De esta temporada el país debería salir con el compromiso de fortalecer el manejo comunitario del territorio, a las autoridades forestales y de conservación y asumiendo ya plenamente que entramos en un nuevo régimen climático

Por Eugenio Fernández Vázquez / X: @eugeniofv

La temporada de incendios de este año ha resultado especialmente difícil por la combinación de la sequía, el panorama político y el debilitamiento del Estado y las instituciones comunitarias. Que el mayor número de incendios ocurriera en el territorio de la Ciudad de México y del Estado de México, como documenta la Comisión Nacional Forestal, y que se dieran incendios también cerca de varias ciudades de Veracruz ha hecho todavía más notorio el fenómeno. De esta temporada el país debería salir con el compromiso de fortalecer el manejo comunitario del territorio, a las autoridades forestales y de conservación y asumiendo ya plenamente que entramos en un nuevo régimen climático.

Los datos de la Comisión Nacional Forestal señalan que, aunque la mayor cantidad de incendios se han registrado en la Ciudad de México y en el Estado de México, el estado con la mayor superficie afectada es Chiapas y le siguen Guerrero, Oaxaca y Durango, y aunque a nivel nacional la principal causa de los incendios han sido fuegos intencionales, éste no es el caso ni en el Estado de México ni en la Ciudad de México, donde la principal causa son las quemas agropecuarias que se salen de control. Donde sí se puede afirmar que la mayor parte de los incendios fueron provocados adrede es en Veracruz.

A pesar de lo doloroso que puede resultar ver un incendio y de lo graves que pueden llegar a ser, hay que recordar que el fuego es un elemento clave de muchos ecosistemas y el ser humano siempre lo ha usado como herramienta para gestionar el territorio. Ocurre que en las últimas décadas el aumento de la población, el debilitamiento de las instituciones comunitarias y el cambio climático, entre otros factores, han hecho que la relación del campo con el bosque se haya deteriorado y que los incendios ganen en severidad y se salgan más a menudo de control. Es notable, por ejemplo, que a lo largo del último cuarto de siglo el promedio de hectáreas quemadas por incendio haya aumentado de 18.45 en 1998 a 33.35 en 2024.

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Hay varios factores que se entrecruzan para hacer la situación aún más compleja. De entrada, al día de hoy casi tres cuartas partes del territorio nacional sufren algún grado de sequía, que se ha ensañado especialmente con la sierra de Durango y Chihuahua y con el centro y sur del país, donde, por lo demás, se concentra gran parte de la superficie forestal.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que estamos en tiempos electorales y hay muchos actores interesados en desestabilizar ciertas zonas o en hacer quedar mal a las autoridades. En algunas entidades los incendios han sido evidentemente provocados y quienes echaron fuego al bosque sabían lo que hacían.

Por último, está el hecho de que los recortes al sector ambiental y el abandono del trabajo de acompañamiento y construcción de capacidades entre ejidos, comunidades y organizaciones de productores ha hecho mucho más difícil prevenir incendios y controlarlos. El peso de las autoridades comunitarias, que mantenían a raya a pirómanos a sueldo, también se ha visto disminuido.

La única alternativa para prevenir estos desastres es asumir que el mundo entró en un nuevo régimen climático con el que no se puede lidiar con subsidios ni con infraestructura: hay que lidiar con él con gente. Para ello hay que dotar de recursos y personal sobre el terreno a la Comisión Nacional Forestal y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no solamente para que trabajen ellas mismas contra los incendios, sino para que apoyen a las comunidades, ejidos y organizaciones de propietarios y productores para, juntos, gestionar, defender y adaptar el territorio nacional.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.