Todos necesitamos que se cumpla la ley. Está en manos de la ASEA combatir la impunidad, informar a la sociedad de lo que realmente está pasando y frenar lo que parece ser un desastre bastante grave

Tw: @eugeniofv

Ignorar la crisis ambiental y climática no es, ni de lejos, una actitud preponderantemente mexicana. El primer ministro británico, Rishi Sunak, por ejemplo, acaba de anunciar que otorgará centenares de permisos y licencias para explotar gas y petróleo, mientras su país se cuece en temperaturas récord por la crisis climática. Tampoco son patrimonio nacional las violaciones a la ley ni la impunidad, y mucho menos son exclusivas de la llamada “cuarta transformación”. Esto, sin embargo, no debería de servir de excusa para que las instituciones del Estado violen la legislación ambiental sistemáticamente, oculten información y destruyan un ecosistema tan importante por su diversidad y sus servicios ambientales como el Golfo de México, como está haciendo Pemex y le permite hacer la Agencia de Energía, Seguridad y Ambiente.

Hay desde hace varias semanas un ir y venir de comunicados, afirmaciones y desmentidos entre la paraestatal petrolera Pemex y organizaciones de la sociedad civil en torno a lo que parece ser un derrame de petróleo muy grande en el Golfo de México, en los campos de Ek Balam. La paraestatal asegura que se trata de “pequeñas fisuras de 7 centímetros de longitud por un milímetro de ancho y un poro de 1.2 centímetros de diámetro” que no habrían afectado más que un área de seiscientos metros cuadrados.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental sostienen que Pemex oculta información, que el derrame es mucho más grave de lo que reconoce la paraestatal, pues cubriría un área de más de 200 kilómetros cuadrados, que la fuga seguía activa aún después de que Pemex dijo que estaba reparada y que hay serias inconsistencias en la información que ha emitido la petrolera mexicana. Para respaldar sus afirmaciones han aportado imágenes satelitales, mientras que es un hecho que pescadores del litoral del Golfo han reportado la llegada de petróleo a las playas de la zona.

Esta discusión no debería de haberse producido nunca. Obviamente, no debería estar dándose porque los derrames no deberían de ocurrir nunca y porque deberíamos de estar trabajando para cancelar pozos, no para renovarlos. Además de ello, no es ni de lejos natural que se dé porque Pemex debería transparentar su operación en vez de ofrecer información escueta, escasa y contradictoria. Sobre todo, es un debate que no debería de estarse dando porque en México hay una autoridad que supervisa estas cuestiones, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que ha brillado por su opacidad y su complicidad en la materia.

En la página de la agencia lo único que aparece sobre el derrame es un escuetísimo comunicado que dice, prácticamente a la letra, lo mismo que Pemex y que fue emitido el mismo día que el de la petrolera, casi como la entidad supervisora se hubiera coordinado o hubiera recibido una instrucción de la supervisada para salir a prensa con el mismo mensaje. Este contubernio entre quien debería ser garante de la ley y quien es vigilado por ella sería francamente preocupante.

El derrame de Ek Balam ocurrió, además, justo cuando hemos descubierto que el Golfo de México es mucho más diverso de lo que se pensaba y tiene ecosistemas mucho más frágiles y mucho más importantes de lo que sabíamos. Ahí están, por ejemplo, los hallazgos de Greenpeace y los científicos que acompañaron su expedición a los arrecifes profundos que hay frente a la costa de Veracruz, donde hallaron una enorme biodiversidad.

La ASEA debería servir para proteger esos arrecifes, los manglares de las costas, los peces de los mares y los medios de vida de pescadores y prestadores de servicios de las comunidades del Golfo frente a las amenazas de la extracción de hidrocarburos. Es cierto que su presupuesto es mucho menor del necesario para cumplir esas funciones y que se le ha reducido todavía más, pero eso no justifica su entrega a los intereses de las mismas entidades a las que debería supervisar.

Todos necesitamos que se cumpla la ley. Está en manos de la ASEA combatir la impunidad, informar a la sociedad de lo que realmente está pasando y frenar lo que parece ser un desastre bastante grave.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.