En los últimos cinco años, la Fiscalía de Jalisco reconoce sólo nueve homicidios cometidos contra integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, frente a 183 crímenes que denuncian organizaciones de la sociedad civil. Esta investigación pone la mirada en la violencia de género contra la comunidad trans, triplemente invisibilizada por la justicia

Texto: Andrea Bravo, Olimpia Cruz, Mariana Pineda, Isabel Doniz, Hugo Escandón y Ezequiel Franco*

Fotos: Cortesía ZonaDocs

GUADALAJARA.- “Los medios no hablaron sobre ella, y si lo hicieron fue poco y con escasa información (…) La asesinaron, una ráfaga de fuego desfiguró su cuerpo y fue envuelta en sábanas. Los vecinos dicen que vieron a varios hombres salir de su casa”, es el testimonio que comparte Pao de Reza, amiga íntima de Julie Torres quien fue asesinada en su propio domicilio, el 18 de agosto de 2020, en Guadalajara, Jalisco.

Su muerte fue tipificada como un homicidio doloso y no como un delito por razón de género como marca el Protocolo de Actuación para la Atención de Personas en Casos que Involucren la Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales que debería seguir la Fiscalía del Estado de Jalisco; sin embargo, en este caso no lo hizo, como en muchos otros casos, por ejemplo el homicidio de Jonathan Santos, para quien tampoco se cumplió un protocolo y adecuado para darle continuidad a su asesinato.  

Pao de Reza, amiga de Julie, la describe como una mujer muy alegre, con demasiada energía, motivación y una personalidad tan cálida; sin embargo, los medios de comunicación ignoraron todo esto al decir que su muerte, no su asesinato, se trató del crimen cometido contra “un hombre que vestía como mujer”.

Para Izack Zacarías, presidente de la organización Impulso Trans, este tipo de redacción en los medios de comunicación, lo único que provoca son discursos de odio que generan situaciones de discriminación, faltas de respeto y acciones en contra de la dignidad de la personas de la comunidad, específicamente, de quienes son trans.

“Ella murió el 18 de agosto y yo me enteré dos días después, su foto circulaba por algunos medios, y yo sin darme cuenta de quién se trataba, hasta que un amigo me mostró una foto de Julie en blanco y negro con el típico listón negro”, comentó Pao.  

Lamentablemente, Julie no ha sido la única víctima de un crimen de odio en Jalisco.

Ocho días después del asesinato de Julie, el 26 de agosto, se informó que Britani, otra mujer trans, perdió la vida por los golpes que recibió tras ser detenida por elementos de la policía municipal de Casimiro Castillo. 

Hay cuatro personas vinculadas a proceso: el comisario de la policía, un comandante y tres policías.

Sin embargo, el Fiscal General, Luis Octavio Solis, señaló que lo ocurrido con ella no fue un crimen de odio, sino de “un asesinato común que nada tenía que ver su identidad de género, pues los hechos ocurrieron por un robo”. 

Invisibilizar sus vidas y sus muertes

En los últimos cinco años, la Fiscalía del Estado de Jalisco reconoce sólo nueve homicidios cometidos contra las y los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+; de éstos, sólo en un par de casos hay personas detenidas.

Esta misma impunidad también se traslada a la comisión de otros delitos como: lesiones, violaciones o desapariciones; en los cuales tampoco existen ni detenidos ni agresores sentenciados.

Organizaciones en pro de los derechos de la identidad y diversidad de género en el estado señalan que la realidad es aún más grave de lo que se pensaba, porque la mayor parte de las agresiones contra la comunidad  LGBTTTIQ+ ni siquiera llega a denunciarse o, peor aún, no se contabilizan por la nula perspectiva de género que se sigue al registrar cada uno de estos crímenes.

La impunidad en torno a los crímenes que se cometen contra la comunidad LGBTTTIQ+ en el estado, implica la falta de castigo y el no llamar las cosas por su nombre, lo que se invisibiliza no sólo es el crimen sino también la identidad de género de cada una de las víctimas.

Esto pese a que el protocolo de actuación para la atención de casos por razón de género se marcan directrices específicas de cómo debieran tratarse estos delitos, siendo uno de lo más importantes el lenguaje.

Los crímenes de odio son aquellos crímenes que son motivados por el odio que el victimario siente hacia una o más características de una víctima y que la identifican como perteneciente a un grupo social específico; por ello, no es cosa menor que víctimas, como Julie y Britani, hayan sido mujeres trans. 

