Los defensores son denunciados y hasta apresados como parte de su protesta contra proyectos mineros, agroindustriales y energéticos. En la mayoría de los casos es el Estado el que los ha denunciado por obstrucción de vías públicas o disturbios, pero también por extorsión y terrorismo.

Texto: Michelle Carrere, Vanessa Romo/Mongabay

Fotos: Mongabay

4 mayo 2021.- Wbeimar Cetina recuerda con una claridad estremecedora los catorce meses en la Cárcel de Arauca, en Colombia, aislado y sin poder recibir visitas por la pandemia. Entre esas cuatro paredes recreaba los últimos momentos vividos con su familia. También volvía una y otra vez sobre los eventos del 10 de febrero de 2020, el día en que un grupo de policías armados con fusiles llamaron a la puerta de su casa para llevárselo preso. Lo acusaron de financiar y ser parte de la guerrilla colombiana. Cetina dice que quien protesta contra la empresa petrolera en Arauca, se convierte de inmediato en un aliado de la subversión.

Siete meses antes, en su Arauca natal, Wbeimar Cetina lideró una gran marcha, como presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, contra lo que ellos consideran abusos ambientales y laborales de la empresa petrolera Occidental de Colombia (Oxy), la que opera en la zona desde la década de 1970. “En este tiempo han acabado con un santuario indígena, han desplazado comuneros y hemos denunciado constantemente derrames de crudo”, dice el líder comunal. La última de estas protestas, la de julio 2019, lo llevó a prisión.

Junto con Wbeimar Cetina, otros seis líderes de Arauca están siendo procesados por rebelión y hasta terrorismo por esa misma protesta y cuatro de ellos están en prisión. Esto le costó al dirigente comunal no solo catorce meses de privación de libertad sino también la ruptura del vínculo familiar. Por eso repite que la cárcel le arrebató hasta su hogar. Ahora espera con temor el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la apelación presentada por la contraparte, pues sabe que su libertad depende de esa decisión.

Lo que ocurrió con Wbeimar Cetina no es un caso aislado. América Latina es un lugar peligroso para los defensores ambientales no solo porque los matan, sino también porque los demandan o criminalizan. Según Front Line Defenders, este es el tercer ataque más recurrente cuando se habla de las amenazas contra líderes y lideresas de la región. La información que da cuenta de este problema, sin embargo, se encuentra muy dispersa. Laura Furones, líder de campaña de Global Witness, reconoce que harían falta muchos más recursos para poder identificar y sistematizar los casos en cada uno de los países de Latinoamérica. Un tema adicional —dijo a Mongabay Latam, Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU)— es el subregistro de actos de criminalización de quienes defienden el medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional”.

Mongabay Latam rastreó en Ministerios Públicos, fiscalías, defensorías del pueblo y 11 organizaciones de derechos humanos de Colombia, México, Ecuador y Perú los casos de defensores ambientales que enfrentan hoy procesos judiciales y construyó una base de datos para dibujar el rostro de esta criminalización.

¿Quiénes son? ¿Qué recursos defienden? ¿Quiénes los denuncian y por qué?

Lo que dicen los datos

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la criminalización de defensores ambientales ocurre precisamente cuando “el sistema penal de justicia es manipulado” para impedir que estos realicen su labor de defensa de los territorios y del medio ambiente.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Perú (IDL), añade que en estos casos hay dos elementos que deben estar presentes: que la persona denunciada tenga una relación directa con el reclamo o protesta y que los hechos imputados a la persona sean por la defensa de los intereses de una comunidad. “Esto ayuda en un porcentaje importante —explica Rivera— a identificar un acto de represión por la condición de dirigente, por haber levantado su voz de protesta o haber expuesto públicamente los intereses de algún grupo económico contrarios a su comunidad”.

Siguiendo los criterios de la CIDH y de IDL, Mongabay Latam revisó los listados de casos detectados por más de una decena de organizaciones de derechos humanos en Colombia, Perú, Ecuador y México. Luego de filtrar la información y de corroborarla identificamos que por lo menos 156 defensores ambientales tienen procesos judiciales activos en estos cuatro países por ejercer su labor como activistas.

