El órgano protector de los derechos humanos en Guanajuato se torna pasivo en el primer año del procurador panista Vicente Esqueda Méndez, reflejan datos oficiales y voces de activistas, mientras la institución se vuelve repositorio de familiares del partido en el poder en la entidad

Texto: Melissa Esquivias / Tw: @esquiviases / POPLab

Fotos: POPLab

GUANAJUATO.- El último periodo del desacreditado Raúl Montero de Alba frente a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) luce como un paraíso frente al primer año de su sucesor Vicente Esqueda Méndez.

En el periodo que comprende el primer año del panista frente al organismo, el número de recomendaciones emitidas se redujo drásticamente, de 92 en 2020 a 31 en 2021. El declive también se refleja en los expedientes de oficio. De 57 actuaciones oficiosas iniciadas por Montero de Alba en su último año, la Prodheg de Vicente Esqueda se ha conformado con 4 expedientes, mientras en calles de Guanajuato las violaciones a derechos son evidenciadas diariamente en los medios de comunicación y redes sociales.

La imposición de perfiles afines políticamente al Partido Acción Nacional en Guanajuato y sin experiencia en altos cargos también ha marcado el primer año de gestión del ombudsman. A esto se suma la incorporación de perfiles favorecidos por sus relaciones familiares con figuras políticas del albiazul: cónyuges, hijos y hermanos de funcionarios públicos -algunos con cargos de elección popular- ocupan espacios clave en el organismo.

Aunque en su primer informe como procurador el panista presumió una eficiencia del 88 por ciento, activistas guanajuatenses señalaron que en la mayoría de los casos las víctimas fueron orilladas a conciliar con las autoridades denunciadas.

Pese a que es la subprocuraduría B la que acumula la mayor cantidad de quejas -tan solo el 16.8 por ciento en León-, el procurador no dudó al poner al frente a un cercano colaborador sin experiencia en derechos humanos, con quien coincidió durante su paso en el Banco Nacional de México. Así, la salida de Víctor Aguirre Armenta en octubre pasado favoreció la llegada de César Enrique Medina Barajas, abogado que hizo carrera en el Congreso local, a donde llegó de la mano de Vicente Esqueda.

A decir de las propias víctimas y acompañantes que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, este “encubrimiento” de la realidad de Guanajuato ha mermado el acceso a la justicia y reconocimiento de los derechos de las personas afectadas, que diariamente se multiplican en el estado. Mientras activistas como Bibiana Mendoza y Raymundo Sandoval coinciden en el cuestionamiento de la protección, el respaldo y la validación que desde otras instituciones académicas y gubernamentales se da al trabajo del procurador Vicente Esqueda Méndez.

En diciembre de 2020, el abogado abiertamente panista llegó al máximo encargo del órgano autónomo con el aval de la bancada albiazul del congreso local y del gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Este último reveló durante una entrevista con este medio en noviembre pasado que la designación del ombudsman obedeció “a la búsqueda de equilibrios” dentro del PAN. Sin embargo, un contraste entre el último periodo del exprocurador Raúl Montero de Alba y Vicente Esqueda reveló la decadencia del organismo.

Aunque con respaldo total del partido en el poder -pese a su nula trayectoria en la defensa de derechos humanos- la llegada de Vicente Esqueda se vio empañada por los firmes cuestionamientos de personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato, quienes criticaron el proceso mediante el cual se posicionó como el candidato más idóneo.

Los cuestionamientos brotaron nuevamente cuando este año Esqueda Méndez presentó el informe que respecta a su primer año frente al organismo. Semanas después, el documento fue analizado en el Legislativo por integrantes de organizaciones civiles, pero un procurador ausente huyó de las explicaciones, aunque los planteamientos de activistas se acumularon por decenas.

Finalmente, el 27 de junio pasado, el procurador compareció ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Adornado por los elogios de sus correligionarios, Vicente Esqueda fue evasivo al dar explicaciones.

A través de Hugo Luévano, enlace de prensa del organismo, este medio intentó obtener una postura del procurador respecto a la disminución de las actuaciones de oficio y recomendaciones, sin embargo tras varias semanas de espera no se obtuvo respuesta.

Una mano derecha poco eficiente

La salida de Víctor Aguirre Armenta -para ocupar un cargo en el Municipio de León- favoreció la llegada de un cercano colaborador del procurador Vicente Esqueda. El abogado César Enrique Medina Barajas, quien desde la década de los noventa ha sido un cercano colaborador de Esqueda tras coincidir como asesores jurídicos del Banco Nacional de México, llegó a la subprocuraduría regional A, que concentra la mayor carga de quejas por violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, la confianza con la que el procurador dio paso a César Medina Barajas no refleja su eficacia como subprocurador.

