La Comisión Nacional del Agua posibilita dar concesiones a discreción por internet para explotar el agua de ríos, manantiales y pozos. Desde 2018, cuando Peña Nieto levantó la veda a 10 cuencas, se han otorgado casi mil concesiones sin informar a las comunidades locales

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Héctor Guerrero y Karen Rojas Kauffman /Archivo PdP

Conagua en Línea, el sistema de solicitud de concesiones de agua por internet, que entró en vigor en abril, y la expansión de los decretos de agua, emitidos por el expresidente Enrique Peña Nieto a todo el país, podrían dejar a los pueblos originarios del territorio mexicano sin acceso al agua.

La plataforma de Conagua en línea permite que cualquier persona o empresa obtenga concesiones para explotar el agua de ríos, manantiales y pozos de estas comunidades sin su conocimiento o consentimiento de las comunidades locales.

El lunes pasado, Eugenio Barrios, director de concesiones de Conagua, aseguró que planea expandir la figura de reservas de agua a todo el país. Esta figura inició a finales del sexenio pasado, el 5 de junio de 2018, cuando Peña Nieto levantó la veda a 10 cuencas de agua.

Estos decretos eliminaron la prohibición para explotar 300 cuencas hidrológicas. Ahora, bajo la nueva figura de “reserva” que se les dio a estos cuerpos de agua, se pueden expedir concesiones a particulares para que exploten entre 70 y 65 por ciento del líquido, y el resto se mantenga en reserva para su cuidado y para el consumo de las comunidades cercanas.

Las vedas de agua que protegían estas cuencas equivalen al 55 por ciento de los lagos y ríos del país.

Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador aseguró que echaría para atrás estos decretos, sin embargo, no ha sucedido. 

El agua en pocas manos

“De acuerdo a como está configurada la actual ley de aguas nacionales, y sobre todo, por cómo se comportan los funcionarios, hace que las aguas se concentren y se privaticen”, advirtió Miguel Ángel Montoya, especialista del colectivo Agua para todos, una agrupación de ciudadanos que promueven el derecho al agua.

“Las vedas tienen una función ecológica para permitir que se exploten las cuencas, ésa es la mejor manera de conservarlas”, asegura. “Se nos vendió que el 35 por ciento era de reserva. De ese porcentaje una parte va al uso público urbano, de ese porcentaje destinaron 100 litros por habitante para las zonas indígenas y rurales, que desde luego, bajo este contexto de recorte, nunca van a poder acceder a él, porque no tienen la infraestructura que sí tienen el resto de los concesionarios. En pocas palabras, queda de adorno esa reserva de 100 litros por habitante por día”. 

Para Miguel Ángel Montoya, las acciones que han emprendido los funcionarios de Conagua para reforzar este marco de operación constituyen una traición a la 4T y al presidente López Obrador.

Aunque su afirmación no es comprobable, lo cierto es que los funcionarios que ayudaron a crear los decretos de agua de Peña siguen en funciones en la Conagua, como el director de registro público de derechos de agua, Gerardo Reyes Juárez, o el subdirector general técnico, Víctor Alcocer Yamanaka. 

Antes de que se abrieran a concesión, estas aguas formaban parte de la propiedad social, conformada a través de dotaciones de tierras, aguas y bosques por decreto presidencial. El cuidado de estas cuencas era algo que naturalmente realizaban los campesinos, pues, al no usar canales de riego y esperar al temporal para la siembra, ayudaban a recargar las cuencas y evitar la sobreexplotación, explica Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista.

“El Registro Nacional Agrario señala que gran parte de las aguas puestas a disposición se encuentran en las 23.4 millones de hectáreas que son propiedad de los 7462 núcleos agrarios, formados a través de decretos presidenciales que les dotaron de tierras, aguas y bosques”, explica Cervantes. 

Un ejemplo de cómo podría afectar este tipo de concesiones se vivió en en la Costa Oaxaqueña, en el poblado de Paso de la reina, donde, por medio de amparos legales, vencieron los decretos presidenciales de Peña Nieto.

Al respecto, Claudia Gómez Godoy, abogada que ayudó con el proceso legal de esa comunidad, asegura que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se han sentado las bases para proteger el agua de las comunidades del país.

