Cuando escribí mi primera reflexión sobre toros, en 2021, me preguntaba si mi postura ante la tauromaquia era una defensa a mis recuerdos. En estos años de regresar a la plaza, pensarla, leer y escribir sobre nuestra compleja relación humana con los animales, entiendo que mi principal defensa es el derecho al espacio público, un derecho legítimo

Por Edurne Uriarte Santillán

A los gatitos en la cabeza

A mis modernos amigos taurinos-antitaurinos

A la plaza pública

Las últimas semanas de 2021 acercaron a mi vida el intenso debate sobre los toros y nuestra relación con los animales. En ese tiempo se libraba, como hoy, una intensa pelea legal y de activismo ciudadano para prohibir las corridas. En aquel momento tuve la oportunidad de que una de mis reflexiones al respecto quedara en Pie de Página. La polémica no ha cesado en la Ciudad de México, la cual avanzará el martes 18 de marzo, en que se legislará sobre una propuesta ciudadana que puede modificar la tauromaquia en esta ciudad.

* nota al lector: escribo estas líneas previo a la elección del 18 de marzo en el Congreso de la Ciudad de México.

La CDMX ante el cierre de La México y prohibición de la tauromaquia

El pasado jueves, 12 de marzo, Clara Brugada realizó un pronunciamiento público para presentar una propuesta en torno a la fiesta brava. La jefa de gobierno estuvo acompañada de su gabinete, así como legisladores y funcionarios ―entre ellos Ana Villagrán, responsable de la Agencia de Atención Animal y figura política señalada de sumarse al barco de Morena en modo oportunista; además, abiertamente antitaurina como muchos de los presentes―. Declarando un consenso amplio ―en diálogo con la sociedad civil, empresarios y promotores taurinos―, y bajo el principio de que la ciudad sea vanguardia en las leyes sobre los animales, Clara Brugada anunció la prohibición del espectáculo taurino, e instituyó una forma de espectáculo taurino libre de violencia.

Este mensaje ha generado varias respuestas. Por parte de la comunidad taurina, extrañamiento o rechazo prácticamente generalizado. Aquél día por la tarde, en conferencia de prensa ―convocada por organizaciones como Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia (ANCTL), Asociación Nacional de Matadores de Toros, Novillos, Rejoneadores y Similares (ANMTNRYS), Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros (UMPyP), Agrupación Mexicana de Empresarios Taurinos (AMET), Asociación Civil Tauromaquia Mexicana (TMX)― declararon que la comunidad fue parte de los foros parlamentarios, sin embargo, no fueron convocados para el proceso que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Además, la UMPyP y la Asociación Nacional de Banderilleros y Picadores (ANByP), además, publicaron comunicados expresando inquietudes similares.

Por otro lado, la expresión antitaurina, se ha expresado en extenso en medios de comunicación y la opinión pública (redes sociales, por ejemplo). Su posicionamiento se encuentra dividido entre quienes aplauden la iniciativa como el primer paso hacia el fin de esta práctica —como nuestra legisladora, Ana Francis Mor—, y quienes esperaban una prohibición directa —como la activista Elideth Fernández—.

A partir de este evento y las respuestas de los días posteriores, comparto esta reflexión con el ánimo de problematizar la coyuntura política, tal y como la percibo, y promover una discusión más sobre la inminente prohibición a la tauromaquia, a favor de una discusión informada, de izquierda.

La coyuntura política y legislativa

Durante la exposición del jueves 12 de marzo, Clara Brugada citó un párrafo adicionado a la Constitución, y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de diciembre de 2024:

Queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas.

Tras esta lectura, presenta su propuesta de gobierno, la cual parte de una iniciativa ciudadana y, desde la cual, tanto la jefatura de gobierno como el congreso, tienen la obligación legal de atender. Clara Brugada centra su propuesta en dos puntos centrales: la prohibición de la tauromaquia con violencia; segundo, la creación de un espectáculo taurino sin sangre y retira objetos y elementos de las corridas de toros. Nos detenemos primero en el punto legal.

Mientras nuestra jefa de gobierno da lectura al citado párrafo, omite otros de la ley; en particular el segundo transitorio de la Constitución federal, que señala lo siguiente:

El Congreso de la Unión cuenta con un plazo de ciento ochenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, considerando su naturaleza, características y vínculos con las personas, la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano y en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro, así como las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios.

Me apoyo en el abogado responsable del área jurídica de la organización Tauromaquia mexicana, Salvador Arias, para elaborar una interpretación propositiva de este párrafo que considero fundamental. El abogado menciona que el reconocimiento de las comunidades es indispensable para legislar, tanto a nivel federal como estatal, sobre los animales y el entendimiento de cualquier forma de maltrato, tema que a todos compete e interesa. Para él, en este desenlace hay dos problemas centrales. El primero es que el proceso legislativo federal no ha concluido y, el otro, que no hay «claridad legislativa sobre qué debemos entender por bienestar y maltrato animal».

