Un ejido en el altiplano potosino despierta el interés de uno de los hombres mas ricos de México: Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué hay en estas tierras, aparentemente desérticas? La respuesta: oro, mercurio y plata. La empresa del magnate quiere permanecer oculta

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

SAN LUIS POTOSÍ. – A pie de carretera algunos ejidatarios de Corcovada, en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, platican con este reportero.

–¿Cuándo empezó todo esto?

–Pues fue hace unos 3 años, cuando llegó un geólogo y nos pidió permiso para ver qué había en la tierra. Se subió al cerro, y ahí anduvo unos meses. Luego, un día, nomás se fue.

Un año después, en 2023, los campesinos recibieron otra visita: una empresa que, primero, se presentó como un servicio de perforación, y pidió permiso para explotar el terreno, el cual, es parte del área de uso común del ejido.

Pero explorar es un verbo muy ambiguo. La empresa, de nombre Servicios Drilling, en realidad pidió al ejido la autorización para perforar 42 barrenos en las tierras de uso común. Este tipo de perforación es habitual en territorios donde se planea asentar una minera.

A cambio, aseguran los ejidatarios, la empresa se comprometió a otorgar 400 mil pesos a la Asamblea ejidal. También, dijeron que iban a perforar un pozo de agua potable junto al Ayuntamiento de ese entonces, así como darle mantenimiento a la red de agua potable de Corcovada, y también a rehabilitar un pozo que está en los límites de los terrenos de uso común que iban a explorar.

El trato no sonaba mal, y por eso accedió la Asamblea ejidal, pues en realidad no comprometía a nada a los ejidatarios, y sí a la empresa, la cual, únicamente obtuvo una autorización para explorar el terreno, y después, informar a los ejidatarios qué es lo que encontró ahí.

La empresa, después de seis meses, no informó nada. Tampoco construyó nada. Pero sí se llevaron sus muestras, y reavivó un viejo mito minero: el de la maldición del oro.

De casualidades y viejos fantasmas

Barrenos que la empresa Servicios Driling perforó en el territorio de uso común del ejido. Foto: Alejandro Ruiz

Volvemos a pie de carretera, mientras a caballo, o en camionetas, llegan más ejidatarios para platicar con este reportero.

Antes de iniciar la platica una extraña visita llegó al mismo lugar sin invitación: Javier Muñoz Quintana, Director de Minería del estado de San Luis Potosí.

Su presencia, aunque extraña, no causa sorpresa a los ejidatarios, pues no es la primera vez que el funcionario público va a la zona. Ahora, dice Muñoz Quintana, vino «a ver los terrenos que le quieren vender a la empresa», pero los ejidatarios le recuerdan que no hay ningún terreno en venta.

Luego, un breve intercambio de palabras se suscita en medio de la carretera:

–Díganos, ¿usted por qué está aquí si ya le dijimos que aquí no vamos a vender? – dice uno de los ejidatarios al funcionario.

–Ustedes no quieren vender, pero hay otros que sí. Vine a ver los terrenos que quiere comprar la empresa – responde el funcionario haciendo alusión a las 500 hectáreas que quiere comprar la empresa.

–No, estos son terrenos de uso común. Si no estamos todos de acuerdo, aquí no se vende – le replica otro ejidatario.

–Usted trabaja para la empresa, pues le pedimos de favor que vaya y les diga que nos dejen de molestar – dice otro.

El funcionario repara en formular algunas respuestas ambiguas. No se compromete a nada, y tampoco da certeza a los ejidatarios. A últimas, se va del lugar, no sin antes decir algunas inconsistencias:

La primera, que el gobierno no está enterado de qué empresa quiere comprar. «Son una sociedad anónima», dice el Director de Minería a este reportero. La segunda, que no habrá explotación minera, «solo quieren poner una cementera». La tercera, que la empresa traerá «bonanza» al pueblo, con escuelas, hospitales e infraestructura, además de empleos.

Esta última información la reviran los ejidatarios: «Desde que llegaron esos nomás nos han dividido. Nos han metido denuncias, han hecho que el pueblo se peleé entre sí». El resto de las inconsistencias caen por su propio peso.

Grupo Salinas al final del arcoíris

De acuerdo con una convocatoria a una Asamblea Ejidal la empresa que desconoce el director de Minería es CEMAT Construction S.A. de C.V., constituida el 12 de septiembre de 2024 según el Registro Público de Comercio. Su origen devino de una fusión de capital entre Cemento Atlas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Alejandro Espinosa Olliver, abogado en Grupo Salinas.

