Una alumna de la Facultad de Derecho denunció un proceso disciplinario «lleno de irregularidades» por un saqueo que niega haber cometido, el cual vincula con su activismo. El caso se suma al de Arturo Lugo «Shevek» y a las 19 expulsiones en lo que va de la gestión de Leonardo Lomelí, en un contexto que estudiantes califican como criminalización de la protesta

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – Una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Facultad de Derecho, denunció el comienzo de un proceso disciplinario en su contra, el cual —asegura— se da en un contexto de hostigamiento hacia su activismo político y estudiantil, en medio de una serie de irregularidades.

La joven, a quien sus amigas describen como una alumna de excelencia académica y comprometida con las luchas sociales, desde la preparatoria ha estado involucrada con distintos movimientos que se gestaron al interior de su plantel.

Durante una entrevista para Pie de Página, en la que pide no mencionar su nombre por temas jurídicos, la joven explicó que las autoridades le notificaron el citatorio cuatro meses después de los hechos que se le imputan: el saqueo de una librería en Ciudad Universitaria, ocurrido tras la segunda marcha contra la gentrificación, en el cual —asegura— no participó.

El trasfondo de la persecución

La estudiante vincula el proceso con su participación en distintas movilizaciones universitarias. Explicó que recientemente ingresó a la facultad y se involucró en el movimiento estudiantil surgido tras el asesinato de un compañero en el CCH Sur, también en actividades relacionadas con la exigencia de atención a la salud mental en la universidad y la lucha por los comedores subsidiados.

Además, participó en actividades de solidaridad con Palestina y en la colocación de una bandera dentro de la facultad, dos semanas antes de que le fuera notificada el acta de hechos.

Cursó el bachillerato en la Prepa 6, donde integró el Cubículo Estudiantil y el colectivo Furias Prepa 6. «Durante dos años y medio fui activista y las autoridades me hostigaron en diversos momentos», afirmó. En una ocasión, la amenazaron con expulsión durante una mesa de diálogo, después de responsabilizarla por ordenar una toma de instalaciones en febrero de 2025.

Respecto a la marcha realizada en julio, aseguró que, hasta donde tiene conocimiento, no existen otros casos dentro de la UNAM derivados de esa movilización.

«El acta, según la misma autoridad universitaria, fue realizada en septiembre (2025), pero me la entregaron hasta finales de noviembre, el penúltimo día de clases», señaló.

De acuerdo con su testimonio, el momento de la notificación no fue casual. «Claramente fue para que ya no se pudiera realizar ninguna movilización, porque a finales ya no hay gente en Ciudad Universitaria», afirmó.

La estudiante también acusó que, en un inicio, no se le entregaron las pruebas en su contra. «Cuando yo di mi primera respuesta no tenía los elementos suficientes para redactar una defensa adecuada».

Las autoridades le proporcionaron los documentos probatorios dos meses después de que ella respondiera al citatorio y, además, le otorgaron un plazo de solo tres días para ampliar su declaración.

«Esos tres días corrían a partir del momento en que me los entregaron. En realidad solo me quedaron dos días efectivos, así que respondí fuera del plazo», relató. Aunque las autoridades recibieron su ampliación de declaración, hasta el momento no le han notificado una resolución definitiva.

Según le informaron el 5 de diciembre, el procedimiento podía concluir por dos vías: el desistimiento de las acusaciones por falta de elementos o la imposición de una sanción —como suspensión o expulsión provisional— que trasladaría el caso al Tribunal Universitario. Sin embargo, tras el regreso de vacaciones en enero no recibió información alguna y en febrero volvió a recibir documentación que, afirma, ya le había sido entregada meses atrás.

Obstáculos en la defensa

Otra de las irregularidades que denuncia es la negativa de las autoridades a entregar copia completa del expediente. En un primer momento, le argumentaron que en los videos y documentos aparecían otras personas identificadas y que, por ello, no podían proporcionarle el material para no vulnerar su identidad.

«Eso era mentira, porque después sí me pudieron dar los videos. Lo que siguen negándome es la copia del expediente», sostuvo. Actualmente, solo puede consultarlo en la oficina jurídica y en horarios limitados, lo que —afirma— dificulta la revisión junto con su abogado.

«Eso obstaculiza mi defensa y es una estrategia de desgaste».

La estudiante considera que la prolongación del procedimiento forma parte de una estrategia para mantenerla bajo presión.

«Yo quisiera que este proceso ya terminara. Ha sido muy desgastante. Entiendo que también es una estrategia de desgaste. Quizá no quieren mi expulsión ahora, sino mantener la amenaza latente», expresó.

A su juicio, las pruebas en su contra «no son contundentes» y el procedimiento está «lleno de irregularidades», por lo que —afirma— no existen elementos jurídicos suficientes para que las autoridades continúen con el proceso.

«Evidentemente esto es algo político. Sé que a la universidad lo que menos le importa es la justicia, y que esto se resuelve en el terreno político. Yo espero que se retiren las acusaciones y se cierre el caso», concluyó.