“No está asentado la protección que se requiere. Llevamos una discusión de muchos años sobre el agua y los derechos de los pueblos a nivel nacional, y aún no se llega a nada. En el caso de Paso de la reina, no se consideraron los derechos territoriales de los pueblos, que son reconocidos por diversos tratados internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que defiende la consulta previa a los pueblos originarios antes de disponer de los recursos del lugar en el que habitan”, explica la abogada.

La misma ruta de concesiones que minería

La plataforma de Conagua en línea es muy parecida al sistema de concesiones mineras que creó la Secretaría de Economía hace unos años. A través de la página de internet, cualquier persona puede solicitar una concesión minera o de agua. Sólo basta llenar un par de formularios y hacer un pago de derechos en el banco y listo. En el caso de las minas, este sistema de concesiones terminó por desposeer a miles de personas de sus tierras sin que ellos se enteraran que el lugar en el que vivían había sido concesionado. 

Lo mismo podría  pasar con Conagua digital, se va a dar acceso a la explotación del recurso a personas sin que se le avise a quienes originalmente habitan las cuencas y que son, por tiempo, primeros en derecho a esos recursos; a estos flujos de agua que durante años han tenido como derecho fundamental. 

“Desafortunadamente vemos que, en este sistema de concesiones, el derecho al agua de estas comunidades y de estos ejidos les es retirado para poderlo meter en un mercado. Así va a ser lo que va a pasar con Conagua digital. Lo que hace este mercado es concesionar a través de estas personas, a quienes verdaderamente están interesados en pedirlas”, asegura Julio Cervantes. 

De acuerdo con el especialista, muchas empresas, desde agropecuarias, lecheras, mineras, cerveceras y de todo tipo, están empezando a promover que terceros pidan concesiones para después comprárselas y acaparar los derechos de explotación del líquido. Esto, con la intención de no ser identificados y ocultar de cuánta agua se hacen.

Hace una semana, el mismo día que el director de concesiones de Conagua, Eugenio Barrios anunció sus intenciones de expandir los decretos del agua de Peña, el Think Tank Ethos publicó un estudio sobre la corrupción al interior de Conagua que permite que este tipo de concesiones proliferen y se den al mejor postor.  

“En el área de transmisiones y concesiones encontramos que entre 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron 77 concesiones en lugares en donde ya no hay agua. Eso nos dice que no se está respetando el proceso ni se está garantizando la sustentabilidad de los recursos hídricos”, dijo Rodrigo Bolaños, uno de los investigadores encargados del estudio en una entrevista radiofónica.

Mil concesiones en un año

De acuerdo con la información que compartió el director de concesiones de Conagua, Eugenio Barrios, para defender su propuesta de ampliar los decretos del agua, desde que se levantó la veda, se han otorgado solo 362 nuevas concesiones de agua.

La mayoría de ellas, el 90 por ciento, fueron aprobadas para uso agrícola de pequeños productores, y que el volumen aprobado, no excede los 101 millones de metros cúbicos de agua por año, es decir, .25 por ciento del total que se permite explotar a terceros.

Sin embargo, información del colectivo Agua para todos revela que no son 362, sino 968 concesiones las que se han aprobado para explotar el agua que antes estaba vedada. Incluso, una de ellas, contempla una concesión de 127 millones de metros cúbicos.

“Esa es una mega mega concesión que se dio en el pueblito de Chilón, Chiapas, a nombre del gobierno municipal. Este municipio está bajo sitio por paramilitares, y el comité de agua del pueblo ha recibido amenazas de muerte por parte de estos grupos”, explica Elena Burns, de Agua para todos. 

Elena acepta que el 90 por ciento de las concesiones se pudieron haber dado a campesinos, sin embargo, concesiones como las del pueblo de Chilón, quedan en ese 10 por ciento que queda, este tipo de procesos abren la puerta a disputas por el territorio que generan una violencia terrible, asegura Elena Burns.

En el siguiente mapa, elaborado con datos de la propia Conagua por Agua para todos, se muestran las concesiones otorgadas a partir de los decretos de Agua de Peña Nieto:

En este mapa se pueden consultar las 968 concesiones que ha otorgado Conagua desde junio de 2018 en lo que solían ser cuencas vedadas.

Contenido relacionado:

Inicia la disputa legislativa por los plazos de concesiones de agua

El origen de la privatización de aguas mexicanas