7 diciembre, 2025
México presenta su nueva meta climática ante la ONU, comprometiéndose a reducir emisiones para 2035. Sin embargo, la columna cuestiona la coherencia del país al seguir financiando proyectos fósiles como el Tren Maya y Dos Bocas. El reto es evitar la simulación y alinear acciones con el discurso para ser un actor creíble
Por Gustavo Alanís Ortega y Anaid Velasco Ramírez*
El pasado martes 18 de noviembre nuestro país presentó formalmente su nueva ambición climática en el marco de la Conferencia de las Partes (COP30) del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC), llevada a cabo en Belém, Brasil. Lo anterior se hace a través de lo que se conoce como las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs por sus siglas en inglés), las cuales se derivan del Acuerdo de París del 2015 y son los compromisos voluntarios y progresivos -algunos condicionados a tener financiamiento para hacerlo y otros no-, para poder reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contribuir a que la temperatura del planeta no aumente mas de 1.5º C.
La NDC 3.0 que nuestro país incluso ya registró ante el Secretariado del CMNUCC contempla, entre otros aspectos, los siguientes. En materia de mitigación, establece una nueva meta de emisión que pone un tope a los gases de efecto invernadero provenientes de todos los sectores económicos con plazo al 2035. En materia de adaptación se fortalecen medidas en los ejes de comunidades y territorio, sistemas productivos, ecosistemas resilientes y seguridad alimentaria, biodiversidad y servicios ecosistémicos, recursos hídricos e infraestructura estratégica. Se incorpora, además, un nuevo eje sobre la relación entre cambio climático y seguridad, cuyo objetivo es prevenir y atender a tiempo conflictos socioambientales asociados al cambio climático.
La nueva NDC de México contempla un componente de pérdidas y daños, integra la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, tomando en cuenta necesidades específicas de poblaciones prioritarias como es el caso de las mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, juventudes y personas con discapacidad. Igualmente, y para tener una mayor capacidad de ejecución, se establece un componente en materia de condiciones habilitadoras y medios de implementación. Hay varios retos por delante para la implementación efectiva, en tiempo y forma, de estos nuevos compromisos climáticos que México suscribe ante la comunidad internacional. Uno de éstos es poder contar con financiamiento suficiente y necesario, pues, de lo contrario, nos quedaremos en los buenos deseos e intenciones y no pasará nada en la práctica.
Tomando en cuenta lo anterior, si México realmente está comprometido con reducir sus emisiones GEI, tiene forzosamente que tener congruencia climática, lo cual implica, entre otras cosas, que dejemos atrás de manera gradual la dependencia que por décadas hemos tenido a los combustibles fósiles, entiéndase petróleo, carbón, gas y combustóleo. Se requiere también que ya no sigamos usando los anexos 15 y 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación —destinados a la transición energética, la mitigación y a la adaptación del cambio climático, respectivamente— para financiar proyectos de cuestionable eficacia como es el Tren Maya, así como proyectos energéticos fósiles. Por otro lado, si en el discurso público el gobierno afirma que en México no habrá fracking, es necesario que eso sea verdad y que no se asignen recursos públicos para dicha actividad. México debe transitar sobre una ruta segura hacia las energías renovables en vez de seguir metiéndole millonadas de recursos financieros a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en un contexto en el que esta última sigue quemando mucho carbón y emitiendo gases de efecto invernadero. Por el contrario, se tendrían que estar trazando planes para la salida progresiva de estos combustibles altamente contaminantes, de forma que estemos alineados con la Declaración de Belém sobre la transición energética justa, la cual fue respaldada por México en la pasada COP30.
Igualmente, nuestro país debe reinstalar el fondo de cambio climático, lo que nos permitiría atraer recursos externos para la debida mitigación y adaptación climática, priorizando esta última. Es necesario también dejar de permitir, como ahora se hace, la entrada al territorio nacional de los autos chocolates, los cuales son muy viejos, no cuentan con equipo anticontaminante y emiten dióxido de carbono. Por su parte, Pemex debe cumplir su compromiso de captar el 98% de gas metano proveniente de sus instalaciones, evitando así el venteo que tanto daño causa al medio ambiente y a la salud de las personas. Tampoco podemos seguir promoviendo refinerías como la de Dos Bocas ya que eso implica seguir atando nuestro futuro a los combustibles fósiles.
México debe dejar atrás, también, la falsa narrativa de que, el mal llamado gas “natural” es un gas de transición, cuando en realidad, es un gas de regresión, puesto que, derivado de su quema se emiten muchos contaminantes a la atmósfera que afectan la calidad del aire, la salud de las personas y agravan la crisis climática.
Autorizar proyectos de gas natural licuado (GNL), como los que se impulsan en el Golfo de California no le trae ventaja alguna al país, y sí conlleva riesgos sociales y ambientales (derrames, emisiones de gases, generación de ruido, disrupción a los sistemas ambientales de la región, entre otros) de importante consideración para las aguas marinas de este importante ecosistema marino-costero, considerado el acuario del mundo por Jacques Cousteau. Dichos proyectos constituyen también una serie amenaza para especies como las ballenas, los tiburones, las tortugas marinas, los delfines, las mantarrayas y demás flora, fauna y ecosistemas que se encuentra en la región. Estamos hablando de un proyecto que pretende que buques metaneros de enormes dimensiones circulen por el Golfo de California transportando el gas fósil, compuesto en su mayoría por metano, para de ahí llevarlo al mercado asiático. ¿Qué beneficio tiene eso para México? ¿Por qué estas empresas no lo hacen desde Estados Unidos? La respuesta es muy simple: el gobierno de ese país no se los permite.
Así las cosas, si queremos ser realmente considerados como un jugador serio por la comunidad internacional en lo que se refiere a la reducción de emisiones de GEI, México, si o si, debemos mostrar congruencia climática y actuar en consecuencia. De lo contrario, podremos entrar al grupo de países que se comprometen pero que en la práctica se quedan en la simulación.
*Gerente de Investigación y Política Pública del CEMDA.
Gustavo Alanís Ortega, Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
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