Once años después del derrame tóxico en el río Sonora, México sigue sin resolver su crisis hídrica: industrias y megaproyectos contaminan ríos, vulneran derechos humanos y devastan ecosistemas, mientras las soluciones brillan por su ausencia. Un análisis de causas, casos emblemáticos y alternativas urgentes

Texto: Jade Guerrero y Jazmín Sandoval

Foto: Profepa

CIUDAD DE MÉXICO. – La contaminación en el río Sonora, ocurrida hace casi once años, sigue vigente y afectando a especies animales, tierras y ciudadanos de la zona, sin que las promesas de remediación se hayan cumplido. El 6 de agosto de 2014, cerca de 40 mil litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la minera Buenavista del Cobre —propiedad de Grupo México—, fueron vertidos al río Sonora, contaminando también el río Bacanuchi.

Este desastre provocó un problema socioambiental de gran escala, afectando a miles de personas con problemas de salud como: afecciones cutáneas; vómitos y diarreas; intoxicaciones y padecimientos más persistentes como problemas renales, respiratorios, neurológicos e incluso cáncer.

Los ecosistemas locales sufrieron daños severos, incluyendo la pérdida de fauna acuática que pereció debido al derrame. La alteración del ciclo ecológico afectó a otras especies como aves y mamíferos, que murieron por desabasto de alimento.

En septiembre de 2023, la SEMARNAT presentó el Dictamen Diagnóstico Ambiental del río Sonora, el cual concluyó que la remediación posterior al derrame no fue suficiente. Se detectaron concentraciones de metales pesados como arsénico, plomo, cobre y mercurio por encima de los límites normativos en agua, suelo y aire. Además, se identificaron anomalías en acuíferos locales y en la biota del ecosistema, con una disminución significativa de artrópodos como escarabajos y avispas.

La contaminación originó que el pH del suelo y el agua cambiara, promoviendo la movilidad de metales pesados. También se registró la presencia de mercurio en el aire, y toxinas que permanecen activas en sedimentos y en la atmósfera local. Las consecuencias, que aún causan daños a los habitantes de la zona, incluyen enfermedades crónicas por exposición a metales pesados. En los animales, estos contaminantes se acumulan en sus tejidos, afectando su sistema nervioso, reproductivo y su capacidad de supervivencia. A nivel general, el equilibrio del ecosistema se rompe, los suelos se contaminan, disminuye la biodiversidad y ciclos naturales como la polinización, la filtración del agua o la cadena alimenticia se alteran profundamente.

El caso del Río Sonora, reflejo de impunidad y negligencia

En todo México, los ríos y lagos están siendo devorados por la negligencia, la impunidad y la contaminación industrial. El país aún no responde a la altura de esta emergencia. México vive una crisis ambiental e hídrica donde empresas poderosas y sus megaproyectos actúan sin consecuencias, contaminando cuerpos de agua que abastecen a comunidades enteras. La explotación desmedida de los recursos y la omisión del Estado agravan esta crisis que amenaza la salud de millones y la supervivencia de ecosistemas completos.

Rodolfo Omar, especialista en ciencias de la tierra, explica que las causas estructurales de la crisis hídrica y su contaminación incluyen: «la contaminación ambiental de los cuerpos de agua; la sobreexplotación y la mala gestión de los recursos hídricos a nivel local; las desigualdades entre los sectores y usuarios del agua».

Y añade:

«México es vulnerable en cuanto a cuerpos de agua debido a su ubicación geográfica».

Megaproyectos, principales responsables dela crisis hídrica

La crisis hídrica y ambiental en México se debe a múltiples factores interrelacionados, en su mayoría derivados de un modelo económico extractivo y una gestión inadecuada de los recursos. Entre las principales causas destacan: actividades mineras; agricultura intensiva con uso de agroquímicos; descargas industriales; aguas residuales urbanas sin tratamiento; mal manejo de residuos sólidos; urbanización; deforestación y megaproyectos.

Sobre esto, Rodolfo Omar comenta:

«Los cuerpos de agua más afectados van desde el Estado de México, CDMX, Michoacán, Jalisco y Veracruz, que son más impactados por estar en zonas de manufactura».

Por otro lado, «Sonora, Zacatecas, Guerrero y Oaxaca, [son] zonas contaminadas por actividades mineras».

El caso Quiero Casa en Coyoacán, y el aguacate en Michoacán

Un ejemplo de sobreexplotación de recursos naturales y cuerpos hídricos es el caso de la inmobiliaria Quiero Casa. Entre 2015 y 2016, esta empresa construyó departamentos de lujo en Pedregales de Coyoacán, donde una perforación ilegal fracturó un venero de agua, provocando el derrame diario de millones de litros. Se estima que mil 900 millones de litros de agua limpia fueron desperdiciados en el drenaje.

