Colectivos de rastreadoras se coordinan para salir y buscar a sus desaparecidos en fosas clandestinas. Mientras ellas encuentran, las autoridades borran o maquillan las cifras de los hallazgos y se adjudican el crédito del trabajo de quienes buscan incansablemente a sus seres queridos

Texto y fotos: Lauro Rodríguez / Connectas

—Aquí es el punto.

La brigada de mujeres llegó a un predio a escasos 250 metros de la zona habitada de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Bajo un sol intenso de verano, con machete cortaron la maleza y abrieron camino. Un joven tomó un pico y comenzó a excavar. Minutos después, se escuchó un grito: —¡Alto! Parece que hay un hueso—. Era una fosa clandestina.

En esta búsqueda participaron, de forma coordinada, los colectivos Madres Buscadoras de Sonora, Madres Buscadoras de Jalisco y Jóvenes Buscadores de Jalisco. Habían solicitado acompañamiento a las autoridades de Jalisco, pero no les hicieron caso. Por lo tanto, decidieron acudir por su cuenta. Cuando localizaron los restos humanos, hablaron de inmediato al 911.

—Encontramos una fosa en Tlajomulco, cerca de la sección 18 de Chulavista —dijo al teléfono Ceci Flores Armenta, lideresa de los colectivos Madres Buscadoras. La policía municipal tardó una hora para llegar a asegurar la zona. La fiscalía de Jalisco se demoró otra hora más para arribar a levantar indicios.

Este hallazgo sucedió el 15 de julio de 2022. Los fragmentos óseos fueron recogidos por el forense y llevados a la morgue. Sin embargo, no se sabe qué fue de esa osamenta. No aparece en los datos oficiales que la fiscalía de la entidad entregó vía transparencia para esta investigación. Lo mismo ha ocurrido con decenas de hallazgos más de las rastreadoras.

Lo que ellas hacen afecta a las autoridades. “Al hacer búsquedas y localizar cuerpos evidenciamos el mal trabajo que hay de parte del gobierno”, afirma Ceci Flores.

Mediante documentos oficiales y datos de los colectivos que realizan búsquedas, así como de testimonios, en esta investigación se evidencia que, a pesar de que el trabajo de las rastreadoras es fundamental para las localizaciones de fosas clandestinas, las autoridades no registran la totalidad de sus hallazgos. Invisibilizan la labor de las familias. Es otra forma de desaparecer a los desaparecidos en México, coinciden colectivos.

Las fiscalías de 10 entidades del país no integraron en sus bases de datos 163 fosas clandestinas que 73 colectivos localizaron entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022. Únicamente las fiscalías de Baja California, Guerrero y San Luis Potosí reconocieron que algunos hallazgos fueron producto del trabajo de las rastreadoras. El resto se adjudicó el crédito de las localizaciones.

Para Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y quien da acompañamiento legal a familias de desaparecidos, no informar sobre los hallazgos, no reconocer su trabajo y criminalizarlas es una táctica que busca borrar a las víctimas.

“Desaparecer a los desaparecidos es una estrategia de apostarle al olvido de la memoria colectiva en la que se involucran una serie de acciones de parte de funcionarios de la fiscalía, como son el trato hacia las víctimas indirectas y la falta de investigación”, analiza Ortega.

En los últimos 10 años, las fiscalías estatales de México han registrado el hallazgo de 3,864 inhumaciones clandestinas. De estas, 455 fueron localizadas entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022. Es decir, en promedio se localizan 1.76 fosas diarias durante este año.

En el mismo periodo fueron encontrados 443 cuerpos completos y 810 segmentos humanos, lo que indica que hay 4.84 exhumaciones cada día. De los restos localizados en ese lapso, se identificó un total de 269. Esto quiere decir que hubo solo 1.03 identificaciones forenses al día en todo el país, menos de la cuarta parte de las personas fallecidas encontradas.