Lo anterior provoca una gran falta de entendimiento, ya que, por una parte, no depende de nuestros gobernantes ni de los ciudadanos (taurinos, galleros, animalistas o ‘antis’) esa definición sino de la discusión y conclusión del proceso legislativo federal. Por otro lado, la ley está en proceso y aún tiene varias ambigüedades, muchas de las cuales se generaron en el ajetreado y complicado proceso de 2024, en que los legisladores debían elaborar proyectos sobre 20 propuestas de ley.

De esta manera, se están tomando decisiones a partir de un consenso particular sobre el bienestar y el maltrato animal, omitiendo a la comunidad involucrada. A consideración de Salvador Arias, lo prudente para nuestro gobierno y la legislatura de la CDMX sería esperar a que el Congreso federal concluya, que se definan las facultades para los estados, así como el entendimiento jurídico del bienestar y el maltrato animal.

La iniciativa ciudadana antitaurina obliga a las partes a legislar, aclara Salvador. Esto explica, en parte, que tanto el legislativo como la jefa de gobierno en la ciudad avancen en esta materia, aunque el proceso federal no haya concluido. Sin embargo, lo correcto —reitera Salvador— era esperar a las resoluciones federales. El hecho de que no ocurra de esa manera invita a pensar en otro tipo de oportunidades políticas en juego.

La premura por legislar sobre esta iniciativa —pasando por alto tanto a la comunidad afectada como los procesos legislativos federales—, invita a cuestionarnos sobre quiénes influyen en este proceso más allá del grupo de ciudadanos que presentó su iniciativa. Al mismo tiempo, ¿es correcto que una comunidad defina el bienestar y el maltrato animal sin las consideraciones legales pendientes? ¿Es correcta una propuesta ciudadana o gubernamental que no considera la totalidad de los aspectos señalados por una ley que aún está en proceso?

El debate por el derecho a la cultura

De la coyuntura legal y política descrita, hay al menos dos problemas que aterrizan en la ciudadanía y que se relacionan con el derecho a la cultura y las formas en que ejercemos nuestra acción política colectiva.

Retomemos con más detalle la propuesta de un espectáculo taurino sin sangre, la cual prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza; que, concluido el espectáculo, el toro deberá regresar a su ganadería; la protección física de los animales, incluyendo los cuernos y el tiempo de las corridas de los toros a 10 minutos, así como prohibición del uso de objetos punzantes que provoquen heridas, lastimaduras o muerte al animal, como banderillas, espadas o lanzas, autorizando solo el uso del capote y la muleta.

La descripción de esta propuesta revela un desconocimiento profundo sobre la tauromaquia, presente e histórica; nacional y en otros países. «No existe en ninguna parte del mundo», declaró Manuel Sescosse en la conferencia de prensa taurina. Se desconoce su reglamento, sus símbolos y las razones que explican cada elemento en la plaza. Sin duda, es posible —y debemos— discutir cada uno de estos aspectos, lo que resulta inaceptable es el desmantelamiento a modo de una práctica cultural.

Ante la embestida animalista antitaurina (política y civil), las autoridades de la tauromaquia han fallado en leer los tiempos políticos y en acercarse a los aficionados, donde habita la fiesta. En el discurso capitalista, en el uso de La México como antro venido a menos, empresarios, ganaderos y toreros han sido los primeros en alejarse de la práctica que pretenden promover. Con esto contribuyen a desarticular desde dentro una comunidad y las raíces culturales intangibles que abren plaza cada domingo, entre sol y sombra.

Leo y escucho deseos de mandar la tauromaquia a los museos y a las páginas de historia. Sin embargo, ¿quién decide qué comunidades se mantienen vivas y cuáles deben pasar a los espacios de exhibición para ser vistos por otros humanos? Dirijo esta pregunta a la izquierda en general, así como a la izquierda taurina. No a los Quadri, no a Salinas Pliego ni a su televisora, tampoco a los emporios morenistas como el de Pedro Haces, sino a las bases de Morena, a la izquierda fuera del gobierno, a quienes conocen de primera mano a los monosabios, los picadores, a las cuadrillas, a ‘Raulito’ y sus caballos, a las porras y afición de los diferentes tendidos, y todo aquello que da vida a ese encuentro dominical.

Es ahí donde se expresan eso que hoy parecen todos valorar, su cultura: arte, música, literatura; cultura material e inmaterial. Un léxico que la identifica, así como cronistas del pasado, como Josefina Vicens, y contemporáneos, como Horario Reiba «Alcalino«, de La Jornada de Oriente; Marysol Fragoso, en altoromexico; Jorge Eduardo Gallegos, en su columna La suerte suprema; o Borja Ilian, cronista en medios como Infobae, Yahoo noticias, Swiss International y la agencia EFE.

