Ninguna de las acusaciones contra los funcionarios de alto perfil en la corte de Nueva York está centrada en temas de violencia. Uno de los grandes retos será ver si se intenta hablar sobre actos de ese tipo. Y si algo de eso nos acerca s la justicia

Twitter: luoach

La acusación contra el otrora titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, presentada en agosto de 2019 y hecha pública el 16 de este mes, se suma a los otros casos de alto perfil de mexicanos acusados de estar involucrados en actividades relacionadas al narcotráfico. La acusación de Cienfuegos le sigue a la de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, hecha pública el pasado diciembre. Ésta, a su vez, vino después de la sentencia contra Edgar Veytia, el ex fiscal del estado de Nayarit, acusado de colaborar con el cartel H-2 en Nayarit y Sinaloa, incluso mandando policías para colaborar con el cartel, y sentenciado a 20 años de prisión tras una declaración de culpabilidad en septiembre de 2019. Todos estos casos han sido posteriores al resonado juicio contra Joaquín Guzmán Loera que inició en noviembre de 2018, terminó en febrero de 2019 y fue sentenciado en julio del mismo año.

Dos de las características más notables de este grupo de casos son que: a) se trata de personas de muy alto perfil, tanto en el ámbito de ciudadanos involucrados en organizaciones criminales, como en el ámbito de servidores públicos coludidos y/o corrompidos por el crimen organizado y b) el hecho de que estos cuatro casos de tan alto perfil hayan sido presentados o atraídos finalmente por la misma jurisdicción: la corte distrital este de Nueva York. 

En lo que respecta al perfil de los acusados, resulta realmente notorio el nivel de importancia e impacto que tienen estos acusados. A diferencia de las decenas de personas acusadas por narcotráfico en las cortes de California o Texas, la corte distrital de Nueva York ha presentado cargos contra figuras del tamaño del Chapo, quien otrora fue uno de los criminales más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos, así como de funcionarios públicos de alto nivel estatal y federal en México. 

Sobra decir que los casos no están aislados. En el juicio contra Guzmán Loera, más de un testigo colaborador confirmó el involucramiento de Genaro García Luna, específicamente, como uno de los receptores del dinero del cartel. En lo que respecta a Cienfuegos, uno de los testigos colaboradores habló del “general de la nación”, un hombre que odiaba al Chapo y se había negado a recibir sobornos inicialmente, pero con quien el cartel tenía contacto en 2013 a través de una operadora de Alex Cifuentes, quien fue la mano derecha de Guzmán Loera. No se habló de un nombre en específico para ese general, pero es posible que se tratara de Cienfuegos. También es posible que la información necesaria para presentar los cargos contra estos funcionarios públicos se derive de una combinación de testimonios de los 14 miembros del cártel de Sinaloa que ya se habían declarado culpables y colaboran con la fiscalía estadounidense, así como de Veytia, quien también se declaró culpable.

Aunque estos cuatro casos destacan por el alto perfil de los acusados, hay una diferencia sustancial entre el primero y los tres subsecuentes: el Chapo era un civil criminal, enjuiciado por liderar una organización criminal y traficar cierta cantidad de drogas ilegales a Estados Unidos. Los otros tres acusados se tratan de escenarios muy diferentes. En sus casos, los acusados fueron funcionarios públicos y los tres estuvieron encargados de implementar medidas de seguridad y justicia a diferentes niveles: protección de todos los mexicanos –en el caso de García Luna–, combate directo armado contra el crimen organizado –en el caso de Cienfuegos– y la dirección de la investigación criminal y penal en Nayarit –en el caso de Veytia. Esto le da un nuevo nivel de importancia a los casos. Se trata de funcionarios públicos quebrantando el contrato social con sus ciudadanos. También cobran otro nivel de relevancia a nivel político, al ser casos atraídos por una corte internacional principalmente por motivos de tráfico de mariguana, heroína, metanfetaminas y cocaína. En primer lugar, tiene relevancia política porque los cuatro casos han llegado a la corte a partir de la presidencia xenófoba y racista de Donald J. Trump y también porque son casos que no tocan crímenes de violencia, homicidio, secuestro, desaparición u otras afectaciones a víctimas mexicanas. El enfoque está específicamente en víctimas por el consumo de drogas ilegales en ciudadanos estadounidenses. 

Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Qué tiene de particular esta corte que ha presentado las acusaciones contra los cuatro personajes de alto perfil en la vida pública mexicana? 

