7 diciembre, 2020
Tres organizaciones anunciaron que una jueza otorgó la suspensión definitiva al tramo dos del Tren Maya, que va de Escárcega a Calkiní (Campeche), por las afectaciones irreversibles al medio ambiente que generaría el proyecto. Pobladores de la región pidieron al gobierno federal que se amplíen los estudios sobre los impactos en la región
Texto: José Ignacio De Alba
Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO.-El juzgado primero de distrito de Campeche ordenó al gobierno federal que se detengan las obras del Tren Maya en la segunda etapa de construcción. Según la autoridad judicial, no se podrán realizar obras en el tramo de 235 kilómetros que va desde el municipio de Escárcega a Calkiní, en Campeche.
Las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Los promoventes habían conseguido una suspensión provisional en enero, pero la resolución definitiva se detuvo por la pandemia de covid-19. Fonatur no ha emitido ningún comentario sobre este tema, pero si envió un comunicado sobre la firma de un convenio de colaboración con la Unesco para «implementar el programa de acompañamiento a las obras del Tren Maya».
El abogado Xavier Martínez Esponda, director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) explicó que la jueza consideró que hay argumentos suficientes para creer que puede haber daños irreparables al medio ambiente en la construcción de los rieles, estaciones, en el relleno de cenotes, además de la remoción de vegetación.
Martínez dijo en conferencia de prensa que el Tren Maya “transformará profundamente los espacios de la Península de Yucatán”. Además dijo que el megaproyecto fue dividido en pequeños proyectitos, “lo que ha provocado que las afectaciones que generará el Tren Maya no se pueden revisar de una manera amplia”.
El abogado explicó que la Península de Yucatán es indispensable para sostener la vida y el equilibrio ecológico en medio de una crisis ambiental sin precedentes en el planeta.
«Tenemos que contar con ecosistemas fuertes”, aseguró. “El Tren Maya repite una forma de desarrollo que no ha sido compatible con los derechos humanos”.
El Tren Maya es uno de los proyectos estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno planea construir cerca 1 mil 500 kilómetros de vías para detonar la economía de la Península de Yucatán, pero desde los primeros meses que se inició el plan pobladores y organizaciones se han opuesto a la obra.
En conferencia de prensa, Cemda, el equipo Indignación, el Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil presentaron la información sobre el amparo. En el evento virtual también asistieron pobladores de la Península de Yucatán que dieron su testimonio.
Aurora Beltrán, de Quintana Roo, explicó que el proyecto no se ha detenido a pesar de que existen violaciones a derechos humanos. “Este proyecto promueve la especulación de la tierra en la Península de Yucatán”, advirtió.
El problema, dijo, no es la construcción de un tren, sino “los megaproyectos que surgirán a partir de este megaproyecto. No nos estamos amparando contra un tren, nos estamos oponiendo a lo que representa. El Tren Maya abrirá las puertas a otros megaproyectos”.
Genomelin López Velázquez habitante de Calakmul, Campeche, explicó que lo que se está creando en la región es un polo de desarrollo “que nadie nos ha explicado en qué va a consistir”.
Denunció también que la tala de árboles y la construcción del Tren Maya han provocado que sean más dañinos los fenómenos meteorológicos, como los huracanes Iota y Eta, que recientemente golpearon la región.
Otra pobladora del estado de Campeche, Lourdes Ganzo Rivera, quien encabeza el Colectivo Tres Barrios, dijo que el proyecto del gobierno federal provocará afectaciones a varias poblaciones urbanas y su patrimonio, como el Fuerte de San José.
La mujer explicó: “no estamos en contra del Tren Maya, sabemos que es progreso para nuestro estado. Pero las autoridades tienen la obligación de hacer estudios sobre las afectaciones que provocará en la región”.
La pobladora denunció que el gobierno federal “no se ha acercado a platicar con nosotros para explicarnos lo que van a hacer”, “nos vimos en la necesidad de organizarnos, ante la cerrazón del gobierno al no querernos escuchar nuestras preocupaciones”.
Cronista interesado en la historia y autor de la columna Cartohistoria que se publica en Pie de Página, medio del que es reportero fundador. Desde 2014 ha recorrido el país para contar historias de desigualdad, despojo y sobre víctimas de la violencia derivada del conflicto armado interno. Integrante de los equipos ganadores del Premio Nacional Rostros de la Discriminación (2016); Premio Gabriel García Márquez (2017); y el Premio Nacional de Periodismo (2019).
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