El rango de conductas criminales que podrían estar motivadas por el odio van desde las amenazas verbales hasta el asesinato, los golpes y la violencia sexual.

La incidencia criminal contra la comunidad LGBTTTIQ+

De acuerdo a la solicitud de transparencia a la Fiscalía del Estado de Jalisco (Folio: 07802820), actualmente sólo investigan 13 delitos cometidos contra la comunidad LGBTTTIQ+; de ellos, nueve son homicidios dolosos; dos lesiones intencionales y una violación sexual.

Estos crímenes se cometieron entre enero de 2015 y octubre de 2020 en contra de 12 víctimas cuya edad promedio fue de 29 años; estos hechos ocurrieron en: Lagos de Moreno (3), Casimiro Castillo (2), Cihuatlán (1), Puerto Vallarta (1), Zapotlán El Grande (1), Tlajomulco de Zúñiga (1), Ixtlahuacán de los Membrillos (1), El Salto (1) y Sayula (1).

En el registro de la Fiscalía por crímenes en razón de género, no aparece el asesinato de Julie, así como tampoco aparece el homicidio de Jonathan Santos, activista del movimiento LGBTTTIQ+, quien fue asesinado el 11 de agosto de 2020 en Zapopan, Jalisco.

¿Por qué no aparecen? Porque ambos, fuera de todo protocolo de género, terminaron siendo tipificados como homicidios dolosos, pero de hombres; en el caso de Julie, ni siquiera se le respetó su identidad de género.

La incorrecta tipificación y registro real  de los delitos es la segunda invisibilización de los mismo contra la comunidad trans, por lo que a causa de la acción incompleta de la Fiscalía, organizaciones no gubernamentales como Arcoíris,  Códise, Impulso Trans, entre otras, han tenido que  subsanar las omisiones de la Fiscalía y hacer un registro de las víctimas por su cuenta. 

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTTTIQ+ de la Fundación Arcoíris tiene un registro de 196 crímenes de odio cometidos contra la comunidad de 2015 a 2020; de éstos, 183 fueron asesinatos. 

De los 183 asesinatos cometidos contra personas de la comunidad, 157 de las personas fueron asociadas con el sexo masculino mientras que 43 con el femenino. 

Sin embargo, respetando la identidad de género, Fundación Arcoíris, identificó que 93 eran mujeres trans, 85 hombres, 11 mujeres, dos hombres trans y dos personas trans; de 16 personas no se tiene información al respecto.

La Fiscalía no hace distinción de género

A nivel internacional, México es el segundo país en América Latina con más casos de crímenes de odio hacia personas transexuales.

La comunidad transexual en Jalisco vive una serie de situaciones que ponen en riesgo su bienestar tanto físico como psicológico, ya que han tenido que enfrentar la transfobia (el cual es un fenómeno al que conocemos como miedo u odio hacia la gente trans) y los transfeminicidios.

De acuerdo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la esperanza de vida de una personas trans en México no es mayor a los 35 años; Esto a causa de que son violentadas, discriminadas y asesinadas, además de que los tratamientos hormonales son muy costosos y algunos de ellos riesgosos si no se consulta con un endocrinólogo, por lo que algunas mueren a causa también por falta de un seguimiento médico de calidad.

“Y al no haber un servicio médico, gratuito y de calidad para las personas trans, tenemos que recurrir a tratamientos que en muchas de las ocasiones son nocivos para la salud” comentó Valerie Daniela, mujer trans.

“La transfobia no tiene límites ni horizontes” 

Ana Victoria, ex-estudiante de la Universidad de Guadalajara, estaba en el esplendor de su transición cuando fue violentada. 

Ella comenzaba a vestirse de la manera en que se sentía segura consigo misma; sin embargo,  era tanta la indiferencia de sus compañeros ante el nuevo look de Ana Victoria, que su reacción fue de rechazo y desdén hacia ella: la discriminaban y juzgaban por su nueva apariencia.

Ana Victoria, incluso, comenzó a ser relegada de clases porque en las listas de asistencia, se le obligaba a responder bajo un nombre que ya no la representaba.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, elaborado por INEGI, el 20.2 % de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en la solicitud de transparencia UT/442/2020, señaló que tiene un registro de 73 quejas realizadas por la comunidad LGBTTTIQ+ contra autoridades que les han violentado alguno de sus derechos humanos por su condición de género.

