Activistas y víctimas de desplazamiento forzado demandaron políticas públicas para atender esta emergencia. En 2018, fueron contabilizados 25 episodios de desplazamiento interno forzado, con al menos 11 mil 941 víctimas, principalmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa

Texto: María Ruiz

Foto: Mónica González / Archivo

En 2007 la familia Orozco vivía de cultivar aguacate en Michoacán. Pero todo empezó a cambiar cuando elementos del Ejército mexicano detuvieron arbitrariamente a uno de los campesinos, de nombre José Iván. La familia se movilizó y se desató una persecusión en su contra.

“Mi familia fue criminalizada y cuando en 2008 decidimos denunciar la detención arbitraria de mi hermano, desaparecieron a mi padre”, cuenta Laura Orozco, una de las integrantes de la familia, víctima de desplazamiento forzado. Dos años después, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones desaparecieron a su otro hermano. Entonces las mujeres de la familia decidieron dejar su tierra.

Laura y su familia son parte de las miles de víctimas de desplazamiento forzado interno en México, para quienes el gobierno federal no ha tenido una estrategia de atención específica.

En la presentación del informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), activistas pidieron al gobierno federal que diseñe políticas públicas especializadas para atender esta emergencia y dé un cifra exacta de cuántas víctimas hay.

“Tomar acciones integrales debe ir encaminada a asegurar no sólo la protección de la vida de las personas, sino a garantizar seguridad en todas sus necesidades. Cuando salimos nos vamos sin nada, con lo único que tenemos puesto porque en ese momento se trata de sobrevivir”, pidió Laura Orozco.

Con garantizar la seguridad, Laura se refiere a asegurar que puedan continuar sus estudios o tener una vivienda, porque cuando huyen dejan papeles, dinero, pertenencias, todo. Por ejemplo, la SEP les exige boletas firmadas de ciclos escolares anteriores para poder continuar sus estudios, que no pueden conseguir porque regresar es un riesgo, explicó este martes Brenda Pérez Vázquez, coordinadora del Área del Desplazamiento Interno en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.

Cinco años después de que el hermano de Laura, José Iván, fue liberado, en 2018, en Michoacán sufrió un atentado y murió. Después de eso y hasta hoy siguen viviendo hostigamiento y amenazas de muerte.

Las mujeres son integrantes de la agrupación Familiares caminando por justicia, fundada junto con otras familias desplazadas.

“En la organización hemos presentado denuncias por desplazamiento forzado en la Procuraduría y nos dicen que no es posible porque no está tipificado como delito. Consideramos que en nuestro caso hay una participación de todos los niveles de gobierno y del crimen organizado. Hemos documentado que entre ellos hay una relación. Y cuando les llevamos nuestras investigaciones las autoridades se niegan a tomarlas o las obstruyen” explicó Orozco.

Año con año miles de personas ejemplifican el desplazamiento interno forzado en México.

De acuerdo con el informe de la CMDPDH, en 2018 se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado, afectando por lo menos a 11 mil 941 personas, principalmente en cinco estados: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.

Guerrero registró la cifra más alta de desplazamiento forzado. En febrero unos 70 desplazados de la sierra de este estado hicieron un plantón frente a Palacio Nacional exigiendo seguridad para poder regresar a sus hogares. Antes del plantón intentaron regresar a su comunidad porque el gobierno del estado de Guerrero les garantizo que podrían hacerlo pero no habían llegado ni al primer pueblo cuando comenzaron los balazos.

En Chiapas 5, 035 personas fueron desplazadas. La comunidad de Aldama, es un ejemplo. Desde hace un año son asediados por grupos armados que hirieron y lastimaron a miembros de su comunidad ahora corren el riesgo de ser heridos por balas cuando caminan grandes distancias en el pueblo, incluso en su misma casa.

“En diciembre fueron víctimas 1, 296 personas, ese 10% de la cifra total de desplazados internos sí es responsabilidad del nuevo gobierno, al igual que todas las personas desplazadas que actualmente hay en México. Salvo el reconocimiento y un estudio por el Consejo Nacional de Población, no han habido acciones que les atiendan, como una  política pública para todas las víctimas de desplazamiento, sentencia José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

María Ruiz

Foránea siempre, lo suyo es lo audiovisual y el periodismo es la vía por donde conoce y cuestiona al mundo.

Mónica González

Fotógrafa egresada de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha colaborado en distintos medios y revistas nacionales e internacionales. Obtuvo la beca Fonca en la edición 2009-2010 y 2013-2014 Premio Nacional de Periodismo 2011 de Fotografía por el proyecto Geografía del Dolor. Premio Nacional de Periodismo 2006 otorgado por el Club de Periodistas de México y el IPN en categoria Fotografía Reportaje por su trabajo de migrantes en la frontera de Sonora y Arizona.