Durante los nueve meses que ha ocupado la subprocuraduría, Medina Barajas ha emitido 7 recomendaciones derivadas de quejas por violaciones a derechos humanos. En el mismo periodo, de sus últimos 9 meses en la Prodheg, Víctor Armenta emitió doce recomendaciones. Esto representa una caída del 41 por ciento en la productividad del nuevo subprocurador.

Nepotismo desde las altas esferas

La designación de Vicente Esqueda como procurador vino acompañada de privilegios para otros personajes cercanos a figuras políticas de Acción Nacional que ahora ocupan importantes cargos en el organismo, algunos sin contar con experiencia para sus puestos.

Monserrat Oliva Martínez, hija del exgobernador Juan Manuel OIiva y esposa del secretario del ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, con la llegada de Esqueda Méndez fue nombrada como encargada del despacho médico de la Prodheg.

Otra figura cercana a Vicente Esqueda es la de Armando Michel Hernández Santibáñez, encargado de la Unidad de Transparencia del organismo, con un sueldo bruto mensual superior a los 83 mil pesos. El abogado llegó al puesto en marzo de 2021, cuando su esposa Diana Estefanía Gutiérrez dejó la secretaría particular de Gobierno del Estado para arrancar su campaña por una diputación federal -la cual ganó- con pleno respaldo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Según su currículum público, antes de llegar a la Prodheg, Armando Michel Hernández fue director de personal en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas durante cuatro meses, cargo al que llegó un día después de su baja como director de Función Edilicia en el municipio de Guanajuato, donde laboró entre octubre de 2018 y septiembre de 2020.

En la misma Unidad de Transparencia se encuentra adscrito Juan Pablo Bañuelos Mendoza, hijo del exdiputado y actual secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales. De acuerdo con su CV, el ingeniero industrial recientemente egresado del Tecnológico de Monterrey ha ocupado ya cuatro cargos en la administración pública en menos de dos años.

También a la subprocuraduría D, ubicado en Irapuato llegó como especialista administrativo -y sin ninguna experiencia dentro o fuera de la administración pública- José Jesús Badillo Orozco, hijo de Jesús Badillo Lara, ex presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y desde hace dos periodos integrante del Consejo Consultivo de la Prodheg.

Otro es el caso de Guillermo Pöhls Covarrubias, hermano de Cecilia Pöhls, regidora panista de Guanajuato capital. El abogado fue colocado como asesor jurídico en la subprocuraduría C, con sede en Celaya.

Una narrativa nociva

Más que una percepción, la indolencia y omisión a la que se enfrentan las víctimas día con día es una realidad para éstas y sus acompañantes. Mientras las distintas autoridades de todos los niveles ostentan avances en materia de seguridad y atención integral a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, “la realidad es que a diario hay eventos tan trágicos y deshumanos, que sabes que la narrativa que ellos cuentan esta mal”, advirtió Bibiana Mendoza, integrante del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte.

Desde enero de 2018 – cuando su hermano Manuel Ojeda fue desaparecido en Irapuato- la activista ha enfrentado los obstáculos que significa para las víctimas directas e indirectas obtener la atención y acción de las autoridades.

“Con Vicente Esqueda la baja de recomendaciones solo se puede traducir a falta de interés. Basta abrir los oídos un poquito y un poquito la mirada hacia todas las violencias que estamos viviendo en Guanajuato. El mínimo básico que pudiese hacer el actual procurador es emitir una recomendación, es lo mínimo que se debería de hacer y no se está haciendo porque no se tiene la voluntad”.

La crítica de Bibiana Mendoza transita hacia la integración partidista de la Prodheg, institución en la que recordó, las buscadoras han dejado de creer desde la gestión de Raúl Montero de Alba. Desde la óptica de la buscadora, la selección de perfiles afines al poder refuerza, desde cada rincón de las instituciones, las narrativas oficiales que contradicen la cruel realidad en la que habitan las y los guanajuatenses.

“En este tipo de cargos públicos siempre suelen poner al amigo del amigo de la persona que está al frente en el estado de Guanajuato. Esto, para tener un silencio constante o tratar de minimizar la violencia que a ojos cerrados se ve y se grita en todas las calles, a diario, al municipio que se voltee hay violaciones graves a derechos humanos”.

Bibiana Mendoza recordó la “decepción” que existe en el colectivo Hasta Encontrarte por el actuar de la Prodheg, instancia ante la cual este y otros colectivos de búsqueda han denunciado las omisiones y negligencias con las que se conduce la Fiscalía General del Estado al recibir denuncias e investigar la desaparición de personas.

“Ellos saben lo que está pasando y sin embargo aceptan la respuesta tan pobre de las autoridades de “sí estamos trabajando”, y ese es todo el tratamiento que se les da a una investigación. Ni hablar de reparación del daño para estas personas, hasta remover a funcionarios públicos, pues ellos (Prodheg) tienen la facultad de hacer la recomendación y no la hacen”.

