Después de que la Guardia Nacional abandonó el territorio donde operaba la minera Penmont de Alberto Bailléres, los ejidatarios recuperaron sus tierras pero se mantienen en la incertidumbre porque no se ha ejecutado la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario desde 2014

Texto y foto: Reyna Haydeé Ramírez

El pasado 26 de marzo, ejidatarios de El Bajío en Caborca, Sonora, recuperaron físicamente los terrenos que eran ocupados de manera ilegal por la minera Penmont. Sin  embargo, viven en la incertidumbre de que la minera vuelva a irrumpir, por lo que demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador garantías para que el Tribunal Unitario Agrario ejecute en definitiva la sentencia que es Cosa Juzgada desde 2014.

Esta semana, los ejidatarios informaron al presidente que la recuperación fue posible porque el mismo 26 de marzo se retiró la Guardia Nacional de su territorio, luego de que en la conferencia matutina él se comprometiera a revisar su denuncia.

Los ejidatarios denunciaron, en una protesta en Palacio Nacional, que la Guardia Nacional se unió a corporaciones estatales para proteger los intereses de la minera Penmont, cuyo socio mayoritario es Alberto Bailléres. Lo que impedía además restituirles sus tierras ganadas en juicio desde 2014.

Los ejidatarios entregaron a Presidencia una misiva que tiene sello de recibido el 6 de abril de este año. En ella explican que también salió de su propiedad el Ejército y la Policía Estatal.

“Sirva este escrito para hacerle saber que el jueves 26 de marzo… (sic) la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano abandonaron nuestras tierras dejando sola a la minera con la Policía Estatal, que también tuvo a bien retirarse horas más tarde”, indican en la carta sellada por Atención Ciudadana de Presidencia.

“La Guardia Nacional a semanas de existir ya se encargaba de proteger los intereses de la minera, confiamos y creemos también que dicha corrupción en la Guardia Nacional y Ejército Mexicano sólo se haya dado en los mandos más bajos y no venga desde arriba como en anteriores administraciones donde se le protegía desde el Ejecutivo Federal”, señalan en la carta.

El 26 de marzo, Pie de Página cuestionó al presidente López Obrador en su conferencia matutina respecto a la protección que las corporaciones brindaban a la minera. Días antes, el 22 de marzo, se publicó en este medio el conflicto de los ejidatarios de El Bajío.

En la carta acusan también que Bailléres ha movido sus influencias para detener la ejecución de las sentencias ante el Tribunal Unitario Agrario.

“Con influyentismo ha logrado lo que su extenso equipo de abogados no pudo. Ha logrado evadir la justicia deteniendo la ejecución de las sentencias”, exponen.

“Después de más de seis años de tener 67 sentencias firmes contra la minera Penmont S de RL de CV, de Alberto Bailleres González, no han sido ejecutadas las mencionadas sentencias por el Tribunal Unitario Agrario 28 con sede en Hermosillo. Pues los siete magistrados que han pasado por dicho Tribunal de 2015 a la fecha se han negado a ejecutar las sentencias.

“Nos oponemos a que la minera regrese pues vivíamos mucho mejor antes de que esta llegara y sólo pedimos interceda para que la Magistrada Janette Castro Lara, del Tribunal Unitario Agrario del distrito 28, en Hermosillo ejecute las 67 sentencias que se dictaron a favor y que causaron Estado desde el 28 de noviembre del 2014”, precisan.

Piden audiencia con el presidente

Los Tribunales Agrarios del país son de carácter administrativo, dependen del Ejecutivo, no del Poder Judicial. Por ello en la carta solicitan una audiencia. Mencionan la entrega de una copia de una de las 67 sentencias que son Cosa Juzgada y solicitan la intervención de López Obrador para que en forma definitiva les restituyan sus tierras.

“Anexamos a la presente, una copia simple del expediente 495/2013, una de las 67 sentencias de las que hablamos”, precisan.

Indican también la entrega de otras dos cartas dirigidas al presidente. Una es del 20 de marzo en la primera manifestación que realizaron en Palacio Nacional; otra del 28 de marzo, cuando López Obrador visitó San Luis Río Colorado, Sonora; y otra más entregada a la 45 Zona del Ejército con sede en Sonora, para solicitar que retiraran el apoyo a la minera.

Los ejidatarios rechazan que su intención sea explotar la región como mineros. Desde agosto de 1971, usan esa tierra para sembrar mezquite para el ganado.

Caborca es una zona agrícola y ganadera. Pero desde que llegó Penmont se explota la minería a cielo abierto.

“Deseamos dedicarnos a actividades agrícolas y ganaderas. Son tierras en condiciones aptas para esto, como lo eran antes de la ocupación ilícita que mantuvo la minera.