Debido a que las cifras oficiales no incluyen todos los hallazgos de las rastreadoras y no reconocen su labor, los colectivos aprovechan las redes sociales y los medios de comunicación para hacer públicos sus resultados. Esta tarea la fortalecieron en 2022. Lo hacen, coinciden, ante la falta de confianza en los datos oficiales.

“Tener puntos positivos (lugar donde hay una fosa clandestina) nos da certeza de llevar un registro y evitar la doble desaparición, sobre todo por parte de la fiscalía de Guanajuato, pues en cada hallazgo de algún sitio de exterminio, fosa clandestina o restos humanos, surge la duda de si se nos da información real y oportuna a las familias”, indica el colectivo Hasta Encontrarte, de esa entidad, en su informe anual de 2022, publicado en febrero.

Una revisión a la información oficial y a la documentada por colectivos encontró discrepancias entre lo que encuentran las familias y lo que reportan las autoridades. Por ejemplo, mientras en Baja California la fiscalía informó de 42 fosas localizadas en 2022, los colectivos documentaron 67.

Otro caso llamativo es el de Jalisco, donde la autoridad informó 34 sepulturas clandestinas. Sin embargo, las rastreadoras dieron con 43. Ahí, las Madres Buscadoras localizaron, en febrero, once fosas en casas abandonadas que colindaban con viviendas habitadas en la colonia Chulavista de Tlajomulco, en plena zona metropolitana de Guadalajara, pero solo cuatro fueron integradas por la fiscalía de Jalisco en la base de datos que entregó por transparencia. Es decir, en los registros la autoridad omitió siete fosas localizadas por los colectivos de rastreadoras solo en este mes.

Experiencias similares se encontraron en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

En estas 10 entidades federativas los colectivos han mantenido su presencia de forma permanente, al menos entre 2021 y 2022, tal como se pudo confirmar en sus redes sociales y con noticias periodísticas de medios locales.

Ortega Montes detalla que las autoridades, además de no registrar los hallazgos de las rastreadoras, también pierden carpetas de investigación. Agrega que por este motivo él ha tramitado seis amparos en Jalisco. Gracias a esta herramienta legal han conseguido que las familias accedan a los archivos de su investigación y, cuando se confirma la pérdida de la carpeta, obligan a las autoridades a abrir una nueva para reiniciar la búsqueda del desaparecido.

Jalisco es uno de los siete estados, identificados en esta investigación, que no reconocen la labor de las rastreadoras en la localización de cementerios clandestinos. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez se ha encargado de adjudicar a su gobierno el crédito de los hallazgos. Afirma que el incremento de fosas clandestinas responde a que en esta entidad federativa hay una estrategia gubernamental para buscar a los desaparecidos.

Sin embargo, los datos encontrados demuestran que los colectivos son los que han localizado la mayor parte de las fosas clandestinas en Jalisco. De las 43 fosas halladas por las rastreadoras, solo 14 aparecen en los registros de la autoridad.

Protocolos de papel

Una pregunta recurrente que reciben los colectivos es: ¿cómo localizan fosas? Hay coincidencia en dos vías. Por un lado, los reportes anónimos son los de mayor frecuencia.

Por redes sociales, vía telefónica o por mensajes de WhatsApp, personas envían información sobre el punto exacto donde se encuentra una fosa clandestina o los vecinos notifican que escuchan movimientos por las noches. Ceci Flores, de Madres Buscadoras, afirma que recibe hasta 10 mensajes diarios de este tipo.

“La página (de Facebook) tiene tanta credibilidad y gracias a eso hemos logrado localizar a muchas personas. Lamentablemente, por falta de recursos no hemos podido dar con más cuerpos porque tenemos muchísima información de diversas partes del país. La falta de recursos es la que ha inhibido nuestras búsquedas”, afirma.

La segunda vía surge cuando las rastreadoras se convierten en investigadoras. Analizan el contexto y emprenden el camino para buscar indicios que las lleven a una inhumación clandestina.