Las violaciones a sus derechos más violentados son: discriminación por género, amenazas; así como el no respeto a sus derechos a la legalidad; a la seguridad jurídica; al trato digno y a la igualdad.

En el caso de las mujeres trans, la discriminación que viven no tiene límites, pues esta conducta violatoria de sus derechos humanos desafortunadamente, forma parte de sus vidas cotidianas, en varios ámbitos, por ejemplo:

• Campo laboral. A muchas de las mujeres trans, laboralmente se les limita a dos oficios: estilista o trabajadoras sexuales. Esto porque si se dedicaran a ser maestras, los padres de familia les exigirán que se vistieran de acuerdo a su sexualidad, demostrando así sin más la intolerancia y la discriminacion. Tal es el caso de Andrea Carolina, mujer trans a la que suspendieron de sus clases hasta que no se presentará de manera “óptima” frente a grupo.

• Acceso a la salud. En ocasiones, ni a eso pueden acceder con facilidad. La situación es que se les niega el procedimiento para convertirse en lo que quieren, ya que necesitan de inyecciones hormonales para ir cambiando gradualmente de sexo. Esto las orilla a tener que frecuentar lugares poco confiables y seguros poniendo en riesgo su salud, por ende, su  vida.  

• Relación con  familiares. De acuerdo a una encuesta realizada por la organización civil Unión diversa, al menos el 65.5% de 313 mujeres de entre 18 a 60 años se sintió rechazada por parte de la familia.  Ahora bien, queda la pregunta: Si la propia familia te rechaza, ¿qué hay de la sociedad? Raquel refleja lo que muchas tienen que soportar: 

“Yo quisiera vestirme como cualquier mujer que existe en el mundo, usar tops apretados que enaltezcan mis bubis, usar faldas cortas para mostrar mis sentaderas, vestidos con colores llamativos para que la gente cada vez que me vea diga: “Adiós Raquel”, “Que bonito tu vestido” “¿En donde lo compraste?”. Quisiera poder pararme ante la sociedad como lo que soy, pero mi familia me aborrece, sigo en el hoyo profundo del desconocimiento porque no puedo revelar quién en realidad soy”. 

• Identidad de género. Izack Zacarías presidente de Impulso Trans señaló que se presentan en el estado una serie de complicaciones para cambiar la identidad:  “El Estado de Jalisco decretó como derecho el poder de elegir y cambiar el la identidad género en las actas de nacimiento, pero esto ha desatado una gran horda de discriminación, principalmente, en las mujeres trans, puesto que los encargados de hacer los respectivos cambios dentro del Registro Civil no lo quieren hacer, pues ponen muchas trabas en los documentos y, en muchos de los casos, no quieren atender a personas que no son nacidas en Guadalajara, mandándolos a sus respectivos municipios de nacimiento, esto a sabiendas  del decreto oficial que señala que este trámite se puede hacer desde cualquier municipio”.

“Mi derecho al nombre no impide que me maten” 

Esas fueron las palabras que gritaron, el pasado 20 de noviembre de 2020, frente al Congreso del Estado de Jalisco, miembros de Impulso Trans, quienes indignados ante la nula acción por parte de la Fiscalía del Estado ante los altos índices de transfobia y el pésimo registro sobre los asesinatos hacia las personas trans. 

Izack Zacarías, presidente de Impulso Trans, precisó que ante el decreto oficial del 29 de octubre de 2020 sobre el cambio de identidad de género dentro de las actas de nacimiento se espera que cuando suceda algún crimen contra la comunidad, la Fiscalía tome parte y haga su trabajo correspondiente, es decir, “que ahora tendrán que ser mucho más sensibles ante la problemática y no sólo juzgar a la persona por lo que dentro de su corporalidad se define como hombre o mujer, sino que tendrán que adherirse lo que siga en su acta de nacimiento”.

A su vez, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reveló que del año 2015 al 2020 abundan las denuncias sobre la discriminación por género y a la violación de algún derecho.

Señalando que las autoridades más involucradas han sido: la Secretaria de Educación del Estado (5,996 quejas); Secretaría de Salud (5,211); Ayuntamiento de Zapopan: (3,714) por discriminación, violación al derecho de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y al trato digno; Secretaría de Vialidad y Transporte (2,077) sobre discriminación y la violación al derecho a un trato digno y a la igualdad y la Fiscalía del Estado de Jalisco (1,317) por inadecuada prestación de servicio. 