«Mi libertad es una extensión del encierro»: Shevek

Otro de los casos que movilizó a la comunidad universitaria fue el de Arturo Lugo Macías, Shevek, encarcelado el 8 de enero y liberado un mes después, acusado de daño a la propiedad con agravante de pandillerismo por hechos que sucedieron en abril de 2020 en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, cuando un grupo de corte paramilitar desalojó con palos, piedras, un arma de fuego, gasolina y fuego un cubículo estudiantil en el que él se encontraba.

Leer más

UNAM criminaliza a estudiante que fue víctima de un ataque paramilitar en sus instalaciones

A dos semanas de haber salido, Arturo describe su situación jurídica como una libertad condicionada.

«Se modificaron las medidas cautelares, aunque el proceso sigue todavía vigente», explica. Ahora debe presentarse mensualmente ante la autoridad y tiene custodia de la Guardia Nacional afuera de su domicilio. «Nada más es para verificar que yo viva ahí; no están todo el tiempo, sin embargo, pueden llegar cuando ellos decidan».

Su historia, asegura, no comenzó con la detención. Ingresó a la FES Acatlán en 2014 y desde entonces se integró al activismo estudiantil. «Siempre sufrimos acoso por parte de la vigilancia de la UNAM», afirma. Ese cuerpo actúa como una instancia judicial y como un sistema de vigilancia que, en su experiencia, ha servido para espiar y recabar elementos contra quienes se organizan.

Recuerda el caso de Russell, un activista de más de 60 años que permanecía en la facultad desde la huelga del CGH. Tras iniciar una huelga de hambre para exigir justicia y el cumplimiento de diversas demandas, desapareció. «Fue golpeado y sacado a la fuerza. Quedó tan traumatizado que ya no quiso volver a aparecer en la FES», relata. Para Arturo, varios episodios de represión han sido encubiertos por la propia facultad.

En el ataque del que fue víctima, el personal de vigilancia no intervino sino hasta después de los hechos. Posteriormente, dice, se difundió una versión oficial que los señalaba de actuar en estado alcohólico y de euforia para atentar contra un edificio. «La verdad es otra», insiste.

La salida del encierro no significó tranquilidad. «La primera semana fue como seguir preso».

Ahora vive atento a cualquier señal de intimidación. «Dormimos con la expectativa de que toquen la puerta o de que vayan contra alguno de mis compañeros. Es una vigilancia permanente que convierte la incertidumbre en parte de la vida cotidiana».

A su juicio, el proceso en su contra se construyó desde el inicio sobre una narrativa que lo presentó como autor intelectual y líder de la acción. En su primera audiencia, señala, fue calificado como «más peligroso» por ese supuesto papel organizador. «Pero el movimiento es horizontal, no hay jerarquías», afirma. Considera que la figura del «líder» ha sido utilizada para justificar la persecución.

Pese al desgaste personal y familiar, Arturo mantiene su postura. «Lo importante es recalcar que el enemigo no solamente es la facultad, no solamente es la fiscalía; el enemigo es el mismo: el fascismo, que es universal. Si entendemos eso, tenemos que defendernos y estar unidos en esta causa y en todas las que vengan».

La represión en tiempos de Leonardo Lomelí: 19 expulsados

El actual rector de la Universidad, Leonardo Lomelí, comenzó su gestión en noviembre de 2023. Desde entonces, denuncian estudiantes, trabajadores y profesores, la persecución por la vía jurídica se ha intensificado. De acuerdo a reportes presentados por la comunidad, durante su primer año se ha expulsado a 19 estudiantes, además de hostigar a una estudiante de la Facultad de Derecho y encarcelar a un estudiante.

Para el activismo al interior de la UNAM, 2025 cerró con la noticia de la muerte al interior de la cárcel de Jorge Esquivel, el «Yorch», después de un largo proceso y a consecuencia de la negligencia médica al interior del sistema penitenciario. Era activista y anarquista vinculado con espacios estudiantiles y de organización al interior de la institución. Fue detenido en 2016 acusado por delitos contra la salud, después de lo que aseguran fue un montaje.

Sobre las expulsiones, los estudiantes mencionan que cinco pertenecían a la Facultad de Artes y Diseño (FAD) y que las autoridades los separaron en 2023, después de que mantuvieran tomadas las instalaciones durante más de un semestre para exigir mejores condiciones de seguridad. Ese mismo año, las autoridades también expulsaron a otros cinco alumnos de la Preparatoria 5 tras manifestarse en Rectoría por distintas situaciones en los CCH y en respaldo a la FAD.

Las autoridades también expulsaron a un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, quien meses antes había sufrido un ataque porril el 23 de noviembre de 2023, cuando integrantes del grupo Búfalos, junto con personal administrativo, sometieron a dos alumnos. A ello se sumó la separación de un estudiante de la Facultad de Economía, luego de que denunciara a autoridades universitarias y señalara presuntos vínculos con personas relacionadas con el porrismo.

Finalmente, se registraron siete expulsiones más en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, y Trabajo Social, así como en dos Facultades de Estudios Superiores. Todas y todos formaban parte del Movimiento Antiporril.

Mientras estos hechos ocurren, la comunidad universitaria disidente se organiza para ponerle un freno a la represión en contra del activismo, por medio de foros, mítines y protestas.