La empresa Barrientos y Asociados -contratada por Fonatur para desalojar las tierras por donde pasará el Tren Maya en Campeche- defraudó a pobladores, desencadenó la violencia y la desestabilización entre comunitarios, que tuvieron que conformar la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya en Campeche

Texto y fotos: Mariana Beltrán y Katia Rejón / Poder Latam

Edición de: Eduard Martín-Borregón / Poder Latam

CAMPECHE.- Antes de que el Tren Maya iniciara sus gestiones en el ejido campechano llamado Don Samuel, Lilia Hernández era una comisaria respetada, tenía dos hijos y confiaba en el gobierno mexicano. Pero en los últimos dos años a Lilia le mataron a su hijo mayor, ha sido amenazada de muerte por su propia comunidad y fue involucrada en el fraude realizado por Barrientos y Asociados, la empresa que el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) contrató para liberar las tierras para el paso del tren.

Don Samuel es un ejido de Escárcega, un municipio de Campeche, fundado en 1990, que conecta la Península con Tabasco, Veracruz y Chiapas. Gran parte de los ejidatarios y pobladores son originarios de estos tres estados. La zona tuvo un auge en los años treinta a partir de la línea de ferrocarril Coatzacoalcos-Mérida. Su nombre proviene precisamente del ingeniero Francisco Escárcega, quien dirigió la construcción del Ferrocarril del Sureste.

El paisaje es verde, selvático, con largos terrenos de monte. A diferencia de las poblaciones mayas de las zonas rurales de la Península, las casas no son de paja sino de madera. Gallinas, pavos, lechones negros cruzan las calles sin asfalto que conectan a otras comunidades, igual de pequeñas y rurales, atravesadas por las rieles del tren viejo sobre el cual pasará el proyecto del presidente Andres Manuel López Obrador.

El nombre del presidente mexicano está escrito en el borde superior de la puerta de entrada de la casa de Lilia. Como la mayoría de las personas entrevistadas, la comisaria no desconfía de López Obrador ni está en contra del Tren Maya. Piensa que él no está enterado de lo que sucede en Campeche y que las autoridades no siguen sus instrucciones.

Lilia ofrece café, una hamaca para dormir, pero sobre el Tren Maya no dice una palabra. Su hija, María Elena Hernández, es quien da las entrevistas, guarda los documentos y organiza las ruedas de prensa desde que mataron a su hermano y a su mamá la involucraron en el fraude documentado en los medios nacionales.

A diferencia de otros comisarios que también fueron involucrados en el fraude, ellas se dieron cuenta de que habían sido engañadas por el personal de la empresa Barrientos antes de repartir al ejido el dinero por la ocupación de terrenos por donde pasará el Tren Maya y la liberación de vía. Así que retuvieron el depósito e interpusieron una denuncia por desvíos de recursos, la cual fue rechazada en la Fiscalía General de la República y turnada a la Fiscalía local.

El asesinato de Levi

Días después de la operación del desvío del dinero, el 3 de junio de 2020 entre las tres y cuatro de la tarde, un auto llegó a la casa donde Lilia vivía con su hijo Levi de 45 años; preguntaron por él.

Levi salió de la vivienda contento porque Alan Cruz Ruiz, representante de Barrientos y Asociados, le había dicho que le iban a comprar el material de sascab (nombre maya del material de mezcla de construcción) para el trabajo del Tren Maya y pensó que de eso se trataba la visita.

Ese día llovió y Levi estaba regresando de sembrar en el solar de su hermana. Mojado y sucio, entró a su casa para quitarse las botas y después salió a ver quién era. Su mamá vio desde la terraza que se subía en la parte trasera del auto con vidrios polarizados. No reconoció el coche ni quién iba manejando. El cuerpo de Levi fue encontrado al día siguiente en un camino de parcela.

“La persona que había preguntado por él me miraba de una forma fría, y sentí que algo no estaba bien porque él nunca se iba sin decirme algo. Sentí que esa gente no era buena”, relató Lilia en la denuncia.

Durante los días siguientes al asesinato de Levi, llamaron a la casa de la comisaria en repetidas ocasiones de números desconocidos; ella avisó a la Fiscalía, pero “solo nos dijeron que no respondamos”, contó Maria Elena. Vecinos notificaron a la familia que hubo camionetas que vigilaban su casa y daban vueltas a la cuadra.

El 17 de junio de 2020, 14 días después del asesinato, se realizó una asamblea para informar sobre el reparto del dinero. Alan, el representante de Barrientos y Asociados, se sentó junto a Lilia y le enseñó un revólver que tenía en su maleta. “Me sentí intimidada y yo no podía decirle a la asamblea lo que estaba pasando en ese momento”, relató la comisaria en la denuncia.

Aunque interpusieron una demanda tanto por el asesinato de Levi como por el fraude, María Elena y Lilia no han sido notificadas de ningún avance.

Cuando se trata de un homicidio, la Fiscalía debe abrir varias líneas de investigación, y una de ellas tendría que ser “la situación de amenazas y hostigamiento que estuvo viviendo el ejido para firmar contratos y convenios”, de acuerdo con Jorge Fernández Mendiburu, de Equipo Indignación y abogado de la familia Hernández por el caso del fraude.

