Siete personas de la comunidad otomí que tomaron las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas fueron detenidas por policías de Ciudad de México. Momentos después, por no existir delitos o acusaciones en su contra que acreditaran la detención, fueron liberados 

Texto y Fotos: Arturo Contreras Camero

Filiberto Margarito, concejal del Concejo Indígena de Gobierno; Diego García, de la Unión Popular Revolucionaria Zapatista – Benito Juárez (UPREZ-BJ), y otras cinco personas fueron detenidas por policías de la Ciudad de México mientras supervisaba la demolición del predio en Juan Escutia 10, en la colonia San Simón de la alcaldía Benito Juárez.

La detención fue transmitida en vivo por el propio Diego García a través de redes sociales, en los videos se aprecia cómo elementos de la Policía Bancaria e Industrial sube a varias personas a una de las patrullas de la alcaldía Benito Juárez. En una de las transmisiones se alcanza a escuchar al propio García decir: “De alguna forma tenían que cobrarse lo que estamos haciendo con la toma del Instituto de Pueblos Indígenas”. 

Desde el 12 de octubre indígenas otomíes de Ciudad de México, acompañados por Diego García de la UPREZ – BJ, tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas demandando vivienda, salud, trabajo y educación. Los otomíes provenían de cuatro predios ocupados por ellos mismos: Roma 18 en la colonia Juárez, Zacatecas 74 y Guanajuato 209 en la Roma y uno más sobre calzada Ignacio Zaragoza 1434. El 10 de noviembre, las autoridades capitalinas aceptaron expropiar esos predios para construir vivienda social por medio del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

Diego García ha acompañado a los otomíes durante este proceso desde la UPREZ – BJ, una organización social de vivienda que acompaña y asesora otros procesos de vivienda social en la Ciudad de México. Entre ellos, los relacionados con los predios ubicados en: Certificado 6, Juan Escutia 10 y Victor Hugo 126, todos en la misma alcaldía.

Durante los trabajos de demolición que se llevaban a cabo en uno de esos predios, el de Juan Escutia 10, unos treinta policías llegaron para arrestar a siete personas que, afuera del terreno en demolición, supervisaban las labores. 

Momentos después, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez alegaron que la detención se llevó a cabo por una queja vecinal sobre los trabajos de demolición, aunque después dijeron que se realizó junto con las autoridades de Protección Civil de la demarcación, por supuestamente no contar con los permisos requeridos ni las medidas de seguridad necesarias.

Como protesta ante las detenciones mujeres otomíes llenaron los cinco carriles de la avenida México Coyoacán con sus gritos, misma que permaneció cerrada por una barricada de indígenas. 

Detrás de ellas, algunos hombres removían las cenizas de cientos de papeles que quemaron a mitad de la calle. Los documentos, según dijeron, son parte del archivo del INPI ubicado en el primer piso. 

A inicios de mes, como protesta ante los pobres resultados que habían tenido hasta ese momento las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad de México, quemaron parte de ese archivo de la misma manera.

En una entrevista posterior Diego García explicó que la empresa que realizaba la demolición en Juan Escutia 10 es la responsable de tramitar los permisos necesarios. 

Dicha empresa, acotó, fue asignada por el propio Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Ninguno de los trabajadores de la demolición fueron detenidos.