La corte distrital del este de Nueva York se fundó en 1865 debido al aumento de negocios en el puerto de Nueva York en la época. Mientras algunos funcionarios creían que no era necesario fundar una nueva corte tan cerca de la corte distrital sur del estado, la decisión se aprobó con 26 votos en el Senado y 7 en contra. Ese mismo año, el entonces presidente Abraham Lincoln firmó el acta de inauguración de la corte, que tiene jurisdicción en los condados de Kings, Queens, Nassau, Richmond y Suffolk de Nueva York.

Esos condados inicialmente eran relevantes por casos mercantiles marítimos, de los cuales había centenares. Pero conforme la población fue creciendo en esa zona, ahí se construyeron los aeropuertos de La Guardia y JFK, lo cual le permitió a la corte atraer casos relacionados a puertos y a comunicaciones aéreas, incluyendo casos criminales, de narcóticos, terrorismo y otros asuntos como prácticas monopólicas y derechos civiles, entre otros.

Entre los casos más notorios que ha llevado esta corte, se encuentran la serie de juicios contra las familias italianas involucradas en la mafia de Nueva York. En los ochentas, se juzgó ahí un caso de la guerra de sucesión de la Cosa Nostra, la organización criminal que supervisaba las cinco familias de la mafia en la ciudad, en la que ocurrieron ocho asesinatos. A principios de los noventa, el líder de la familia Lucchese fue juzgado ahí también, por extorsionar a la industria de las ventanas y su involucramiento en 14 asesinatos. También alrededor de esas fechas, acusaron a John Gotti de participar en la organización criminal de la familia Gambino, que estaba involucrada en varios asesinatos y otros crímenes. Ese caso se basó en videos, grabaciones de llamadas telefónicas y el testimonio de un colaborador de Gotti que se declaró culpable y testificó a cambio de una reducción en su sentencia. Ésta sería exactamente la misma táctica que usarían los fiscales en el caso contra Guzmán Loera. El hijo de Gotti, John A. Gotti, también fue acusado entre 2004 y 2008, aunque quedó libre después de que el jurado no pudiera llegar a un veredicto. Su abogado fue Jeffrey Lichtman, uno de los abogados que también representó a Guzmán Loera. 

Otros de los casos entre los noventa y los primeros años de la década de los 2000 fueron contra más líderes de familias criminales de las mafias italianas, eurasiáticas y rusas que operaban directamente en Nueva York, así como de policías corruptos. La mayoría involucraba asesinatos. En cuanto a casos de narcóticos, la corte había llevado casos de alta relevancia para acusados de Sudamérica, incluido el caso donde un ciudadano colombiano puso una bomba en un avión comercial por órdenes de Pablo Escobar. Además de estos grupos, la corte ha llevado casos relevantes de pandillas, corrupción a funcionarios públicos y terrorismo, incluidos algunos casos del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y de reparación de daños por parte de bancos suizos que ayudaron a los nazis del Tercer Reich para víctimas sobrevivientes del Holocausto.

Sin embargo, en los últimos tres años, entre los casos de más relevancia a nivel internacional, están los de estos cuatro mexicanos. Cada oleada criminal y política ha llevado a la corte a enfocarse en diferentes asuntos. Desde la mafia italiana y rusa en Nueva York, pasando por los célebres narcotraficantes sudamericanos, hasta los implicados en el crimen organizado mexicano. 

“Cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, advertimos que habría más días de rendición de cuentas. La sentencia que recibió este funcionario público mexicano corrupto es uno de esos días”, dijo el fiscal de los Estados Unidos de la corte distrital este de Nueva York, Richard Donoghue, refiriéndose a Edgar Veytia en septiembre de 2019.  

Para mí, una de las partes más agridulces del caso contra Guzmán Loera fue que nunca se trató sobre víctimas de la violencia en México. Las primeras acusaciones presentaban cargos de homicidio y conspiración para cometer asesinato, sin embargo éstas se terminaron eliminando antes del juicio. Durante los tres meses que duró el proceso legal en la corte, tanto los fiscales como los abogados de la defensa hicieron mención a una serie de asesinatos, lo cual podría brindar un poco de explicaciones e información para resolver algunos misterios y desenredar la complejidad de la violencia que nos aqueja. 

Ninguna de las acusaciones contra los tres funcionarios presenta directamente temas de violencia. Todos están centrados en la corrupción en involucramiento con el tráfico de narcóticos ilegales de la mano de las organizaciones criminales. Uno de los grandes retos con estos tres casos –y en sus juicios, si llegaran a eso el de García Luna y Cienfuegos—será ver si se hace el intento por mencionar o hablar sobre actos de violencia. Y si algo de eso nos acerca más, o un poco siquiera, a una verdad que se parezca más a la justicia.