Criminalización de autoridades y comunidad

El fraude fue replicado en otras comunidades cercanas como Pejelagarto, División del Norte, Miguel Alemán y Miguel Colorado. A partir de la denuncia de Lilia Hernández, se unieron para dar a conocer públicamente las irregularidades, e interponer otras denuncias ante la FGE y la Procuraduría Agraria. Conformaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya en Campeche.

Las autoridades ejidales tuvieron que aliarse pues comenzaron a recibir presión por parte de sus ejidatarios, de los pobladores y de las propias autoridades mexicanas. En una asamblea posterior al fraude, Fonatur declaró al ejido que Lilia tenía un millón de pesos guardados y que por tanto era parte del fraude.

“¡Siga robando, tía!” le gritó uno de los vecinos a la tesorera de Luna, un ejido al sur de Don Samuel durante el recorrido para este reportaje. También sucedió en División del Norte, el ejido más cercano a la cabecera Escárcega.

“En División del Norte no hubo ninguna asamblea, solo llegó Alan y dijo que traía informes sobre el Tren Maya, que iba a pasar por aquí y que íbamos a ser afectados por el proyecto por lo que debíamos traer nuestro certificado parcelario. La gente confió en él y al último, cuando vinieron a avisarnos, fue porque ya estaba el cheque (…) ni nos dijeron cómo nos iba a afectar ni por donde iba a pasar”, contó Delfino Gallegos, presidente del Consejo de vigilancia del ejido División del Norte y sus anexos.

Barrientos falsificó su firma en documentos y, aunque le ha explicado a Fonatur la situación y notificó al encargado del tramo Escárcega-El Triunfo a través de una carta donde solicitaba el Contrato del Convenio de Ocupación Previa8 que supuestamente firmó, lo expusieron ante el resto de los ejidatarios como parte del fraude.

“¿Dónde quedamos nosotros como autoridad ante el pueblo”, expresó en una rueda de prensa.

Desestabilización de una comunidad

Lilia resguardó el dinero del fraude hasta finales de septiembre del 2021. Tuvo que repartirlo entre los ejidatarios debido a la presión de la comunidad y el acoso que se incrementó en esas fechas.

A mediados de septiembre, un grupo de ejidatarios se presentó en la casa de Lilia pero ésta no se encontraba. María Elena los recibió y les dijo que su mamá estaba muy mal. Intentó que la apoyaran, pues ella tenía que cargar con dos denuncias. Pero le respondieron que era culpa suya haber sido víctima del fraude “porque no se puso las pilas”. Se negaron a esperar a que la Fiscalía diera indicaciones sobre el dinero o la denuncia.

“La condición en la que fue extorsionada y amenazada no la entienden. No has tenido a un hijo que te han matado”, les dijo María Elena.

Insistieron en que la Fiscalía y el asesinato de Levi “no tenían nada que ver” con el dinero del Tren Maya. Cuando se retiraron de la casa, amenazaron con que Lilia se iba a ir “a la grande o a la curva”, refiriéndose a la cárcel o al cementerio.

María Elena cuestiona la violencia de género contra las pocas mujeres que tienen un cargo público dentro de las directivas de los comisariados ejidales: “aparte de la valentía de decir lo que sucedió, les queda el daño moral, psicosocial, patrimonial y económico, por parte de su mismo pueblo, quienes no reconocieron todas las gestiones que ellas realizaron para resolver y aclarar todo”.

El domingo 26 de septiembre del 2021 se convocó a una asamblea en el ejido de Don Samuel para hablar de la repartición del dinero que Lilia mantenía en resguardo pero no hubo quórum suficiente para que se llevara a cabo.

El ejido comenzó a gritar que no iban a esperar otra convocatoria. Un grupo de ejidatarios se acercó a la comisaria y al visitador agrario, Ángel Cabrera López, y los amenazaron con lincharlos y amarrarlos si no se les entregaba el dinero.

Entre el 28 de septiembre y 4 de octubre del 2021, cada uno de los 228 ejidatarios de Don Samuel recibió 5 mil 171 pesos, lo que cuesta un mes de renta en un departamento en Escárcega, y se firmó el convenio de ocupación previa con Fonatur para que haga uso de las hectáreas que se indemnizaron con operaciones irregulares y bajo investigación. Los firmantes no recibieron copia de ese documento.

Fonatur presiona

Fonatur no ha hecho nada para resolver las múltiples formas de violencia comunitaria, al contrario, de acuerdo con el testimonio de las autoridades ejidales de Luna en las asambleas Fonatur defiende abiertamente a Barrientos y Asociados. “Porque tú firmaste, tú lo vas a pagar”, les dicen.

Al solicitar una entrevista con Fonatur al respecto, se negó argumentando que “otorgar dicha información puede vulnerar garantías de seguridad jurídica y del debido proceso”.

