Ejidatarios de Coahuila al fin lograron una sentencia que les da la razón: la minera La Encantada ocupó su territorio ilegalmente

Texto: Kau Sirenio

Foto: Noroeste

CIUDAD DE MÉXICO. – La magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, Araceli Cubillas Melgarejo, falló en favor del ejido Tenochtitlán del municipio de Ocampo, Coahuila. 

La sentencia resuelve un viejo litigio de 13 años por la posesión de tierras contra la minera de filial canadiense: La Encantada S.A. de C.V.

Mario Valdez, ejidatario de Tenochtitlán, detalló que el conflicto era por una superficie de dos mil hectáreas que forman parte de la dotación con la que el ejido fue beneficiado por una Resolución Presidencial en 1973, misma extensión de tierra que la minera La Encantada S.A de C.V comenzó a explotar ilegalmente.

“Se le hizo justicia al ejido Tenochtitlán y resolvió un problema que tenía más de cuarenta año», explico Mario Valdez ante medios locales.

Y no se equivoca.

El camino legal

El juicio en contra de la empresa minera data de años atrás, cuando los ejidatarios de Tenochtitlán se dieron cuenta que las mediciones y colindancias no coincidían con las tierras en su posesión. Además, acusaron, había un faltante de alrededor de dos mil hectáreas que en ese entonces poseía Grupo Peñoles.

Con base a la información en poder del ejido, los ejidatarios solicitaron a la Procuraduría de la Reforma Agraria a que realizara nuevas mediciones. Pero, cuando eso sucedió, Peñoles vendió la tierra a la canadiense First Majestic. Todo esto ocurrió en 2006. Y por eso, en 2011, un grupo de 36 ejidatarios inició una lucha legal.

La resistencia de los ejidatarios tuvo un largo camino en el Tribunal Unitario Agraria. Primero, interpusieron una demanda, pero el Tribunal resolvió a favor de la minera. Después, los ejidatarios solicitaron la revisión de esa sentencia, y el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, revocó la primera sentencia.

Después de esta revocación, vino una batalla legal para hacer que se cumpliera la resolución federal, lo que orilló a que, en junio de 2013, 14 ejidatarios de la tercera edad cerraran el camino que comunica el ejido con la minera. Ese día, la solución institucional fue enviar 40 policías estatales para reabrir el paso y detener a los manifestantes. 

En esa resistencia, 16 campesinos fueron demandados por la empresa. Los liberaron después de que pagaran una fianza de 500 pesos.

La victoria

La sentencia ordena a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a que realice los deslindes necesarios para ubicar el terreno que se incluyó en la ejecuciones complementarias. Mismos que no forman parte del plano del proyecto.

Mario Valdez dijo ante los medios que esta sentencia les da la razón a los ejidatarios, sostuvo que les da «esperanza», a pesar de todas las “triquiñuelas” de las que se valió la minera.

El argumento que los campesinos presentaron en la demanda es que una parte de las tierras no les fueron entregadas como originalmente estaba contemplado en el expediente, así que el ejido inició el juicio hasta que el Distrito 6 del Tribunal Unitario Agrario resolvió. 

La sentencia también ordenó a la empresa minera a que inicie las negociaciones con los ejidatarios para continuar con la ocupación superficial del terreno, pues poseen una concesión.