La investigación reveló que en Perú existen 77 casos activos, 36 en Colombia, 22 en México y 21 en Ecuador. Del total de defensores judicializados, 132 son hombres y 24 son mujeres, y 37 de ellos son pobladores indígenas de la Amazonía de Perú y Ecuador.

La situación es tan agobiante y peligrosa en algunos casos, que 13 de los demandados han solicitado mantener en reserva sus nombres por miedo a las represalias y la estigmatización que viven por ser víctimas de esta criminalización.

También identificamos que los sectores más problemáticos que derivan en conflictos ambientales con casos de criminalización asociados, son la minería y la agroindustria, con 58 y 34 personas respectivamente que tienen procesos penales activos. Los delitos más frecuentes por los que se les acusa son obstrucción de vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje.

“La criminalización de los defensores del medio ambiente en América Latina ha sido un problema desde que he trabajado con defensores de derechos humanos”, aseguró Lawlor y agregó que “desde que comencé con el mandato, defensores y la sociedad civil me han señalado repetidamente estos casos”.

Minería: el sector que más demanda a los defensores

En la casa de Virginia Pinares, en Cotabambas, sierra de Perú, se vive en constante tensión desde hace seis años. Ese es el tiempo que ha pasado tras la protesta que encabezó junto a otros dirigentes contra la mina de cobre Las Bambas, una de las más grandes del mundo. Seis años en los que los pobladores de las comunidades aledañas al proyecto han exigido se detenga el daño ambiental al que aseguran están expuestos por el paso constante de camiones que cruzan sus tierras cargados de residuos y minerales. También es el tiempo que lleva Pinares recorriendo un largo camino cada mes para firmar ante un juzgado un documento que certifique que sigue viviendo en el mismo domicilio, una de las reglas de conducta que demanda el juez mientras dure el proceso. Seis años en que no han cesado las denuncias que se abren en su contra y se cierran por falta de fundamentos.

“¿Qué has ganado con todo esto?”, cuenta que le dice siempre su hija de 13 años. Pinares la escucha, pero resiste en la defensa del territorio, aunque ya no desde un puesto dirigencial.

“Esto es lo que causan las judicializaciones”, dice David Velazco, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). Desde la judicialización a más de 21 dirigentes por la protesta realizada en septiembre de 2015 contra Las Bambas, nadie quiere ser dirigente por miedo a represalias.

MMG Las Bambas, subsidiaria de la china MMG Limited y la contraparte en este conflicto, no respondió hasta el cierre de este reportaje a las preguntas enviadas por Mongabay Latam.

El escenario peruano es particular, no solo porque es el país donde se encuentra la mayoría de defensores judicializados, 77 personas, sino porque más de la mitad de ellos, 44 para ser precisos, enfrentan demandas relacionadas a conflictos con proyectos mineros.

El caso de Virginia Pinares es uno de los más emblemáticos por la cantidad de procesados que tiene. De los 21 defensores con los que inició el caso, quedan 18 dirigentes con procesos activos que desde el 2015 tienen que enfrentar cargos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir.

Pero también otros 11 defensores están acusados de extorsión, disturbios y violencia contra la autoridad tras protestar en 2012 en contra del proyecto Conga de la Minera Yanacocha S.A. Según dicen los defensores, sus fuentes de agua más importante desaparecieron como fue el caso de la laguna Yanacocha. Además, otras cinco personas enfrentan cargos tras ser acusados de entorpecer el funcionamiento de servicios públicos durante las manifestaciones de 2011 en contra de las actividades de la minera canadiense Bear Creek Mining Corporation. El temor de los comuneros era que el proyecto Santa Ana, el cual iba a ser desarrollado por esa compañía, contaminara el agua con el que desarrollaban sus proyectos agrícolas.