Cuando una persona es víctima de desaparición, inspeccionan la zona donde se le vio por última vez. Revisan cámaras, casas abandonadas, basureros, predios baldíos y hasta cuerpos de agua. Tratan de identificar los puntos en los que pudiera existir un sepelio clandestino.

Si encuentran un indicio, cuentan con dos opciones de búsquedas: esperar a que las comisiones locales de búsqueda determinen una fecha para realizar el trabajo de campo y, con ello, recibir el acompañamiento del Estado, o ir por cuenta propia.

Existen dos documentos a los que deben apegarse las autoridades y las rastreadoras para la búsqueda de fosas: el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense, ambos vigentes a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo con los propios colectivos, las autoridades no los cumplen.

—Estamos haciendo el trabajo del gobierno, que no hace lo que tiene que hacer —advierte Liliana Meza, rastreadora presidenta del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco. Añade que la falla que detectan es que, cuando la búsqueda es acompañada por autoridades, no hay coordinación inmediata. Son apoyadas por la Comisión Estatal de Búsqueda, pero la fiscalía y el Servicio Médico Forense solo acuden si encuentran una fosa. Considera que las tres instituciones deben acompañar a las buscadoras desde el inicio para agilizar los procesos de localización y de extracción de los cuerpos.

En junio de este año, el colectivo Luz de Esperanza recibió información sobre fosas clandestinas en Tlaquepaque, Jalisco. Tras las solicitudes correspondientes, el 19 de agosto, dos meses después, la comisión de búsqueda aceptó otorgar el acompañamiento. Las rastreadoras de diversos colectivos afirman que esa situación es común a nivel estatal, pues la institución solo cuenta con 11 técnicos especializados en labores de campo para buscar a los más de 15,000 desaparecidos en la entidad.

En esa búsqueda, el colectivo Luz de Esperanza localizó un cráneo en una excavación. Se comunicaron con la fiscalía para solicitar el envío de peritos para la extracción. Cuando llegaron las autoridades periciales, tomaron el cráneo descubierto por las rastreadoras. En ese momento, comparte Héctor Flores González, vocero del grupo, advirtieron que en la misma fosa había una bolsa negra con más restos humanos y que los forenses no la extrajeron.

“Dijimos (a la fiscalía) que nosotros no nos íbamos a mover (del sitio). Cómo era posible que solo se llevaran el cráneo de esa persona y quedaran los restos ahí, en la intemperie. Hablamos de nuevo a la fiscalía para comentarle la situación. Gracias a eso, los peritos regresaron”, narra.

Al final, la bolsa con restos humanos sí fue retirada, pero no extrajeron el cuerpo completo. Faltaban los pies, recuerda Flores González. Pese a ello, “las autoridades dejaron la fosa abierta y solo pusieron un acordonamiento. Si algún animal rastrero, perro o criminal se mete y saca los restos, es culpa de la fiscalía por no darle el trato (a la fosa) que debería ser”.

Se solicitaron entrevistas con la fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para conocer su versión de este hecho, pero no accedieron a responder.

El perito forense especialista en genética e investigador de la UdeG, Marvin Rojas, indica que, en identificación de cuerpos, hay especialistas mexicanos que cuentan con los conocimientos y usan tecnología similar a la del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Pero nota dos limitantes en México: deben identificar a miles de cuerpos seccionados y los servicios médicos forenses no cuentan con equipos multidisciplinarios, como marca el protocolo.

El trabajo se multiplica cuando se encuentra un cuerpo humano en secciones, argumenta Rojas. El asunto no es menor en el país. Las fiscalías tienen documentados los hallazgos de 49,152 restos óseos hallados, principalmente en Veracruz, Jalisco y Baja California.

Para identificar un cuerpo se requieren peritos de disciplinas como fotografía, arqueología, arquitectura, medicina, odontología, antropología y genética.

El problema es que no hay personal suficiente en las morgues del país. Principalmente, faltan antropólogos. Rojas describe que una de las principales problemáticas en varias entidades es la ausencia de un antropólogo que vincule fémur con peroné, o clavícula con cuello. “Esa asociación es muy importante”, indica.