En su objeto social, la empresa dice que se dedica a todo lo relacionado con la producción de cemento, sin embargo, entre sus actividades económicas también incluye la explotación de minerales. Algo que, en Corcovada, enciende las alarmas, pues de acuerdo a una ficha del Sistema Geológico Mexicano, en la zona donde la cementera quiere asentarse hubo un reporte emitido en 2005 que determinó que había oro, aunque de baja ley, es decir, una de las leyes más bajas que puede tener un mineral para ser extraído y tener beneficio económico, lo que hace más propenso su explotación a través de minería a cielo abierto.

Pero la historia no acaba aquí, pues además de la presencia de Espinosa Olliver, en el consejo de administración de la empresa surgen otros nombres asociados a Grupo Salinas, como el de Norma Elvira Urzúa Villaseñor, abogada general de Tv Azteca, TotalPlay y Elektra, las empresas cúspide de Ricardo Salinas Pliego que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Urzúa Villaseñor fue representante legal de la minera Cobre del Mayo, una de las empresas que se amparó contra la Ley Minera, como reportó el periodista Mathieu Tourliere en la Revista Proceso de julio de 2023. Y que, como detalló el portal Luces del Siglo, fue beneficiada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la ministra Yasmin Esquivel como ponente, para deshacerse de las trabajas que impuso la nueva Ley Minera a las empresas extractivistas en México.

Otros miembros del consejo de administración de CEMAT involucrados en negocios mineros, y despojos a ejidatarios, son su administrador único, el «gestor fantasma» Arturo Rosas Barrientos, quien en 2014 creó una empresa fantasma para despojar a pequeños propietarios en Chihuahua, todo esto a favo de la canadiense Electrum Capital Inc, y su subsidiaria mexicana, Minera Electrum.

Otros integrantes de su consejo de administración asociados a Grupo Salinas son Juan Francisco Martínez Magallanes, Jorge Carlos Narváez Mazzini, Alfonso Aguilar Zermeño y Rainiero Arévalo Nieto.

La historia parece repetirse: otra empresa fantasma de Grupo Salinas con intenciones de incursionar en la explotación minera, como en la mina Nueva Francia, de Chicomuselo, Chiapas, y el proyecto Los Cardones, en Baja California Sur, a cargo de la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V, una subsidiaria de Grupo Invecture, al que activistas del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida vinculan con el Grupo Salinas (relación que no ha sido negada).

Junto a esto, también se repite el modus operandi de las mineras para despojar a los campesinos de sus tierras: engaños, amenazas y violencia. Corcovada, en San Luis Potosí, es un ejemplo.

Las mañas de las mineras

El caso del ejido Corcovada, en San Luis Potosí, es una muestra de un proceso poco documentado en el país: la etapa previa en la que un proyecto extractivista pretende asentarse en una región.

La dificultad es palpable, pues es verdad, hasta este momento no hay despojo, ni grandes hoyos en la tierra, para demostrarlo. Tampoco, como en Carrizalillo, Guerrero, hay graves afectaciones a la salud, o violencia generalizada. Pero no hace falta todo esto para identificarlo.

Este es el testimonio de un ejidatario, quien pide proteger su identidad para evitar represalias. Lo han amenazado presuntos narcotraficantes, y hasta el expresidente municipal de Villa Hidalgo, San Luis Potosí:

«Ellos pidieron permiso a cambio de las promesas que les mencioné. Sin embargo, después de esos seis meses, no cumplieron con nada de lo que pactaron en la Asamblea, lo cual está registrado en las actas y los libros. Después de eso, empezaron a involucrarse más en el pueblo. Trajeron una máquina para limpiar los caminos, como un intento de ganar la simpatía de la gente. También contribuyeron con dinero para la fiesta patronal, pero todo con la misma intención: engañar a la gente.

La comunidad ya no estaba de acuerdo con eso. Fue así como un grupo de ejidatarios se organizó y se manifestó en la Asamblea, exigiendo que no se llevara a cabo la compraventa de las 500 hectáreas de terreno de uso común. La Asamblea fue suspendida gracias a esta manifestación pacífica.

Posteriormente, el presidente municipal, licenciado Ismael Vázquez Rodríguez, me mandó citar para hablar conmigo sobre una propuesta de trabajo en el Ayuntamiento. Fui el día y hora indicados, pero al llegar, la situación cambió. Él me dijo que me había citado por ser intermediario de las personas interesadas en adquirir el terreno. Me pidió que le dijera cuánto dinero quería o qué puesto en el Ayuntamiento aceptaría, a cambio de que dejara que ellos siguieran con su plan, sin organizar más protestas en el ejido. Le dejé claro que no aceptaba ninguna de sus propuestas, que seguiría defendiendo al pueblo.

Al siguiente sábado, una persona llamada Agustín Espinoza, quien se presentó como ingeniero de Sinaloa, llegó hasta mi casa. Me ofreció dinero y un puesto en el Ayuntamiento, como parte de la misma propuesta. Le respondí lo mismo: no aceptaba nada de lo que me ofrecía. Entonces, él me amenazó, diciéndome que él era de Sinaloa y que conocía cómo se manejaban las cosas allá entre los «chapitos» y los «mayitos».

