlapa, San Juan Bautista Guelache y San Miguel Tilquiápan. Durante su intervención se descompuso el tejido social en las comunidades, dijo el entonces diputado Alejandro López Jarquín.

Narra Gloria Martínez: “Cuando le dijimos a Carlos Felguérez ‘tienen que intervenir, pedimos que nos manden a la seguridad pública, que haya un desarme, que pepenen la zona porque tenemos miedo de que Tamazulápam entre, ya mataron a uno’, su respuesta fue ‘la dejo hablar sólo porque es mujer’. Respondí: ‘si a esas vamos, le digo que no queda otra que rebelarse, señor secretario’. ‘No, no soy secretario’. ‘Achichincle del secretario, entonces’.

Nunca más volvieron a entablar diálogo.

El mejor retrato de Felguérez en el conflicto territorial entre Ayutla y Tamazulapam es su manera de pacificar a través de unirse al más fuerte, dicen los comuneros Ayuuk. Durante el conflicto, las mujeres tomaron el mando, cohesionaron un grupo para administrar el poder local con base social y se convirtieron en activistas, frenando el ímpetu de los hombres que desde hace dos años han querido tomar las armas y actuar contra el pueblo que consideran invasores.

Las comuneras se unieron primero para dejar de ser esclavas de guerra y continuar con la tradición mixe donde las mujeres son parte activa de las decisiones de la asamblea. Cuando Felguérez vio esto, le dijo a los hombres mixes: “si no pueden controlar a sus mujeres, déjenmelas a mí y yo las controlo”.

Para que las mujeres fueran liberadas, los comuneros de Ayutla retuvieron 15 patrullas estatales con alrededor de 150 policías enviados para actuar sobre el conflicto. Bloquearon los accesos del pueblo y después de 12 horas, entre la Segego y la Fiscalía liberaron a los elementos policiacos y, los comuneros de Tamazulapam a las tres mujeres. Desde entonces ha crecido una paz armada.

“Se llevaron a cuatro de nuestras mujeres como un trofeo, fue su botín de guerra. Las torturaron, las golpearon, las lastimaron y, encima de eso, el secretario de Seguridad Raymundo Tuñón amenazó con levantar ordenes de aprehensión por retener a policías que se iban de vuelta a la capital sin hacer su trabajo, las compañeras sufrieron un shock, que de por vida no se les va a quitar, no es como la ciudad que ahorita te llevamos a una terapia porque estamos lejos de la ciudad, no hay quienes nos puedan auxiliar”, dice la comunera Irene Hernández.

“No es casualidad que hayan sido la mayoría de mujeres las despojadas. Las 23, incluidas las secuestradas, son dueñas de sus terrenos, incluso muchas de ellas vivían en esas parcelas, creían que tomaban a las más débiles, creyeron que podrían llevárselas, lastimarlas como si fuera su derecho y quitarles sus tierras”, sostiene Laura Morales Juárez, comunera Ayuuk, activista del colectivo de defensa y prima del hombre asesinado.

A diferencia de otras comunidades de la región Mixe y otros pueblos de Oaxaca, a las mujeres de San Pedro y San Pablo Ayutla se les permite ser posesionaras de la tierra, participan como autoridades municipales o autoridades agrarias. Fue el primer municipio donde se eligió en 2007 a una presidenta municipal y han tenido tres en su historia. Desde 1994 existen mujeres topiles que no sólo tienen funciones de cuidado o limpieza como en otras comunidades indígenas de Oaxaca, las mujeres topiles pueden meter a la cárcel y ejercen verdadera autoridad.

Estela Galván dice que después del secuestro se ha vuelto histérica y nerviosa. Asegura que no quiere haya más derramamiento de sangre. Quisiera que el gobernador Alejandro Murat la escuchara. Dice que no tiene por qué inventar el dolor que le causaron. Quiere decirle al gobernador que el pueblo de Tamazulapam ha invadido a otros municipios, que puede haber con justicia, un cielo que valga la pena. Quiere agua como antes y un lugar donde sembrar y dormir para despertarse temprano y vender ropa o comida en su pueblo, sin miedo a que se la lleven de nuevo o le den un tiro en la cabeza por negarse a entregar su casa.

Se unió al colectivo para sanar y pelear. Para que las mujeres indígenas tras la derrota de su pueblo por los hombres de las armas no sean un beneficio del vencedor. Quiere que el gobernador oiga de su cautiverio, aunque no exista constancia de su arresto o su liberación, pero ella lo lleva en el rostro y sus agresores son un recuerdo vivo y borroso. Lleva un reboso tradicional que siempre es negro, antes era para guardarse del sol y las nubes, para guardar su cuerpo del frío o soplar el fogón de su casa, hoy es un símbolo de luto, una flor oscura y densa sobre su cabeza.

Murat y la simulación histórica

El gobierno oaxaqueño que encabeza el priista Alejandro Murat Hinojosa se ha negado a atender el asunto como prioritario y ha desechado posibilidad alguna que el tema de fondo sea el control del territorio por el narcotráfico. Ha preferido emprender una maquinaria de simulación y propaganda.

Después de más de 700 días sin agua en San Pedro y San Pablo, el activismo de las mujeres mixes se volvió Trending Topic en Twitter el 6 de mayo con el hashtag #AguaParaAyutlaYa. Artistas, intelectuales, periodistas y académicos como Juan Villoro, Lydia Cacho, Emiliano Monge, Gael García Bernal, Diego Luna, Julieta Venegas entre muchos otros, criticaron duramente la inacción de Murat ante un problema que ya tiene tintes de crisis humanitaria.