En 2021, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México también documentó lo anterior en el informe La crisis forense en México. Los datos de esta organización precisan que en México se contaba con 4,111 peritos involucrados en la identificación forense. Pero solo 30, es decir, el 0.73 por ciento, eran antropólogos.

Ante la falta de especialistas, las familias buscan alternativas. La más frecuente es la capacitación. Acuden a aulas para aprender sobre el marco legal y ciencias forenses. Emmanuel García, perito criminólogo-criminalista, es uno de los expertos que brinda acompañamiento de manera independiente, aunque cuenta con el apoyo del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), que presta sus instalaciones.

Se trata de enseñar a las rastreadoras “los protocolos que existen, que sepan las características que tienen los huesos humanos en comparación con los de un animal para no contaminar la escena”, describe.

El curso incluye, además, la práctica. García utiliza un cuadro de arena en el piso de dos por dos metros. Ese espacio simula una fosa. Cuenta con réplicas exactas de osamentas humanas generadas artificialmente; también consigue huesos de animales en carnicerías.

Sepulta los restos en el cuadro de arena y la búsqueda inicia. Se utilizan palas, picos y varillas. El área intervenida se delimita en nueve cuadrantes y la excavación es en cada uno. Cuando surge el primer resto, se efectúa la prueba. Las aprendices deben determinar si es de humano o animal tomando en cuenta forma, tamaño y color, principalmente.

Colectivos como Luz de Esperanza, Dignidad y Justicia Veracruz, Madres Buscadores y otros han aprendido, además, a investigar en internet sobre protocolos. Toman cursos con las comisiones de búsqueda y acuden a las brigadas para observar y preguntar.

Rastreadoras coordinadas y en equipo

La desgracia de tener a una persona desaparecida genera no solo que las familias se agrupen en colectivos, sino que construyan redes nacionales que trabajan coordinadas en la búsqueda de los más de 108,000 desaparecidos en el país. Con ello, se dan la mano, amplifican su voz y se capacitan mutuamente.

Los colectivos tejen redes estatales y nacionales. Además del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México y la Brigada Nacional de Búsqueda, hay estructuras informales que trabajan con un eslogan: Colectivos Unidos. Esta vinculación permite que, por ejemplo, colectivos de Sonora, Jalisco, Michoacán y Baja California trabajen de la mano en la búsqueda de fosas clandestinas en diferentes estados.

Hay, al menos, dos tipos de acciones: las enfocadas en buscar a los desaparecidos en vida y las que se concentran en rastrear fosas. En las primeras, las buscadoras acuden a hospitales, centros de rehabilitación, centros penitenciarios, psiquiátricos, lugares con alta indigencia y donde pudiera estar recluida una persona contra su voluntad.

Las búsquedas de campo, como se conoce a las acciones de localización de fosas, se encaminan a encontrar indicios que lleven al hallazgo de inhumaciones clandestinas. Para ambos tipos, los colectivos están coordinados unos con otros.

El trabajo que realizan los grupos para encontrar a los desaparecidos bajo tierra es financiado con donaciones. En cada búsqueda, deben cubrir, principalmente, traslados, hospedajes en caso de requerirse, alimentos y herramientas. De acuerdo con información descrita por colectivos para esta investigación, cada persona requiere unos 750 pesos por día de búsqueda si vive en el municipio donde se realizan las acciones. Si es necesario el traslado en avión, el costo sube, en promedio, a alrededor de 5,750 pesos.

¿De dónde sacan los recursos económicos las rastreadoras para hacer esta labor? Por un lado, la mayoría de las buscadoras de los colectivos cuenta con un modelo de donaciones, en especie o dinero. Otras mujeres venden alimentos preparados, organizan rifas, vendimias de comida y bazares.“Nosotros hacemos rifas, vendemos pastel, agua, hacemos un paletón para que con todo lo que se recaude podamos tener nuestras herramientas”, comparte Lidia Lara, líder del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.