A esta lista se suman 10 indígenas awajún que han sido demandados por mineros ilegales en el Cenepa, en la selva norte peruana. El único nombre que se puede mencionar es el de Agoustina Mayán, por su liderazgo público. El acoso constante de los mineros ilegales a los indígenas awajún los obliga a tener un perfil bajo al resto de dirigentes y mantenerse en el anonimato.

En Ecuador, 14 personas, todos indígenas shuar, enfrentan procesos penales por defender la tierra y el agua de las operaciones de dos empresas mineras: Ecuacorriente S.A (ECSA) y Explorcobres S.A, ambas pertenecientes al consorcio chino CRCC-Tongguan.

La mitad de los conflictos mineros que han dejado a su paso defensores criminalizados han ocurrido en la Amazonía y todas esas víctimas, 31 en total, son indígenas. Según, Lawlor “en muchos países han sido los indígenas, los afrodescendientes y los defensores de zonas remotas los que han sido atacados con mayor frecuencia”.

Los pueblos indígenas que defienden la Amazonía

En Nankints, una pequeña comunidad en la Amazonía sur del Ecuador, vivían 32 indígenas shuar. Ahora, no queda nada, ni una sola casa, ni un solo vestigio de la vida que allí tuvieron las ocho familias que se vieron obligadas a refugiarse en poblaciones vecinas. El 11 de agosto de 2016, un piquete de policías con una orden judicial desalojó a la comunidad con el argumento de que la tierra en la que habían vivido toda su vida era de propiedad de la compañía minera Explorcobres SA y, por lo tanto, la estaban invadiendo.

Cuatro años después, ninguna de las 32 personas ha logrado regresar a lo que fue Nankints. Ni los reclamos ni protestas permitieron cambiar el rumbo que había tomado la pequeña comunidad shuar, hasta que un día los líderes decidieron dar lo que llamaron “un golpe” al campamento minero que se había instalado en sus tierras. Hoy, 12 indígenas shuar, entre líderes y comuneros, enfrentan proceso judiciales por delitos que van desde paralización de servicios públicos e incitación a la discordancia entre ciudadanos hasta asesinato.

“Nankints es un caso paradigmático de criminalización de defensores ambientales porque se anularon las libertades civiles e individuales”, comenta Lenin Sarzosa, abogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Por esa protesta, cada dirigente contaba con cuatro a cinco expedientes judiciales. Además, “si existían asambleas o actos de protesta, los dirigentes eran notificados de inmediato para acudir a la fiscalía. La judicialización se convirtió en una herramienta de chantaje constante a defensores”, dice el abogado.

Explorcobres SA, por su parte, señaló que “no hemos desalojado arbitrariamente a ninguna familia ni persona shuar, muy por lo contrario, la justicia ecuatoriana ha demostrado que los terrenos invadidos fueron adquiridos legalmente a propietarios mediante escrituras de compraventa”.

Además, agregó que el campamento minero ha sido víctima desde el 2006 de “múltiples ataques armados e incendios”, siendo el último ataque armado en el año 2020. Por esos últimos hechos, la empresa aseguró que inició nuevos procesos legales.

Tanto en los casos de Ecuador como Perú, los delitos que se les imputa a los pobladores indígenas amazónicos son a raíz de las manifestaciones que las comunidades realizaron en contra de las actividades de empresas privadas o de políticas públicas que han buscado facilitar el ingreso de proyectos extractivos en la Amazonía.

Otro ejemplo que grafica lo mencionado es el Baguazo, uno de los mayores conflictos ambientales en el Perú. Este ocurrió el 5 de junio 2009, cuando miles de indígenas wampis y awajún se reunieron en un sector llamado la Curva del Diablo y tomaron una estación petrolera para protestar en contra de dos decretos legislativos promulgados por el gobierno del expresidente Alan García y elaborados en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio con EU. Ambos decretos apuntaban a reducir la capacidad de decisión de los indígenas amazónicos y campesinos sobre sus tierras frente a la instalación de proyectos extractivos.

