En lo que va del año, suman 41 menores migrantes no acompañados que han desaparecido mientras se encontraban bajo custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. Mientras tanto, se calcula que el 13 por ciento de las víctimas de trata en nuestro país son mujeres y niñas extranjeras, principalmente centroamericanas

Texto: Karen Cano/La Verdad Juárez y Aletse Torres/ZonaDocs

CIUDAD JUÁREZ.- Juana Alicia y Daniela Alejandra tienen 17 años; Yajaira, Juana Macario, Elizabeth y Juana Marleny, 16; Maricela, 15 y Elsa, 14 años. Todas son migrantes no acompañadas reportadas como desaparecidas por los albergues donde se encontraban resguardadas y bajo la custodia del Estado en Ciudad Juárez.

Los reportes de ausencia de las ocho adolescentes procedentes de Centroamérica se activaron de manera escalonada entre el 17 y el 25 de julio, de acuerdo con datos oficiales.

Las autoridades de Chihuahua las buscan con pesquisas donde reportan que las adolescentes “salieron sin autorización” del lugar en el que se encontraban a la espera de ser reunificadas con sus familias en Guatemala, Honduras y Nicaragua, tras su fallido intento de cruzar a Estados Unidos.

“Su trámite ya estaba resuelto, solo estaban en espera de ser trasladadas a sus ciudades de origen, se determinó que no corrían riesgo, se habló con sus familias y eso fue lo que pidieron (…) fueron canalizadas, pero al final del día decidieron salir del albergue”, dijo José Alfredo Villa Sánchez, director del Centro de Asistencia Social para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en Situación de Migración “Nohemí Álvarez Quillay”.

Ese albergue reportó la desaparición de Juana Macario Cocinero, de Guatemala, a quien no se localiza desde el pasado 20 de julio. Las otras adolescentes se encontraban en YMCA, de donde Maricela Tol Tzoc, Juana Marleny Ceto Cabo, Elizabeth Cuin Mejía, Daniela Alejandra Salcido Sierra y Juana Alicia Tol Tzoc desaparecieron el 17 de este mes, mientras que Yajaira del Carmen Dolmos Parrilla y Elsa María Quino Pol, el día 25.

Omisión estatal

Para Catalina Castillo Castañeda, representante de la Red de la Infancia en Ciudad Juárez, esta situación exhibe una clara omisión por parte del Estado.

Se está violentando el derecho a la protección de la infancia migrante y se falla en la implementación de medidas de seguridad, porque son adolescentes sin la protección que necesitan para su sobrevivencia y seguridad, afirma.

Castillo Castañeda advierte que al encontrarse sin supervisión ni cuidado, la preocupación es que las adolescentes puedan ser fácilmente interceptadas por el crimen organizado, para su abuso y explotación.

“Todas esas problemáticas que ya tenemos las ponen a ellas en un mayor riesgo porque, además, ¿Quién las va a buscar? ¿Quién va a solicitar algo por ellas?”, cuestiona.

Comenta que preocupa la vulnerabilidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes en los albergues, porque estos lugares tienen un déficit en su capacidad de cuidado y de perspectiva de derechos humanos.

“Hay una ausencia del Estado y es una complejidad más de este sistema tan ausente de las políticas públicas a favor de las niñas, niños y adolescentes”, agrega.

Considera que la situación exhibe también que el estado está rebasado ante la cantidad de NNA migrantes no acompañados que arriban a esta frontera con la intención de cruzar a Estados Unidos.

En estas circunstancias, añade, las necesidades de seguridad y protección de la infancia migrante son más apremiantes, toda vez que no cuentan con nadie que les busque o abogue por ellas, por encontrarse en un lugar alejado de sus familias. 

Enrique Valenzuela Peralta, titular de la Coordinación Estatal de la Población (Coespo), instancia en la que recae la atención a migrantes, considera que pese a los esfuerzos del Estado para con los NNA migrantes no acompañados, la cantidad en la que estos grupos han llegado a la frontera desafía al sistema de albergues.

No solo por el espacio sino por la capacidad operativa de estos centros, explica.