Minera rechaza acusaciones

El mismo lunes 6 de abril, la minera Penmont  aseguró en un comunicado que desde el 2013 regresó los terrenos ejidales. Acusó que un grupo de personas pretende engañar a las autoridades estatales y federales. Se hacen pasar por ejidatarios y les intentan despojar de un predio denominado El Bajío que, aseguran, es de su propiedad.

“Minera Penmont reitera que siempre ha actuado legalmente y reitera su total disposición a colaborar con las autoridades competentes”, indican en el texto.

Intervención del tío de la gobernadora

El 13 de julio del 2013, policías federales restituyeron las tierras ejidales a El Bajío, pero según acusan los ejidatarios, la empresa regresó a explotar una parte del predio en el 2015, a través de Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

La minera consiguió un título de propiedad, fechado en junio de 2017 y firmado por la entonces titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga. Con este documento regresó a explotar 571 hectáreas del ejido, en 2018.. 

Esta nueva incursión de la minera derivó en un nuevo juicio agrario, el 297/2019. Tres ejidatarios lo interpusieron el 8 de julio del 2019. Reclaman en particular esas 571 hectáreas. En este nuevo juicio la minera solicitó un amparo para continuar la explotación del lugar, pero le fue negado. Eso le impide legalmente ingresar al predio, hasta que se resuelva en definitiva esta demanda. Aunque nunca hizo caso y siguió extrayendo el oro del lugar, según denuncian los ejidatarios.

El ejido no presentó demanda, según explican, porque consideran que dicho título o es falso o se obtuvo de manera ilícita. Argumentan que el predio ya tiene como dueño al ejido y, sobre todo, está dentro de las 20 mil hectáreas que en el 2014 el Tribunal Unitario Agrario ordenó que se les restituyeran. También condenó a la minera a remediar el daño ambiental y devolver el oro que extrajo del lugar durante el juicio.

Por los hechos del 26 de marzo, la minera Penmont acusa a ejidatarios de diversos actos delincuenciales, por lo que interpuso demandas correspondientes.

“Estas incursiones criminales y violentas en terrenos de propiedad privada representan una situación insostenible para la mina que emplea 4,500 personas en la región, suma inversiones por cientos de millones de dólares y es una empresa altamente comprometida con el desarrollo sustentable, acreditada por instancias internacionales al respecto”, señala el comunicado.

En el escrito también demanda la actuación de las autoridades estatales y federales.

“Se espera su pronta intervención para brindar las garantías de seguridad necesarias para mantener la operación del complejo minero que localmente es uno de los más importantes polos de empleo de la región”.

Para los ejidatarios los presuntos “delincuentes” son los dueños de la mina. Ya que a pesar de que existe una sentencia como Cosa Juzgada, insisten en explotar ilegalmente el predio. Y mueven sus influencias para que las autoridades agrarias no ejecuten la sentencia. Esto último también se da a conocer al presidente en las cartas que le han enviado.

“La mina se amparó cuando le ordenaron no entrar y se lo negaron y aún así se mantenía explotando: ¿quiénes son los delincuentes?”, cuestiona el presidente ejidal Jesús Thomas.

Guardia Nacional rechaza proteger mina de Bailléres

El gobierno federal entregó a Pie de Página una nota informativa de la Guardia Nacional. La corporación rechaza mantener presencia en la mina Dipolo, que es el predio en disputa entre la minera Penmont y los ejidatarios de El Bajío. 

Añaden que su presencia en el lugar ocurrió sólo en dos ocasiones.Obedeció, señalan, a reportes de dos hechos violentos en esa región, uno ocurrido el 1 de marzo y otro el 26 de marzo. En este último refieren que el enfrentamiento se dio entre ejidatarios y guardias de la minera Penmont.

“Se informa que la Guardia Nacional NO mantiene presencia en la mina DIPOLO, acudiendo en ambas ocasiones solamente para atender reportes del C5i respecto a los hechos mencionados (sic)”, indica la corporación.

“En ambas ocasiones, la Guardia Nacional fue alertada sobre la presencia de personas armadas en las cercanías de dicho Ejido, por lo que se atendió esta información y se realizaron patrullajes hacia el área donde se encuentra el multicitado Ejido, permaneciendo en el mismo solo el tiempo necesario para verificar la información respecto a la presencia de personas armadas, continuando con su patrullaje y posterior retorno a Caborca”, añade.

En el documento de la Guardia Nacional también se destaca que:

“La Base de Operaciones de la Guardia Nacional más cercana al Ejido El Bajío se encuentra en Caborca, Son. (90 Kms. de distancia del Ejido)  (sic)”.

En  su comunicado la minera también intenta desacreditar el trabajo de esta reportera con acusaciones falsas.