Se trata de familias que debieron huir de sus casas debido a la violencia. En marzo de 2019, la Secretaría de Gobernación acordó brindarles asistencia en salud, educación, así como ayuda para regresar a casa con seguridad. Nada fue cumplido; y ahora se suma la contingencia por covid.

Texto: Kau Sirenio Pioquinto

Fotos: Arturo Contreras Camero 

La comisión de desplazados de la Sierra de Guerrero demandó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que cumpla la minuta pactada el 27 de marzo de 2019. No les ha llegado la ayuda humanitaria prometida y se retrasó la entrega de apoyo de alimentación, y renta. 

Otra de las preocupaciones de los integrantes de la comisión de exiliados es la falta de reconocimiento de su carácter de víctimas. Eso ha motivado que las mujeres no reciban atención médica; y como consecuencia hay fallecidas, por falta de dinero para cubrir gastos médicos.

A todo esto se suma la crisis de la contingencia.

Sin educación de calidad

La directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, quien acompaña a los desplazados, afirmó que no hay condiciones para que los hijos de las víctimas reciban educación de calidad; ya que no cuentan con los medios necesarios para sus estudios. 

“El acceso a la educación está en crisis ante la pandemia; porque el Estado mexicano no ha generado las condiciones para que los 81 niños tomen clases virtuales. El problema va desde preescolar hasta secundaria. Hay familias que tienen hijos en grados salteados que van desde segundo, cuarto, quinto y sexto de primaria; y otros en primero y tercero de secundaria” explicó la activista. 

La defensora de los derechos humanos dijo en entrevista con Pie de Página que en la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, las familias hablan náhuatl y sus hijos estudian primaria y secundaria:

“La familia necesita un celular para cada uno de sus hijos, pagar el internet y las aplicaciones para tomar clases o televisión con buenas señales”.

La representante jurídica de los desplazados dio a conocer que la comisión se reunió con Neftalí Granados González; éste forma parte del equipo de trabajo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Las víctimas fueron recibidas después de horas de un plantón instalado frente al palacio nacional. 

A las puertas de Palacio Nacional

“Los compañeros desplazados tomaron la decisión de trasladar su demanda a la Ciudad de México en una reunión en Chichihualco, Guerrero; porque, después de 22 meses de que fueron expulsados de sus comunidades, el gobierno federal no cumplió” con la minuta del 27 de marzo de 2019.

La directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón enumeró los acuerdos: Por ejemplo, la construcción de una ruta segura para el retorno a sus comunidades de origen.

Ahora demandan retomar el seguimiento a estos compromisos. «El Licenciado Neftalí tendrá una reunión con la doctora María Ángeles Aces Velazco, de la CEAV para que se normalice la entrega de los apoyos y se continúe con el proceso de otorgar la calidad de víctimas a todos los integrantes de cada familia desplazada”. 

Agrega: “Pedirán información a la Secretaría de Salud del Estado para conocer cuál es la situación en cuanto al abasto de medicinas; y brindar servicio a las familias desplazadas; y se buscará atención especializada para los que la requieran”.

También, en la Secretaría de Educación Pública, preguntarán qué apoyos puede brindar la dependencia, para atender las necesidades educativas generadas por la pandemia de covid-19. “En cuanto a los problemas de seguridad pública, se buscará información en la Secretaría de Seguridad Pública y protección Ciudadana”.