La comunidad indígena otomí Hñathö San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción ganaron la suspensión definitiva de la autopista México-Naucalpan. Ésta es la culminación de 13 años de oposición al gobierno del Estado de México y una empresa filial a grupo Higa. Sin embargo, las empresas continúan destruyendo el bosque, con la protección de la policía mexiquense

Texto: Lydiette Carrión

Fotos: Saúl López

Las comunidades de Xochicuautla han luchado 13 años en contra de la imposición de una carretera. Este mes ganaron la suspensión definitiva. Pero las empresas no se paran.

En un comunicado, los pobladores explicaron que desde los últimos meses de 2019, la oposición al proyecto se reactivó. Y entre otras acciones para detenerlo, interpusieron un amparo. El 5 de marzo pasado, el Juez Quinto de Distrito en materia de amparos y juicios federales en el Estado de México resolvió el incidente de violación de la suspensión Definitiva, dentro del juicio de amparo 441/2016. Esto, debido “a su constante violación por parte de diversas autoridades y la empresa Autovan”. 

Y otorgó la suspensión definitiva.

En el tercer punto de la resolución, el juez ordenó que, al término de 24 horas desde la notificación, se suspendiera la obra. “De lo contrario, las empresas serán acreedoras a una sanción”.

También estableció que se debía dar conocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Teya y Autovan hacen oídos sordos

Sin embargo, no ocurrió así. Jaime Vargas, miembro de la comunidad, explica en entrevista telefónica:

El 9 de marzo, “decidimos reunirnos en la delegación de Xochicuautla, para informar a todas las personas de Xochicuautla y de la Concepción acerca de la suspensión”. Los pobladores subieron al bosque, y vieron que elementos de la policía Estatal sitiaban y resguardaban la maquinaria de la constructora Teya y Autovan. Los habitantes expusieron la sentencia, pero al día siguiente, se reanudaron los trabajos.

“Nosotros esperamos al sábado, y ellos siguieron trabajando. Y el domingo, al ver esto, subió el pueblo entero para detener la obra. Y en ese momento sí se bajaron, pero al día lunes subieron de nuevo,  con mucha policía. Resguardándolos. Hasta ahora, hasta la fecha, están trabajando”.

Desde entonces, “las empresas constructoras no han dejado de trabajar. El día 12 de marzo nuestro bosque sufrió otro ataque”, ya que las empresas detonaron explosivos en el paraje llamado “la ngoshti”. 

“Nuestras casas están fracturadas y nuestra vida está en peligro, hay mucho daño psicológico y material, desde el mes de mayo del 2019 se realizaron denuncias y hasta el momento no hay una respuesta. Las empresas Teya, Autovan y SAASCAEM nunca han respetado nuestros derechos”. 

Una historia de violencia por Grupo Atlacomulco

Desde los tiempos de Arturo Montiel como gobernador del Estado de México (1999-2005), se propuso la construcción de una autopista que conectara la ciudad de Toluca (y en particular el aeropuerto) con la zona poniente de la Ciudad de México.

Desde 2007, Montiel empujó el proyecto, pero los pueblos otomíes Hñathö se opusieron. 

Xochicuautla fue quizá la comunidad más aguerrida, debido al daño que implicaría al bosque Otomí-Mexica. Y también a la zona protegida Bosque de Agua, entre los municipios de Lerma y Huixquilucan.

La consigna: defender bosques de agua que son sagrados para su cultura, y que además, prestan un servicio ambiental invaluable a la ciudad de México. Los pueblos llevaron a cabo su primera asamblea general el 25 de febrero de 2008, y se constituyeron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra.

La persistencia de Peña Nieto

La autopista Toluca- Naucalpan pudo ser concebida por Montiel. Sin embargo, fue su sucesor y sobrino, Enrique Peña Nieto, quien instrumentó el proyecto y lo impulsó aún más cuando llegó a ser presidente de la República.

En julio 2015, el gobierno del Estado de México expidió un decreto de expropiación de un área nacional protegida. Los pobladores ganaron varios amparos; sin embargo, el gobierno del Estado de México envió a la policía estatal a derribar casas. 

En 2016, Peña Nieto publicó la convocatoria para la licitación de la obra. Para el  24 de abril de 2017 se dio a conocer que la empresa favorecida para la construcción, operación y administración de la autopista sería la constructora Teya SA de CV.

Ésta es  filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, corporativo ligado al escándalo de la Casa Blanca, y el favorito de Peña Nieto durante su administración.

Las comunidades de Xochicuautla de nuevo se opusieron. 

Y desde entonces, el gobierno del Estado de México no ha dejado de hostigarlos un sólo día. Pero han utilizado otras tácticas: la cooptación, la intimidación, la división. 

Las fases de la violencia estatal

El doctor JaimeVargas lo resume: “Nosotros hemos sufrido todas las fases [de ataque del gobierno]. Una de ellas fue la compra de los delegados. La siguiente fase fue dividir al pueblo, establecer un padrón de comuneros. Y el gobierno dice que ellos decidían, cuando no era así”.

“Luego hacen la fase tres, la expropiación de tierras (esto ocurrió en 2010)”. Y ahí, a pesar de que ofrecieron  a los comuneros 40 mil 400 pesos por cada voto, para que dieran el sí, no pasaron”.

Pero al ver que no pudieron, vino la fase cuatro de infiltración. [El gobierno] usa a las diferentes organizaciones sociales, y ellos promovieron el proyecto alternativo. Esto sólo con el apoyo de ciertos compañeros”.

División interna

En efecto, en marzo y abril de 2019, se anunció que los comuneros accedieron a efectuar un proyecto “alternativo”, en el que el gobierno otorgaría diversos beneficios económicos a la población y se comprometía a respetar las zonas más sagradas del bosque, así como implementar caminos para que las personas y la fauna pudieran cruzar sin peligro la carretera. 

Sin embargo, esto no contó con el aval de toda la comunidad. En este proceso, al interior de la población hubo división y crispación. “Golpearon a algunos compañeros, enviaron golpeadores, algunos incluso traían el brazalete de la cárcel. Y los protegía la  Secretaría de Seguridad Pública”.

Ahora, la suspensión definitiva puede ser el punto final. Pero el gobierno del Estado de México no ha detenido la hostilidades.