Ese día, 10 policías y 23 civiles murieron durante el enfrentamiento y 53 indígenas fueron acusados por los delitos de homicidio calificado, desorden público y obstaculización a los servicios públicos. Hoy, 11 años después, seis indígenas wampís y awajún mantienen procesos penales activos. Tres de ellos son denunciados por entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín por la toma de la estación petrolera 6 del Oleoducto Norperuano, de la empresa estatal Petroperú.

“Las protestas sociales no deben tener una respuesta judicial, sino una respuesta política. Si el Estado hubiese atendido las demandas legítimas de los indígenas, como lo que pasó en el Baguazo, ese enfrentamiento se pudo evitar”, dice Juan Jose Quispe, el abogado de IDL que lleva el caso.

Los conflictos con la agroindustria

Después de la minería, la agroindustria es la actividad que tiene más defensores ambientales demandados: 34 casos entre Perú y Colombia. La mayoría de estos conflictos involucran a empresas productoras de palma aceitera, uno de los monocultivos responsables de la deforestación de grandes extensiones de bosque en América Latina.

La historia de la comunidad shipibo Santa Clara de Uchunya, en Perú, es uno de esos casos. Sus dirigentes llevan más de 20 años pidiendo que el Estado les reconozca la ampliación de su territorio hacia zonas consideradas ancestrales. Mientras tanto, se enfrentan desde el 2014, a invasores de tierras que no solo deforestan los espacios que la comunidad demanda, sino que consiguen constancias de posesión sobre los terrenos. Según señalan los líderes shipibo y su defensa, sobre esas tierras luego se han expandido cultivos de palma.

Algunos de los invasores que han ocupado los territorios que demanda la comunidad, han denunciado a seis indígenas shipibo por hurto agravado, lesiones leves y daños a la propiedad. “A veces los dirigentes han recibido denuncias de los mismos invasores porque decomisaron una motosierra dentro de propiedad indígena”, dice Álvaro Másquez, abogado de IDL. “Ellos están ejerciendo justicia indígena y están amparados por la constitución para hacerlo. Pero no están protegidos contra eso, sino que se les abre procesos para impedir su labor de defensa”, asegura.

El abogado agrega que la contraparte en el conflicto también es la empresa Ocho Sur P SAC. Este conflicto se originó por un reclamo tanto de la comunidad como de la empresa por las tierras del fundo Tibecocha, las que actualmente son utilizadas para el cultivo de palma. “La empresa Ocho Sur P SAC señala que tiene 222 contratos de compra venta como prueba de esta legitimidad sobre las tierras. Sin embargo, estas personas que vendieron esas tierras fueron denunciadas por la comunidad por tráfico ilegal de tierras”, dice.

Mientras tanto, añade Másquez, la comunidad de Santa Clara de Uchunya reclama esas tierras a través de derechos ancestrales que se le reconocen a los pueblos indígenas. “IDL y la comunidad creemos que el criterio lo marca el derecho y este establece que debe preferirse en estos casos el reconocimiento territorial de los pueblos indígenas que han estado en esas tierras desde antes de la creación de la República”, señala.

Ocho Sur P SAC, por su parte, asegura que el 100% de sus tierras fueron adquiridas en subasta pública en una entidad fiduciaria del sistema bancario nacional, “la cual hizo un análisis exhaustivo respecto de la situación legal de las tierras”. Además, asegura que la empresa no ha aumentado la frontera agrícola y que “con la tecnología satelital hoy disponible es completamente posible verificar la verdad de esta declaración”.

“Rechazamos toda forma de actividad ilícita, particularmente, cualquier acción que atente contra los derechos humanos de los pueblos indígenas”, señaló la empresa mediante un correo electrónico. La empresa asegura que no ha invadido terrenos.

Pero además de la agroindustria, otros defensores están judicializados por defender el ambiente de la extracción de hidrocarburos, como es el caso de Arauca con el que iniciamos este reportaje, y de ciertos proyectos energéticos como el del Proyecto Integral Morelos, en México. Otros sectores como el de construcción y hasta el textil también tienen conflictos ambientales donde los defensores están actualmente criminalizados.

