Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, podría perder el fuero este viernes en el pleno de la Cámara de Diputados, para ser juzgado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada

Texto:  Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco

Foto: Elefante Blanco

TAMAULIPAS.- La Sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para quitar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Los votos a favor fueron del legislador Pablo Gómez y las legisladoras Mary Carmen Bernal Martínez y Martha Patricia Ramírez Lucero. La diputada priista Claudia Pastor Badilla votó en contra.

Tres de los cuatro integrantes del órgano jurisdiccional consideraron que la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) contiene las pruebas que acreditan los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, presuntamente cometidos por el político panista.

La sección instructora está integrada por las tres diputadas y el diputado, encargadas de comprobar la conducta o hecho de responsabilidad política o penal de un servidor público.

En conferencia de prensa al final de la sesión, la diputada del PRI Pastor Badilla dijo que la sección instructora ya notificó a la presidenta de la Mesa directiva, Dulce María Sauri Riancho, sobre la resolución.

El dictamen a favor del desafuero sería presentado al Pleno de la Cámara de Diputados el viernes 30 de abril, en una sesión especial a la cual debe convocarse al gobernador tamaulipeco, al Ministerio Público federal y al Pleno.

El orden del día de la Sección instructora tuvo dos movimientos de última hora, situación que originó el retraso de las definiciones. Por la mañana, la diputada Ana Ruth García Grande salió de la Sección, la remplazó la legisladora Mary Carmen Bernal Martínez, ambas del PT. Posteriormente se eliminó de la agenda el caso del diputado Mauricio Toledo, quien busca la reelección, y se solicitó el desafuero por acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Alonso Aguilar Zinser, abogado del gobernador tamaulipeco, no pudo demostrar la inocencia de su cliente con los documentos que aportó respecto a las operaciones financieras para la compra y venta de un departamento de Bosques de Santa Fe.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que cuando García Cabeza de Vaca fue senador compró junto con su esposa Mariana Gómez Leal el inmueble con un crédito por 14 millones 300 mil pesos. El dinero se los entregó una sociedad financiera con recursos de empresas fachada vinculadas al Cártel de Sinaloa. 

El matrimonio García Gómez vendió el departamento en diciembre de 2019. Al respecto, la UIF indagó a la empresa “T”, quien pagó 42 millones 100 mil pesos por la propiedad. Ese año, dicha empresa que adquirió el inmueble recibió hasta 44 millones 800 mil pesos de otra compañía de avalúos, que tiene la característica de entidad fantasma. Esta empresa obtuvo 46 millones 300 mil pesos de seis empresas fachada vinculadas también con el Cártel de Sinaloa. 

La empresa “T” tiene el mismo domicilio que Manuel Rodolfo Trillo Hernández, expiloto del Joaquín “El Chapo” Guzmán. Este hombre, conocido como la “Trilladora”, financió el túnel por el que el capo se fugó del penal del Altiplano en 2015, de acuerdo con acusaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El abogado defensor reveló que la defraudación fiscal imputada a Francisco García asciende a 6 millones 511 mil 777 pesos y, aseguró, es el motivo principal de la indagatoria. Santiago Nieto, titular de la UIF, ha encabezado la indagatoria contra Francisco García. En la audiencia del 19 de marzo, el funcionario federal reveló que el gobernador no declaró ingresos por 10 millones 570 mil 856 pesos. Para justificar el señalamiento, detalló que el panista ha ganado 23 millones 935 mil 746 pesos en los cargos públicos que ha ostentado del 1 de septiembre de 2000 a septiembre de 2020. La posible evasión fiscal se determinó de 2015 a 2020.

El 31 de marzo pasado, orillados por la controversia constitucional entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los congresistas de Tamaulipas, de mayoría panista, quitaron el blindaje que habían otorgado contra el proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Unas semanas antes, luego de la primera audiencia virtual por el proceso de desafuero, García Cabeza de Vaca había calificado de «fantasiosas imputaciones« del expediente las acusaciones en su contra y había sumado a su equipo de defensa al político Javier Lozano, principalmente como vocero.