Las defensoras comunitarias Sara Hernández Jiménez y Estela Hernández acusan agresiones del ayuntamiento de Amealco, en Querétaro, luego que ellas denunciaron la imposición de obras en su comunidad sin consultar a la población

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

QUERÉTARO.- El pasado 1 de septiembre, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) emitió dos cartas en donde denuncian las agresiones que grupos estatales y civiles han perpetrado en contra de las defensoras comunitarias Sara Hernández Jiménez y Estela Hernández Jiménez.

En los documentos dirigidos al gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y al presidente municipal de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar; la RNDDHM señala que el motivo de las agresiones han sido las denuncias que las defensoras comunitarias han hecho sobre la imposición de las obras que el ayuntamiento pretende realizar sin consultar a la comunidad de Santiago Mexquititlán, y que afectan tanto al territorio como la cosmovisión del pueblo hñöhño.

“Desde la RNDDHM tenemos conocimiento que estos ataques provienen de agentes estatales y civiles, frente a una nula atención a la situación que ambas defensoras han denunciado ante autoridades estatales y federales”.

Por ello, solicitan la intervención de las autoridades para que cesen las agresiones agregan en su contra y limiten la defensa de los derechos humanos, especialmente “aquellas que puedan ser de manera directa responsabilidad de servidores públicos del ayuntamiento”.

La lucha en defensa de la comunidad

Desde el injusto encarcelamiento de su madre en 2006, las hermanas Sara y Estela han sostenido una lucha por la defensa y el respeto de su cultura, su identidad y su territorio.

“Desde que comenzamos a luchar por la liberación de nuestra madre nosotras nos fuimos dando cuenta del estado de abandono institucional que hay en el que nos encontramos los pueblos originarios en México”, dice Estela Hernández.

Desde hace más de 10 años ella se ha encargado de promover y defender los derechos de los pueblos originarios en su comunidad, ubicada en el municipio de Amealco, así como de impulsar un proyecto de educación indígena.

«Comenzamos a tejer relaciones con otras organizaciones para poder ayudar a nuestra comunidad, e iniciamos una campaña para la construcción de una nueva educación indígena aquí en Santiago, recuperando nuestra lengua y nuestros saberes ancestrales; y así fue como han nacido proyectos como el del museo y la biblioteca comunitaria, y de igual forma comenzamos a  gestionar desde la comunidad becas para que las niña y los niños pudieran continuar con su educación”, cuenta.

En México, la población indígena muchas de las veces no llega a concluir la educación primaria, de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y presentado en 2018. Además, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), siete de cada 10 personas indígenas están en situación de pobreza, y tres de cada 10 en situación de pobreza extrema.

“Este contexto nos impulsó a mí y a mi hermana a trabajar proyectos enfocados en la educación indígena y la salud comunitaria, pues ella es enfermera y yo docente –señala a Estela Hernández– . Cuando comenzamos a gestionar beneficios para la comunidad, al gobierno no le gustó, pues prefieren mantenernos en la ignorancia y el rezago para aprovecharse de nosotros en épocas electorales, pero aquí poco a poco fuimos cobrando conciencia de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio”.

Además del trabajo comunitario que ellas realizan para mejorar las condiciones de Santiago Mexquititlán, desde el 2013, la lucha de las hermanas Hernández Jiménez se ha aglutinado con grandes luchas a nivel nacional, como la lucha en contra de la Reforma Educativa, la consulta sobre la modificación del artículo 2 constitucional y la campaña a la presidencia de Marichuy, a través del Congreso Nacional Indígena.

Esto, sin embargo, les ha significado ser objeto de diversas agresiones físicas y verbales, e incluso ha puesto en riesgo su estabilidad laboral

“En el 2014 fue cuando sufrimos el primer acto de represión, pues a mi hermana la cambiaron de su lugar de trabajo, sin explicación alguna. Esto después de denunciar las irregularidades para el otorgamiento de plazas en el Hospital General de Querétaro.”

Agresiones y criminalización

De acuerdo con Sara y Estela durante más de seis años las agresiones en su contra han sido constantes, y han ido escalando hacia difamaciones y agresiones físicas.

“En mayo del 2019 – recuerda Estela – un grupo de choque dirigido por la actual delegada de la comunidad – Verónica Sánchez golpeó a mi hermana mientras ella estaba ocupándose de sus responsabilidades en el tianguis. Posterior a eso se interpuso una denuncia en la Fiscalía, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna”.

Sara y Estela han interpuesto las denuncias correspondientes en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancias que no les han garantizado el derecho a acceder a la justicia, sino que han propiciado un contexto de revictimización y criminalización en su contra.

El 8 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó a la comunidad de Santiago Mexquititlán. Durante la visita, Estela Hernández denunció las agresiones en contra de la comunidad a raíz de la defensa de su autonomía.

A partir de esta denuncia, operadores del ayuntamiento intensificaron una campaña de difamación en contra de las autoridades tradicionales de Santiago Mexquititlán, las cuales fueron ratificadas en una Asamblea General el 29 de febrero, y que posteriormente reconoció el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

“Durante la asamblea del 29 de febrero – denuncia Estela Hernández – un grupo de choque dirigido por la delegada municipal comenzó a gritar acusaciones falsas hacia mi persona, argumentando que soy una ladrona y ‘vividora’, lo cual es totalmente falso, pues el trabajo que hacemos en la comunidad es desde nuestros propios recursos y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.

A partir de este hecho, las defensoras comunitarias han recibido varios citatorios de la Fiscalía Estatal, donde se les acusa de usurpación de las funciones públicas, así como del delito de daños dolosos. También les han cortado por más de una semana el suministro de agua en la comunidad.

“Esto tan sólo demuestra la complicidad de las instituciones para la procuración de justicia con nuestros agresores, a los cuales identificamos como el gobierno municipal de Rosendo Anaya y al Gobierno del Estado – señala Estela.

Desde el nombramiento de sus autoridades comunitarias, el pueblo de Santiago Mexquititlán ha profundizado las estrategias de defensa de su patrimonio histórico y cultural, así como de su identidad y territorio ancestral.

“Nosotros nos empezamos a organizar para oponernos a la obra que el ayuntamiento quiere realizar en el templo, pero aunque hemos probado con documentos que esta construcción afecta nuestro patrimonio y nuestra identidad, las autoridades competentes no nos han escuchado, o nos han mentido descarademente”, agrega.

Las defensoras comunitarias aseguran que no desistirán de la lucha en defensa de su territorio y su dignidad ya que.

“La dignificación de nuestros pueblos es lo más urgente y lo más importante, porque estamos en vías de extinción. No estamos dispuestos a morir, existimos y queremos seguir existiendo, queremos seguir viviendo. Queremos mejores condiciones de vida no sólo para Santiago Mexquititlán, sino para todos los pueblos originarios del país”.