Ejidatarios de El Bajío, en Caborca, Sonora, desmintieron a la Minera Penmont, que negó haber perdido 67 juicios, y le exigieron que dejer de hostigar a la comunidad.

Texto: Kau Sirenio

Foto: Alexis Iván de la Cruz Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- Ejidatarios y ejidataria de El Bajío, municipio de Caborca, Sonora, desmienten a la Minera Penmont que negó tener 67 juicios perdidos en contra del ejido El Bajío.

En un comunicado, la empresa además aseguró que no existe conflicto con el ejido, y dijo que dio cabal cumplimiento a las sentencias que ha emitido el Tribunal Agrario (TUA), así como a las obligaciones y convenios contraídos.

“En estos juicios se demostró que la empresa no tenía ni siquiera una concesión para operar los proyectos mineros en nuestras tierras. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Unitario Agrario número 28 y ratificadas por tres Tribunales Colegiados distintos”, denuncian los ejidatarios.

Los campesinos recordaron que no haber cumplido con la justicia por más de siete años propició una serie de eventos que derivaron en los asesinatos del comunitario José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega.

“Es un acto criminal que vino acompañado de una amenaza de muerte a otros miembros de nuestro ejido, una clara muestra del nivel de impunidad con que pueden operar los intereses económicos del cuarto hombre más rico de México, Alberto Bailleres”.

De acuerdo con las sentencias con que cuenta el ejido El Bajío, la minera debe pagar rentas, resarcir el daño al medio ambiente y devolver el oro extraído durante su ocupación. Sin embargo, no han sido resarcido el daño ocasionado al medio ambiente y tampoco ha habido diálogo con los ejidatarios para la ejecución de la sentencia.

En el comunicado que difundió, la Minera Penmont rechazó ocupación ilegal al ejido, y llamó criminales a los ejidatarios:

“Este grupo carece absolutamente de argumentos jurídicos y pretende apropiarse de los terrenos de propiedad privada de la empresa para realizar acciones de explotación minera fuera de la ley, sin la concesión requerida para ello, ni los permisos ambientales correspondientes, utilizando materiales peligrosos y controlados, en directa afectación del Estado Mexicano, el medio ambiente, de la empresa y manteniendo sus actos criminales en la región”.

El ejido El Bajío dio respuesta a la acusación de la Minera Penmont: “No existe ningún terreno que sea propiedad de la Minera Penmont en la dotación ejidal de El Bajío. La empresa ha buscado adjudicarse por medios fraudulentos una franja de tierra que es posesión nuestra; tan es así que varios tribunales agrarios y colegiados reconocieron que dicha tierra es propiedad del ejido y condenaron a Penmont a devolver el oro extraído y remediar el medio ambiente de ese predio”.

Además, acusaron a la afirmación que hace la Minera Penmont: “Es muy grave el señalamiento que hace la empresa al decir que hay un ‘grupo criminal que se ostenta como parte del ejido’. No solo es ridículo que un grupo de ejidatarios tenga que deslindarse de una acusación de crimen organizado por parte de una empresa minera, sino que también es ilógico. La mina cree que todos somos de su condición, hampones que por financiar campañas electorales y sobornar a la clase política se sienten decentes y no acatan una sentencia ni se someten a la justicia, dando así una clara demostración de inmoral ilegalidad”.

Los ejidatarios le argumentaron a la Minera Penmont que le ganaron en el terreno de la legalidad desde 2014, y que esperan la ejecución de las 67 sentencias que el TUA resolvió conforme a derecho al ejido, sin embargo, no se ha ejecutada y que les ha costado la vida de sus compañeros:

“Hemos tenido que resistir robos, golpizas, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos de nuestros compañeros”.

La Minera Penmont ha acusado a los ejidatarios predios de su propiedad, pese a que son los terrenos que les pertenecen.

“Penmont invadió y explotó nuestras tierras con los proyectos mineros La Herradura y Soledad-Dipolos. Si una operación millonaria como la de Penmont es posible en una zona donde supuestamente está en cuestionamiento la gobernabilidad, quizás se deba a sus acuerdos con grupos criminales que sí atentan contra la vida de campesinos y ejidatarios como nosotros”.

Los ejidatarios exigieron a la empresa que acate la orden judicial para la ejecución de las sentencias y que cese en sus agresiones. 

“Le exigimos que deje de amenazarnos y hostigarnos. Cada día, por cada compañero, estamos más dispuestos a continuar y acrecentar la lucha. No solo contra la minera Penmont, Fresnillo PLC, Industrias Peñoles y la familia Bailleres, sino en contra de toda la actividad minera que mata las tierras de nuestro país, que envenena a la gente, y que provoca enfrentamientos criminales que solo traen tragedias y zozobra”.