Me advirtió que algo similar podía pasar aquí, que el gobernador Ricardo Gallardo y el presidente municipal estaban al tanto, y que ‘ellos compraban lo que quisieran, y a quien se interpusiera, lo sacarían del camino’. Mi respuesta fue firme: no aceptaba nada y seguiría luchando por el pueblo. Esa fue mi respuesta, y la situación se mantuvo así.

En cuanto a los intereses que veo en el territorio, después de que hicieron las pruebas en el terreno, los resultados mostraron que había oro y plata. Algunos ejidatarios enviaron las muestras a un laboratorio y los resultados confirmaron la presencia de estos minerales. También tengo un video que grabé cuando esta persona de Sinaloa vino a ofrecerme dinero y un puesto en el sindicato, ya que tengo estudios en derecho.

Respecto a las concesiones mineras en el área, sí hay algunas, y me enviaron la información por WhatsApp. También tengo el video donde se ve claramente que esta persona me hace esas ofertas. Pero a mí no me interesa, y no voy a aceptar ninguna propuesta. Mi posición sigue siendo la misma: voy a seguir defendiendo el ejido.

En cuanto al comité ejidal, la comunidad está en su mayoría en contra de la venta del terreno. Ha habido manifestaciones, y la mayoría está en contra de la venta de las 500 hectáreas. Sin embargo, las autoridades agrarias y los gobiernos estatal y municipal han mostrado apoyo a las personas interesadas en adquirir el terreno, a pesar de que no lo manifiestan abiertamente. Nos hemos dado cuenta de que, en las asambleas ejidales, los apoyan –a la empresa – y defienden sus intereses, no los de los ejidatarios.

En cuanto a las asambleas, después del cambio en el comité, la mayoría de las personas que están a favor de la venta son las que han recibido dinero o algún tipo de beneficio. El actual comisariado ejidal, Elías Rodríguez Ramírez, está claramente alineado con ellos. Lo que ellos quieren es acaparar el terreno, aunque no han mencionado abiertamente que vayan a hacer actividad minera. De hecho, nunca nos han aclarado sus intenciones más allá de comprar el terreno.

Sobre el proceso para elegir al nuevo comité, la situación fue complicada. El visitador agrario, Ricardo Godina, no aceptó nuestra planilla porque no cumplía con la cuota de género, ya que no teníamos suficientes mujeres en ella. En cambio, aceptaron la planilla de la otra parte, que tiene mayoría de edad y está completamente alineada con los intereses de las personas que quieren comprar el terreno.

Nosotros no sabemos con certeza qué van a hacer con las tierras, ya que no nos han dicho nada concreto. Solo mencionan que quieren comprar y que habrá un beneficio para la comunidad, pero no sabemos en qué consiste ese beneficio. La ley establece que si quieren comprar el terreno, deben solicitarlo formalmente, pero hasta ahora no nos han hecho ninguna oferta clara ni han solicitado el terreno oficialmente».

Otro ejidatario suma a estos reclamos:

«Ellos nos han dicho que a fuerzas van a comprar y que están seguros de que la mayoría de la gente con la que están trabajando está de acuerdo con vender. Yo estoy consciente de que es mayoría, pero en el ejido no hay ningún artículo que nos obligue a vender. Es algo personal de cada uno, pero mientras yo no vea algo legal que me obligue a vender mi terreno como ejidatario, yo no tengo por qué hacerlo.

Han puesto denuncias en contra de nosotros, pero es curioso, porque son los mismos de siempre, personas que no tienen compromiso con el ejido. Son como “avecindados”, personas que viven aquí pero no son ejidatarios. Ellos, en lugar de ayudarnos, nos aconsejan que no vendamos, que defendamos lo que nuestros antepasados lucharon por dejarnos. Este es un patrimonio que tiene que pasar de generación en generación. Nos dicen que si lo vendemos, ¿qué nos quedará a nosotros y qué les dejaremos a nuestros hijos?

La mayoría de los jóvenes se ha unido con nosotros y nos ayuda a defender lo que es nuestro. Nos dicen que no se debe vender, que debemos cuidar nuestro patrimonio, porque si lo vendemos, no sabremos qué va a pasar después. Tienen razón, es algo que tenemos que discutir y seguir luchando por eso.

Si ellos llegan a ser dueños del terreno, nos van a dejar fuera. Nos preguntan qué vamos a hacer después, qué vamos a vivir, si el campo es nuestra vida. ¿De qué vamos a vivir después si nos venden? ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? Esto es algo que preocupa mucho a la comunidad».