Organismos secuestrados por el poder

Para el diputado morenista David Martínez Mendizabal, presidente de la Comisión de DDHH en el Congreso local, el asunto de fondo en las cifras presentadas por el procurador Vicente Esqueda es la “cooptación” de Acción Nacional no solo en todos los poderes, sino en los distintos organismos autónomos del estado. “De manera que hay un solo proyecto de mandar a la ciudadanía un mensaje de que todo funciona adecuadamente”, declaró.

Es el caso de la apertura de los expedientes de oficio, que en su mayoría inician por hechos dados a conocer en notas periodísticas. De abrirse 57 expedientes por esta vía en 2020, el primer año de Vicente Esqueda reflejó un retroceso monumental: la Prodheg actuó de oficio solo en 4 ocasiones.

“No se han levantado los expedientes de oficio justamente para aparentar de que no hay nada que denunciar ni que investigar, hay un encubrimiento por parte de la procuraduría y otras instituciones”.

El activista por la diversidad sexual y de género Juan Pablo Delgado advirtió que desde la organización Amicus también han sido testigos de la reducción de recomendaciones.

“Hemos escuchado testimonios en que a las víctimas se les sugiere enfáticamente la vía de conciliar los actos violatorios de derechos. Es una constante en los testimonios que recibimos en la organización al momento de la atención, han sido varios casos”, declaró a POPLab.

Uno de los casos emblemáticos en los que de viva voz Vicente Esqueda se mostró renuente a intervenir en su calidad de procurador fue cuando se conoció la desaparición de la niña Dulce Melissa, luego de que fue detenida ilegalmente por policías de León. Dos días después de que la historia conmocionó a la sociedad leonesa, el procurador declaró que el organismo se encontraba valorando la apertura de un expediente.

En aquel momento Vicente Esqueda afirmó que “dependía” de que acudiera la mamá de la niña para iniciar el expediente, aunque esta aseveración es falsa, pues el Ombudsman está facultado por la ley para actuar de oficio, mientras las víctimas pueden o no acudir a ratificar las quejas.

Instituciones “al rescate” del procurador

Vestido con una toga, el ombudsman participó como invitado de honor en la ceremonia de inicio de clases de la facultad de derecho de la Universidad DeLaSalle el pasado 18 de agosto. La presencia Vicente Esqueda no se redujo apadrinar al nuevo estudiantado, sino que cobijado por la universidad, fue facilitador de una “cátedra prima” para hablar del fenómeno de la desaparición en Guanajuato.

Lo anterior, pese a que a lo largo de su gestión, integrantes de colectivos de búsqueda y acompañantes han evidenciado la inacción de la Prodheg en la materia para emitir recomendaciones.

Cual experto en este fenómeno, Vicente Esqueda habló de las autoridades implicadas en el proceso -desde la denuncia por desaparición hasta la búsqueda- y advirtió que las principales autoridades señaladas por las víctimas indirectas están adscritas a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, achacó la crisis de desapariciones al ámbito federal.

El procurador tampoco reparó en minimizar la situación de riesgo en la que se encuentran los familiares de personas desaparecidas, pese a que en Guanajuato al menos dos activistas – Rosario Rodríguez Zavala y Javier Barajas Piña- han sido asesinados por buscar a sus familiares, más los casos en los que otras buscadoras han sido amenazadas e intimidadas, incluso, por elementos de distintos cuerpos de seguridad.

Respecto a la ponencia del procurador, el activista e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Raymundo Sandoval, aseguró que se trata de “una especie de acuerpamiento” con el que el gobierno estatal protege al ombudsman de las críticas – desde organizaciones civiles- tras su primer informe de actividades.

“Lo que se está viendo ahora es como una especie de rescate: la secretaria de gobierno lo llevó a un par de eventos, De LaSalle lo lleva a una conferencia y es una especie de acuerpamiento posterior para protegerlo de las consecuencias de la crítica. Me parece muy delicado, porque es otra vez poner a las instituciones del estado, secretaría de gobierno, e instituciones privadas al servicio del procurador”, denunció Sandoval.

En este sentido, el académico aseveró que el mérito para una conferencia de tal índole debió recaer en el director de Vinculación de la Prodheg, Efraín Alcalá Chávez, a quién describió como un perfil “que ha estado más activo y que incluso ha participado más en las búsquedas”, para tener conocimiento indispensable del fenómeno de la desaparición.

“Salvo este director, me parece que la Procuraduría no tiene el estándar para atender el fenómeno de la desaparición, y la prueba más clara son la falta de elementos para la reparación del daño que ha presentado en la recomendación que hizo sobre las desapariciones en el sur del estado”.

*Esta nota fue realizada por POPLAB, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.