La participación del Estado

Según el análisis de los datos, en 118 de los 156 casos, las demandas contra los líderes se originaron por conflictos ambientales con empresas privadas. Sin embargo, en la mitad de esos casos, es el Estado el que los denuncia la mayoría de las veces por atentar, durante las protestas o manifestaciones, contra el orden público.

Carlos Rivera de IDL señala que existe una relación consolidada entre particulares, empresas, grupos económicos y el Estado. “Esta surge del modelo económico en el cual las compañías cuentan con una fuerte relación institucional en defensa de sus intereses”, apunta el abogado.

El caso de los defensores colombianos en Arauca es probablemente el que muestra de manera más evidente la participación del Estado en los conflictos. La Fiscalía General de la Nación firmó, en 2001, un convenio de cooperación con la Policía Nacional y la petrolera Ecopetrol, para crear las llamadas Estructuras de Apoyo a Hidrocarburos que tienen el propósito de investigar delitos que atenten contra los proyectos de ese sector.

La razón de esta alianza surge, según explica Óscar Ramírez, abogado de CSPP, debido a que los grupos armados que existen en el país y que operan al margen de la ley, atentan periódicamente contra empresas del sector minero-energético robando hidrocarburos, atentando contra la infraestructura e incluso extorsionando a los empresarios. Según la Fiscalía colombiana, esos convenios “han permitido obtener resultados de gran relevancia contra los grupos armados organizados, las disidencias y distintas organizaciones delictivas vinculadas al apoderamiento de hidrocarburos, terrorismo, secuestro, homicidio y extorsión, entre otros delitos”.

El problema, explica Ramírez, es que con esa justificación se termina judicializando a campesinos y defensores del medio ambiente.

Durante 2017 y agosto 2019, estas Estructuras de Apoyo colombianas han investigado y acusado a 22 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente por su participación en jornadas de protestas contra las empresas petroleras, asegura el informe de CSPP y agrega que en 15 de esos casos, la Fiscalía promovió medidas restrictivas de la libertad. Cinco de ellos son del caso de Arauca y de esos, tres, enfrentan acusaciones por terrorismo.

“La Fiscalía señala que estas manifestaciones benefician a la insurgencia de las guerrillas. Como Arauca es una de las zonas donde el conflicto armado interno es más álgido, se suele imputar a los defensores ambientales que tienen el mismo fin”, precisa Marcela Cruz, abogada de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. “Es una forma efectiva de deslegitimar los procesos sociales en Arauca”, agrega.

Al respecto, la Fiscalía aseguró a este medio “todas las actuaciones de los fiscales tienen control judicial en las diferentes etapas procesales para velar por la protección de los derechos humanos y el debido proceso de las personas investigadas”. Además, aseguró que desconoce el origen de las afirmaciones de CSPP así como también el informe de dicha organización.

Al mismo tiempo que la relación entre el sector público y privado se ha consolidado en el tiempo, según coinciden los abogados consultados para este reportaje, también “se ha ido pervirtiendo, lesionando, la labor de protección de los derechos humanos que debería tener el Estado”, dice Rivera.

“Nosotros vemos que el Estado y la empresa instrumentalizan el derecho penal para perseguir a los defensores, para desmovilizarlos y que no protesten. Para hacer escarnio de ellos frente a los que siguen protestando”, apunta Velazco, el abogado de Fedepaz.

“El Estado peruano no tiene una política de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos”, respondió el Ministerio de Justicia en un correo electrónico y precisó que “en los casos en que estas son incriminadas de manera ilegítima, tienen la posibilidad de contar con un patrocinio por parte de los abogados de la defensa pública”. El Ministerio Público, por su parte, aseguró que “en pocos casos las denuncias contra defensores se han judicializado”, y que a través de la Coordinación de la Fiscalía Especializada en derechos humanos se han venido generando documentos dirigidos a los Fiscales “con la finalidad de hacer de su conocimiento los roles y las acciones que despliegan los defensores de derechos humanos”.

