Tras 10 meses de plantón en el centro histórico de la capital queretana en demanda de un espacio dónde trabajar, artesanos indígenas denuncian que autoridades estatales y municipales de Querétaro los intentaron desalojar con un falso acuerdo la noche del 8 de junio. Exigen que se realice una mesa de diálogo pública

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

QUERÉTARO.- Elena y Julio son dos jóvenes tzotziles que migraron a la capital queretana hace 8 años para vender sus artesanías en el centro histórico de la ciudad, sin embargo, día con día se han enfrentado a las restrictivas políticas de los inspectores municipales que constantemente les quitan su mercancía. 

“Nosotros nunca hemos tenido un espacio para vender”, relatan, “siempre andamos caminando en el centro ofreciendo nuestras artesanías de chiapas para sacar poquito para comer, pero los inspectores nos quitan nuestras cosas”.

Como Elena y Julio, decenas de artesanas y artesanos hñöhño, mazahuas, nahuas y tzotziles que migraron a la capital queretana han demandado desde años atrás la asignación de un espacio en el centro histórico para vender sus productos, pero la respuesta del gobierno del estado y el ayuntamiento ha sido el desalojo y el caso omiso a las exigencias de las y los artesanos.

“Siempre ha sido así, nos ven, se acercan los inspectores y agarran nuestras cosas, se las roban. Esto ha generado pleitos, y a mi me hace sentir mal, me dan miedo los inspectores porque me quitan mi mercancía”, dice Elena.

La falta de espacios para vender, sumada a la crisis económica por la pandemia y el constante acoso del personal de inspección municipal orillaron a que en octubre del 2020 decenas de comerciantes indígenas instalaran un plantón/tianguis a los alrededores del palacio de gobierno para exigir la pronta atención a sus demandas.

La respuesta gubernamental fue omisa, y tan sólo reparó en crear una serie de mesas de trabajo para conocer las exigencias de las y los indígenas. 

Asimismo, algunos medios de comunicación locales atribuyeron el conflicto a una estrategia del partido Morena para hacer presión ante el siguiente proceso electoral. Esto debido a que algunos de los dirigentes más visibles de la organización de comerciantes mantienen una militancia.

Estas acusaciones provienen, principalmente, de locatarios y comerciantes del centro histórico que en 2018 manifestaron sus simpatías con el en ese entonces coordinador del Grupo Legislativo del PRI en la entidad y precandidato a la presidencia municipal, Mauricio Ortíz Proal. 

Las demandas de las y los artesanos indígenas no son recientes, pues desde el desalojo de un grupo de comerciantes de la Alameda Hidalgo en Junio del 2016, la falta de espacios para el comercio informal en la ciudad ha sido una problemática que ningún gobierno ha resuelto. 

“Estamos exigiendo la reubicación para que podamos tener un espacio para vender, pues tenemos que lidiar con inspectores y precarias condiciones de vida, sólo queremos trabajar en paz”, argumenta Adela, una comerciante hñöhño que ha estado presente en las mesas de negociación con el gobierno del estado. 

Para Adela, la acusaciones de pertenecer a algún partido político no toman en cuenta que las demandas de las y los comerciantes tienen mucho sin resolverse, pues desde el 2018 han instalado plantones frente al palacio de gobierno para exigir soluciones.

“Estamos manifestándonos desde hace ya 10 meses aquí, no tenemos para comer y el gobierno no nos resuelve”, argumenta

Dos días después de concluir la jornada electoral, el gobierno del estado en coordinación con la dirección de inspección municipal desalojaron la noche del 8 de junio a las y los comerciantes sin resolver sus demandas. 

“Nos quisieron chamaquear” 

 La mañana del 8 de junio representantes del plantón de artesanos sostuvieron una mesa de negociación con el secretario de Gobierno Municipal, Tonatiuh Cervantes Curiel. 

En esta mesa, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el ayuntamiento, se llegó a un supuesto acuerdo entre comerciantes y autoridades, que se comprometían a levantar el plantón bajo el compromiso de impulsar un proyecto de Plaza Artesanal.

Esa misma noche, sin embargo, personal de limpieza del municipio arribó al plantón que mantienen los artesanos, y les pidió que levantaran sus cosas para poder limpiar la calle. Minutos después arribaron inspectores municipales y comenzaron a confiscar la mercancía de las y los comerciantes. 

“A nosotros nos dijeron que iban a lavar el piso”, relata Julio, “llegaron como a las 9 de la noche. Cuando terminaron de echar agua los inspectores llegaron a llevarse las cosas de los demás, yo alcancé a irme a mi cuarto y no me quitaron nada.” 

En el acta de acuerdos, consultada por Pie de Página, aparece un listado de los compromisos y obligaciones que asumen las autoridades y los manifestantes, sin embargo en este documento no hay fechas concretas para su cumplimiento.

Para Adela, la redacción de los acuerdos se hizo de manera ambigua, pues asegura que lo que viene plasmado en el documento no es lo que ella y sus compañeros habían acordado en la mesa de trabajo.

“Yo nunca firmé estos acuerdos”, dice Adela, refiriéndose a la redacción de los resolutivos de las mesas de trabajo, “con esto se están avalando para desalojarnos. Nos quieren chamaquear.”

“Nunca llegamos a ningún acuerdo de levantar nuestra protesta, quedamos en que hasta que no hubiera un espacio donde reubicarnos no nos íbamos a mover.”

Adela.

Hasta el momento diversas organizaciones sociales se han pronunciado en contra el desalojo de las y los artesanos, y argumentan que las autoridades estatales y municipales manejan un doble discurso, pues por un lado promueven ferias y corredores artesanales con empresas turísticas, pero por otro lado reprimen a las comunidades indígenas que buscan un sustento económico para vivir el día a día.

Asimismo, las y los comerciantes volvieron a instalar sus puestos de venta alrededor de palacio de gobierno, y exigen a las autoridades a que hagan una mesa de diálogo pública en donde estén presentes medios de comunicación para que haya un registro de los acuerdos.

Sin embargo las autoridades no han respondido las demandas de las y los artesanos, las cuales, además de exigir un espacio fijo para que puedan vender sus mercancías, contemplan la generación de espacios lúdicos para que comerciantes y sus hijos puedan continuar con sus estudios con profesores bilingües que les enseñen en lengua otomí y español.