Luego de una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, quien se comprometió a mantener los recursos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, colectivos de víctimas informaron que permanecerán en plantón frente a Palacio Nacional hasta que se destituya a la titular del organismo, Mara Gómez

Texto: Daniela Rea

Foto: María Ruiz

Familiares de personas desaparecidas se reunieron este martes con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien se comprometió a mantener los recursos presupuestales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a convocar a la Junta de Gobierno de ese organismo para tratar “los temas particulares sobre las peticiones de información de los Colectivos hacia la actual administración”.

Los colectivos han solicitado el cese de la titular de la CEAV Mara Gómez, por considerar que revictimiza a las personas víctimas de la violencia.

El subsecretario Encinas aseguró que este mismo martes enviaría la solicitud de los colectivos a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado y al presidente de la Junta de Coordinación Política, ya que son los legisladores quienes tienen facultades de destituir a la funcionaria.

En entrevista, Karla Pérez Guerrero, una de las familiares en el plantón, dijo que permanecerán en el campamento hasta que sea destituida la funcionaria. Independientemente de las promesas del gobierno federal, . 

“El hecho de que estemos en la reunión no significa que se levanta el plantón. Significa que vamos a estar atentas a las resoluciones que nos des. El plantón no se levanta hasta tener la renuncia o destitución de la funcionaria y se cumplan los acuerdos. Se lo dijimos a Encinas”, dijo.

Por parte de las familiares de desaparecidos acudieron Karla Pérez, Amaya Ordorika, Beatriz Torres, Rosaura Patricia Magaña, Victoria Delgadillo y María Guadalupe Rodríguez Narciso.

Por parte del gobierno mexicano estuvieron, además de Encinas, Aarón Mastache Mondragón y Enrique Camargo, de la Comisión Nacional de Búsqueda. También, Francisco Gómez, de la dirección general de atención Ciudadana, de Presidencia.

Entre los acuerdos está la elaboración de un programa de búsqueda con los colectivos del plantón y la CNB, así como fiscalías estatales correspondientes, dentro de las restricciones que se establezcan por la emergencia sanitaria.

Las integrantes del plantón también pidieron que para la elección de próximos titulares de la CEAV se tome en cuenta a los familiares y víctimas; así como la inclusión de otras familias al Registro Nacional de Víctimas.

La reunión se llevó a cabo a casi dos semanas de que se instalara el plantón de 50 familiares de distintos estados del país. Insisten en la sesión con el presidente Andrés  Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

Quién es Mara Gómez, la titular de la CEAV

Mara Gómez fue elegida titular de la CEAV por el Senado, en diciembre del 2019, luego de la renuncia del anterior titular, Jaime Rochím. Rochim renunció entre críticas a su gestión y él criticando la reducción presupuestal que dictó el gobierno de López Obrador, pues haría imposible ejecutar las responsabilidades del organismo.

Mara Gómez es doctora en derecho y llegó luego de trabajar en la Corte como asesora de la Presidencia y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Como candidata, Gómez se propuso hacer una revisión de los gastos que ejercía el organismo. Desde su perspectiva la CEAV “es una institución asistencial que atiende de una manera muy desigual a las víctimas y que destina mucho dinero a boletos de avión y hospedaje, hay incluso expertos que se refieren a la CEAV como una gran agencia de viajes”, dijo en el video con el que respondió a la convocatoria.

Al poco tiempo de su llegada las críticas comenzaron. Los colectivos de familiares de víctimas la acusan de haber reducido el apoyo de viáticos para hacer búsquedas de personas desaparecidas -debido al recorte presupuestal desde Hacienda- y el enojo se incrementó en marzo de este año, apenas tres meses después de su nombramiento, a raíz de la difusión de un audio en donde ella habría dicho:

“Todo mundo cree que somos la Lotería Nacional y que de aquí salen premios (…) en las reuniones con los colectivos me doy cuenta de que tienen un doble discurso. Afuera dicen que somos lo peor y aquí dicen otra cosa”. La CEAV respondió a esa publicación diciendo que la comisionada había mantenido encuentros con los colectivos y que en ese contexto se utilizaron expresiones coloquiales para exponer la situación del manejo de recursos y de las irregularidades, según la nota publicada en El Universal el 11 de marzo del 2020.

El reclamo contra la funcionaria no viene sólo de familiares de personas desaparecidas. En enero de este año Julio César Márquez, padre de uno de los niños que murieron en el incendio de la Guarderia ABC difundió un video en redes sociales en el que denunciaba que la titular los hizo esperar tres horas y canceló finalmente una reunión que tenía agendada con ellos. La CEAV respondió a través de su cuenta de tuiteo que las familias llegaron sin cita previa.

En febrero de este año la Asamblea Consultiva, un órgano ciudadano de la CEAV señaló que ésta no ha sido consultada por la doctora Gómez para opinar sobre modificaciones al trabajo del organismo y criticó la falta de relación con esta asamblea -formada por activistas y familiares de víctimas- que tiene como objetivo opinar y asesorar las decisiones de la CEAV.

En un comunicado publicado desde la página oficial a inicios de junio de este año la CEAV señaló que el recorte presupuestal a raíz de la emergencia sanitaria por covid-19 paralizaría el funcionamiento del organismo. 
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, obligando a despedir al 60 por ciento del personal y a no tener recursos para pagar renta y servicios como luz e internet. 

Esto generó crisis entre los beneficiarios de la CEAV y molestias. Colectivos, que más tarde se instalarían en un plantón ante Palacio Nacional, consideraron que este gesto la CEAV buscaba “confrontar a los colectivos  y enviarlos a pelear a Presidencia”, según comentaron algunas integrantes a Pie de Página. 

Este no es el primer plantón que familiares de víctimas hacen para exigir respuesta de la CEAV, apenas un mes atrás, en mayo, otros colectivos exigían apoyo para cubrir los gastos funerarios y traslados de restos encontrados en fosas clandestinas.

Arrastran fallas

Cuando Mara Gómez llegó a la CEAV el organismo ya arrastraba una serie de problemas de recursos y quejas de beneficiarios: por los obstáculos para ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, el trámite indispensable para acceder a beneficios; arrastraba 242 juicios de amparo en su contra uno de ellos llegó a la Corte por la insuficiente reparación del daño para las víctimas del equipo Los Avispones; 53 expedientes de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos -dos de ellos derivaron en recomendaciones- y 476 denuncias ante el órgano interno de control por maltrato, abuso de autoridad, conflicto de interés, entre otros.

Entre el 8 y 9 de junio de este año distintos colectivos  de víctimas y organizaciones de la sociedad civil publicaron dos pronunciamientos para exigir cuentas a la CEAV. Uno de ellos, firmado por Fundem, FundeNL, Fundación para la Justicia, Fray Juan de Larios, decía que la crisis viene desde la anterior administración y es consecuencia de abandono y falta de seguimiento a sus gestiones para rendir cuentas. 

“Actualmente las familias de víctimas enfrenten una política de discriminación; hay algunas que a pesar de que se encuentran inscritas en el RENAVI, es fecha que aún no han recibido ninguna de las medidas establecidas en la ley”. 

Los colectivos exigen que se hagan públicos los contratos de renta, que se analicen las quejas ante la CNDH, que se abran investigaciones penales por posibles faltas administrativas de su personal, entre otras.