Las consecuencias de la criminalización

Tras siete años de acoso en su vivienda por parte del Ejército y la policía, el líder campesino colombiano Dixon Torres decidió dejar sus tierras hace dos meses para mudarse con su familia al casco urbano de Arauca. “Prácticamente soy un desplazado de la criminalización”, cuenta Torres. El dirigente narra que su casa estaba a pocos metros de una base militar y cada vez que pasaba por ella, lo requisaban y tomaban fotografías. Él es uno de los siete líderes denunciados por las protestas en Arauca en julio de 2019 y aún no sabe si la Fiscalía solicitará su detención.

La criminalización no sólo genera problemas familiares, provoca rupturas dentro de las organizaciones o  reprime a la larga las protestas, hay que considerar también la carga económica que implica afrontar un proceso judicial durante años.

“En el tema económico muchas veces es David contra Goliat”, dice Laura Furones de Global Witness. “Si tú estás como persona defensora oponiéndote a una minera y la empresa tiene un bufete de abogados detrás, frente a tu posible apoyo legal, modesto, no hay quien lo sostenga”, asegura.

El problema de costear un abogado particular es que “se trata de gastos fuertes”, dice Pablo Abdo, abogado de Grufides, una organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en Perú. “Un abogado para trabajar tu caso cuesta al menos 300 soles (83 USD) para una consulta y 3000 soles (828 USD) para una audiencia”, precisa.

Oscar Ramírez de la CSPP añade que aunque los defensores ambientales suelen encontrar un apoyo legal en las organizaciones de derechos humanos, esto no siempre ocurre. La gran cantidad de casos sobrepasa las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, comentan los abogados.

Esta ausencia de defensa desde el inicio del caso puede llevar a algunos defensores a prisión antes de ser sentenciados. Mongabay Latam pudo verificar que doce defensores en Colombia, Perú y México están actualmente privados de su libertad mientras su proceso sigue abierto.

Abdo señala que esta serie de consecuencias provocan que los defensores queden socialmente estigmatizados. “No se trata de un proceso donde se hace una investigación de 20 días o dos meses y la cuestión queda en el olvido”, dice. “Los dirigentes en Las Bambas ya tienen seis años yendo a firmar todos los meses, no pueden trasladarse ni mudarse sin avisar al juzgado”, comenta el abogado David Velazco.

En el caso Nankints, en Ecuador, cuenta Sarzosa, hay algunos demandados  que prefieren aislarse totalmente para no seguir recibiendo represalias. “Eso deja a las organizaciones desarticuladas y devastadas, sin ninguna posibilidad de continuar con sus procesos de resistencia y vida misma”, agrega.

“Esta es una herramienta para acallarnos”, dice  Dixon Torres.

En la mayoría de los casos, explican los expertos, no es necesario esperar por el desenlace de los juicios para lograr el objetivo de amedrentar a los defensores. “Sabemos que estamos trabajando con países que tienen altas tasas de impunidad, entonces nadie espera que ese juicio llegue a algún punto”, dice Francisca Stuardo de Global Witness. El verdadero disuasivo, según Stuardo, están en lo que ocurre en el camino, en las consecuencias y problemas que se desencadenan cuando empiezan a llegar las demandas.

“Se quiere ablandar, llevar al extremo a la persona, al líder, para que desista de lo que hace, doblegarlo, someterlo, un sometimiento lento, pero eficiente”, cuenta Wbeimar Cetina. El sabe de eso porque hoy, estando en libertad, ni siquiera puede volver a su casa. “Mi hogar se acabó”, dice. Aun así, Cetina no renuncia y asegura firme en su voz de dirigente: “nosotros mantenemos nuestro ideal de defensa del territorio y de la vida”.

Mongabay Latam buscó entrevistas a representantes del Ministerio Público de Ecuador así como de las empresas Occidental de Colombia, Ecuacorriente SA, Minera Yanacocha S.A., Bear Creek Mining Corporation y MMG Las Bambas; sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no enviaron respuestas a nuestras preguntas.

*Gabriela Quevedo Castañeda colaboró en la sistematización y análisis de los datos.

Este trabajo se publicó originalmente en Mongabay Latam. Aquí puedes consultar la publicación original.