Como resultado de esta coordinación y trabajo conjunto, los colectivos lograron localizar, solo entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022, un total de 395 fosas clandestinas. De estas, apenas 221 tuvieron el acompañamiento o la presencia de las fiscalías. Por lo tanto, el resto quedó fuera de los registros oficiales.

“Es un poco desesperante. ¿Hasta cuándo va a haber justicia de verdad? ¿Hasta cuándo vamos a saber lo que está pasando?”, cuestiona Lara.

Anna Karolina Chimiak, co-directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización que da acompañamiento a rastreadoras, considera urgente que las diferentes autoridades trabajen en coordinación con las rastreadoras, reduzcan las cargas laborales y que se realicen búsquedas simultáneas.

“La falta de implementación efectiva de este marco normativo demuestra, por parte de las autoridades, una falta de respeto hacia el trabajo y la lucha y valentía de las familias. Además, evidencia la falta de sensibilidad frente a la gravedad de la problemática que afecta la ciudadanía de forma general”, expone. Opina que las fiscalías y las comisiones de búsqueda suelen trabajar por su cuenta aunque debe existir coordinación, según establece el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue creado, como toda la normativa actual en México para la búsqueda e identificación de personas, gracias a la presión ejercida por las rastreadoras.

Contrario a lo que ocurre con las familias, entre las autoridades puede percibirse una falta de coordinación, incluso en los datos que las dependencias entregaron vía transparencia. Así, se detectó que, para las acciones de registro, tampoco hay un trabajo organizado entre las dependencias desde los estados.

Por ejemplo, la fiscalía de Jalisco no entregó una, sino cuatro bases de datos distintas sobre localización de fosas clandestinas, pues son cuatro subdivisiones las que han buscado y procesado restos humanos desde 2012 a 2022: la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco y la Dirección General en Delitos de Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas. Lo mismo sucede en estados como Oaxaca, que entregó un total de cuatro bases de datos, una por cada región.

Sin embargo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas obliga al Estado mexicano a crear un registro nacional de fosas.

Desde la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se han hecho esfuerzos para la creación de este registro. Presentan avances una o dos veces por año, pero solo contemplan información de este sexenio y no cuentan con datos abiertos para consulta pública.

A pesar de esto, hay una luz que mantiene esperanzadas a las familias y a las organizaciones que las acompañan: la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que arrancó operaciones este año. Las buscadoras tienen la expectativa de que será una de las acciones clave para que su trabajo dé como resultado una mayor identificación de cuerpos.

Desde su dolor, las rastreadoras no solo exigen a las autoridades que generen proyectos eficaces o invitan a la población a que se sume a las búsquedas, sino también ruegan a los criminales que finalicen las desapariciones de personas.

El colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme Sonora, publicaron el 7 de julio una carta que busca que los delincuentes no envíen a fosas clandestinas a los desaparecidos:

“Si los matas, no los desaparezcas. Déjalos donde los encontremos. Si algo te debían, con su vida ya pagaron. No seas tan inhumano. No solo les hiciste daño a ellos, nos dañaste a toda la familia. Si aún los tienes con vida, devuélvelos, te lo suplico, por favor. Si desapareces a nuestro ser querido, no lo entierres, no lo dejes en un lugar donde no podamos encontrarlo, no lo quieras borrar de la tierra, no lo quemes, por favor. Ayúdanos a que no pase eso; al fin, ya está muerto, tu objetivo ya lo cumpliste”.

En medio del dolor por la desaparición física y la desaparición de los registros oficiales, hay una promesa de una madre a su hijo desaparecido: buscar hasta encontrarlo.

Para esta investigación se buscó a las fiscalías de Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Guerrero, pero al cierre de edición no se tuvo respuesta alguna.

*Esta investigación fue realizada por Guillermo Rivera y Lauro Rodríguez para CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.

*Esta es la segunda entrega cuya versión original puedes leer aquí.

Primera parte:

¿Quién teme a las rastreadoras?