Tras denunciar abuso sexual por parte de directivos de la cooperativa Cruz Azul, Patricia fue acusada de falsedad de declaraciones y un juez determinó que se le debía dar prisión preventiva, por lo que permanece en el penal de Santa Martha, donde fue amenazada de muerte

Texto: Lydiette Carrión

Fotos: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricia N acusó en 2017 a dos directivos de la cooperativa Cruz Azul por acoso y abuso sexual. Hoy, la mujer se encuentra en prisión preventiva desde hace tres meses. Esto porque los hombres que ella acusó la denunciaron a su vez por “falsedad de declaraciones”. Además ha sido amenazada de muerte en prisión.

La defensa de la mujer está preocupada por la seguridad e integridad de Patricia.

El delito de falsedad de declaraciones, según la ley, no acredita prisión preventiva. Pero un juez determinó que como la mujer vive en Morelia, pero la denuncia fue radicada en Ciudad de México, entonces debería pasar el proceso en prisión preventiva. 

La historia la cuenta Olivia Rubio, abogada de Patricia, en entrevista telefónica. 

El problema inició desde 2015, cuando el padre de Patricia falleció. La familia tenía una distribuidora de cemento Cruz Azul en el estado de Michoacán, y cuando su padre murió, Patricia debió hacerse cargo del negocio familiar.  

Así que la mujer comenzó  a viajar a Ciudad  de México y a tener reuniones con el gerente de la zona centro. “Ellos la citaban en restaurantes de hoteles, y tienen una interacción fuera de lo estrictamente laboral. Ellos le piden que tengan relaciones sexuales con ellos”, acusa Olivia Rubio, defensora de Patricia. 

Patricia se negó, pero, como muchas mujeres que han sido víctimas de este tipo de acoso, trató de sortear el problema. No quería tener un rompimiento frontal con sus agresores, ya que de quedarse sin la distribuidora, dejaría sin empleo a su familia y a 30 familias más. Entonces así pasó prácticamente medio año en el que cada vez que veía a estos dos individuos, Víctor y Jorge N., ella trataba de concentrarse en lo estrictamente comercial, pero sufrió acoso e incluso tocamientos. 

“[Patricia] menciona diversas ocasiones en las que la tocan, la acosan y abusan. Y específicamente el 22 de noviembre de 2016, estando en el bar del hotel Camino Real de Polanco. Ahí la empiezan a acosar y a tocar; luego uno de ellos le pide que Patricia lleve al gerente de ventas a su domicilio. Y Patricia lo llevó  a su casa, pero en el trayecto el abuso y el acoso es mucho mayor, hasta que ella le pide que se detenga”.

Así fue como la agredió. 

Como una enorme cantidad de mujeres que son víctimas de agresión y violación, en un principio Patricia no sabía si debía denunciarlos. “Ella se va muy consternada con este tema de denunciarlo o no, y con las consecuencias que esto tiene”. 

Pero finalmente, el 13 de marzo de 2017 decidió interponer una denuncia. Esto es, Patricia procedió legalmente casi cuatro meses después de la agresión. 

Imprecisiones

En este momento se sumaron varios problemas, explica Rubio. Patricia no es oriunda de Ciudad de México, y al denunciar cae en imprecisiones de lugares y el día; además de que las interacciones y agresiones que ella había sufrido por parte de los dos individuos habían sido diversas. En suma, Patricia no contó en aquel momento con una asesoría adecuada para rendir su declaración. 

Sin embargo, estas imprecisiones sí fueron corregidas durante los meses siguientes, conforme se fue integrando la carpeta de investigación, asegura la abogada. 

Otro problema, a decir de Rubio, es que el ministerio público en Ciudad de México inició el expediente por el delito de “trata de personas”, cuando debió ser por abuso y violación. Al iniciar por el delito de trata de personas, este no podría ser probado. Esto generó de nueva cuenta que en un momento dado del proceso el ministerio público tuviera que rectificar, dejar un desglose e iniciar un nuevo proceso de integración por abuso y violación.

Pero todos estos errores fueron aprovechados por la defensa de Víctor y Jorge, quienes entonces acusaron a Patricia por falsedad de declaraciones. 

La corrupción, como telón de fondo

En junio de este año, Patricia fue detenida en su estado natal, Michoacán, y fue trasladada hasta Ciudad de México, acusada de falsedad de declaraciones. Como la mujer vive en Michoacán, el juez determinó que se le debía dar prisión preventiva, así que la ingresan en el Reclusorio Norte y posteriormente en Santa Martha. 

En aquel momento, redes sociales afines a la cooperativa cementera publicaron un video acusando a Patricia y celebrando que se encuentre detenida. A ella la acusan de ser “ahijada” de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, quien fuera presidente de la cooperativa Cruz Azul, actualmente prófugo de la justicia, buscado incluso por la Interpol. Billy Álvarez está acusado de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Éste es un personaje muy odiado entre los cooperativistas, así que esto generó mucho encono en contra de Patricia.

Jorge y Víctor (N) son dos líderes de la cooperativa opositores a Billy Álvarez. Así que hubo varias comunicaciones en redes sociales en las que se acusó a Patricia de ser utilizada por Billy Álvarez para golpear a sus enemigos políticos. En 2020, se acusó a Patricia de que su denuncia obedecía a que su distribuidora tenía un adeudo millonario hacia Cruz Azul. Cabe recordar, sin embargo, que Patricia había tomado posesión de la distribuidora apenas unos cuantos meses antes de los hechos y la denuncia. 

Respecto a la relación familiar entre Billy Álvarez y Patricia, la defensa de esta última niega que exista. 

Una detención fuera de proporción

Después de que Patricia fuera detenida en junio pasado, su defensa denunció en redes sociales lo irregular del encarcelamiento. Entonces, la mujer sufrió una amenaza al interior del mismo penal. 

“Una compañera que también está privada de la libertad le dice: ‘ven, te tengo que comunicar’”. Luego, la interna marcó un teléfono y le pasó el aparato a Patricia. Ahí una voz le advirtió que “le baje” o la matarían, explicó la abogada Olivia Rubio.  

Patricia denunció el hecho a la jefa de custodios, quien llamó a la interna que le dio el mensaje. Esta admitió los hechos y aseguró que otra reclusa le pidió que lo hiciera.

“Estamos muy preocupadas por Patricia, a raíz de esto, ella presenta afectación psicoemocional. Ella estaba siento atendida en el Instituto Nacional de Psiquiatría, por depresión detonada por la agresión sexual. Cuando entra al reclusorio, ella sufre un periodo de depresión mayor e incluso nosotros solicitamos un dictamen, con el peligro de un desenlace desafortunado”.