“Estos adolescentes no quieren permanecer estáticos, quieren continuar su trayectoria y es algo que de alguna manera traen consigo desde que partieron de sus lugares de origen, qué más quisiéramos tener la oportunidad para hacer otra suerte de actividades y salir y acompañarlos pero la capacidad operativa no nos alcanza para poner un marcaje personal a cada niño”, dice.

Más desapariciones 

En lo que va del año, suman 41 NNA migrantes no acompañados que han desaparecido mientras se encontraban bajo custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua.

Datos otorgados por la Procuraduría indican que del 2019 a la fecha son en total 75 infantes que han salido de albergues de acogida sin autorización.

Villa Sánchez indica que en muchos fueron encontrados ya con sus familias o incluso en Estados Unidos, tras haber logrado cruzar en otro intento; sin embargo, ni la Fiscalía General del Estado ni la Procuraduría informaron cuántas de estas personas menores de edad aún permanecen sin localizar.

“Antes de noviembre del año pasado estábamos en un rango de 30 o 40 que eran los que estábamos recibiendo mes a mes; pero después hemos estado manejando cifras alrededor de los 100”, explica Villa Sánchez, quien precisó que actualmente son 90 los NNA que están bajo reguardo de la procuraduría y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“No están detenidos, no cometieron ningún delito, solo les estamos resguardado y protegiendo, si su intención es llegar a Estados Unidos ven una oportunidad y se van, se brincan bardas, aprovechan que sus cuidadores se entretienen con alguna tarea y salen”, explica Villa Sánchez.

En Ciudad Juárez, son tres los albergues de acogida exclusivos para NNA migrantes no acompañados: Casa YMCA, el Nohemí Álvarez Quillay y Casa México mi Hogar. A estos, se suman otros 4 que reciben NNA tutelados por el DIF, aunque no exclusivamente de procedencia extranjera.

Al ser cuestionado respecto a las medidas que se toman al interior de estos lugares una vez que ocurren estas desapariciones, Villa Sánchez indicó que los esfuerzos no se abocan en añadir vigilancia a los NNA en resguardo, sino en convencerlos de que es mejor ser pacientes y esperar que su situación migratoria se resuelva.

En todos los casos, indica, al momento de detectar la ausencia de la niña, niño o adolescente se hace un recorrido por lugares aledaños para tratar de ubicarle, si no se logra esto, entonces se hace el reporte debido a las autoridades y a sus familias.

Después, se habla con el resto de las niñas, niños o adolescentes, explicándoles de los peligros de salirse del refugio.

“Nosotros como sociedad debemos de ser conscientes de esta parte, de nada nos sirve poner 100 personas cuidando un niño porque ¿cómo se va a sentir?. Se les brinda la protección y el apoyo, se determina cuál es el interés de ellos, pero tenemos que cambiar esa visión, pues no están detenidos”, añade.

Este medio buscó la versión de los responsables de Casa YMCA, pero declinaron hacer alguna declaración sobre el tema. Este albergue reinició a principio de este mes la recepción de NNA migrantes en esta frontera.

25 por ciento de las víctimas de trata en Norteamérica son migrantes

GUADALAJARA.- Como muchos activistas han denunciado, el territorio mexicano entraña un gran riesgo para las y los migrantes. De hecho, en nuestro país el 13% del total de las víctimas de trata son personas extranjeras. Y de éstas el 88 por ciento son mujeres provenientes de al menos 28 países del mundo, en su gran mayoría de Sudamérica y Centroamérica, de acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019. Asimismo, el 25 por ciento de las víctimas de trata en Norteamérica serían migrantes.

En el marco del Día Mundial contra la trata de personas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) llevó a cabo el conversatorio “Miradas del sur: la trata de personas en el contexto migratorio”, como parte de la serie de conversatorios Corazón Azul: Uniendo voces contra la trata de personas.

El objetivo de este diálogo entre personas expertas y autoridades fue visibilizar este grave delito y su impacto en la frontera sur de México, particularmente en las poblaciones migrantes, además de generar el diálogo entre diversos actores y el ejercicio de buenas prácticas en la materia.

La trata de personas es un grave delito y violación a los derechos humanos; si bien, cualquiera puede ser una de sus víctimas, algunos sectores de la población son más vulnerables a caer en estas redes. Particularmente, las personas en movilidad humana, que no gozan de sus derechos al tránsito libre y seguro quedan en un mayor grado de desprotección y son propensas a ser víctimas de este crimen.