Los entrevistados coinciden en que la ruptura comunitaria se exacerba con la oferta de programas asistenciales como Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida, Insumos agrícolas y fertilizantes y Caminos cosecheros. Incluso tuvieron la visita del secretario de Bienestar, Javier May, quien pidió disculpas en nombre del presidente y aseguró que Barrientos y Asociados ya no estaría en las negociaciones del Tren Maya y que regresarían “hasta el último peso”.

El abogado Jorge Fernández piensa que uno de los errores de Fonatur es la falta de seguimiento de la actuación de los despachos que contrata, pues no tienen mecanismos de verificación que garanticen que cumplan su objetivo.

“Toda la zona de Escárcega es especialmente complicada en términos de violencia y delincuencia. Si no hay mecanismos para que se ponga en menor riesgo posible, es una irresponsabilidad porque los pone en situación vulnerable en un contexto de alta criminalidad”, finalizó.

Ahora son Absalón Carrera Cámara y Claudia Muñoz González, representantes de Fonatur, quienes ejercen presión e intimidación a los ejidatarios para negociar más hectáreas.

Sin respuesta

En el ejido de Pejelagarto, Fonatur quiere otro pedazo de vía y pagarles a los ejidatarios 14 pesos por metro cuadrado, ellos piden 70.

María Elena comentó que al preguntar por Claudia en la sede de Fonatur de Escárcega, Campeche, negaron que trabajara para ellos. Absalón Carrera se presenta como un “hermano” religioso, pero todos los entrevistados lo describen como una persona “de cuidado”, autoritaria, a quien no le creen que sea religiosa.

Aunque ya no acude a las reuniones ejidales, Alan, el representante de Barrientos y Asociados, mantiene contacto con algunas personas de la comunidad.

Para este reportaje, se intentó contactarlo por teléfono, pero la persona que contestó dijo que no era él y que había obtenido recientemente el número. Comprobamos que Alan seguía usando la línea por las fotos y videos que compartía en su Whatsapp.

Negociaciones después del fraude

En Miguel Colorado, ubicado en el tramo 2 del Tren Maya, el panorama es otro. De acuerdo con el nuevo comisario Juan Alberto Ortegón prácticamente toda la población se dedica al turismo. Para negociar con el gobierno, conformaron una comisión integrada por 20 ejidatarios, un asesor forestal y un asesor legal que construyen un acuerdo con Fonatur y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Nunca dan una información precisa. Han querido meterse directamente a la Asamblea para manipular, no se les ha permitido estar”, contó en entrevista Juan Alberto Ortegón.

Entre los acuerdos a los que llegaron con ambas dependencias, bajo la advertencia de que nunca presentaron los avalúos, están cumplir con un pliego petitorio de 14 puntos: dar dos vehículos con placa federal para turismo, la construcción de un camino paralelo de la comunidad al parque ecoturístico que será afectado por el Tren Maya, la gestión a partir de noviembre de una mesa de diálogo para tener proyectos del gobierno del estado y del municipio, contemplados en el presupuesto de 2022, entre otros.

El excomisario de Miguel Alemán, Enrique Collí Canché, persigue a una cabra que se sale del corral mientras responde a la entrevista. Su propia vivienda está a unos cuantos metros de una de las vías. Dice que está agradecido con el presidente Andrés Manuel porque les devolvió el dinero que se llevó Barrientos.

“Y aun cuando ya devolvieron ese dinero nos dieron tres cheques más que se pasan de 4 millones de pesos. Nosotros ya firmamos el Convenio y ya están quitando los durmientes. Los durmientes y los rieles empezaron a quitarlos el 2 y 3 de septiembre (de 2021)”.

En ese ejido, al igual que en Don Samuel, el excomisario levantó una denuncia penal por el fraude, el dinero que se llevó Barrientos y Asociados ascendía a casi 14 millones de pesos. En total el ejido de Miguel Alemán ha cedido 17 hectáreas y, aunque Fonatur ya devolvió el dinero, quiere más tierras.

Mantener la unión

Durante las entrevistas, María Elena reparte constancias a los ejidatarios que forman parte de la Unión de Ejidos, un documento que formaliza la alianza contra el fraude y el despojo de tierras. La Unión ha sido uno de sus soportes más fuertes pues sus abogados no se encuentran en Escárcega y el propio ejido ha puesto en peligro a su familia. Frente a ella, el excomisario ejidal de Miguel Alemán dice que como el gobierno ya respondió, está considerando quitar la denuncia.

Lilia dejó el cargo de comisaria ejidal el pasado 19 de noviembre, dos días después María Elena viajó a la Ciudad de México para reunirse con el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y continuar la búsqueda de justicia por el asesinato de su hermano. Ambas tienen la certeza de lo esencial que es mantener la Unión de Ejidos.

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Contratos de Barrientos y Asociados para el Tren Maya: https://share.mayfirst.org/s/Nis6FPFroxerLb4

Perfil de Barrientos y Asociados en QuiénEsQuién.Wiki: https://www.quienesquien.wiki/es/empresas/bya-barrientos-y-asociados-sa-de-cv?name=barrientos#summary-supplier_contract

*Este trabajo fue publicado por PODER LATAM. Aquí puedes leer el original.