En México, las autoridades encargadas de regular la pesca ilegal sólo atienden el 1 por ciento de los casos, esto, según el informe Pesca ilegal en México: Soluciones desde la Política Pesquera de la organización Oceana, es debido a la corrupción y la falta de enfoque en el diseño de políticas públicas

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Martín Zetina / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – De acuerdo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el producto irregular proveniente de la pesca ilegal, no declarada y no documentada represente el 40% del ingreso de productos pesqueros.

El dato lo arrojan en el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura (2020-2024), donde además, la autoridad reconoce que esto se debe a la falta de una gestión efectiva.

Ante esto, la organización Oceana, dedicada a la protección de los océanos a nivel internacional, hizo un llamado al Estado mexicano para redoblar esfuerzos en el combate a la pesca ilegal en el territorio.

El panorama, señalaron, es contundente, pues las acciones que ha emprendido la Conapesca para prevenir la pesca ilegal atienden menos del 1% del problema.

El análisis lo presentaron en su nuevo informe Pesca ilegal en México: Soluciones desde la Política Pesquera, donde Oceana compara dos periodos: el primero de 2009-2014 (cuando la Auditoría Superior de la Federación evaluó la política pesquera), y el segundo dentro de la actual administración (2018-2023). De este análisis, Oceana revela que las retenciones de producto pesquero por pesca ilegal cayeron 75% y las personas detenidas por esta actividad disminuyeron 95%.

A menor vigilancia, mayor impunidad

Dentro del informe, Oceana identificó el retroceso en el combate a la pesca ilegal. Los datos proporcionados por la Conapesca sustentan su afirmación, pues en este sexenio hubo una reducción en el número de Oficiales  Federales  de Pesca.

Por ejemplo, de 2009 a 2014 fueron desplegados 183 Oficiales Federales de Pesca, mientras que de 2018 a 2022 el número bajó a 161 en todo el país

Además, de acuerdo al informe, entre estos mismos periodis de tiempo disminuyeron los recorridos terrestres y marítimos de vigilancia e inspección, pues mientras de 2009 a 2014 los recorridos terrestres ascendieron a  más de 121 mil, de 2018 a 2022 fueron poco más de 108 mil.

Por el contrario en el ciclo 2018-2023 los números de recorridos terrestres y acuáticos fueron de más de 28m mil y 95 mil respectivamente.

A la vez, la retención de producto pesquero pasó de 43 mil 500 toneladas a 10 mil 961, y las personas detenidas por la pesca irregular fueron de mil 200 a 59.

El entramado burocrático pone en peligro a los océanos

En 1982, el Departamento de Pesca fue elevado al nivel de Secretaría (Sepesca), esto, por la importancia de la pesca para las comunidades costeras y los cambios en el régimen internacional, incluyendo la creación de la Zona Económica Exclusiva en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

 A lo largo del tiempo, esta institución ha experimentado cambios en su estructura y capacidad de gestión. En 1995, Sepesca se fusionó con la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, pero descendió al nivel de Subsecretaría de Pesca y Acuacultura. Posteriormente, en 2001, la Subsecretaría de Pesca pasó a formar parte de la Secretaría de Agricultura, convirtiéndose en Conapesca.

Según la propia Conapesca, estos cambios redujeron sus recursos humanos, financieros, y materiales, lo que ha provocado una frágil institucionalidad y una estructura administrativa disfuncional, así como la carencia de mecanismos efectivos de gestión, transparencia y rendición de cuentas, lo que generó entre otras cosas prácticas de corrupción.

Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México, considera  que el contexto de impunidad favorece la entrada de producto ilegal en el país, y añade:

“No existe una estrategia de combate a la pesca ilegal. El enfoque sigue siendo punitivo e ineficiente”.

¿Lavado de dinero? No, lavado de pescado.

El reporte presentado por Oceana muestra que aproximadamente el 22% de la pesca en México “se lava”, es decir: entra al mercado legal, pero su captura sucede en algún supuesto de la ilegalidad.

La organización analizó los avisos de arribo de 10 pesquerías de 2000 a 2022, y menciona que en algunos casos se reportaron especies en periodo de veda, fuera de su zona de distribución natural, o no contaban con el permiso para la captura comercial, entre otras irregularidades.

De las pesquerías analizadas, la especias con mayor procentaje de lavado fueron: el caracol, con 40%; la jaiba, con el 25%, el pepino de mar con 20%; la langosta con 17%; y el camarón, huachinango y cangrejo con el 10%

Oceana afirma que el lavado de pescado sucede al margen del Estado, en un espacio de impunidad acompañado de la falta de inspección y vigilancia en la cadena de producción y suministro.

Nancy Gocher, Directora de Campañas e Incidencias de Oceana México, menciona que la próxima administración tiene la oportunidad de dar solución a esta problemática que daña a los mares y a la gente.

Y concluye:

«Hacemos un llamado a quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República a incorporar desde ahora la urgente necesidad de contar con una política pesquera que combata la pesca ilegal, garantizando la participación del sector pesquero, la transparencia y la rendición de cuentas».