A pesar de las protestas ciudadanas y movilizaciones entre 2017 y 2019, las autoridades no atendieron las demandas y la obra continuó. Este caso, aunque de escala local, refleja un patrón recurrente de proyectos que ignoran consultas previas y afectan a comunidades.

México enfrenta numerosos casos similares, donde se abusan de los recursos naturales y se violan derechos humanos. Otro ejemplo es el cultivo de aguacate en Michoacán, donde cárteles desplazan comunidades para ocupar tierras protegidas. Esto se suma a la deforestación por incendios intencionales que ponen en riesgo especies como la mariposa monarca y agravan la crisis hídrica al desviar ríos y acuíferos para regar aguacateras.

Actualmente, el país coexiste con esta crisis, promoviendo proyectos de desarrollo que ignoran las pérdidas. Ejemplos incluyen:

• Proyecto Saguaro, que representa una amenaza para las ballenas.

• Programa de Manejo del Bosque de Chapultepec, donde la inmobiliaria Trepi busca construir viviendas en un área protegida.

• Caso del MIAA Aguascalientes, que viola una suspensión legal al perforar pozos en El Malacate, una zona de valor ambiental y cultural.

¿Cómo atender el desastre?

El desastre del río Sonora es un recordatorio de una crisis más amplia que afecta a los cuerpos de agua en todo el país. México aún no responde a la altura de la emergencia hídrica y ambiental. La explotación desmedida de los recursos y la omisión del Estado agravan esta crisis, que amenaza la salud de millones y la supervivencia de ecosistemas completos. La crisis hídrica y ambiental en México obedece a múltiples factores interrelacionados, la mayoría derivados de un modelo económico extractivo y de una gestión inadecuada de los recursos.

Respecto al derecho a la consulta previa, libre e informada, el especialista señala:

«El derecho a la consulta previa se ‘respeta’ de cierta manera, porque se debe cumplir administrativamente, pero en los hechos no se cumple. Muchas veces, cuando se notifica, pocos se enteran, y cuando todos lo hacen, el megaproyecto ya está en marcha».

Sobre la eficacia del marco legal ambiental, añade:

«Las leyes y normas actuales responden a una política económica neoliberal que prioriza el desarrollo económico y la explotación de recursos. La producción de aguacate o autopartes en México se celebra, pero a costa de nuestros recursos naturales». Y afirma que «solamente hacemos parches al problema, pero la crisis es un hecho».

Una investigación sobre la gestión de riesgos en desastres antropogénicos reveló una desconexión crítica entre las políticas de protección civil y las ambientales. Ambas operan con objetivos distintos y sin coordinación efectiva, generando vacíos en prevención, atención y reparación de daños, lo que se agrava por la falta de articulación entre autoridades, empresas y comunidades.

Rodolfo Omar habla sobre los cambios necesarios:

«Reformar las leyes vigentes, incluyendo la Ley Minera. La Comisión Nacional del Agua debería desaparecer como institución central, y debemos cambiar la gestión de nuestros ríos, respetando los cuerpos de agua como son». Propone un cambio de paradigma:

«Debemos cambiar el paradigma: en vez de enfocarnos en proveer servicio, hay que priorizar los procesos ecohidrológicos de las cuencas».

Y añade:

«Seguimos relegando al medio ambiente y a los ecosistemas. Siempre se prioriza la explotación de recursos, incluso cuando se habla de saneamiento de ríos, se hace pensando en abastecer a las personas, no en restaurar los ecosistemas».

La crisis del agua en México es un reflejo de decisiones colectivas que priorizan intereses económicos sobre el bienestar social y ecológico. El caso del río Sonora no es aislado, sino parte de una cadena de abusos, omisiones e impunidad que ponen en riesgo ecosistemas y comunidades. Detrás de cada río contaminado hay historias de enfermedad, desplazamiento y pérdida de biodiversidad, y la contaminación no solo envenena el presente, sino que hipoteca el futuro de generaciones.

El especialista concluye que «Hay que ser conscientes de que este problema viene de décadas atrás. Revertir los daños no es inmediato, y dejar de contaminar exige cambios profundos en nuestra cultura». Es urgente repensar la relación con el agua, no como mercancía, sino como un bien común esencial. Esto implica exigir responsabilidad a las empresas, transparencia al Estado y adoptar un modelo de desarrollo basado en justicia ambiental. Proteger ríos, lagos y acuíferos no es solo una causa ecológica, sino «un acto de justicia y supervivencia».