En los últimos dos años, las desapariciones se dispararon. Familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México denuncian que las autoridades han sido omisas al respecto.

Texto: Daniela Rea

Foto: María Ruiz

En la capital del país, durante los últimos 20 años 2 mil 013 personas han sido desaparecidas, esto es un promedio de 100 personas cada año. Casi dos terceras partes de las desapariciones, 1 mil 238, han sucedido sólo en los últimos dos años, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Familiares de personas desaparecidas en esta ciudad, académicos y activistas denuncian que pese a la presencia e incremento del problema las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la Asamblea no han cumplido con sus obligaciones de ley para buscar, para generar mecanismos para su búsqueda y protección de sus derechos.

En primer lugar, desde hace un mes la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México está acéfala, luego de que este octubre renunciara Fernando Elizondo, quien apenas en junio del 2019 fue nombrado por Claudia Sheimbaum como titular del organismo rector de la búsqueda de personas desaparecidas.

En segundo lugar, desde el mes de marzo se designaron a los miembros del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas por parte del Congreso de la CdMx, sin embargo a siete meses de distancia no se les ha rendido protesta.

Y en tercer lugar, en el Congreso se avanza en el dictamen para crear la Ley de Declaración Especial de Ausencia de la CdMx, aunque la discusión se ha dado sin la participación de las familias.

Jorge Ruiz Reyes es investigador del Programa de Derechos Humanos en Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y en abril fue uno de los miembros electos del Consejo Ciudadano.

“Como consejeras ciudadanas electas nos preocupa cómo se maneja el tema de desaparición de la ciudad y cómo opera el tema de búsqueda. Creemos que sigue habiendo falta de interés o voluntad de las autoridades para reconocer el tema y para fomentar la participación de familiares, universidad, sociedad civil y organismos como el consejo ciudadano”, dijo en entrevista con Pie de Página.

Una comisión acéfala

Fernando Elizondo fue nombrado por Claudia Sheimbaum como titular del órgano rector de la búsqueda de personas desaparecidas en junio del año pasado; de manera intempestiva renunció poco después de ocupar un año el cargo para el que había sido designado durante 3 años.

A inicios de noviembre familiares de búsqueda, académicos y organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Sheimbaum para solicitarle que abra el proceso de consulta para elegir al nuevo titular.

La ley de búsqueda de personas de la CdMx establece que, a través de la Secretaría de gobierno, debe realizarse “una consulta pública previa a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia”. Los requisitos de esta convocatoria debe incluir que se genere un mecanismo público para presentar candidaturas, que las entrevistas a candidatos sea pública, que toda la información esté disponible para las personas.

La persona que ocupe ese cargo debe tener conocimientos y experiencia en derechos humanos, atención a víctimas y búsqueda de personas.

En la carta, firmada por 40 colectivos de familiares, organizaciones y académicos de la que son responsables Mitzxi Elizabeth Robles Rodríguez- Colectivo Hasta Encontrarles, CDMX y Juan Carlos Gutiérrez- IDHEAS, se solicita que se respete el derecho de las víctimas y la sociedad a participar en la designación de la persona encargada.

“Por todo lo anterior solicitamos respuesta a la presente y le pedimos instruir una reunión urgente con el señor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con quien podríamos revisar los detalles que la ley ordena para garantizar un proceso abierto y transparente, y en particular con participación de las familias de personas desparecidas”.

Falta de interés

El Consejo Ciudadano es un organismo ciudadano de los sistemas de búsqueda de personas, tiene las funciones de proponer acciones para la mejora de los programas, los registros, las capacidades; acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda y dar asistencia técnica a las fiscalías especializadas de cada estado.

“Nos eligieron el 19 de marzo y a la siguiente semana iban a tomar protesta pero empezó el confinamiento y el Congreso canceló la toma de protesta y sin embargo ha pasado el tiempo y no hemos tenido respuesta de lo que se pueda hacer”.

Integrantes electos del consejo han enviado dos cartas para solicitar al Congreso que acelere la toma de protesta, pues las modificaciones a su reglamento les permite hacerlo de manera virtual. 

“Mandamos una carta en agosto 17 de agosto, dirigida a presidenta de mesa directiva y presidente de atención de víctimas  para que nos tomaran protesta de forma virtual, lo que sí se puede  hacer. No nos respondieron de recibido, no hemos tenido respuesta. Después vimos otras vías para intentar que nos escucharan. Parece que no les importa el tema”.

Así mismo se ha denunciado la falta de interés por la participación ciudadana en la discusión y creación de la Ley de Declaración de ausencia en la ciudad de México, uno de los estados que no ha cumplido con esta obligación. Pues aunque ya se aprobó un dictamen, no ha sido con esta participación.

“Durante este semestre se discutió la ley de declaración de ausencia en la ciudad, pero no se fomenta la participación de familiares y organizaciones. El proceso nos preocupa porque al final estuvimos mandando comunicaciones al Congreso como consejeras y consejeros electos para que abrieran el proceso a familias.  No nos llegó invitación ni propuesta para hacer comentarios a la propuesta de ley. Es importante que se haya aprobado el dictamen de la ley, pero no la hemos revisado”, dijo Jorge Ruiz.

A finales de octubre las comisiones unidas de Atención Especial a Víctimas y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobaron el dictamen para expedir la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. Esta Ley deriva de dos iniciativas presentadas por la diputada Jannete Guerrero Maya (PT) y el diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA).

Desapariciones, fosas, omisiones

Desde que existen registros, en la década de los 60, en la ciudad de México se han registrado 2,528 personas desaparecidas en México. “La tendencia del Registro de Personas Desaparecidas es que en este último año hubo incremento en la ciudad a diferencia de otros estados donde parece que ha disminuido”, dice Jorge Ruiz.

Además del aumento de la desaparición, está el tema de las fosas, colectivos de búsqueda han presionado para que se sistematicen posibles puntos de hallazgo y realicen búsquedas porque hay indicios de que pudieran existir en el Ajusco, agregó.

“No hay reconocimiento explícito de las desapariciones, de ese tipo de violencia y quizá ese no reconocimiento retrasa la implementación del Sistema de búsqueda, que está cojo pues sólo opera la Fiscalía Especializada en la materia, porque la Comisión no tiene titular…. Necesitamos acciones concretas para atender esta problemática en la Ciudad de México”, agregó Jorge Ruiz.

Este descuido o desatención de la problemática de desapariciones llevó a la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM) a emitir una recomendación a la Fiscalía General de la capital por deficiencias en la búsqueda de nueve personas desaparecidas entre 2013 y 2019.

Entre las cosas que señaló CDHCM a la fiscal Ernestina Godoy, está el que no se aplicaron protocolos adecuados de búsqueda inmediata, no agotaron las líneas de investigación necesarias y, sobre todo, desestimaron las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. En algunos casos en los expedientes  las desapariciones fueron considerados como “ausencia voluntaria”, y en uno más se hicieron las evaluaciones de riesgo de la víctima… siete meses después de notificarse la ausencia.