Impunidad latente en los delitos contra mujeres trans

“No, no confío ni en la policía ni en ninguna autoridad que venga en defensa hacia nosotras, digo, si no hacen nada con las cosas que supuestamente le llaman personas “normales”, pues a fin de cuentas no nos toman en cuenta y todavía se nos trata en cuestión varonil, pues no, la verdad que necesidad (…) No, no acudiría a ningún tipo de autoridad si es que me agredieran porque a fin de cuentas y como te digo, para ellos seguimos siendo hombres y pues es como rascarte con tus propias uñas, así que es una pérdida de tiempo, además que no porque ya lo viví una vez…”.

Esto compartió Andrea Nicole quien es una chica trans que viene de Michoacán; ella como otras más han luchado para exigir respeto y sororidad  a sus derechos, lo que ha encontrado es la invisibilización de sus demandas.

De los 13 crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+ que en  la Fiscalía del Estado de Jalisco se han registrado desde 2015; sólo se han detenido y sentenciado a cinco personas que están vinculadas al mismo hecho. El asesinato de Britani.

Esto significa que el 92% de los crímenes siguen impunes, esto tomando como referencia los crímenes denunciados.

No obstante, Unión Diversa en Vallarta Independiente ha denunciado que la Fiscalía no registra ni contabiliza todos los crímenes de odio; conforme a sus datos, Jalisco se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional sobre crímenes de odio.

Ellos han contabilizado un total de 52 crímenes de odio contra la comunidad entre 2014 y 2020; la Fiscalía sólo tiene un registro de 12 casos.

En la solicitud de transparencia LTAIPJ/2313/2020, otorgada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, también se aclara que en cuanto a la desaparición de personas de la comunidad LGBTTTIQ+, existe también impunidad.

De 2018 a 2020, se tienen registradas 10 desapariciones, sobre las cuales tampoco se hace una distinción conforme a la identidad de género; una ocurrió en 2018; cuatro ocurrieron en 2019 y cinco en 2020. 

El 60% de estas víctimas de desaparición tienen entre los 20 y 29 años de edad.

Además aseguran ya haber localizado a cuatro de las 10 víctimas que estaban desaparecidas; sin embargo, su localización no ha implicado la detención de personas; es decir, los victimarios están libres e impunes. 

Dos de las seis personas de la comunidad que no han regresado a casa son  Kenia Duarte Pérez de 20 años y su amiga Karla García Duarte de 22 años, quienes salieron de sus casas en la colonia Mesa Colorada Oriente en el municipio de Zapopan. 

En su caso se consiguió por vez primera que en sus fichas de búsqueda, emitidas por Protocolo Alba, se emitieran respetando su identidad de género.

En cuanto a la comisión de otros delitos como: contra la dignidad de las personas, amenazas, robos, violencia familiar, extorsión y acoso sexual; se han presentado 98 denuncias por las afectaciones en contra de 103 víctimas. 

De estas denuncias, se están investigando sólo a 37 personas; sin embargo, ninguna ha sido detenida.

Para la Fundación Arcoíris:“la impunidad representa la posibilidad de repetición de los actos; no necesariamente por la misma persona, pero sí como una señal social en la que estos delitos tienen cierta permisividad”.

En sus registros sobre crímenes de odio dan cuenta de que sólo en el 48% de los casos se interpuso una denuncia formal:

“De totalidad de casos, se desconoce si hay alguna persona detenida en el 40.7%; del 59.3% restante, sólo en un 31.45% hay alguien detenido, mientras que en un 68.54% nadie ha sido arrestado por el crimen. Estos porcentajes revelan el grado de impunidad que impera en estos casos”.  

En Jalisco, la impunidad es el tercer elemento que invisibiliza los crímenes de odio que se cometen contra la comunidad trans.

Los crímenes y la invisibilización de los crímenes de odio, principalmente contra las mujeres trans, sigue siendo un enorme problema en Jalisco.

Las soluciones institucionales que hay son muy escasas, casi nulas, al igual como la probabilidad de obtener  justicia para las víctimas y sus familiares.

La justicia queda en manos de la Fiscalía, instancia que ha ignorado estos crímenes al no dar con los responsables y al dejar en el olvido las carpetas de investigación, lo que incrementa la impunidad en torno a los crímenes de odio.

*Este reportaje fue elaborado por alumnas y alumnos de la Licenciatura en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara y fue publicado originalmente en ZONA DOCS que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original