Al respecto, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Director General de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reconoce que estas rutas se vuelven peligrosas y solitarias debido a la falta de vigilancia y apoyo de las autoridades gubernamentales, facilitando la captación de las personas migrantes por el crimen organizado.

Por su parte, Dana Graber, representante-jefa de Misión de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), advierte, respecto a las personas tratantes, que el uso de plataformas digitales ha sido una forma de aproximarse a sus víctimas, haciéndose pasar por “amigos” o “amigas” en las redes sociales, jugando en línea con menores de edad o anunciando “trabajos”, aprovechándose de la situación de desempleo.

Como muestra de ello, en 2020 el 22% de las personas tratantes utilizaron las redes sociales para atraer a sus víctimas, mostrando un incremento tres veces mayor respecto al año pasado, según el primer Informe de Trata de Personas (2019 – 2020), del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

¿Qué factores incrementan el riesgo en el contexto migratorio?

En su experiencia, Gladys Eelena Bonifaz, encargada de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Chiapas, ha detectado que uno de los principales factores de riesgo es la falta de comunicación entre las familias. Considera que estas situaciones pueden llegar a ocasionar en la persona un vacío emocional que fácilmente puede “ser llenado” a través de “una supuesta pareja o que les dé la promesa de una nueva familia”.

Otro factor, precisa, es el deseo de una mejor calidad de vida, las “ganas de salir adelante”. Este mismo discurso ha sido utilizado “como carnada” por las personas tratantes, quienes se han aprovechado de esta búsqueda legítima para lucrar con sus vidas.

Claudia Maselli, Procuradora Adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, advierte también que la falta de ingresos es usada por los autores del delito, prometiendo un trabajo que “sacie” todas sus necesidades. A su vez, la falta de conocimientos de sus derechos y el poco o nulo acercamiento a las autoridades, les deja en una situación llena de amenazas de muerte o de retorno a sus países.

Para Elsa Simón, directora de la organización Por la Superación de la Mujer A.C. la soledad juega un papel importante, así como, la falta de redes de apoyo, de recursos y de conocimiento, las cuales orillan mayormente a las mujeres o infantes a aceptar la “invitación” a espacios donde terminan explotándoles sexual y laboralmente.

¿Cuáles son los retos?

Para las personas expertas, defensoras y autoridades en la materia, el reto social y estructural está en entender que las personas son vulnerables no por su situación de movilidad, sino por las condiciones de riesgo a las que están expuestas.

En opinión de Juan Meixueiro integrante de la CNDH, resulta urgente implementar las sanciones correspondientes a las personas tratantes y, en el caso de las víctimas, apoyarles y acompañarles en todo su proceso, tanto jurídico como psicológico. Sobre esta población en especificó, puntualiza que es necesario analizar el contexto de las víctimas, reconocer si viven xenofobia, discriminación y/o exclusión, y encontrar si su situación facilita que “caigan” en estas redes.

¿Qué acciones deben tomarse?

La situación de la frontera sur es compleja, no existe un conocimiento como tal del delito de trata por parte de la población lugareña ni de quienes llegan. Por ello, el agente migratorio José Cruz del Instituto Nacional de Migración (INM) precisa que se debe realizar un trabajo en conjunto entre las instituciones, las autoridades gubernamentales y la sociedad civil.

La capacitación y formación del personal de estas dependencias es, además, fundamental para crear mecanismos con un enfoque de derechos humanos y de género que ayuden a detectar A quienes están siendo víctimas de trata. Aunado a ello, es urgente la implementación de los protocolos de atención y apoyo a las y los sobrevivientes; estos últimos son vitales para una valoración adecuada acorde al perfil de cada persona.

Por último, para Maselli es necesario reconocer la diversidad de los flujos migratorios, así como, sus necesidades, para atender y erradicar esta problemática nacional e internacional:

“Nos la pasamos echando culpas, señalando que no se está haciendo nada, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Es momento de ayudarnos entre todos y construir un mejor futuro” finalizó.

Puedes ver el conversatorio completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/125269014208515/videos/1748996075309336

**Este trabajo fue realizado por LA VERDAD y Zona Docs, que forman parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.