El 25 de abril, la activista Yásnaya Elena Aguilar Gil informó que Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, recibió el expediente de Ayutla al que calificó como “la violación colectiva del derecho humano”.

La respuesta de Murat fue adjudicarse un acuerdo histórico que nunca existió. Avalado por el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, el 13 de mayo el gobernador dijo ante medios de comunicación: “con la intermediación del Gobierno del Estado, ambas comunidades acordaron una solución integral al conflicto, en el que el primer paso es la conexión de forma inmediata para conducir el agua a sus respectivas cabeceras municipales, simultáneamente y por gravedad”.

El boletín fue publicado como portada en los principales diarios estatales e inserciones pagadas en medios nacionales con el encabezado: “Logró Murat acuerdo histórico en conflicto por el agua en la zona mixe”. En la realidad, el gobernador oaxaqueño pasó de ser un mediador al mentiroso capaz de provocar la violencia absoluta en la zona en disputa.

“Llevábamos dos años tratando de tener un cita con el gobernador pero no nos recibía, producto de la presión creímos que se había logrado, pero lo que hizo fue una simulación total, puso a los comuneros de los pueblos en salas distintas, les dijo que como gobernador tenía que ser salomónico pero en medio ya estaba preparada la prensa, los saca al pasillo, los comuneros no saben qué va a leer el gobernador, lee una hojita que básicamente es oficializar que nos despojan. Ese fue el acuerdo histórico sin acuerdo, las partes nunca firmaron”, precisa Yásnaya Elena.

La escritora sostiene que el gobierno de Murat hizo con Tamazulapám un trato unilateral para construirles un tanque de agua.

“¿Cuándo se ha visto que a nosotros nos destruyen el sistema y el apoyo es para que ellos construyan?”, cuestiona.

Continuar el convenio entre Murat y los agresores, advierte, que consiste en entregarles el “agua por gravedad”, sería un eufemismo porque aumentaría la tensión entre los pueblos pues los habitantes de Tamazulápam tendrían que desarrollar una infraestructura hidráulica por tierra que implicaría tomar hectáreas de Ayutla que no han sido invadidas. Oficializaría un despojo mayor.

El 17 de mayo en la ciudad de Oaxaca las autoridades de Ayutla desmintieron el “acuerdo histórico” y denunciaron que se intensificó en los predios invadidos la presencia de comandos.

“Le dije al gobernador: ‘quiero el agua para hoy no para mañana’, entonces el gobernador dijo: ‘tiene el agua para mañana’, así nos contestó pero de ahí no se firmó nada, por eso desmentimos, el mismo secretario Anuar Mafud y Carlos Felguérez nos dijeron ‘hasta podemos hacer un documento donde ustedes no firmaron’”, sostiene Rubén Olivares, presidente Municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla. La comunidad los había acusado de traición cuando se enteraron por la prensa el resolutivo de Murat.

Para Joaquín Galván, el comunero que nos llevó al cerro de El Manantial y nos mostró los regueros dinamitados, la situación de Ayutla y Tamazulápam es un problema que engloba también a otras comunidades de la nación mixe.

“Hay negligencia y complicidad del gobierno del estado, no con una comunidad indígena sino con grupos armados de grueso calibre y actores políticos que están buscando esta desestabilización, sabrá Dios para qué intereses a mediano o largo plazo, porque cuando hay proyectos extractivos mineros siempre empiezan desestabilizando a la resistencia comunitaria”. Para Joaquín Galván la postura de un “conflicto territorial por agua” es un pantano cuyo fondo es generar proyectos económicos que involucran a concesiones mineras, para eso necesitan controlar Ayutla, el principal puerto de acceso a la serranía.

“Tenemos documentos que nos pueden ayudar a que esto se destrabe. Aquí el gobierno pueda intervenir y también la buena fe del pueblo de Tamazulapam, pero ellos no tienen buena disposición. Pedimos que nos regresen lo que se nos despojó para que les demos agua a través de bombeo pero no aceptan. No necesitan agua, necesitan terreno, necesitan expansión, por eso obligan a sus comuneros a comprar armas a través de castigos o multas, por eso queman casas y cosechas, y expulsan a sus vecinos”, indica Salomón Chávez, alcalde único de Ayutla.

‘Vamos a recuperar el Manantial’

“Si no nos conectan el agua, vamos a subir al manantial, sabemos que podemos morir ahí porque está el grupo armado pero también estamos convencidas que Ayutla tiene la razón. Puede ser mañana, en una semana, en dos, no lo sabemos, pero vamos a recuperar El Manantial, la piedra sagrada”, sentencia Laura Morales Juárez, del colectivo de mujeres.

El 2 de junio se cumplieron dos años de la emboscada. Ayutla hace ahora una conmemoración. Los niños declaman una poesía coral que habla sobre resistir a los enemigos de la justicia. Los presentes cantan de pie el himno oaxaqueño de Macedonio Alcala, “Dios nunca muere”. Cargan en procesión las efigies de sus santos patronos por el alma de Luis Juan Guadalupe, el comunero caído. Lo recordaron en el panteón con cantos y rezos. Sus hijos, su mujer y su mamá, que ahora viven en una casa comunal que les entregó el pueblo, marchan nuevamente al entierro.

“Los no conquistados” rezan profundamente. Es un día donde humea en la sierra el calor y el dolor de su tragedia.

Este reportaje fue realizado en conjunto entre  y Página 3, como parte de una beca de investigación para periodistas en zonas de riesgo de la Red de Periodistas de a Pie y Pie de Página