La mayoría de las minas de metal en México operaban sin permisos para extraer agua o sin reportar los daños al medio ambiente que ocasionan. El panorama de cumplimiento de regulaciones está en un estado crítico, permitido por la ley desde hace tres décadas, concluye un informe cartográfico de organizaciones sociales. 

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Ivan Bandura / Unsplash

CIUDAD DE MÉXICO.- El marco regulatorio tan laxo para la minería que existe en México permite que más del 80 por ciento de las minas que existen en el país operen sin reportar los daños y los contaminantes que emiten al agua, al aire o a la tierra derivado de sus operaciones. Tampoco reportan la cantidad de minerales que extraen de cada proyecto ni cuánta agua usan.

Las minas operan como si no hubiera una ley que les regule, aseguraron integrantes del colectivo Cambiémosla Ya, que integra a organizaciones civiles que acompañan a comunidades afectadas por la minería. El colectivo presentó un trabajo de análisis realizado durante más de un año de recopilación de información y estudios de datos mineros en México, lo que les permitió desarrollar un panorama amplio de esta actividad, que es potencialmente tóxica. 

“Después de 31 años de operar con la cancha completamente abierta, ante una crisis climática y de abastecimiento de agua que se vive en el país, vemos la necesidad de cambiar estas leyes”, dijo Dolores Rojas, coordinadora del eje verde la fundación Heinrich Böll, dedicada a la ecología. 

Por su parte, Manuel Llano, geógrafo de CartoCrítica, una iniciativa civil sin fines de lucro que busca la transparencia de la información socioambiental, y quien realizó el estudio, aseguró que el análisis revela un panorama crítico en cuanto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental que hace la industria minera en México. 

“Dada la naturaleza potencialmente tóxica de los contaminantes asociados con la minería metálica, como el cianuro y los metales pesados, estos resultados son especialmente alarmantes”, añadió. 

El trabajo realizado desde CartoCrítica descubrió que en el país hay unas 188 mil 320 hectáreas repartidas en 874 proyectos mineros que están operando en el país. A pesar de que se tiene un registro de cuantas minas hay en México –y cuántas hectáreas abarcan–, no todas se encuentran siendo explotadas, por lo que este es un cálculo inédito. 

De alguna manera, este estudio permite dimensionar el tamaño del “monstruo”, como llamaron las integrantes de la colectiva a la industria minera en México. De ese universo minero, se analizaron especialmente 249 minas donde se extraen metales como oro, plata, cobre, zinc o plomo, pues son las que representan el 80 por ciento de las ganancias por explotación minera en el país. 

Una tarea titánica

Según explicó Manuel Llano, de CartoCrítica, la información sobre la minería en México está sumamente desintegrada, repartida en diferentes registros, oficiales, privados y de agencias nacionales y extranjeras que a veces no coinciden entre sí. Esto, agregó, ha hecho que no podamos conocer públicamente la producción de cada una de estas minas, su ubicación o extensión. En otras palabras: no tenemos idea de la cantidad de recursos naturales que acaparan y destruyen, ni cómo gestionan su impacto ambiental.

Para ser específicos, las mineras en México no reportan públicamente la cantidad de minerales que extraen en cada tajo. Tampoco hablan de la cantidad de agua que utilizan, de cuánta contaminan, ni cómo la disponen. Mucho menos, de cuántas hectáreas forestales fueron convertidas en tajos a cielo abierto.

Así, mediante la consulta de diversos repositorios, las personas que forman CartoCrítica lograron conformar un registro preliminar de datos. Estos datos los fueron ubicando sobre un mapa para generar un sistema de información geográfica que contiene la mayor cantidad de información disponible sobre la ubicación y características de las actividades mineras en el país, así como sus condiciones de gestión ambiental. El mapa está libre para consultarse en este enlace 

Una operación irresponsable y sin licencias

Después de recopilar y analizar esta información, CartoCrítica cotejó cuántas de estas empresas tienen licencias o permisos para operar de la forma en que operan. A la vez, se verificó si estas empresas publicaron su información respecto a sus evaluaciones de impacto ambiental, su manejo de depósitos o presas de jales (grandes presas donde se almacena agua tóxica llena de químicos dañinos usados durante el proceso minero). Del mismo modo, se analizó cuántas concesiones de agua tienen, y si tienen permiso de descargas de aguas residuales o registros de emisiones contaminantes al aire, al agua o al suelo. 

A partir de ello, se determinó que el 38 por ciento de las minas de metal no cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental, un documento que prevé los daños que un proyecto industrial pueda generar al ambiente y propone maneras de mitigarlo. 23 por ciento no tiene información de cómo operan sus presas de jales, y el 72 por ciento no cuenta con permiso de descargas de aguas residuales 

El grado de incumplimiento es tal que, minas enormes, como la de Buenavista del Cobre, que opera Grupo México en Sonora, no reportan las afectaciones que han hecho al ambiente o a las poblaciones cercanas. En 2014 esta mina vertió más de 40 mil litros de lixiviados (líquidos tóxicos de las presas de jales) en los ríos Bacanuchi y Sonora, en lo que se considera el peor desastre ambiental en la historia del país. Sobre ese hecho no hay ni un solo reporte oficial. 

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La solución estopa en cambiar la ley

A pesar de que la legislación vigente exige a las empresas que presenten estos reportes, estos se hacen de buena fe por parte de las mientras, que muchas veces aportan información incompleta o falsa, ya que no existe ninguna consecuencia por incumplir estas obligaciones. 

“La ley actual no tiene causales de cancelación de concesiones por este motivo. Podrían cumplir o no y daba igual. Este es uno de los cambios que sí encontramos en la reforma a la Ley Minera”, comenta al respecto Dolores Rojas, de la Böll.

“En la reforma se plantea causales para cancelar la renovación de las concesiones, obliga a una buena operación, el agua se limita a estar haciendo revisiones de uso cada 5 años (lo que antes no sucedía)”. 

Se espera que esta semana inicie el debate sobre esta ley en la Cámara de Diputados y sea turnado eventualmente a la de Senadores, donde podría encontrar mayor oposición.