Enuncio a estas figuras abstractas con cuerpos concretos porque el desconocimiento del mundo taurino no es solo del gobierno, la opinión pública también la expresa. Con ella, se anulan personas y comunidades. Esto nos lleva a la segunda consideración, que se refiere a nuestra acción política y, específicamente, en la opinión pública.

Las expresiones que se escuchan o leen, adjetivan y denigran a una comunidad —es decir, personas—; en consecuencia, la opinión pública le retira la dignidad humana para convertirlos en sanguinarios, sádicos, bárbaros, neandertales o poco evolucionados. Ese es el mensaje que transmiten responsables de medios, opinión política y ciudadanos, revelando el desconocimiento profundo hacia amigos, familiares, colegas del trabajo. Es decir, gente igual de normal que cualquier activista antitaurino o animalista, sea esta moderna o anticuada, de izquierda o de derecha, ‘progre’ o conservadora.

A los museos no llega, de un plumazo, la cultura viva. Hacer eso es pasar por encima de derechos civiles, ciudadanos. Desafortunadamente, la propuesta que Clara Brugada ha decidido encabezar, anima la confrontación y le retirar a la comunidad taurina su derecho al espacio público, en detrimento de un proyecto de izquierda y de transformación. El segundo transitorio constitucional mencionado anteriormente es una pequeña declaración de justicia y reconocimiento a la diversidad humana y su compleja relación con los animales y la naturaleza.

Los animales y su compleja relación con los humanos

¿En qué momento hemos perdido de vista que los animales guardan una naturaleza, características y vínculos con las personas? Y ¿por qué no se puede asumir que esto mismo aplica para diversas comunidades como la taurina? Sean o no nuestras causas, la lectura parcial de la ley es cuestionable en un gobierno y funcionarios que tienen la obligación de gobernar sobre el crisol ciudadano que habita el territorio de su competencia.

Los vínculos de los animales con las personas también están determinados en una base constitucional en comunidades llamadas “pueblos originarios”, regidos bajo principios de “usos y costumbres”, algunos de las cuales rozan fronteras de lo aceptable por la nación, como el sacrificio animal (no es solo el de la plaza de toros). Esos usos y costumbres se aceptan como un resquicio del pasado y que no se toca porque se aceptan como memoria y patrimonio de nuestra identidad nacional.

Los toros no entran en una categoría similar, aunque tengan más de 500 años. Al contrario, vienen de Europa, no son comunidades originarias y más bien, se toma como un recordatorio de la colonización negativa de los españoles. Además, las personas de esta comunidad son tan cercanas a cualquier antitaurino, que nos asusta. Asusta que exista el sacrificio en un mundo moderno, occidental, moderno y civilizado; sin embargo, existen en nuestro contexto urbano, citadino, y también son sujetos de derecho. Negarles o anular su participación en procesos legales que tienen consecuencias para esta comunidad va en contra de cualquier principio aceptable en la lucha democrática que pretendemos.

En oposición a una realidad cultural mucho más compleja, cobran fuerza en este entramado político organizaciones animalistas, políticos y empresas que nos invitan a la no violencia y a salir del antropocentrismo, generando uno nuevo: el de humanizar a ‘nuestros’ animales. Tanto en el activismo como en el análisis académico, donde se gestan muchos de estos conceptos, es necesario cuestionar estos frentes valorativos y tomar un grado de distancia para mirar sus acciones y consecuencias.

Este martes 18 de marzo se votará en el Congreso de la Ciudad de México esta ley y, ahí donde pierden unos poderes, ganarán otros. No ganará el bienestar animal, cuya definición apenas existe; no ganarán valores mayores ni la actividad política sino la permanente dominación humana de unos sobre otros.

Cuando escribí mi primera reflexión sobre toros, en 2021, me preguntaba si mi postura ante la tauromaquia era una defensa a mis recuerdos. En estos años de regresar a la plaza, pensarla, leer y escribir sobre nuestra compleja relación humana con los animales, entiendo que mi principal defensa es el derecho al espacio público, un derecho legítimo. Concluyo este texto con una de mis dedicatorias, la de la plaza pública. Sí, a la plaza de toros que no es un partido político ni una ideología única, sino el derecho legítimo a un espacio público y sus debates y que son, sin duda, componentes urgentes y necesarios para la izquierda de nuestra ciudad y sus viejas formas de hacer política.

Y, como es costumbre en nuestros textos, una recomendación: el pasodoble torero, que es, en realidad, un fragmento de (des)amor.